Tras la política

No hace ni siquiera dos meses. El 17 de septiembre, una noticia política de primera magnitud pasó fugazmente por las portadas de los medios de comunicación: el Gobierno había destituido a Belén Barreiro, la directora de la principal institución demoscópica del país, cuando quedaba sólo un año y medio para el final de la legislatura. Y cuando el Partido Popular sacaba su mayor ventaja en voto decidido al Partido Socialista en el barómetro electoral que elabora todos los meses el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy, ni siquiera dos meses después, la vicepresidenta que decretó el cese ya no forma parte del Ejecutivo, y Barreiro analiza en la prensa los barómetros electorales que publica el centro para el que trabajó.

Su última reflexión es particularmente interesante. En un artículo corto y bien argumentado, la ex directora del CIS -que ahora dirige el Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas- asegura que, a luz del Barómetro de Octubre, que otorga una amplia ventaja electoral a Mariano Rajoy sobre Jose Luis Rodríguez Zapatero, es muy difícil asegurar que será el PP quien gane las Elecciones Generales de 2012. Y ofrece tres argumentos: que Rajoy no supera en valoración a Zapatero, que los socialistas son percibidos como mejores gestores en la mayor parte de las áreas políticas y que el electorado considera que el Partido Popular se está alejando del centro para ‘derechizarse’. Por estos motivos, Belén Barreiro nos invita a desconfiar de la primera encuesta preelectoral elaborada sin su supervisión. Y no parece un capricho.

La serie histórica del CIS, examinada en perspectiva, no deja lugar a dudas. Los barómetros han venido ofreciendo una información bastante acertada sobre la tendencia electoral de los españoles, pero ni mucho menos han acertado en los porcentajes. De hecho, tras la celebración de los comicios, puede apreciarse cómo las diferencias se ajustan, resituando en el mapa a los partidos que se han comportado de una manera ‘inesperada’ en las urnas. Como las referencias a las elecciones del año 2004 suelen ser polémicas, nos quedamos con las de 2008. El Barómetro de Enero otorgaba al PSOE una ventaja electoral de 1,5 puntos; tras los comicios, que Zapatero ganó por 3 puntos, la brecha se amplía hasta los 6 puntos… a favor de los socialistas, que cosecharon una victoria mayor que la esperada.

Pero lo mismo ocurrió en 1996 o en 2000. ¿Nos podemos fiar entonces del CIS? Y lo que es más importante. ¿Nos podemos fiar de las encuestas privadas que los periódicos imprimen a cinco columnas? El pasado mes de mayo, tras el recorte del día 12, El Mundo vaticinaba que Rajoy ganaría unas hipotéticas Elecciones Generales con una mayoría absoluta más amplia que la de Aznar; hace unos días, La Vanguardia jugaba con el mismo elemento para asegurar que el PP ‘rozaba’ esa mayoría absoluta, y la última edición del Pulsómetro de la Cadena SER, la de la primera semana de noviembre, reflejaba cierto cambio de tendencia en la opinión pública que ‘resucitaba’ al Gobierno. Mención aparte merece la errata de La Razón, que asegura que el PSOE ha perdido ’34 millones de votos’. Son encuestas que intentan fotografiar momentos, que intentan captar qué piensan los españoles.

Los barómetros del CIS siempre acaban siendo objeto de controversia política. Si favorecen a la oposición, esta los airea como pruebas de su éxito, mientras que el Gobierno musita aquello de que ‘la verdadera encuesta es la que se responde en las urnas’; por el contrario, si los porcentajes favorecen al partido en el poder, la oposición apelará a la llamada ‘cocina del CIS’, que responde al efecto estadístico que diferencia la intención directa de voto decidido… de la estimación de voto en unas Elecciones Generales. Quizá todo este soufflé se rebajase con la modificación de un Real Decreto: el 1214/1997, que a su vez modifica al 1526/1990. Son los textos que establecen que el director del CIS sea elegido por el Consejo de Ministros y no por una mayoría reforzada del Parlamento. Quizá convenga ayudar, por la vía legislativa, a que nuestras instituciones gocen de más prestigio.


