Tras la política

Cataluña, en plena efervescencia preelectoral (AP / Manu Fernández)


Leer la resolución es como viajar en el tiempo. Si no fuera porque de vez en cuando, entre los párrafos, aparece alguna referencia en pasado a los años noventa, el lector despistado podría pensar que se encuentra ante un legajo de finales de los setenta. La Junta Electoral Central ha rechazado el debate ‘cara a cara’ entre Artur Mas y José Montilla con un texto perfectamente legal… y terriblemente antiguo, basado en unos medios de comunicación unidireccionales y omnipotentes. Un texto que ignora las nuevas formas de contacto entre políticos y electores.

“Los plazos previstos […] y la forma en que debe producirse la comunicación que el medio haga sobre la organización de los debates (con indicación de la fecha y hora de emisión, de las entidades políticas invitadas y aceptación de las mismas y de la duración del debate) tienen por objeto permitir que se respete el derecho de igualdad de las candidaturas concurrentes no invitadas a ese debate”



La intención es buena, sí, pero el método es arcaico. ¿Qué ocurre si un candidato a unas elecciones decide anunciar en su cuenta de Twitter que estará el día D a la hora H en la esquina de la calle C, dispuesto a debatir con cualquier otro candidato, y que su partido se dispone a retransmitir ese encuentro por internet? ¿En qué armario quedan los corsés impuestos por la Junta Electoral Central para ese aspecto concreto de una campaña? ¿En qué ley se basan los integrantes de este organismo para dictar una resolución como la de Mas y Montilla?

En nuestra democracia, la Junta Electoral Central nace al calor de la Ley para la Reforma Política, que tras el ‘harakiri’ de los procuradores franquistas, permitió al presidente Adolfo Suárez convocar las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Antes de esa fecha, el 18 de marzo, un Real-Decreto Ley establecía su composición: el presidente y varios magistrados del Supremo, varios representantes del mundo judicial y, curiosamente, “un catedrático de alguna de las facultades de Derecho que radiquen en Madrid”. También preveía sus funciones. Básicamente, vigilar el proceso electoral y resolver quejas y recursos.

Ocho años después, en la primera legislatura del presidente Felipe González, el Gobierno puso en marcha la Ley del Régimen Electoral General, que dibuja un perfil algo renovado de la Junta Electoral Central. Los partidos políticos comienzan a tener voz en su composición -el Parlamento decide qué catedráticos la integran-, y se establece un régimen sancionador para quienes incumplan las resoluciones. Desde 1985, la junta ha generado una importante doctrina electoral, que le sirve como base para seguir resolviendo las quejas o peticiones que recibe; por ejemplo, la instrucción de 1999 a la que se refiere la resolución de Mas y Montilla.

La junta tiene su sede en el mismo edificio del Congreso de los Diputados, y su presidente se llama Antonio Martín Valverde. Y así se ha ido tejiendo la historia. En España no se pueden difundir encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña, hay que avisar a la Junta Electoral Central con cinco días de adelanto si se quiere celebrar un debate, y todo ello a pesar de que, ya en 2004, se demostró que el sistema no era capaz de digerir los acontecimientos extraordinarios posteriores al 11-M. ¡Ah! La junta ha dictado una instrucción sobre el uso de las nuevas tecnologías para la “propaganda electoral”. Léanla ustedes mismos y pregúntense si no hace falta replantearse algunas cosas.


Celestino Corbacho en su escaño de ministro (AP / Paul White)

Celestino Corbacho en su escaño de ministro (AP / Paul White)



El barrio obrero de Bellvitge, en l’Hospitalet de Llobregat, celebra estos días su Fiesta Mayor. A dos meses de las elecciones autonómicas de noviembre, la inauguración del pasado sábado se llenó de toda clase de políticos. Allí estaba, repartiendo sonrisas y apretones de manos, el ministro de Trabajo e Inmigración, que ocupó la alcaldía de la localidad entre 1994 y 2008. Y allí estaba también el presidente de la Generalitat, José Montilla, que tenía algo muy importante que decir sobre su acompañante, sobre Celestino Corbacho.


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Corbacho concurrirá a los comicios del 28 de noviembre junto a Montilla, cuyo mensaje es claro: no importa su gestión, sólo importa la trascendencia pública que conceden los cargos que ha ejercido, el de alcalde y el de ministro, de cara a una cita con las urnas que será trascendental. Pero el fenómeno tiene precedentes. Tampoco importó el bagaje de un antecesor de Corbacho: el del ministro popular Juan Carlos Aparicio. Fue titular de Trabajo entre los años 2000 y 2002, y dejó la cartera tras la huelga general del 20-J. Diez meses después, en mayo de 2003, Aparicio se presentó como candidato del PP a la alcaldía de Burgos… y arrasó. En ningún caso tuvieron en cuenta los electores burgaleses los recortes del llamado “decretazo”, que se gestó en su ministerio. ¿Tendrán en cuenta hoy los electores catalanes el saldo de Celestino Corbacho?


