Tras la política

¿En qué se transforman los Presupuestos Generales del Estado? (AP / Daniel Ochoa de Olza)

¿En qué se transforman los Presupuestos Generales del Estado? (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Este viernes 1 de octubre, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publica el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Tras los pactos políticos que las han hecho posibles, las cuentas más austeras de los últimos tiempos han comenzado su tramitación parlamentaria. Hoy todo queda recogido en un higiénico e impersonal “pen-drive”, pero todos recordamos aquellas fotografías míticas de los ministros de Economía rodeados por decenas de gruesos tomos, con miles de páginas, que imaginábamos llenas de números ininteligibles.

No lo son. Detrás de esos complejísimos cálculos está la realidad. Como los presupuestos de este año tienen todavía que ser debatidos, enmedados y contraenmendados en las cámaras, hemos optado por echar un vistazo a los que fueron elaborados para 2010. Y nos hemos propuesto desentrañar esas cifras y averiguar qué hay detrás de las partidas. Qué beneficios reales obtienen de la ley más importante del año los ciudadanos de a pie. Escogemos una página al azar del BOE que publicó la ley, el 24 de diciembre de 2009. Por ejemplo… la número 108.962. Allí encontramos la disposición adicional vigésima séptima, en la que “se declaran de interés general [ciertas] obras de mejora de infraestructuras rurales”. ‘Apasionante’ -dirá el lector. Pues sí: es la base del proyecto de economía sostenible promovido por el Gobierno.

Nuestro camino para saber qué se financia con los Presupuestos Generales del Estado comienza en plena provincia de Soria, en el municipio de Bayubas de Abajo. ¿Por qué? Porque bajo esa “disposición adicional vigésima séptima”, en la página 108.962 del BOE del pasado 24 de diciembre de 2009, el día en que se publicaron los presupuestos, se declara de interés general la “adecuación de un camino natural” en… Bayubas de Abajo. Allí establecemos contacto con Ana Isabel Blázquez, la joven alcaldesa de un municipio de unos 200 habitantes, en el que la rehabilitación de un camino de tres kilómetros ha resultado esencial.


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La cosa cambia si visitamos otro municipio, esta vez al borde del mar. Es el pueblo asturiano de Tapia de Casariego. Su alcalde, el popular Gervasio Acevedo, ha asegurado a Periodismo Humano que las obras de acceso a Tapia desde Galicia, que la página 108.962 también considera “de interés general”… están paralizadas.


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Otro político del Partido Popular, Longinos Domínguez, es el alcalde del pequeño pueblo de Vezdemarbán, en Zamora. Allí el ayuntamiento solicitó la mejora del camino que les une con otros dos pueblos, Malva y Abezames. Un técnico llegó para evaluar el terreno… y de aquello… nunca más se supo.


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De nuevo hacia el norte, en la provincia de León, nos encontramos con Cacabelos, que aparece consignado bajo el mismo epígrafe de los Presupuestos Generales del Estado. Hablamos del municipio más pequeño de España con una red wi-fi gratuita. En este caso, lo que se declara de “interés general” es un recinto ferial que ha dado empleo a más de una veintena de personas. Gonzalo López, el concejal de Urbanismo, que ha hablado también con Periodismo Humano, no sólo asegura haber recibido la inversión del Estado… sino que la defiende a capa y espada.


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Y resulta que el pueblo de al lado, en pleno Bierzo leonés, también ha podido materializar un proyecto gracias a la dichosa página del BOE. Se llama Camponaraya, su alcalde es el también senador socialista Antonio Canedo, y asegura que, a pesar de que su ayuntamiento ha sido afortunado… las zonas rurales tienen muy complicado transformarse para acercarse a eso de la “economía sostenible”.


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Y después de estas conversaciones, y después de escuchar en qué se transforman los Presupuestos Generales del Estado, y de saber que crean empleo cuando se transforman en dinero, y que pueden llegar a ahogar a un municipio si se quedan en papel mojado… ¿Alguien puede asegurar que no cree en la Política? La pregunta sobre los políticos… la dejamos para mejor ocasión.


Si vive usted en Marbella, en Denia, en León, en Melilla, en Silleda, en Ceuta o en Benidorm, sabe mejor que nadie lo que signica la palabra “tránsfuga”. Dice el diccionario que se trata de “una persona que, con un cargo público, no lo abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato”. En todos los municipios mencionados, por una razón o por otra, con políticos de un partido o de otro, la alcaldía ha cambiado de manos en los últimos años por voluntad de uno o más tránsfugas. Lo primero que deberíamos decir es que ser tránsfuga en España no es un delito, y lo segundo que deberíamos decir es que se trata, posiblemente, del peor calificativo aplicado a un cargo político por parte de otro. Retrocedemos un año.


