Tras la política

Si Zapatero comenzaba cada curso político en Rodiezmo, Rajoy lo comienza aún con un retiro casi monacal de la cúpula de su partido. Este año tocaba Toledo, una localización muy simbólica que buscaba arropar las aspiraciones de María Dolores de Cospedal a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Tras 48 horas de reflexión, encuestas… y sobre todo de silencio, el líder del PP se ponía ante los micrófonos para hablar de economía.


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Llama la atención que Mariano Rajoy, el hombre que siempre acusa al Gobierno de anunciar medidas y más medidas, planes y más planes inconexos contra la crisis, haya presentado en esta ocasión un paquete de 50 medidas para atajarla. Llama la atención porque no es el primero. A saber: a finales del mes de agosto, durante una entrevista con una agencia de noticias, Rajoy esbozó las 8 grandes iniciativas económicas que llevaría a cabo si llegase al Gobierno; el pasado mes de marzo, un “plan de choque” elaborado por la calle Génova contenía las 5 medidas esenciales para salir de la recesión; un año antes, en abril de 2009, Rajoy tomó el atril de Cospedal para anunciar un plan global con 12 reformas anticrisis. Y poco hemos sabido de ninguna de ellas.

El plan de Mariano Rajoy contra la crisis, si tan necesario fuese, debería lucir en su lomo desde hace ya muchos meses el sello del registro del Congreso de los Diputados. Nadie discute que el Grupo Popular en la Cámara esté presentando enmiendas a las reformas del Gobierno -no es para menos-, pero no dejan de ser aportaciones aisladas cuyo decaimiento lamenta Rajoy ante Zapatero con el dolor del amante herido: me dice que no le ayudo, intento hacerlo con mis enmiendas y usted me las tumba. Literal. En el debate antidéficit del 12 de mayo, el líder de la oposición propuso cosas muy concretas que el presidente desestimó: suprimir ministerios, retirar subvenciones y recuperar competencias. Tres actuaciones muy efectistas que ahorrarían muy poco al Estado.

En definitiva: ¿qué está haciendo el Partido Popular para ayudar a que España salga de la crisis? Y desde una perspectiva puramente electoral: ¿qué está haciendo el Partido Popular para ser visualizado como una alternativa de Gobierno? Quizá Rajoy ha analizado las caídas de los cuatro ex presidentes del Gobierno y ha observado que todos salieron de La Moncloa por hartazgo del respetable; exceptuando al Partido Socialista liderado por Felipe González -que se enfrentaba a una UCD desgastadísima-, ninguna oposición ha llegado a ser Gobierno por encandilar a los electores, sino como el fusible que se recambia para poder seguir teniendo luz en casa. Quizá esté esperando Rajoy, por tanto, a que se le fundan los plomos a Zapatero. ¿No sería más inteligente -y sí, también más honrado- trabajar para reparar la instalación eléctrica del edificio y así convertirse en imprescindible para los inquilinos?

P.D.: Es curioso. Al recordar el post me he acordado de aquello de “las luces de la fiesta“.


No habrá Pacto de Estado por la Educación. No puede ser “de Estado” si no lo respaldan los dos partidos políticos que tienen posibilidades de alcanzar el Gobierno de España e impulsar los cambios necesarios en el sistema educativo. Para ciertos políticos ha llegado el momento de buscar a los culpables del fracaso, pero quizá es más interesante analizar las razones de los actores principales del acuerdo [hasta ahora] fallido.


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Ángel Gabilondo llegó al ministerio en abril de 2009, en medio de una remodelación en la que Rodríguez Zapatero se rodeó de su “núcleo duro”. En la misma jornada de su toma de posesión, el ex presidente de la Conferencia de Rectores lanzó su principal objetivo político como gobernante: un gran pacto educativo. Y a eso ha dedicado los últimos meses, incluidos contactos al más alto nivel con el Partido Popular. Concretamente, con su Secretaria General. El pasado mes de diciembre, Gabilondo recibió en la sede del ministerio a María Dolores de Cospedal, y entonces parecía posible el pacto: la número dos de Rajoy aseguró que era viable.


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¿Qué ha pasado en los últimos 5 meses para que el acuerdo descarrile? El documento que elaboró el Gobierno tras consultar con partidos, agentes sociales e interlocutores educativos contiene casi 150 propuestas, más o menos concretas, para mejorar el sistema educativo. El punto número 8 se refiere a las competencias lingüísticas de los alumnos, y dice así: “[El Gobierno se compromete a] impulsar actuaciones específicas, especialmente referidas a la comprensión lectora, la escritura y la expresión oral, para que todo el alumnado finalice la educación obligatoria con la competencia lingüística necesaria para expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma”.