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El ministro de Trabajo deja más de un 20 por ciento de paro, y él mismo ha asegurado que serán necesarios varios años para recuperar todo ese empleo: es decir, para que el mercado laboral vuelva a estar… donde estaba cuando llegó al Gobierno. No se puede olvidar que, durante los 30 meses que Corbacho ha pasado en Madrid, nos ha golpeado la mayor crisis económica de las últimas décadas, pero tampoco se puede olvidar que el ministro ha optado por una serie de políticas -de soluciones frente a la crisis- que no se han visto avaladas ni por las cifras del paro… ni por la percepción ciudadana.

¿Cómo medimos entonces la bonanza de su gestión? ¿Puede ser un “activo” político alguien que ha fracasado tan estrepitosamente? Nos azota una crisis internacional, sí, pero la reforma laboral del Gobierno tiene las características que Corbacho ha aceptado, él ha sido el impulsor de su negociación con los agentes sociales, y el endurecimiento de las políticas migratorias de los últimos dos años obedece a un cambio de estrategia que Zapatero buscó -y consiguió- con su nombramiento. Las circunstancias externas no eximen al político de la responsabilidad del cargo que ha ejercido, y ese desempeño no parece brillante.

Celestino Corbacho llega a Cataluña como un “activo”, como el salvavidas que debe reflotar las expectativas electorales del PSC. Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que el ministro de Trabajo volverá a su comunidad de origen después de que los sindicatos le organicen una huelga general, como ocurrió con Aparicio, o como hizo Manuel Chaves tras la protesta del 14 de diciembre de 1988. La cara más oscura de esa moneda enseña que la cultura política de España no castiga a los políticos que fracasan. Ya ocurrió en Burgos. ¿Ocurrirá en Cataluña?


Llega el calor… y con él llega una pausa en Tras la Política. Atrás quedan cuatro meses de reflexiones sobre los actos y las intenciones de los políticos, intentando observar siempre la actualidad con un ángulo muy abierto, desechando el corto plazo. Llega el calor, sí, y con él llegan también los rituales políticos de cada verano. Por eso queremos dejar en el aire, hasta la vuelta de las vacaciones, 10 preguntas políticas aún sin respuesta… que pueden resultar clave de cara al próximo curso.

1. ¿Aguantará la economía española fuera de la recesión?

La vicepresidenta económica lo tenía muy claro: el paquete de medidas anti-déficit que Europa impuso a España lastraría nuestro crecimiento en unas décimas. Además, acaba de entrar en vigor una subida del IVA que podría retraer el consumo durante el tercer trimestre del año. El Fondo Monetario Internacional cree que terminaremos 2010 en el -0,4%; Elena Salgado considera que la contracción se quedará en el -0,3%.

2. ¿Acudirá Zapatero a su tradicional cita en Rodiezmo?

Era el acto político con el que, tradicionalmente, se daba el pistoletazo de salida al curso político, hacia el último fin de semana de agosto. Allí, el presidente aprovechaba para mostrar su simpatía por el sindicato UGT y para anunciar una subida de las pensiones mínimas de cara al año siguiente. En 2010, las medidas contra la crisis se han cebado con esos subsidios, y la relación de Zapatero con Méndez se ha enfriado notablemente.

3. ¿Mantendrán los sindicatos su huelga general del 29 de septiembre?

La huelga “en diferido”, provocada por la aprobación de una reforma laboral por decreto, coincidirá con una jornada europea de protestas para exigir a los gobernantes una salida más social de la crisis. Este mes de junio, los paros de maquinistas en el Metro de Madrid ha generado la imagen de lo que puede llegar a ocurrir si los sindicatos paralizan el país en septiembre. Si el Ejecutivo da por descontada la huelga, podrá decidirse a acometer nuevas reformas impopulares.

4. ¿Habrá más reformas en los Consejos de Ministros extraordinarios?

Este verano, las vacaciones de los ministros serán más cortas. Durante los dos últimos años, el rumbo de la crisis obligó a Zapatero a convocar un Consejo en pleno agosto, pero este año serán dos. Ya es tradición que el Gobierno aproveche esas reuniones para sacar adelante ayudas a zonas incendiadas, pero este 2010, teniendo ya convocada una huelga general, al presidente puede no temblarle la mano a la hora de incidir en las reformas estructurales.

5. ¿Se mantendrá Díaz Ferrán al frente de la patronal CEOE?

Los problemas de Marsans y Air Comet parecían ser minucias comparados con la reforma laboral, a la que el presidente de los empresarios se entregó intensamente hasta el fracaso de las negociaciones. Con los cambios aprobados por decreto, Ferrán puede volver a enfrentarse a una Junta Directiva complicada, pero el verano ha comenzado para él con una victoria: colocando al frente de Cepyme a un hombre de su confianza y deshaciéndose del crítico Jesús Bárcenas.

6. ¿Quién ganará el Debate sobre el Estado de la Nación?

Zapatero suele vencer en estas contiendas parlamentarias por la falta de alternativas que plantea Rajoy. Sin embargo, el presidente se encuentra hoy en sus horas más bajas, y el líder de la oposición sorprendía hace unos días con una actitud pactista que no se recordaba desde hacía tiempo en el Partido Popular. Atención también al papel de los nacionalistas: sobre todo, de los que siguen amenazando con hacer caer al Gobierno a la mínima de cambio.

