Tras la política

Zapatero recibe a Rajoy en La Moncloa en diciembre de 2006 (AP / Bernat Armangue)


Al filo de las 10 de la mañana, el coche oficial de Mariano Rajoy habrá ejecutado una suave curva y habrá frenado ante la puerta principal del Palacio de la Moncloa. Allí habrán estado esperando una treintena de reporteros gráficos, pendientes de si Rodríguez Zapatero bajaba las escaleras, de si sonreía al recibir a su invitado o de si ambos miraban al cielo para comprobar que este mes de mayo está resultando más frío que los anteriores. Y los dos se habrán soltado la mano y se habrán perdido en las sombras del palacio, y habrán comenzado las especulaciones sobre si la reunión duraría más o menos, sobre dónde se convocarían las comparecencias posteriores o sobre quiénes serían los comparecientes. Una composición teatral que ya conocemos de sobra.

Desde que Zapatero llegó a La Moncloa ha recibido a Rajoy, públicamente, en 10 ocasiones. Y decimos “públicamente” porque, por ejemplo, ambos pasaron un buen rato juntos, prácticamente solos, hace dos semanas; y ha habido alguna cena “discreta” en Moncloa, y algún despacho conjunto con el rey. Si dijéramos que el balance de los encuentros es “desigual” estaríamos faltando a la verdad: el balance es muy pobre. Sólo en cuatro ocasiones ha habido acuerdo, pero eran cuatro ocasiones tan delicadas que un desacuerdo habría sido recibido por la opinión pública casi como un insulto. La primera fue el 14 de enero de 2005. El presidente del PP estuvo en La Moncloa pocos días antes de que el “Plan Ibarretxe” llegase al Congreso de los Diputados, allí pactó con Zapatero un frente común contra el soberanismo vasco, y pronunció unas palabras a la salida que, escuchadas hoy, parecen imposibles.


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El segundo acuerdo básico entre Zapatero y Rajoy tuvo también al País Vasco como protagonista. Tras el anuncio de un alto el fuego por parte de ETA, el Partido Popular mantuvo una actitud escéptica que fue convirtiéndose en enfrentamiento con el Gobierno, pero el 11 de junio de 2007… ETA había roto ya su tregua, y Rajoy aseguró estar junto a Zapatero ante lo que pudiese venir. Eso sí, con condiciones. Los otros dos acuerdos, acuerdos parciales, llegarían en el año 2008. En su reunión del 23 de julio, los líderes políticos pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial [no olvidemos las manifestaciones de funcionarios durante la campaña electoral], y en la del 14 de octubre se fraguó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria [¿alguien imagina al presidente del Gobierno y al líder de la oposición... no pactando el rescate de los bancos?].

Esto en el haber. En el debe, muchos asuntos en los que Zapatero y Rajoy deberían haberse puesto de acuerdo… y no lo han hecho. En las dos reuniones del año 2008, constataron que no eran capaces de pactar la renovación del Tribunal Constitucional, con lo que eso significa [y seguirá significando] para el futuro del Estatuto de Cataluña. De hecho, en 2005, acordaron abrir una comisión para impulsar conjuntamente las reformas estatutarias [que no llegó a crearse] y desde entonces no han conseguido ponerse de acuerdo en materia de política territorial. La lucha antiterrorista fue objeto de discordia hasta la ruptura de la tregua por parte de ETA, y en materia económica, Zapatero y Rajoy pactaron crear una mesa bipartita para las reformas estructurales que necesita España… de la que nada más se supo. Ni la salida de la crisis, ni la política del agua, ni la educación, ni la política exterior.

La reunión de este 5 de mayo tenía dos temas en la agenda: el rescate de la economía griega y la reordenación del sector bancario. A la hora de escribir estas líneas no conocemos el resultado, no sabemos si ha habido sonrisas, miradas al cielo o comparecencias en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Pero sabemos lo que se espera del presidente del Gobierno y del líder de la oposición en una ocasión como esta. Justo cuando nuestra economía sufre ataques especulativos, justo en el momento en que hay 4 millones y medio de parados, justo ahora que los dos principales tribunales del sistema judicial están desprestigiados, lo que se espera de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy es altura de miras. Y no sólo otro apretón de manos vacías ante la puerta de un palacio.


Fosa común en el cementerio de San Rafael, en Málaga (AP / Sergio Torres)



Con la llegada de la II República, antes de la Guerra Civil, al comienzo de la Dictadura franquista… y de nuevo en la Transición. La historia reciente de nuestro país está tapizada de perdones políticos, que siempre han servido como base para inaugurar nuevas etapas. ¿Discutidos? Sí, todos. La Ley de Amnistía de 1977 prevé la desaparición de los llamados delitos “de intencionalidad política” cometidos desde la Guerra Civil, una medida aprobada para que salieran de las cárceles todas las personas encarceladas por su forma de ser o de pensar. Pero esa, claro, no es la parte polémica. Los apartados de la discordia se encuentran en el artículo segundo.


Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.



Es decir, que no sólo se estableció el perdón para los condenados por delitos políticos… sino también para quienes persiguieron, investigaron y condenaron esos delitos: los responsables de la dictadura franquista. A partir de aquí, el debate. ¿Es la Ley de Amnistía una Ley de Punto Final? ¿Se opone a los principios generales del Derecho Internacional por liberar de responsabilidades a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad?

El pasado 24 de septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. El texto asegura que la práctica de esos delitos constituye “un crimen de lesa humanidad“, y que no puede ser considerado como un “delito político”. Lo que no ha ratificado nuestro país es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que pone negro sobre blanco una idea asentada en el espíritu de Naciones Unidas desde su fundación: que ese tipo de delitos permanecen vigentes con el paso de los años.