Alfredo Pérez Rubalcaba entra en la cúpula del Gobierno (AP / Daniel Ochoa de Olza)

Alfredo Pérez Rubalcaba entra en la cúpula del Gobierno (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Déjenme que les hable de una coincidencia…

Un día de abril del año 2000, hace ya más de una década, Mariano Rajoy entró de lleno en la carrera por la sucesión de José María Aznar. Tras la victoria del PP por mayoría absoluta, el presidente reorganizó su gabinete para otorgar a Rajoy el máximo protagonismo político, el trampolín hacia la sucesión. Quien había sido ministro de Administraciones Públicas y Educación se iba a convertir en Vicepresidente Primero, en la mano derecha del inquilino de La Moncloa. En los años siguientes, Rajoy acabaría pasando por Interior, asumiría el Ministerio de la Presidencia… e incluso la portavocía, con alguna intervención memorable.

Poco después de las ocho de esta mañana, la Cadena SER ha desvelado que Zapatero iba a realizar este miércoles una remodelación profunda de su Gobierno. Y antes de conocer más nombres, ha saltado el cambio estrella: Alfredo Pérez Rubalcaba será Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro Portavoz. ¿Les suena el esquema? Un hombre que conoce al dedillo la administración, que ha sido ministro de Educación y ministro del Interior. El líder socialista sitúa en lo más alto del escalafón al ministro mejor valorado, justo cuando el Gobierno necesitaba una mejor imagen para llegar a 2012.

Dos hombres, Rajoy y Rubalcaba, con muchas coincidencias en su vida política, que acaban ocupando el mismo puesto con una década de diferencia. Rajoy sucedió a José María Aznar al frente del Partido Popular… y atraviesa ya su segunda legislatura en la oposición. Rubalcaba suena, y suena, y suena… como sucesor de Zapatero.



Déjenme que les hable de una ministra…

Elena Salgado es la única ministra que se mantiene en el Gobierno de Zapatero desde abril de 2004. Hoy ha sobrevivido a la remodelación gubernamental más amplia desde ese día, y justo en la jornada en que se aprueba el endurecimiento de un proyecto que ella alumbró en Sanidad: la Ley Antitabaco. El presidente ha eliminado Vivienda, ha eliminado Igualdad, se deshace de María Teresa Fernández de la Vega… pero por ese mismo precio no ha tocado Economía. Se refuerza así el mensaje anticrisis, pero se refuerza también a Salgado.



Déjenme que les hable de una ex ministra…

María Teresa Fernández de la Vega sale del Gobierno tras figurar como una de las ministras mejor valoradas de los últimos siete años. Sin embargo, la coordinación interna del Ejecutivo ha dejado mucho que desear, sus compromisos con la Función Pública han quedado en nada tras la crisis, y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica no acaba de despegar. Sus funciones al frente de la Portavocía del Gobierno tampoco eran ya lo que fueron. ¿Cuál será el futuro de la primera mujer que presidió un Consejo de Ministros?



Déjenme que les hable de un miedo…

Decíamos hace unos días que las organizaciones ecologistas echaban de menos la etapa de Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Unas ganas y unas políticas que quedaron enterradas bajo la discreción de Elena Espinosa. La llegada de Rosa Aguilar al Gobierno central, tras un triple salto mortal desde la alcaldía de Córdoba y pasando por la Junta de Andalucía, vuelve a poner al ministerio en primera línea comunicativa de combate. ¿Qué ha pesado más para esta decisión: la nostalgia o el temor a la aparición de una opción electoral ecologista?



Déjenme que les hable del futuro…

Todo lo anterior se refiere a la estrategia electoral del Partido Socialista y de Zapatero de cara a 2012. ¿Habrá llegado finalmente el momento de pensar en los ciudadanos y en su salida de la crisis, con más derechos y con menos precariedad?