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En septiembre de 2009, cuando Zapatero mostraba un compromiso tan firme con el Pacto Antitransfuguismo, estaba en juego la alcaldía en el municipio alicantino de Benidorm. Un grupo de concejales socialistas decidieron apoyarse en un tránsfuga para cambiar a un alcalde del PP por Agustín Navarro, edil del PSOE: entre esos concejales estaba Maite Iraola, la madre de la Secretaria de Organización socialista Leire Pajín. Para no poner en aprietos a Ferraz, y principalmente por este parentesco incómodo, todos abandonaron la militancia, y el pasado mes de julio fueron declarados oficialmente como “tránsfugas” por la Comisión de Seguimiento del pacto que preside el ministro de Política Territorial.

Ha pasado un año, y la agrupación socialista de Benidorm, a la que ya no pertenecen aquellos concejales “oficialmente tránsfugas”, ha decidido que su candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2011… sea el actual regidor, Agustín Navarro. No es miembro del partido y fue el protagonista de aquel septiembre de 2009. El Secretario General del PSPV ha avalado la decisión del partido en Alicante, y dicen las crónicas periodísticas que la preocupación en Ferraz es máxima, porque se rompe el discurso de limpieza que entonaba Zapatero hace 12 meses. El Partido Popular, que cuenta también en su haber con varios casos de transfuguismo [por ejemplo el que llevó a Eduardo Zaplana a la mismísima alcaldía de Benidorm], intenta aprovechar el revuelo político del caso.

El Pacto Antitransfuguismo, firmado por los principales partidos políticos, se ha negociado en tres tandas: comenzaron en 1998 y culminaron en 2006. Es un texto de 11 folios que contiene puntos muy interesantes. Quizá el principal de todos sea el número 7, que en su apartado c asegura que los firmantes se comprometen a “no presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales declarados tránsfugas”. Pero el aislamiento de estos ediles no queda ahí: el pacto pretende que no se apoye “ninguna iniciativa que provenga de los mismos”, se ocupa de que no entren en los gobiernos locales, califica el cambio de partido de “fenómeno de deslealtad política”, y en otro apartado dice que posee una naturaleza políticamente “patológica”. Vamos, que no deja ni un resquicio para la duda: los grandes partidos, como buenos bomberos, no quieren pisarse la manguera.

En el imaginario político español, donde la corrupción campa a sus anchas sin -al parecer- castigo ciudadano en las urnas, el hecho de que un partido cambie de partido a mitad de legislatura para favorecer al de enfrente… está muy mal visto. Enseguida se piensa que le asisten razones ajenas a lo público, que cobrará por cambiar el sentido de su voto, o incluso que lo premiarán con un cargo político mejor que el que tenía [como las concejalías de Hacienda o Urbanismo]. Pero aquí lanzo las preguntas ingenuas de la semana: ¿Qué ocurriría si un político honrado pierde la confianza en su partido y decide, legítimamente, cambiar de filas a otro cercano en ideología? ¿Debe perder ese hipotético político honrado la posibilidad de ver apoyada una iniciativa suya? ¿Debe renunciar al gobierno del municipio? Pensemos con cuidado, no sea que descubramos que el Pacto Antitransfuguismo es un remedio contra las malas prácticas… que impide que las buenas lleguen nunca a producirse.


Zapatero recibe a Rajoy en La Moncloa en diciembre de 2006 (AP / Bernat Armangue)


Al filo de las 10 de la mañana, el coche oficial de Mariano Rajoy habrá ejecutado una suave curva y habrá frenado ante la puerta principal del Palacio de la Moncloa. Allí habrán estado esperando una treintena de reporteros gráficos, pendientes de si Rodríguez Zapatero bajaba las escaleras, de si sonreía al recibir a su invitado o de si ambos miraban al cielo para comprobar que este mes de mayo está resultando más frío que los anteriores. Y los dos se habrán soltado la mano y se habrán perdido en las sombras del palacio, y habrán comenzado las especulaciones sobre si la reunión duraría más o menos, sobre dónde se convocarían las comparecencias posteriores o sobre quiénes serían los comparecientes. Una composición teatral que ya conocemos de sobra.

