Tras la política

Durante los últimos días he leído artículos muy completos sobre los llamados “liberados sindicales”. Son artículos sobre sus características, su trabajo, y sobre las leyes que regulan su actividad en las empresas y los organismos públicos. Así que quizá sea bueno aprovechar todo ese material para responder a varias preguntas: ¿Por qué molestan tanto los liberados a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre? ¿Por qué, 24 horas antes de su Debate sobre el Estado de la Región, alguien filtró al diario El Mundo que Aguirre anunciaría un drástico recorte en su número? ¿Y por qué llega ese anuncio precisamente ahora?


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Vayamos por partes. El asunto de los liberados comenzaba este mismo lunes, cuando la portada de El Mundo revelaba las intenciones de la presidenta: Aguirre “les quitaría” a los sindicatos un buen puñado de cargos en la administración, se ahorraría 70 millones de euros, y lo haría mediante la fórmula mágica de ejecutar una aplicación “estricta” de la ley. A esto añadimos unas interesantes declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Asegura Ignacio González que el recorte de liberados no supondrá sólo un importante ahorro en tiempo de crisis… sino que terminará con una práctica “abusiva” de los sindicatos.


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Los delegados sindicales, presentes en instituciones públicas o privadas, disponen por ley de un determinado número de horas de trabajo que pueden dedicar a la defensa de sus compañeros. Según el Estatuto de los Trabajadores, que regula todas estas cuestiones, esos delegados pueden ceder sus “horas sindicales” a compañeros que trabajen en la misma empresa, y que si llegan a acumular las horas suficientes… se pueden dedicar únicamente a representar a los trabajadores. Es decir, pueden quedar “liberados” de sus otras tareas y ocuparse sólo de las sindicales. Y aquí llega lo controvertido. Los convenios colectivos pueden ampliar el número de horas que se reparten entre los delegados, y que eventualmente acaban correspondiendo a los “liberados”.

Esto se ha convertido, con el andar de los años, en una herramienta útil en las negociaciones entre agentes sociales, porque supone una concesión valiosa de la empresa [o institución] en favor de los trabajadores. Según el gobierno Aguirre, es el “perfeccionamiento” de esa táctica negociadora lo que ha provocado que, en la administración autonómica de Madrid, haya 3.500 liberados sindicales… cuando según la ley debería haber sólo 1.490. Abusos, perfeccionamiento de técnicas, insolidaridad: todos son conceptos que estos altos cargos llevan una semana asociando con el buen nombre de los sindicatos. De unas organizaciones de trabajadores que fueron vapuleadas porque no organizaban huelgas a Zapatero y que ahora son señaladas como las culpables de que no haya mejores reformas y de organizar protestas lesivas para la economía.

El Gobierno madrileño del Partido Popular ha incurrido, sí o sí, en una dejación de funciones con alto coste para las arcas públicas. Si pretende recortar los liberados sindicales a la mitad y asegura que eso no repercutirá en los derechos de los trabajadores… quiere decir que hemos estado gastando inútilmente 70 millones de euros cada año; si se deja a un lado la razón económica y se atribuye la medida a la intención de atajar los supuestos “abusos”… quiere decir que las administración pública madrileña ha cometido un gravísimo error al ceder ante el “chantaje sindical” para conceder más horas a los delegados. Pero no ocurre ni una cosa ni la otra. Estamos ante un peldaño más de la escalera que Esperanza Aguirre viene subiendo desde el año 2003: la escalera que termina en el desprestigio de todas las instituciones que tienen algo que ver con lo público. Y el tramo de este otoño… Aguirre pretende escalarlo… a lomos de los sindicatos.


El lehendakari Patxi López, tras el último 'alto el fuego' de ETA (AP / Álvaro Barrientos)

El lehendakari Patxi López, tras el último 'alto el fuego' de ETA (AP / Álvaro Barrientos)



El acuerdo político firmado en 2009 entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular vasco es un documento público. El pilar que sostiene al gobierno del lehendakari Patxi López recoge todo tipo de compromisos generales, como fortalecer el autogobierno o arrinconar a la banda terrorista ETA, pero está jalonado también de puntos muy concretos, de pactos muy específicos que van desde la construcción de la línea 3 del metro de Bilbao hasta la puesta en marcha en Eibar de un hospital de media-larga estancia. El segundo epígrafe del documento se dedica a la “política para hacer frente a la crisis económica y crear empleo“, y uno de los apartados es realmente curioso…


“Negociación de la transferencia de medios para las políticas activas de empleo, unificando un servicio hoy duplicado y ganando en capacidad de gestión y efectividad”



Es decir, que el traspaso de esa competencia a Euskadi, de esa gestión de las políticas de empleo, está incluida en el pacto de gobernabilidad que permitió a PSE y PP el desalojo del Partido Nacionalista Vasco en 2009. Con esa premisa, es interesante acercarse a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Como ya hemos contado en este blog, el presidente Zapatero ha enterrado la llamada “geometría variable” y se ha comprometido a fondo con el PNV no sólo para las próximas cuentas públicas… sino como posible aliado estratégico hasta el final de la legislatura. De cara a los tejemanejes presupuestarios, que no son nunca el mejor ejemplo de buenas intenciones políticas, la clave está, justamente, en la transferencia a la que hacíamos referencia.