González y Zapatero

González y Zapatero durante un acto en el Congreso (Fuente: http://www.flickr.com/photos/psoe)



El 26 de junio de 1995, Felipe González viajó a Cannes para participar en la última cumbre europea bajo la presidencia de turno de Francia. España estaba a punto de tomar la alternativa en julio, y tendría que adoptar bajo su mandato decisiones tan importantes como el nombre que tendría la futura moneda única y la estrategia para desplegarla. Sin embargo, la crónica televisiva de aquel lunes de verano deja claro que la actualidad política española… siempre se cuela en las citas comunitarias.


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Convergéncia i Uniò nunca apoyó los presupuestos que elaboró Pedro Solbes. El Gobierno tuvo que prorrogar las cuentas públicas y convocó las elecciones que condujeron a José María Aznar a La Moncloa. Ahora, 15 años después, termina otra presidencia española de turno… con otro presidente en horas bajas… que también viaja a las reuniones comunitarias pendiente de que CiU convalide sus leyes. Aunque hay una diferencia importante: el semestre de turno no sólo no ha suavizado los frentes internos del Gobierno, sino que los ha complicado hasta hacerlos casi insostenibles.

En enero de 2010, Zapatero comenzaba presidencia y centraba las prioridades del período en la economía. Durante una charla con periodistas extranjeros, el presidente lanzó su “Estrategia 2020″, e inmediatamente desató las iras de Alemania. La posibilidad de ceder soberanía económica y de que se estableciesen sanciones para quienes se saltasen el Pacto de Estabilidad provocaron la protesta del gabinete Merkel. Irónicamente, el último Consejo Europeo ha aprobado esas sanciones con el respaldo de Alemania, y ha decidido que se publiquen las llamadas “pruebas de estrés” de los bancos, que no dejarán en buen lugar a las entidades financieras alemanas.

Una doble victoria española tras seis meses muy amargos: a las críticas iniciales de Alemania hay que sumar el desprecio de la Comisión Europea por la euroorden contra la violencia machista, los continuos rumores de nuestro rescate financiero, la eterna comparación con Grecia, el ataque especulativo contra el euro, la cancelación de la visita de Obama, y por supuesto, las medidas anti-déficit dictadas desde Bruselas. Todo ello, sumado al desgaste que ya arrastraba el gobierno de Zapatero. Al final del semestre, en un acto de partido, ante decenas de dirigentes socialistas, el encargado de consolar al presidente vapuleado ha sido su antecesor: aquel Felipe González que presidió Europa en 1995.


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Y acaba la presidencia, pero se quedan sus efectos. Rodríguez Zapatero vuelve a los frentes internos para enfrentarse al trámite parlamentario de una dura reforma laboral, a la culminación de las fusiones entre cajas y a unas semanas políticas muy complicadas. El Debate sobre el Estado de la Nación está fijado para el 14 de julio, los rumores sobre una reducción del Gobierno son insistentes, y a la vuelta del verano esperan los presupuestos. Sólo falta comprobar si CiU muestra a Mariano Rajoy la misma senda hacia La Moncloa… que ya le mostró a Aznar en 1995.


Ocurrió hace 22 años, vuelve a ocurrir hoy. Transcurridas más de dos décadas desde la huelga general de 1988, Nicolás Redondo recuerda cómo la decisión de que la Unión General de Trabajadores la secundara supuso una fractura ideológica. En aquellos días, un presidente del “partido hermano” ocupaba también el Palacio de la Moncloa.


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También hoy. La huelga general del próximo 29 de septiembre, convocada por los sindicatos antes de que el Gobierno apruebe su reforma laboral, ha sido anunciada casi con pesar. Con el gesto triste del padre que se obliga a castigar a su hijo para corregir un mal comportamiento. Del tono de Cándido Méndez se desprende una decepción personal, porque ve terminada la etapa con más “paz social” desde que accedió al liderazgo ‘ugetista’, en el ya algo lejano mes de abril de 1994.


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El discurso de Méndez nos deja, por tanto, dos reflexiones importantes: que el cambio del Gobierno le parece definitivo y que ha sido impuesto por Europa [“el guardagujas”]. Guardemos estos argumentos durante unas líneas para regresar atrás. Desde el año 78, las fuerzas sindicales han convocado cuatro huelgas generales de jornada completa [1985, 1988, 1994, 2002], una de media jornada [1992] y otra, simbólica, de sólo una hora de duración [1978]. De ellas, tan sólo dos son recordadas como hitos en la historia política de nuestro país: las que fueron concebidas con un claro objetivo por parte de los sindicatos, y que además fue conseguido gracias a la contundencia de los paros laborales.

Es cierto que la huelga del 94, en plena crisis económica, pudo ser una pieza más en el dominó que provocó la caída de Felipe González, pero no es menos cierto que el PSOE ignoró las exigencias de los sindicatos… y el empleo empezó a recuperarse a partir de entonces. Las huelgas verdaderamente trascendentes fueron las de 1988 y 2002. A finales de los ochenta, el ministro de Trabajo [que curiosamente se llamaba Manuel Chaves y que también hoy se sienta en el Consejo de Ministros] tuvo que retirar su Plan de Empleo Juvenil, después de que el país se quedara desierto un 14 de diciembre. A principios de los 2000, el ministro Juan Carlos Aparicio pagó con su puesto y con la retirada del llamado “decretazo” la sonora protesta en la calle del 20-J.

Las dos huelgas, con un claro objetivo; las dos, con una contundente oposición al Gobierno de turno, más o menos cercano en lo ideológico a las fuerzas sindicales. Atención, pues, en este contexto, a los argumentos de un ex Secretario General de Comisiones Obreras. Se le ha criticado su cercanía a Aznar, ha protagonizado buena parte de la historia sindical de los últimos años… y se llama José María Fidalgo.


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En resumen, las huelgas que los sindicatos han ganado, las que les han otorgado fuerza en la negociación, son las que han sido convocadas con claros objetivos y desde la contundencia. Recordemos los argumentos de Méndez: asume que el Gobierno no dará marcha atrás y que ha inclinado la cabeza ante Europa. La descafeinada huelga funcionarial del pasado 8 de junio, contra las medidas anti-déficit, ya contribuyó a que UGT y CCOO perdieran peso específico en el diálogo social. Si no cuidan su actuación de cara al 29-S, el disparo contra el pianista europeo [o en este caso contra el “guardagujas”] les puede salir por la culata. Y no olvidemos que detrás de las pancartas, quienes desfilan… son los trabajadores.


Un grupo de votantes esperan ante la urna el 9 de marzo de 2008 (AP / Israel L. Murillo)



El pasado viernes, un lector de Periodismo Humano decía en Facebook que no estaba “nada de acuerdo” con el post Tres respuestas para la derecha. En el artículo decíamos que, ante el panorama político actual, una de las salidas para el votante podía ser la abstención, y José Ignacio nos contaba por qué no opina igual: “Me parecen una lectura y unas conclusiones muy simples. En todas las votaciones he participado, nunca he votado nulo o blanco [...]. Tengo claro que el voto nulo o la abstención ayuda a gobernar, y el voto en blanco lo mismo, pero a quien no deseas”. Esta interesante observación, que agradecemos, nos ha llevado a una pregunta: ¿cómo se han comportado los abstencionistas desde la Transición?


Porcentaje de abstencionistas entre 1977 y 2008 (Fuente: Ministerio del Interior)



El gráfico que se encuentra sobre estas líneas muestra cómo ha evolucionado la abstención en España desde las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. Como se puede comprobar, en las llamadas “Elecciones Generales”, siempre ha votado un mínimo del 68 por ciento del electorado, y ese récord por abajo data de 1979, hace más de tres décadas. Otro dato interesante que podemos extraer del cuadro es la relación entre la evolución de la curva y las fechas. Los picos de abstención, las jornadas electorales en las que más votantes se han quedado en casa, coinciden siempre con comicios que han resultado poco determinantes para un cambio político.

En 1979, la victoria de la UCD de Adolfo Suárez se daba por descontada por su labor durante la Transición; en 1986 y 1989, nadie preveía una derrota del Partido Socialista de Felipe González, con amplio predicamento social; en 2000, la “legislatura de Aznar” condujo a la mayoría absoluta del Partido Popular, y esa victoria tampoco inquietó al electorado. Después están los puntos más bajos del gráfico, los momentos en los que la ciudadanía salió a votar masivamente: cabe destacar la primera victoria de la izquierda, en 1982, las dos elecciones consecutivas que acabaron con González, en 1993 y 1996, y el 14 de marzo de 2004: la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno tras los atentados del 11-M. La excepción, las elecciones de 2008, que registraron una alta participación… que reforzó tanto al PSOE como al PP.

