Tras la política

Marcelino Camacho y su mujer, en la Cárcel de Carabanchel (http://www.flickr.com/avaluche)

Marcelino Camacho y su mujer, en la Cárcel de Carabanchel (http://www.flickr.com/avaluche)


La calle de Manuel Lamela, en el barrio madrileño de Carabanchel -el barrio en el que crecí y en el que aún vive mi familia-, había sido desde siempre la calle de mi amigo Pablo. Allí compartimos los primeros videojuegos, algunas meriendas, tardes de días festivos… Y sin embargo, desde diciembre del año 2006, esa calle supone para mí un segundo recuerdo especial: es la calle en la que me contó su historia un viejo sindicalista. Se llamaba Marcelino.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.


La entrevista con Marcelino Camacho me había costado muchas llamadas de teléfono a aquella casa de Carabanchel. Las agendas no cuadraban, y el testimonio del fundador de Comisiones Obreras resultaba imprescindible para los reportajes sobre la Transición que estaba elaborando. Quería contar en la Cadena SER la intrahistoria de aquellos años, las pequeñas vivencias de sus grandes protagonistas. Pensaba que sería una entrevista rápida, de esas a las que acudes con pocas preguntas preparadas… porque sabes que el personaje vendrá pronto a tu terreno. Pero no. Comencé preguntando por la Transición… y enseguida comenzamos a conversar sobre la importancia de los sindicatos en democracia.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.


Y tras la Segunda República, las penurias de la Guerra Civil, el confinamiento en Tánger, el exilio en Orán y el regreso a España para acabar fundando el sindicato del que figura como socio número 1, el discurso pausado de Marcelino llega hasta la Transición. Fue detenido y encarcelado en muchas ocasiones por promover Comisiones Obreras, y se enfrentó en 1973 al juicio por el llamado Proceso 1.001. Fue en un día muy particular.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.


La voz de mujer que va hilvanando, casi sin que se note, la historia de Camacho… pertenece a Josefina Samper, su compañera durante más de seis décadas. Cuando llega el momento de recordar aquel juicio, y cómo les afectó el asesinato de Carrero Blanco, toma la palabra para defender el papel de los familiares de los presos políticos durante el Franquismo.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.


Tras la muerte de Franco y el indulto del rey, Marcelino Camacho pudo registrar a CCOO como organización sindical, fue diputado durante dos legislaturas, y lideró el movimiento obrero durante los años ochenta. Ha sido condecorado en múltiples ocasiones. Al final de una vida tan azarosa, le hice las dos preguntas que sólo cobran sentido tras la desaparición del personaje que las responde. Y las respuestas fueron tan sencillas… como demoledoras.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.


Al terminar la entrevista, firmó una copia de su resumen biográfico mecanografiado y me la entregó. Después me enseñó el pequeño cuarto en el que guardaba todos sus recuerdos. Entre ellos, una fotografía de su investidura como Doctor Honoris Causa. Después, al despedirnos, el viejo sindicalista me abrazó… como si me conociera de toda la vida.


Fosa común en el cementerio de San Rafael, en Málaga (AP / Sergio Torres)



Con la llegada de la II República, antes de la Guerra Civil, al comienzo de la Dictadura franquista… y de nuevo en la Transición. La historia reciente de nuestro país está tapizada de perdones políticos, que siempre han servido como base para inaugurar nuevas etapas. ¿Discutidos? Sí, todos. La Ley de Amnistía de 1977 prevé la desaparición de los llamados delitos “de intencionalidad política” cometidos desde la Guerra Civil, una medida aprobada para que salieran de las cárceles todas las personas encarceladas por su forma de ser o de pensar. Pero esa, claro, no es la parte polémica. Los apartados de la discordia se encuentran en el artículo segundo.


Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.



Es decir, que no sólo se estableció el perdón para los condenados por delitos políticos… sino también para quienes persiguieron, investigaron y condenaron esos delitos: los responsables de la dictadura franquista. A partir de aquí, el debate. ¿Es la Ley de Amnistía una Ley de Punto Final? ¿Se opone a los principios generales del Derecho Internacional por liberar de responsabilidades a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad?

El pasado 24 de septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. El texto asegura que la práctica de esos delitos constituye “un crimen de lesa humanidad“, y que no puede ser considerado como un “delito político”. Lo que no ha ratificado nuestro país es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que pone negro sobre blanco una idea asentada en el espíritu de Naciones Unidas desde su fundación: que ese tipo de delitos permanecen vigentes con el paso de los años.

Esto describe bien la situación. El Gobierno español reconoce que las desapariciones forzosas son crímenes terribles, pero no se une al tratado que asegura que los responsables sean juzgados a pesar de haber delinquido mucho tiempo atrás. Y sin embargo, España sí figura como firmante de un tratado importante en la materia


Imagen de previsualización de YouTube

En diciembre de 1966, mientras los españoles votábamos en referéndum si queríamos [como quisimos] la nueva Ley Orgánica del Estado, Naciones Unidas auspiciaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno de Adolfo Suárez lo ratificó en 1977… muy pocos meses antes de promulgar la Ley de Amnistía. Por tanto, a la hora de perdonar los “delitos políticos” de la Dictadura, nuestro país se había adherido ya a un tratado que asegura que hay crímenes que se pueden perseguir aunque no sean punibles según el derecho nacional. Eso sí, siempre que lo sean “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Y ahí está la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Y los Juicios de Nüremberg.

Sobran razones jurídicas para entender que la Ley de Amnistía de 1977 puede haber sido sobrepasada por estos principios internacionales del Derecho. Sin embargo, quienes se oponen a la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura, se apoyan firmemente en el principio de irretroactividad de la ley, y en el llamado “Espíritu de la Transición“. Sostienen que, en aquellos años, se fraguó un perdón colectivo para poder avanzar. Que Garzón haya incurrido o no en malas prácticas puede convertirse en una anécdota… si lo que ocurre en España es que no nos ponemos de acuerdo en algo básico: que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca.