Tras la política

¿Qué puede pasar en un año? ¿Cuánto puede diferenciarse un político de sí mismo en un período de 12 meses? No hace falta esperar ese tiempo para responder a la pregunta. Hace ahora cuatro años, Zapatero pronunciaba aquellas palabras que pesarían como una losa sobre su mandato: “Dentro de un año estaremos mejor que hoy“; al día siguiente, ETA volaba la T4. Un año. ¿Cuánto pueden cambiar un político y su programa en un año?

Políticas sociales. Tras ganar las elecciones de marzo de 2008, Zapatero modificó su eslogan de 2004. Dijo… “Gobernaré para todos, pero pensando en los que no tienen de todo”. No dudamos que lo siga haciendo, pero el rescate del euro en el mes de mayo acabó de un plumazo con un buen ramillete de sus políticas sociales. Pensionistas, funcionarios, parados, pagadores de impuestos en general… todos sufren ya las consecuencias de la nueva política: acabar con el déficit “me cueste lo que me cueste”. En principio, una huelga general.

La relación con el mundo. 2009 terminaba con las esperanzas puestas en la presidencia rotatoria del Consejo Europeo que debía desempeñar España durante el primer semestre de 2010. Fue un período ciertamente anodino, en el que convivimos con un presidente permanente sin ninguna sustancia, y en el que ni siquiera la visita de Obama pudo endulzar el panorama. Ya en otoño, las revelaciones de Wikileaks constataban los verdaderos esfuerzos del Estado español para superar diplomáticamente nuestra salida de Irak.

La composición del Gobierno. El 20 de octubre, el presidente del Gobierno anunciaba la composición del que sería su ‘gabinete más político’, con Alfredo Pérez Rubalcaba como hombre fuerte… en sustitución de una mujer fuerte, María Teresa Fernández de la Vega. Las ministras más discutidas, Aído y Corredor, pasaban a ser secretarias de Estado. Salía Miguel Ángel Moratinos y salía Celestino Corbacho, entraban Ramón Jáuregui, Leire Pajín o Rosa Aguilar.

El mapa autonómico. Si en 2009 se perdía uno de los hitos de la ‘era Zapatero’, que Galicia estuviese gobernada por un socialista, en 2010 acabó el sueño del tripartito en Cataluña. Artur Mas ganaba las elecciones autonómicas en noviembre y devolvía la Generalitat a CiU. A menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ponía en duda el liderazgo de Zapatero batiendo en primarias a Trinidad Jiménez, candidata del aparato.

La fuerza de Fomento. Como estaba previsto, los kilómetros de AVE han seguido creciendo y las inversiones en infraestructuras siguen resistiéndose por la crisis. El ministro José Blanco, ‘mirlo Blanco’ del Ejecutivo en 2009, ha mostrado su puño de hierro sin guante de seda en el conflicto con los controladores aéreos, quizá la única muestra de firmeza del Gobierno en muchos meses.

‘Ley antidescargas’. Hace un año no conocíamos aún muchos detalles del proyecto legislativo del Gobierno. Ni siquiera adivinábamos la pésima política comunicativa que se aplicaría a todo el asunto. Hoy, las disposiciones que preveían la entrada en vigor de la ‘Ley Sinde’ han sido ‘podadas’ de la Ley de Economía Sostenible por la comisión de Economía del Congreso, y el Ejecutivo vuelve a verse forzado, in extremis, a una negociación en la que lleva las de perder.

Con este panorama político, quizá sea mejor para el Gobierno mirar hacia delante… que lamentarse por “un pasado que murió”, como canta Raphael. Entramos en el último año de legislatura. Abróchense los cinturones.


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Leire Pajín promete su cargo de ministra de Sanidad (AP / Sergio Pérez)

Leire Pajín promete su cargo de ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad (AP / Sergio Pérez)



Trinidad Jiménez ha dejado su cargo de ministra de Sanidad con una valoración unánime: ha realizado un buen trabajo. Lo ha dicho la oposición, lo han dicho los colectivos sanitarios y lo dicen los ciudadanos a través de las encuestas. Pero, ¿cuál ha sido su trabajo? ¿Cuál es la tarea que aguarda a su sucesora, Leire Pajín, en el nuevamente remodelado Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad? La ministra se ha encontrado al llegar al despacho [además de unas afirmaciones machistas no suficientemente desautorizadas] una tarea básica que, en el último año y medio, ha supuesto buena parte del éxito de su antecesora: concertar la política sanitaria del Gobierno con las comunidades autónomas.

Si el año 2009 fue el de la lucha contra la Gripe A, 2010 está siendo para los profesionales sanitarios… el de la lucha contra el déficit. En lo que va de año, el Gobierno ha decretado dos importantes paquetes de medidas para intentar frenar el gasto farmacéutico: el primero, en marzo, de 1.500 millones de euros; el segundo, en mayo, y coincidiendo con el giro en la política económica del Ejecutivo, de otros 1.300 millones de euros. Y los dos con el consenso de los Consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas… Y los dos parecen estar dando ya sus frutos: la factura farmacéutica comienza a reducirse. Fernando Villoria, Director General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria del Gobierno de Cantabria, ha conversado con Periodismo Humano.