¿Y qué ocurre en Europa? La abstención española, más allá del aparente desapego de “lo político” que se percibe en la calle, está en la media de los países desarrollados de nuestro entorno, y es una media bastante alta. El pasado mes de mayo, el conservador David Cameron llegó al número 10 de Downing Street con un 35 por ciento de abstención. En Alemania y Grecia, la reválida de Merkel y la apuesta por Papandreu se produjeron en 2009 con una abstención del 30 por ciento. Portugal marca el récord a la baja con una participación del 60 por ciento en las últimas parlamentarias, y los países más participativos de los últimos años han sido Italia y Suecia, ambos por encima del 80 por ciento.

En marzo de 2008 la crisis económica aún no había estallado con toda su crudeza, pero los votantes se portaron. Una participación del 76 por ciento es uno de los mejores datos de Europa, a pesar de las evidentes carencias de nuestra clase política. Este capital de la democracia española, que mantenemos desde la Transición, puede estar en riesgo. De los líderes de los partidos depende que no se quiebre esa línea roja: en este caso, una gruesa línea roja.


El 19 de abril de 1994 quedaba justamente un año para que José María Aznar saliera ileso de un atentado cometido por la banda terrorista ETA. Esa mañana, sin conocer lo que pasaría 365 días después, el entonces presidente del Partido Popular participaba en el Debate sobre el Estado de la Nación… y acuñaba una de las frases políticas por las que sería recordado: aquello de “váyase, señor González“.


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Más allá de la anécdota del momento político, que desató un bienio de dura oposición contra Felipe González, es interesante seguir el razonamiento de Aznar: no pide al presidente que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones, sino que dimita y proponga al rey un candidato de su propio partido. 2010. El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, se ha dirigido en unos términos bastante distintos al actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.


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El portavoz popular pide elecciones anticipadas. La Constitución de 1978, en su artículo 101, prevé claramente en qué cuatro circunstancias puede cesar un Gobierno: tras la convocatoria de unas elecciones, tras la pérdida de la confianza parlamentaria por parte del presidente, tras su dimisión o su fallecimiento. Descartando como improbables la cuarta y la segunda [a pesar de algún intento fallido], quedan dos hipótesis tan posibles como legítimas: que Zapatero disuelva las Cortes o que presente su dimisión al rey. Mientras Aznar elegía pedir la segunda opción a González en 1994, el PP de 2010 ha escogido la primera. Y no es una elección menor. La de 1994 supone respetar la voluntad popular en unas elecciones recién celebradas, y la de 2010 considera que han sucedido cosas que merecen un nuevo pronunciamiento en las urnas.

De todo lo que ha sucedido, de todo lo que el Gobierno ha rectificado en su política económica, del giro radical que ha ejecutado en los últimos 15 días ya habíamos hablado extensamente. El último capítulo se llama “endeudamiento de los ayuntamientos“, y tras la enésima rectificación del Gobierno en el Boletín Oficial del Estado, la vicepresidenta Elena Salgado ha asegurado con una sonrisa que se ha tratado de “un error”. Es la misma sonrisa, nótese en su voz, con la que aseguró hace unos meses que la inclusión de la ampliación de la edad de jubilación en un documento enviado a Bruselas era sólo… “una propuesta”.

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No hay duda de que el currículo de Elena Salgado demuestra que es una mujer sobradamente preparada para la gestión pública, pero a la vicepresidenta económica de un estado europeo que atraviesa graves dificultades debería exigírsele seriedad. Sobre todo al plantear a la ciudadanía duros ajustes que afectan a su bienestar social. Necesitamos un Gobierno que, a la hora de hacer recortes, no sitúe las tijeras en torno a su propio cuello; y necesitamos una oposición que esté, no como hasta ahora, al lado de ese Gobierno para sacarnos de la crisis. Sin una alternativa seria, las elecciones anticipadas que pide el Partido Popular pueden compararse con apagar un fuego utilizando un buen chorro de gasolina.