En este 2010, el Gobierno busca a la desesperada su supervivencia parlamentaria, y buenas son las políticas de empleo si le facilitan ese objetivo. Caso aparte son el resto de actores del vodevil. El Partido Nacionalista Vasco considera el traspaso como algo irrenunciable, como la bisagra que abre a Zapatero la puerta del futuro. Es curioso comprobar cómo, en 2009, el mismo grupo parlamentario rechazó que se transfiriese la competencia en su acuerdo con el PSOE, pero se reservó el derecho de veto hasta septiembre de 2010. Es decir, que el Gobierno no podría realizar la transferencia a Vitoria sin el visto bueno de Íñigo Urkullu… hasta que llegase este septiembre de 2010, cuando tenemos encima otra negociación presupuestaria. Cuando conoció el acuerdo, el lehendakari López clamó al cielo, y lo hizo en público, ante los micrófonos.


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El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, personifica la contradicción en la que también incurre su partido. La formación de Antonio Basagoiti firmó el acuerdo de bases al que hacíamos referencia en el primer párrafo, consideró que la transferencia de las políticas de empleo era crucial para Euskadi, protestó enérgicamente cuando el PNV la bloqueó en 2009 pidiendo a Patxi López que “se plantase”… y hoy vuelve a pedir lo mismo. Barreda vuelve a pedir al lehendakari que se plante cuando esa transferencia parece más cercana que nunca. ¿Es menos necesaria ahora que antes… o su necesidad depende de quién consiga desbloquearla? Después están los socialistas vascos. Ante la más que probable marginación de su líder, han organizado un acto de desagravio recordando lo que parece obvio y lo que está escrito en las leyes: que las competencias se negocian entre gobiernos.

Los buenos vodeviles saben cimentar los diálogos en la intriga y en el equívoco, en que nada sea lo que parece, en que los personajes afirmen hoy una cosa y mañana la contraria. Así, en la negociación de los presupuestos, cada parte mantiene un discurso de cara a la galería y otro hacia sus propias filas… sin que nadie piense en los ciudadanos. Euskadi es la única comunidad autónoma que no tiene transferidas las políticas activas de empleo -algo que no le ha impedido ser una de las autonomías con menor tasa de paro-, pero eso no les importa demasiado a los actores de esta representación. Unos, para sobrevivir; otros, para tumbar al Gobierno; los de más allá, por protagonismo; los de más acá, por ocupar el centro del escenario. Todos hacen méritos para demostrar que conocen al dedillo su papel.


Si Zapatero comenzaba cada curso político en Rodiezmo, Rajoy lo comienza aún con un retiro casi monacal de la cúpula de su partido. Este año tocaba Toledo, una localización muy simbólica que buscaba arropar las aspiraciones de María Dolores de Cospedal a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Tras 48 horas de reflexión, encuestas… y sobre todo de silencio, el líder del PP se ponía ante los micrófonos para hablar de economía.


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Llama la atención que Mariano Rajoy, el hombre que siempre acusa al Gobierno de anunciar medidas y más medidas, planes y más planes inconexos contra la crisis, haya presentado en esta ocasión un paquete de 50 medidas para atajarla. Llama la atención porque no es el primero. A saber: a finales del mes de agosto, durante una entrevista con una agencia de noticias, Rajoy esbozó las 8 grandes iniciativas económicas que llevaría a cabo si llegase al Gobierno; el pasado mes de marzo, un “plan de choque” elaborado por la calle Génova contenía las 5 medidas esenciales para salir de la recesión; un año antes, en abril de 2009, Rajoy tomó el atril de Cospedal para anunciar un plan global con 12 reformas anticrisis. Y poco hemos sabido de ninguna de ellas.

El plan de Mariano Rajoy contra la crisis, si tan necesario fuese, debería lucir en su lomo desde hace ya muchos meses el sello del registro del Congreso de los Diputados. Nadie discute que el Grupo Popular en la Cámara esté presentando enmiendas a las reformas del Gobierno -no es para menos-, pero no dejan de ser aportaciones aisladas cuyo decaimiento lamenta Rajoy ante Zapatero con el dolor del amante herido: me dice que no le ayudo, intento hacerlo con mis enmiendas y usted me las tumba. Literal. En el debate antidéficit del 12 de mayo, el líder de la oposición propuso cosas muy concretas que el presidente desestimó: suprimir ministerios, retirar subvenciones y recuperar competencias. Tres actuaciones muy efectistas que ahorrarían muy poco al Estado.