Esto describe bien la situación. El Gobierno español reconoce que las desapariciones forzosas son crímenes terribles, pero no se une al tratado que asegura que los responsables sean juzgados a pesar de haber delinquido mucho tiempo atrás. Y sin embargo, España sí figura como firmante de un tratado importante en la materia


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En diciembre de 1966, mientras los españoles votábamos en referéndum si queríamos [como quisimos] la nueva Ley Orgánica del Estado, Naciones Unidas auspiciaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno de Adolfo Suárez lo ratificó en 1977… muy pocos meses antes de promulgar la Ley de Amnistía. Por tanto, a la hora de perdonar los “delitos políticos” de la Dictadura, nuestro país se había adherido ya a un tratado que asegura que hay crímenes que se pueden perseguir aunque no sean punibles según el derecho nacional. Eso sí, siempre que lo sean “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Y ahí está la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Y los Juicios de Nüremberg.

Sobran razones jurídicas para entender que la Ley de Amnistía de 1977 puede haber sido sobrepasada por estos principios internacionales del Derecho. Sin embargo, quienes se oponen a la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura, se apoyan firmemente en el principio de irretroactividad de la ley, y en el llamado “Espíritu de la Transición“. Sostienen que, en aquellos años, se fraguó un perdón colectivo para poder avanzar. Que Garzón haya incurrido o no en malas prácticas puede convertirse en una anécdota… si lo que ocurre en España es que no nos ponemos de acuerdo en algo básico: que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca.


¿Quién ha disfrazado a Baltasar Garzón? ¿Por qué? (AP / Fernando Antonio)

No es casual que el primer “enfoque” de Tras la Política tenga como protagonistas a los jueces. A falta de un verdadero debate ideológico que arbitre sus diferencias, los partidos políticos han situado al sistema judicial en el centro de sus disputas por el poder. Desde los primeros noventa han operado como piezas del tablero electoral nombres como los de Marino Barbero, Javier Gómez de Liaño, Juan del Olmo… o Baltasar Garzón, que en este 2010 se ha convertido en el primer juez español con tres causas abiertas en el Tribunal Supremo. Y las cuentas pendientes de Garzón con sus superiores no pasarían de ser un mero trámite si no fuera porque todos los partidos políticos han acusado… o defendido… o criticado… o comprendido… las actuaciones del juez.

Detengámonos en uno de esos tres procesos: en el que surge de la investigación de una posible red corrupta en torno al Partido Popular. Baltasar Garzón ordenó que se practicaran escuchas en las cárceles durante las conversaciones entre varios imputados por el Caso Gürtel y sus abogados. Tanto el juez que ahora instruye el caso en Madrid [Antonio Pedreira] como la Fiscalía Anticorrupción [que pidió las escuchas] respaldan esa decisión. Y sin embargo, el pasado mes de diciembre, el abogado Ignacio Peláez, representante de un imputado, presentó una querella contra Garzón ante el Supremo: aseguraba que vivimos en un “estado policial” y que las leyes amparan el secreto de las comunicaciones de su cliente y del resto de los imputados.

Hasta aquí, en circunstancias normales, nada debería sorprendernos. Se trata de una controversia jurídica en cuya resolución trabajan ya los tribunales competentes. Pero las circunstancias no son normales. Los partidos de la izquierda consideran que Garzón es víctima de una persecución judicial por investigar los crímenes del Franquismo y las presuntas corruptelas del PP. En cambio, los populares, desde que se destapó el Caso Gürtel, comenzaron a realizar una serie de declaraciones públicas que cuestionaban la honradez del juez y los objetivos de su investigación por supuestos vínculos con el Gobierno; y ahora, tras la presentación de las querellas ante el Supremo, varios miembros del Ejecutivo [incluido su presidente] han alabado la trayectoria de Garzón… en lo que la oposición entiende como una maniobra de presión al Tribunal Supremo. Como último ingrediente, los argumentos del propio interesado son un buen indicador de que algo no funciona bien.

La Constitución de 1978, en su artículo 18, es muy clara: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Este “salvo resolución judicial” es el argumento central de los juristas que defienden a Garzón; y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 579 prevé que el juez acceda a las comunicaciones de las personas “sobre las que existen indicios de responsabilidad criminal, así como […] de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos”. Quienes consideran que el juez se ha extralimitado en sus funciones esgrimen la Ley Orgánica General Penitenciaria, que prevé las escuchas en prisión sólo “en los supuestos de terrorismo”, y dos artículos distintos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [262 y 263] que eximen a los abogados de denunciar los delitos de sus clientes. Pero en estos dos grupos no podemos incluir a los políticos.

De los dirigentes de los partidos no escuchamos ni artículos ni citas jurídicas, y cuando expresan su respeto a las decisiones judiciales, es siempre tras fijar su propia posición en torno al caso. Si los procesos contra Garzón forman parte o no de una estrategia política… es una cuestión que cada ciudadano debe decidir, pero cuando optamos por los argumentos de la izquierda o la derecha queda siempre la duda razonable de que “la otra parte” ha utilizado la crítica al sistema judicial para su propio beneficio. Los ingleses, para definir los falsos anzuelos que los buenos autores de novelas de misterio lanzan a sus lectores para distraer su atención, utilizan la expresión “red herring“. Ahora se trata de saber quiénes han disfrazado a Baltasar Garzón de arenque… y con qué intenciones.