Los últimos gobiernos de concentración que tuvo España se formaron en 1936 y 1937, en plena Guerra Civil. Desde entonces, el país no ha atravesado nunca una situación tan delicada como para que todos los partidos se vean obligados a formar parte del mismo gabinete. No hizo falta en los difíciles momentos de la Transición, no hizo falta en la etapa de mayor debilidad de Felipe González… y era impensable tras el mayor ataque terrorista cometido en nuestro suelo. Sin embargo, a un hombre tradicionalmente considerado como ecuánime, al político mejor valorado por los españoles, Josep Antoni Duran i Lleida, le parece que ha llegado el momento de otro gobierno de concentración.


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El artículo 101 de la Constitución asegura que “el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria [...] o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”. La vicepresidenta De la Vega ha descartado ya un adelanto electoral, así que la propuesta de Duran sería viable sólo a través de una moción de censura. Es un mecanismo de emergencia que necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso y que debe llevar aparejada la propuesta de un presidente del Gobierno alternativo. El Partido Popular tiene 153 diputados; si consigue sumar los 10 de Convergència i Unió y los 6 del Partido Nacionalista Vasco… la “vía Duran” habrá surtido efecto. ¿Pero quién sería el presidente alternativo?



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Duran i Lleida nació en Huesca, y comenzó su carrera política como diputado en el Congreso y como teniente de alcalde en Lleida. Con su llegada a la presidencia de Unió Democràtica de Catalunya en 1987 volvió a centrarse en la realidad catalana, pero desde las negociaciones de CiU con el PP en 1996, parece llamado a ser ministro. El propio político ha reconocido en su blog que José María Aznar le ofreció la cartera de Asuntos Exteriores en su primer gabinete, y cuando Rodríguez Zapatero ganó las elecciones sin mayoría absoluta en 2004… la posibilidad volvió a materializarse. Incluso en 2008, tras la tumultuosa negociación del Estatut, Duran barajaba la idea de que CiU llegase al Consejo de Ministros.

Durante su entrevista en Onda Cero, el líder de Uniò proponía un gobierno presidido por una personalidad aceptable por los dos grandes partidos, que evidentemente no fuese Zapatero ni Rajoy. Luis María Ansón, hace sólo unos días, sugería que Duran fuese esa personalidad porque la situación es insostenible; casualmente, hace un año, proponía exactamente lo mismo para “afrontar la crisis y la inestabilidad”. Todo esto puede resultar un mero ejercicio intelectual, ciertamente avalado por la legislación, pero a veces el sentido común debería sobreponerse a la teoría. El PSOE fue avalado por más de 11 millones de votos hace apenas dos años; el Partido Popular recibió más de 10. Todo lo que no sea refrendado por las urnas puede ser legal, puede ser legítimo… pero puede no ser prudente.


Reunión del Consejo de Ministros en abril de 2009 (Fuente: www.la-moncloa.es)



Primer ingrediente: el pasado 16 de junio, el Congreso de los Diputados pidió al presidente del Gobierno que reestructure su gabinete, y que elimine tres ministerios. Segundo ingrediente: el 27 de octubre, la Cámara decidió que deben desaparecer una vicepresidencia y tres departamentos ministeriales. Tercer ingrediente: en las próximas semanas, el Consejo de Ministros debe acometer un plan de reducción del gasto público que incluirá un recorte en el número de altos cargos del Ejecutivo. Remover, hornear y especiar con la ironía de Esperanza Aguirre. Resultado: las ramas de la Administración General del Estado están dispuestas para la poda.


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Desde el primer Gobierno de la etapa democrática, el que formó Adolfo Suárez tras las Elecciones Generales de 1977, 165 personas han ocupado el cargo de ministro. El récord es para el socialista Felipe González. Durante sus 13 años de mandato, pasaron por la mesa del Consejo de Ministros medio centenar de personas diferentes; después encontramos al propio Suárez, que dio empleo y sueldo a 43 hombres [no tuvo ninguna ministra]. El presidente del Gobierno que menos ministros tuvo fue el fallecido Leopoldo Calvo-Sotelo, que en su año y medio de mandato dirigió la actividad de 22 hombres y una mujer.