Desde que Zapatero llegó a La Moncloa ha recibido a Rajoy, públicamente, en 10 ocasiones. Y decimos “públicamente” porque, por ejemplo, ambos pasaron un buen rato juntos, prácticamente solos, hace dos semanas; y ha habido alguna cena “discreta” en Moncloa, y algún despacho conjunto con el rey. Si dijéramos que el balance de los encuentros es “desigual” estaríamos faltando a la verdad: el balance es muy pobre. Sólo en cuatro ocasiones ha habido acuerdo, pero eran cuatro ocasiones tan delicadas que un desacuerdo habría sido recibido por la opinión pública casi como un insulto. La primera fue el 14 de enero de 2005. El presidente del PP estuvo en La Moncloa pocos días antes de que el “Plan Ibarretxe” llegase al Congreso de los Diputados, allí pactó con Zapatero un frente común contra el soberanismo vasco, y pronunció unas palabras a la salida que, escuchadas hoy, parecen imposibles.


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El segundo acuerdo básico entre Zapatero y Rajoy tuvo también al País Vasco como protagonista. Tras el anuncio de un alto el fuego por parte de ETA, el Partido Popular mantuvo una actitud escéptica que fue convirtiéndose en enfrentamiento con el Gobierno, pero el 11 de junio de 2007… ETA había roto ya su tregua, y Rajoy aseguró estar junto a Zapatero ante lo que pudiese venir. Eso sí, con condiciones. Los otros dos acuerdos, acuerdos parciales, llegarían en el año 2008. En su reunión del 23 de julio, los líderes políticos pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial [no olvidemos las manifestaciones de funcionarios durante la campaña electoral], y en la del 14 de octubre se fraguó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria [¿alguien imagina al presidente del Gobierno y al líder de la oposición... no pactando el rescate de los bancos?].

Esto en el haber. En el debe, muchos asuntos en los que Zapatero y Rajoy deberían haberse puesto de acuerdo… y no lo han hecho. En las dos reuniones del año 2008, constataron que no eran capaces de pactar la renovación del Tribunal Constitucional, con lo que eso significa [y seguirá significando] para el futuro del Estatuto de Cataluña. De hecho, en 2005, acordaron abrir una comisión para impulsar conjuntamente las reformas estatutarias [que no llegó a crearse] y desde entonces no han conseguido ponerse de acuerdo en materia de política territorial. La lucha antiterrorista fue objeto de discordia hasta la ruptura de la tregua por parte de ETA, y en materia económica, Zapatero y Rajoy pactaron crear una mesa bipartita para las reformas estructurales que necesita España… de la que nada más se supo. Ni la salida de la crisis, ni la política del agua, ni la educación, ni la política exterior.

La reunión de este 5 de mayo tenía dos temas en la agenda: el rescate de la economía griega y la reordenación del sector bancario. A la hora de escribir estas líneas no conocemos el resultado, no sabemos si ha habido sonrisas, miradas al cielo o comparecencias en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Pero sabemos lo que se espera del presidente del Gobierno y del líder de la oposición en una ocasión como esta. Justo cuando nuestra economía sufre ataques especulativos, justo en el momento en que hay 4 millones y medio de parados, justo ahora que los dos principales tribunales del sistema judicial están desprestigiados, lo que se espera de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy es altura de miras. Y no sólo otro apretón de manos vacías ante la puerta de un palacio.


Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde lleva más de 20 años en el primer plano de la actualidad española. En 1989, este jurídico de la Armada se retiró del Ejército como comandante, ya que esa posición era incompatible con la actividad política: pasó a convertise en Coordinador General de la Refundación del Partido Popular. Desde entonces ha sido diputado en todas las legislaturas, ha presidido el Congreso, ha sido Ministro de Defensa, y ahora ocupa el cargo de Coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP. Uno puede pensar que, en este 2010, después de dos décadas de servicio público en puestos de tan altísima responsabilidad… la influencia del señor Trillo sobre los asuntos del día a día es pequeña, o como mucho “limitada”. Vamos a comprobarlo.