Es pertinente recordar la redacción literal de este artículo porque el Partido Popular ha basado su oposición al texto en que no “garantiza” la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües. Esto puede ser cierto, pero quizá resulte también pertinente recordar otro artículo… de otra ley. Concretamente, de la Ley de Calidad de la Educación, impulsada por el PP desde el Gobierno y derogada en 2004. Recordamos, concretamente, el artículo 22 en su apartado h.


“[Los alumnos deberán] comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura”



Una redacción muy parecida a la del documento que se maneja… y que hoy no es suficiente. El pasado martes, Ángel Gabilondo expresaba en Televisión Española una reflexión interesante. Decía el ministro que su texto, un texto que calificaba “de consenso”, seguía los grandes objetivos marcados por la OCDE, y recordaba que entre las críticas de la organización al sistema educativo español [por ejemplo, en su Panorama de la Educación 2009 (PDF)] no aparecía por ninguna parte la discriminación del castellano.


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El ex presidente del Gobierno ha pasado hace unas horas por el programa de Iñaki Gabilondo, el hermano del ministro. Felipe González, como líder de los sabios que deben pensar la Unión Europea del futuro, sitúa la mejora del “capital humano” en el centro de ese futuro comunitario. Y así debería ser, con pacto o sin pacto.


María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular (Fuente: www.pp.es)



El programa electoral del Partido Socialista para las Elecciones Generales del año 2004 llevaba, en su página 59, un compromiso en materia de reformas estatutarias. Atención a la parte en la que se alude al consenso.


El PSOE posibilitará las reformas estatutarias que se planteen de acuerdo con la Constitución y respaldadas por un alto grado de consenso democrático. Pero también cree que ha llegado el momento de que, desde el Estado, se aborden algunas modificaciones del Estado Autonómico que contribuyan a superar las ineficiencias, distorsiones y desigualdades que el transcurso de los años ha ido revelando.



Las palabras son “alto grado de consenso democrático”. 6 años después de la victoria electoral de Zapatero, podemos afirmar que los socialistas han impulsado cuantas reformas estatutarias han querido llevar a cabo las comunidades autónomas, pero el consenso se ha alcanzado siempre a medias… o acompañado de situaciones paradójicas. Sobre todo en lo que concierne al agua. Porque es el agua [la política hídrica, la gestión o titularidad de los ríos] el factor fundamental de una batalla jurídica sin precedentes entre autonomías.

El último capítulo de la guerra del agua se ha librado en Castilla-La Mancha. El PSOE impulsó en 2006 una reforma estatutaria que culminó con un texto pactado con el PP. Ahora ese texto ha encallado en el Congreso… a causa del agua. La Secretaria General del PP y candidata a suceder a José María Barreda en la Junta culpa al PSOE de buscar la derrota del estatuto para utilizarla como arma electoral; el presidente castellanomanchego destaca que Dolores de Cospedal ha cedido ante las presiones de la Comunidad Valenciana y Murcia. Sea como fuere, las previsiones del estatuto en materia de agua… lo han hecho descarrilar.

En el caso de Castilla-La Mancha, el conflicto de intereses ha estallado antes de la aprobación del estatuto, pero hay muchos otros casos en los que no ha sido así. El gobierno de Barreda [también el de Aragón] recurrió ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana: consideraba intolerable el artículo 17.1, que establecía el derecho de los valencianos a los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias. El TC desestimó ambos recursos, y le queda aún mucho trabajo por delante. Por ejemplo, con el Estatuto de Cataluña. Al debate por el término “nación”, la bilateralidad o la lengua, el tribunal debe añadir los recursos de La Rioja y Murcia por las previsiones del texto en torno al río Ebro.



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Quienes critican los recelos del Partido Popular sobre el Estatut, recuerdan que muchos artículos rechazados por el partido de Rajoy fueron votados por Javier Arenas en el parlamento andaluz. El Estatuto de Andalucía dice en su artículo 51 que la comunidad “ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que trascurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”, y esa redacción fue apoyada por el PP, y recurrida por el extremeño Rodríguez Ibarra. Su sucesor al frente del gobierno, Guillermo Fernández Vara, hizo lo mismo en 2008 con el Estatuto de Castilla y León: consideraba que si los castellanoleoneses se arrogaban la competencia exclusiva sobre el río Duero… se vulneraba la Constitución.

Para defender su estatuto, Barreda recordaba hace unos días la posición del PP frente al Estatuto de Aragón. Allí, los populares exigieron una reserva hídrica para pactar el texto con el PSOE: una reserva hídrica que no ha prosperado en Toledo, y que está recurrida por el Gobierno de la Rioja. Hay socialistas enfrentados con socialistas, populares enfrentados con populares, un gigantesco lío entre comunidades enmarañado en el Constitucional. Buscando título para el post, pensé que la política hídrica había estado brotando de los partidos en los últimos años “a borbotones”, pero el diccionario de la Real Academia me sugiere “a borbollones”. Dice que significa “atropelladamente”, y que un “borbollón” es una “erupción que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie”. Pues eso.