Y aquí llega el dato curioso. Aunque ha propuesto la creación de algún ministerio, el Partido Popular ha arremetido en innumerables ocasiones contra el número de altos cargos que trabajan para José Luis Rodríguez Zapatero, y tienen razón al decir que los trabajadores con rango de Secretario de Estado o Director General han aumentado en el Palacio de la Moncloa. Pero… ¿qué ocurre si comprobamos el número de ministros y ministras que tuvieron Zapatero y José María Aznar? Que encontramos un empate a 34. Aunque al actual presidente le quedan 23 meses para completar su segunda legislatura y nombrar a un hipotético ministro 35, hasta ahora ha nombrado los mismos que Aznar. Ni uno más, ni uno menos.

Un ministro del Gobierno de España cobra, en 2010, 6.762 euros mensuales; esa cantidad sube hasta los 7.204 euros si ejerce las funciones de vicepresidente, y hasta los 7.665 euros si se trata del propio presidente. En este momento, las cantidades están congeladas por la crisis: los Presupuestos Generales del Estado para 2010 prevén que los salarios de los altos cargos del Gobierno sean los mismos que en 2008. A esto hay que añadir una pensión indemnizatoria de dos años prevista para ellos en los presupuestos de 1981 y en el Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno: conservan el 80 por ciento del salario. Y a eso hay que añadir salarios como diputados o ex altos cargos de otras instituciones.

El plan de reducción del gasto público que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas prevé un recorte de 50.000 millones de euros. Muchos piensan que ese tijeretazo debe llevarse por delante varios ministerios, pero lo que no va a cambiar son los derechos adquiridos de los 150 ex ministros de España. Lo sensato es pedir al presidente del Gobierno que recorte lo superfluo y no lo incómodo.


Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde lleva más de 20 años en el primer plano de la actualidad española. En 1989, este jurídico de la Armada se retiró del Ejército como comandante, ya que esa posición era incompatible con la actividad política: pasó a convertise en Coordinador General de la Refundación del Partido Popular. Desde entonces ha sido diputado en todas las legislaturas, ha presidido el Congreso, ha sido Ministro de Defensa, y ahora ocupa el cargo de Coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP. Uno puede pensar que, en este 2010, después de dos décadas de servicio público en puestos de tan altísima responsabilidad… la influencia del señor Trillo sobre los asuntos del día a día es pequeña, o como mucho “limitada”. Vamos a comprobarlo.

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

El último gobierno de José María Aznar dejó varios supervivientes políticos, pero si excluimos a Mariano Rajoy, ninguno de los otros ex ministros [ni Cristóbal Montoro, ni Javier Arenas, ni Francisco Álvarez Cascos... ni siquiera Rodrigo Rato] conserva tanto peso como Trillo. En los últimos 15 días, el Coordinador popular de Justicia ha marcado la línea de su partido en tres frentes: el levantamiento del secreto de sumario en el caso Gürtel, el procesamiento de Garzón por los crímenes del Franquismo y las medidas del Gobierno para que Batasuna no llegue a los ayuntamientos. El voto de Federico Trillo [diputado por Valencia] será clave para la aprobación en el Congreso del Estatuto de Castilla-La Mancha [muy controvertido en sus artículos referentes a las reservas de agua]; desde la gestión de Trillo persisten los ecos del accidente del Yak-42; y por supuesto, un recurso firmado por él [PDF] mantiene atascado al Constitucional desde hace 4 años.