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

El último gobierno de José María Aznar dejó varios supervivientes políticos, pero si excluimos a Mariano Rajoy, ninguno de los otros ex ministros [ni Cristóbal Montoro, ni Javier Arenas, ni Francisco Álvarez Cascos... ni siquiera Rodrigo Rato] conserva tanto peso como Trillo. En los últimos 15 días, el Coordinador popular de Justicia ha marcado la línea de su partido en tres frentes: el levantamiento del secreto de sumario en el caso Gürtel, el procesamiento de Garzón por los crímenes del Franquismo y las medidas del Gobierno para que Batasuna no llegue a los ayuntamientos. El voto de Federico Trillo [diputado por Valencia] será clave para la aprobación en el Congreso del Estatuto de Castilla-La Mancha [muy controvertido en sus artículos referentes a las reservas de agua]; desde la gestión de Trillo persisten los ecos del accidente del Yak-42; y por supuesto, un recurso firmado por él [PDF] mantiene atascado al Constitucional desde hace 4 años.

Porque más allá de Gürtel, Garzón o el agua, el asunto que trae de cabeza a las élites políticas desde hace ya muchos meses es la inminente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Las elecciones catalanas están programadas para el próximo otoño, y un veredicto del Constitucional contrario al texto tendría efectos políticos y jurídicos muy difíciles de predecir. Y como también es imposible predecir en qué sentido se van a pronunciar los jueces, aquí va un dato anecdótico para tranquilidad de quienes piensan que su tardanza es excesiva: el pasado 27 de abril de 2009, el TC “inadmitió el recurso de amparo” presentado por un grupo de diputados socialistas [entre ellos Rodríguez Zapatero] contra una decisión de la Diputación Permanente del Congreso. El recurso se presentó en marzo de 2004, más de 5 años antes, y el asunto no pasaba de ser un trámite parlamentario sobre la guerra de Irak.

Conclusión. 20 años después del Congreso de la Refundación del PP, con fotografía sevillana del aniversario incluida, hay un nombre que continúa marcando la agenda política del partido: el de Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


La sombra del presidente sale a la luz (AP / Paul White)



Miren la foto. Mírenla atentamente. Seguro que en ella reconocen, al fondo, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, y a la derecha del presidente del Gobierno, una mayoría de lectores identificará a Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad. Incluso los más informados podrán aportar el nombre de José Martínez Olmos, el Secretario General de su departamento, que se sienta junto a ella. Pero… ¿quién es la cuarta persona en torno a la mesa? ¿Quién mereció, el pasado 27 de abril de 2009, formar parte de la reunión de emergencia convocada en el Palacio de la Moncloa para prevenir una futura epidemia de la Gripe A? Si ustedes no lo conocen, hay alguien que lo recuerda muy bien. Luis Roldán concedió una entrevista a Telemadrid la semana pasada, y cuando se refería al destino de cierta cantidad económica, pronunció su nombre…


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El ex Director General de la Guardia Civil, que acaba de salir de la cárcel tras 15 años de reclusión, sabe que José Enrique Serrano Martínez trabaja en La Moncloa, pero no recuerda en qué puesto. Dejando de lado sus insinuaciones, podemos aportar alguna información sobre la figura: Serrano es el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desconocido por la mayor parte de la ciudadanía porque no se prodiga en los medios, este cargo de libre designación es bien conocido por los informadores y reporteros gráficos que frecuentan las ruedas de prensa en Moncloa. Es la voz que susurra al oído de José Luis Rodríguez Zapatero, y su biografía revela que ya lo hizo al de Felipe González al final de su mandato.

Pero… ¿podemos concretar un poco más a qué se dedica un Director del Gabinete? Sus funciones están definidas en el Real Decreto que desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.


a) Proporcionar al Presidente del Gobierno la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.


b) Asesorar al Presidente del Gobierno en aquellos asuntos y materias que éste disponga.


c) Conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al Presidente del Gobierno la coordinación de la acción del Gobierno.


d) Asistir al Presidente del Gobierno en los asuntos relacionados con la Política Económica.


e) Realizar aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno.



El apartado “e” es el más llamativo de los cinco. El Director del Gabinete puede hacerlo todo, puede abordarlo todo, puede ocuparse de todo… y se convierte así, de facto, en el hombre fuerte del Presidente del Gobierno. Tanto responde por carta a los ciudadanos [PDF]… como negocia con los sindicatos la próxima reforma laboral. O aparece como misterioso autor del archivo informático con el que el diario El País conoció las propuestas del Ejecutivo en materia de pensiones. De José Enrique Serrano prácticamente no se conservan declaraciones públicas; de su antecesor podemos encontrar alguna más.