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Las estadísticas del ministerio de Sanidad indican que, en junio de 2010, el gasto farmacéutico en España fue un 3 por ciento más bajo que en junio de 2009. ¿A qué se debe esa reducción? Básicamente, las medidas adoptadas por todas las partes en el Consejo Interterritorial de Salud buscan impulsar el consumo de medicamentos genéricos y centralizar las compras de fármacos para racionalizar el gasto. Según datos ofrecidos por la Consejería andaluza de Salud, “el sistema sanitario andaluz, en los últimos cinco meses -entre abril y agosto de 2010- está reduciendo su factura farmacéutica en más de 300.000 euros al día”. Y sin embargo, el gran recorte todavía está por llegar. Nos lo recordaba Antoni Gilabert, el Gerente de Atención Farmacéutica del Departament de Salut de Cataluña.


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Esta reducción no habría sido posible sin la contribución de las autonomías. Son los servicios autonómicos de salud los que gestionan el día a día del gasto sanitario. Durante sus entrevistas con Periodismo Humano, estos responsables sanitarios alaban el papel del Ministerio de Sanidad como árbitro de las negociaciones, y esto a pesar de que las competencias están cedidas a las comunidades en su práctica totalidad. Pero queda mucho por hacer. El impulso a los genéricos está encontrando escollos en algunos territorios, por ejemplo en Galicia, y buena parte de los consejeros autonómicos no dejan de repetir que las medidas adoptadas han de ser sólo un comienzo. Todo esto forma parte de la tarea que espera a Leire Pajín: algo así como ser la árbitra -así lo recoge la RAE- de un partido crucial, a la que se le reconocerá el buen hacer… cuando pase desapercibida.


Si vive usted en Marbella, en Denia, en León, en Melilla, en Silleda, en Ceuta o en Benidorm, sabe mejor que nadie lo que signica la palabra “tránsfuga”. Dice el diccionario que se trata de “una persona que, con un cargo público, no lo abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato”. En todos los municipios mencionados, por una razón o por otra, con políticos de un partido o de otro, la alcaldía ha cambiado de manos en los últimos años por voluntad de uno o más tránsfugas. Lo primero que deberíamos decir es que ser tránsfuga en España no es un delito, y lo segundo que deberíamos decir es que se trata, posiblemente, del peor calificativo aplicado a un cargo político por parte de otro. Retrocedemos un año.


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En septiembre de 2009, cuando Zapatero mostraba un compromiso tan firme con el Pacto Antitransfuguismo, estaba en juego la alcaldía en el municipio alicantino de Benidorm. Un grupo de concejales socialistas decidieron apoyarse en un tránsfuga para cambiar a un alcalde del PP por Agustín Navarro, edil del PSOE: entre esos concejales estaba Maite Iraola, la madre de la Secretaria de Organización socialista Leire Pajín. Para no poner en aprietos a Ferraz, y principalmente por este parentesco incómodo, todos abandonaron la militancia, y el pasado mes de julio fueron declarados oficialmente como “tránsfugas” por la Comisión de Seguimiento del pacto que preside el ministro de Política Territorial.

Ha pasado un año, y la agrupación socialista de Benidorm, a la que ya no pertenecen aquellos concejales “oficialmente tránsfugas”, ha decidido que su candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2011… sea el actual regidor, Agustín Navarro. No es miembro del partido y fue el protagonista de aquel septiembre de 2009. El Secretario General del PSPV ha avalado la decisión del partido en Alicante, y dicen las crónicas periodísticas que la preocupación en Ferraz es máxima, porque se rompe el discurso de limpieza que entonaba Zapatero hace 12 meses. El Partido Popular, que cuenta también en su haber con varios casos de transfuguismo [por ejemplo el que llevó a Eduardo Zaplana a la mismísima alcaldía de Benidorm], intenta aprovechar el revuelo político del caso.

El Pacto Antitransfuguismo, firmado por los principales partidos políticos, se ha negociado en tres tandas: comenzaron en 1998 y culminaron en 2006. Es un texto de 11 folios que contiene puntos muy interesantes. Quizá el principal de todos sea el número 7, que en su apartado c asegura que los firmantes se comprometen a “no presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales declarados tránsfugas”. Pero el aislamiento de estos ediles no queda ahí: el pacto pretende que no se apoye “ninguna iniciativa que provenga de los mismos”, se ocupa de que no entren en los gobiernos locales, califica el cambio de partido de “fenómeno de deslealtad política”, y en otro apartado dice que posee una naturaleza políticamente “patológica”. Vamos, que no deja ni un resquicio para la duda: los grandes partidos, como buenos bomberos, no quieren pisarse la manguera.

En el imaginario político español, donde la corrupción campa a sus anchas sin -al parecer- castigo ciudadano en las urnas, el hecho de que un partido cambie de partido a mitad de legislatura para favorecer al de enfrente… está muy mal visto. Enseguida se piensa que le asisten razones ajenas a lo público, que cobrará por cambiar el sentido de su voto, o incluso que lo premiarán con un cargo político mejor que el que tenía [como las concejalías de Hacienda o Urbanismo]. Pero aquí lanzo las preguntas ingenuas de la semana: ¿Qué ocurriría si un político honrado pierde la confianza en su partido y decide, legítimamente, cambiar de filas a otro cercano en ideología? ¿Debe perder ese hipotético político honrado la posibilidad de ver apoyada una iniciativa suya? ¿Debe renunciar al gobierno del municipio? Pensemos con cuidado, no sea que descubramos que el Pacto Antitransfuguismo es un remedio contra las malas prácticas… que impide que las buenas lleguen nunca a producirse.