7. ¿Qué repercusión tendrá la manifestación en defensa del Estatut?

Mañana sábado, José Montilla se colocará al frente de la marcha en defensa del texto acompañado por una ‘senyera’. Será el arranque oficial de una campaña electoral de cara al otoño que girará en torno al mismo asunto: la Cataluña agraviada por el Constitucional. Una victoria de CiU puede hundir al PSC y reflotar al PSOE; una victoria del PSC puede dar alas a un nuevo tripartito y terminar con el Gobierno de Madrid.

8. ¿Cuánto tendremos que esperar hasta ver un cambio de Gobierno?

A quienes disparan los rumores sobre los cambios de carteras ya no les quedan fechas que ensayar. Unos dicen que coincidiendo con el Comité Federal del PSOE; otros, con el Debate sobre el Estado de la Nación… Pero todos coinciden en que, si Zapatero continúa con sus costumbres, alguna de las caras más conocidas del Ejecutivo podría convertirse en cartel electoral para las autonómicas y municipales del año 2011, que también marcarán el próximo curso.

9. ¿Conoceremos a los candidatos socialistas para Madrid de cara a 2011?

Las mayorías arrolladoras de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón en la capital siguen sin contestación. Las desavenencias entre el socialista Tomás Gómez y el ministro José Blanco son conocidas, y eso puede seguir retrasando el anuncio de unos candidatos muy importantes para todo partido que quiera ganar en 2011. Si el PP amplía su poder municipal y autonómico, podrá haber reeditado los comicios de 1995, antesala de su llegada a La Moncloa.

10. ¿Se decidirá Rajoy a remodelar su partido en Valencia?

El PP tiene un problema importante en casa: la corrupción. El Caso Gürtel y la reciente imputación de José Joaquín Ripoll siguen poniendo en evidencia que Mariano Rajoy tiene pendiente una renovación de filas en varias comunidades, pero sobre todo en Valencia. Francisco Camps podría no ser el candidato del PP para las autonómicas de mayo, y ese movimiento deja dos nombres en el tintero: el de Rita Barberá y el de Esteban González Pons.

Son 10 preguntas sin respuesta que intentaremos responder a partir de septiembre. Nos leemos entonces. Hasta ese momento, estaremos en el blog del 14 Encuentro Internacional de Foto y Periodismo, y como siempre, en Twitter.


Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)

Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)



Da la casualidad de que, andando el tiempo, el Partido Popular tenía razón en parte de las cosas que decía sobre el Estatuto de Cataluña. El PP recurrió 114 artículos del texto en 2006, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón completa en 14, y la razón de forma parcial en 27. Pero tras cuatro años de deliberaciones, casi nadie recuerda el fondo de los argumentos de Mariano Rajoy: se recuerdan las recogidas de firmas, los exabruptos, el “se rompe España“. En definitiva, las formas.


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Ya tenemos fallo, y con él ha llegado la culminación de un giro copernicano en el discurso de Rajoy. El presidente del PP lleva semanas visitando círculos ecuestres y cámaras de empresarios en Cataluña, con intervenciones en las que ha evitado referirse explícitamente al Estatut… y aguantando críticas por ello. Tras hacerse pública la decisión del Constitucional, el líder de la oposición ha apelado al consenso, a mirar al futuro y a recuperar los pactos de la Transición. Con unas formas muy distintas a las de 2006.


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¿Y por qué ese giro? Quizá por la misma razón que apuntábamos cuando hablábamos del nuevo papel del PNV como auxiliar del Gobierno, por la misma razón que Durán i Lleida ha querido erigirse en la figura política clave para la salida de la crisis. Porque el próximo otoño, en Cataluña, se celebran elecciones autonómicas, y las encuestas pronostican que CiU recupera el voto perdido por el tripartito en su desgaste. En ese cálculo [y a falta de sondeos post-sentencia] cuadra el giro del Partido Popular.


Encuesta de La Vanguardia (marzo 2010)



Si a todo esto le sumamos la aceptación de un Pacto por la Energía con el Gobierno y la disposición a alcanzar acuerdos en materia de legislación laboral, componemos el cuadro con el que el Partido Popular quiere ganar las próximas elecciones generales. Cataluña elige a 47 de los 350 diputados del Congreso: tradicionalmente, los que deciden si en La Moncloa vive un presidente socialista o un presidente popular. Si el PP de Rajoy consigue cultivar una imagen de partido moderado entre los electores catalanes [algo que tendría más fácil colocando a varios consellers en un futuro gobierno de Artur Mas], estaría cimentando una hipotética victoria en 2012. Aunque este panorama nos deja tres dudas… Si Montilla deja la Generalitat, ¿seguirá siendo Zapatero un enemigo para CiU? Si a Rajoy le sale bien la “Operación Mas“, ¿habrá una “Operación Urkullu“? ¿Y el Gobierno? ¿No se trataba, hace sólo días, de hacer caer al Gobierno cuanto antes?