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Es Carlos Aragonés, Director del Gabinete de José María Aznar entre 1996 a 2004, y se refiere a la crisis interna que creó María San Gil tras su marcha del Partido Popular. Desde que abandonó La Moncloa, Aragonés ha sido elegido dos veces como diputado por Madrid. En su declaración de bienes [PDF] figura como asesor del presidente del Partido Popular, y esto a pesar de que Mariano Rajoy lo descabalgó de la dirección del partido en el congreso de 2004. Aunque quizá lo más revelador sea su ficha en la web del Congreso: la página permite analizar la actividad parlamentaria de los diputados mediante la consulta de sus intervenciones, iniciativas o preguntas. Y desde las elecciones del 9 de marzo de 2008, a efectos del registro parlamentario… Carlos Aragonés no ha hecho nada.


¿Quién ha disfrazado a Baltasar Garzón? ¿Por qué? (AP / Fernando Antonio)

No es casual que el primer “enfoque” de Tras la Política tenga como protagonistas a los jueces. A falta de un verdadero debate ideológico que arbitre sus diferencias, los partidos políticos han situado al sistema judicial en el centro de sus disputas por el poder. Desde los primeros noventa han operado como piezas del tablero electoral nombres como los de Marino Barbero, Javier Gómez de Liaño, Juan del Olmo… o Baltasar Garzón, que en este 2010 se ha convertido en el primer juez español con tres causas abiertas en el Tribunal Supremo. Y las cuentas pendientes de Garzón con sus superiores no pasarían de ser un mero trámite si no fuera porque todos los partidos políticos han acusado… o defendido… o criticado… o comprendido… las actuaciones del juez.

Detengámonos en uno de esos tres procesos: en el que surge de la investigación de una posible red corrupta en torno al Partido Popular. Baltasar Garzón ordenó que se practicaran escuchas en las cárceles durante las conversaciones entre varios imputados por el Caso Gürtel y sus abogados. Tanto el juez que ahora instruye el caso en Madrid [Antonio Pedreira] como la Fiscalía Anticorrupción [que pidió las escuchas] respaldan esa decisión. Y sin embargo, el pasado mes de diciembre, el abogado Ignacio Peláez, representante de un imputado, presentó una querella contra Garzón ante el Supremo: aseguraba que vivimos en un “estado policial” y que las leyes amparan el secreto de las comunicaciones de su cliente y del resto de los imputados.

Hasta aquí, en circunstancias normales, nada debería sorprendernos. Se trata de una controversia jurídica en cuya resolución trabajan ya los tribunales competentes. Pero las circunstancias no son normales. Los partidos de la izquierda consideran que Garzón es víctima de una persecución judicial por investigar los crímenes del Franquismo y las presuntas corruptelas del PP. En cambio, los populares, desde que se destapó el Caso Gürtel, comenzaron a realizar una serie de declaraciones públicas que cuestionaban la honradez del juez y los objetivos de su investigación por supuestos vínculos con el Gobierno; y ahora, tras la presentación de las querellas ante el Supremo, varios miembros del Ejecutivo [incluido su presidente] han alabado la trayectoria de Garzón… en lo que la oposición entiende como una maniobra de presión al Tribunal Supremo. Como último ingrediente, los argumentos del propio interesado son un buen indicador de que algo no funciona bien.

La Constitución de 1978, en su artículo 18, es muy clara: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Este “salvo resolución judicial” es el argumento central de los juristas que defienden a Garzón; y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 579 prevé que el juez acceda a las comunicaciones de las personas “sobre las que existen indicios de responsabilidad criminal, así como […] de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos”. Quienes consideran que el juez se ha extralimitado en sus funciones esgrimen la Ley Orgánica General Penitenciaria, que prevé las escuchas en prisión sólo “en los supuestos de terrorismo”, y dos artículos distintos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [262 y 263] que eximen a los abogados de denunciar los delitos de sus clientes. Pero en estos dos grupos no podemos incluir a los políticos.

De los dirigentes de los partidos no escuchamos ni artículos ni citas jurídicas, y cuando expresan su respeto a las decisiones judiciales, es siempre tras fijar su propia posición en torno al caso. Si los procesos contra Garzón forman parte o no de una estrategia política… es una cuestión que cada ciudadano debe decidir, pero cuando optamos por los argumentos de la izquierda o la derecha queda siempre la duda razonable de que “la otra parte” ha utilizado la crítica al sistema judicial para su propio beneficio. Los ingleses, para definir los falsos anzuelos que los buenos autores de novelas de misterio lanzan a sus lectores para distraer su atención, utilizan la expresión “red herring“. Ahora se trata de saber quiénes han disfrazado a Baltasar Garzón de arenque… y con qué intenciones.