Porque más allá de Gürtel, Garzón o el agua, el asunto que trae de cabeza a las élites políticas desde hace ya muchos meses es la inminente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Las elecciones catalanas están programadas para el próximo otoño, y un veredicto del Constitucional contrario al texto tendría efectos políticos y jurídicos muy difíciles de predecir. Y como también es imposible predecir en qué sentido se van a pronunciar los jueces, aquí va un dato anecdótico para tranquilidad de quienes piensan que su tardanza es excesiva: el pasado 27 de abril de 2009, el TC “inadmitió el recurso de amparo” presentado por un grupo de diputados socialistas [entre ellos Rodríguez Zapatero] contra una decisión de la Diputación Permanente del Congreso. El recurso se presentó en marzo de 2004, más de 5 años antes, y el asunto no pasaba de ser un trámite parlamentario sobre la guerra de Irak.

Conclusión. 20 años después del Congreso de la Refundación del PP, con fotografía sevillana del aniversario incluida, hay un nombre que continúa marcando la agenda política del partido: el de Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


La sombra del presidente sale a la luz (AP / Paul White)



Miren la foto. Mírenla atentamente. Seguro que en ella reconocen, al fondo, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, y a la derecha del presidente del Gobierno, una mayoría de lectores identificará a Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad. Incluso los más informados podrán aportar el nombre de José Martínez Olmos, el Secretario General de su departamento, que se sienta junto a ella. Pero… ¿quién es la cuarta persona en torno a la mesa? ¿Quién mereció, el pasado 27 de abril de 2009, formar parte de la reunión de emergencia convocada en el Palacio de la Moncloa para prevenir una futura epidemia de la Gripe A? Si ustedes no lo conocen, hay alguien que lo recuerda muy bien. Luis Roldán concedió una entrevista a Telemadrid la semana pasada, y cuando se refería al destino de cierta cantidad económica, pronunció su nombre…


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El ex Director General de la Guardia Civil, que acaba de salir de la cárcel tras 15 años de reclusión, sabe que José Enrique Serrano Martínez trabaja en La Moncloa, pero no recuerda en qué puesto. Dejando de lado sus insinuaciones, podemos aportar alguna información sobre la figura: Serrano es el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desconocido por la mayor parte de la ciudadanía porque no se prodiga en los medios, este cargo de libre designación es bien conocido por los informadores y reporteros gráficos que frecuentan las ruedas de prensa en Moncloa. Es la voz que susurra al oído de José Luis Rodríguez Zapatero, y su biografía revela que ya lo hizo al de Felipe González al final de su mandato.

Pero… ¿podemos concretar un poco más a qué se dedica un Director del Gabinete? Sus funciones están definidas en el Real Decreto que desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.


a) Proporcionar al Presidente del Gobierno la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.


b) Asesorar al Presidente del Gobierno en aquellos asuntos y materias que éste disponga.


c) Conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al Presidente del Gobierno la coordinación de la acción del Gobierno.


d) Asistir al Presidente del Gobierno en los asuntos relacionados con la Política Económica.


e) Realizar aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno.



El apartado “e” es el más llamativo de los cinco. El Director del Gabinete puede hacerlo todo, puede abordarlo todo, puede ocuparse de todo… y se convierte así, de facto, en el hombre fuerte del Presidente del Gobierno. Tanto responde por carta a los ciudadanos [PDF]… como negocia con los sindicatos la próxima reforma laboral. O aparece como misterioso autor del archivo informático con el que el diario El País conoció las propuestas del Ejecutivo en materia de pensiones. De José Enrique Serrano prácticamente no se conservan declaraciones públicas; de su antecesor podemos encontrar alguna más.


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Es Carlos Aragonés, Director del Gabinete de José María Aznar entre 1996 a 2004, y se refiere a la crisis interna que creó María San Gil tras su marcha del Partido Popular. Desde que abandonó La Moncloa, Aragonés ha sido elegido dos veces como diputado por Madrid. En su declaración de bienes [PDF] figura como asesor del presidente del Partido Popular, y esto a pesar de que Mariano Rajoy lo descabalgó de la dirección del partido en el congreso de 2004. Aunque quizá lo más revelador sea su ficha en la web del Congreso: la página permite analizar la actividad parlamentaria de los diputados mediante la consulta de sus intervenciones, iniciativas o preguntas. Y desde las elecciones del 9 de marzo de 2008, a efectos del registro parlamentario… Carlos Aragonés no ha hecho nada.