En definitiva: ¿qué está haciendo el Partido Popular para ayudar a que España salga de la crisis? Y desde una perspectiva puramente electoral: ¿qué está haciendo el Partido Popular para ser visualizado como una alternativa de Gobierno? Quizá Rajoy ha analizado las caídas de los cuatro ex presidentes del Gobierno y ha observado que todos salieron de La Moncloa por hartazgo del respetable; exceptuando al Partido Socialista liderado por Felipe González -que se enfrentaba a una UCD desgastadísima-, ninguna oposición ha llegado a ser Gobierno por encandilar a los electores, sino como el fusible que se recambia para poder seguir teniendo luz en casa. Quizá esté esperando Rajoy, por tanto, a que se le fundan los plomos a Zapatero. ¿No sería más inteligente -y sí, también más honrado- trabajar para reparar la instalación eléctrica del edificio y así convertirse en imprescindible para los inquilinos?

P.D.: Es curioso. Al recordar el post me he acordado de aquello de “las luces de la fiesta“.


Celestino Corbacho en su escaño de ministro (AP / Paul White)

Celestino Corbacho en su escaño de ministro (AP / Paul White)



El barrio obrero de Bellvitge, en l’Hospitalet de Llobregat, celebra estos días su Fiesta Mayor. A dos meses de las elecciones autonómicas de noviembre, la inauguración del pasado sábado se llenó de toda clase de políticos. Allí estaba, repartiendo sonrisas y apretones de manos, el ministro de Trabajo e Inmigración, que ocupó la alcaldía de la localidad entre 1994 y 2008. Y allí estaba también el presidente de la Generalitat, José Montilla, que tenía algo muy importante que decir sobre su acompañante, sobre Celestino Corbacho.


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Corbacho concurrirá a los comicios del 28 de noviembre junto a Montilla, cuyo mensaje es claro: no importa su gestión, sólo importa la trascendencia pública que conceden los cargos que ha ejercido, el de alcalde y el de ministro, de cara a una cita con las urnas que será trascendental. Pero el fenómeno tiene precedentes. Tampoco importó el bagaje de un antecesor de Corbacho: el del ministro popular Juan Carlos Aparicio. Fue titular de Trabajo entre los años 2000 y 2002, y dejó la cartera tras la huelga general del 20-J. Diez meses después, en mayo de 2003, Aparicio se presentó como candidato del PP a la alcaldía de Burgos… y arrasó. En ningún caso tuvieron en cuenta los electores burgaleses los recortes del llamado “decretazo”, que se gestó en su ministerio. ¿Tendrán en cuenta hoy los electores catalanes el saldo de Celestino Corbacho?


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El ministro de Trabajo deja más de un 20 por ciento de paro, y él mismo ha asegurado que serán necesarios varios años para recuperar todo ese empleo: es decir, para que el mercado laboral vuelva a estar… donde estaba cuando llegó al Gobierno. No se puede olvidar que, durante los 30 meses que Corbacho ha pasado en Madrid, nos ha golpeado la mayor crisis económica de las últimas décadas, pero tampoco se puede olvidar que el ministro ha optado por una serie de políticas -de soluciones frente a la crisis- que no se han visto avaladas ni por las cifras del paro… ni por la percepción ciudadana.

¿Cómo medimos entonces la bonanza de su gestión? ¿Puede ser un “activo” político alguien que ha fracasado tan estrepitosamente? Nos azota una crisis internacional, sí, pero la reforma laboral del Gobierno tiene las características que Corbacho ha aceptado, él ha sido el impulsor de su negociación con los agentes sociales, y el endurecimiento de las políticas migratorias de los últimos dos años obedece a un cambio de estrategia que Zapatero buscó -y consiguió- con su nombramiento. Las circunstancias externas no eximen al político de la responsabilidad del cargo que ha ejercido, y ese desempeño no parece brillante.

Celestino Corbacho llega a Cataluña como un “activo”, como el salvavidas que debe reflotar las expectativas electorales del PSC. Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que el ministro de Trabajo volverá a su comunidad de origen después de que los sindicatos le organicen una huelga general, como ocurrió con Aparicio, o como hizo Manuel Chaves tras la protesta del 14 de diciembre de 1988. La cara más oscura de esa moneda enseña que la cultura política de España no castiga a los políticos que fracasan. Ya ocurrió en Burgos. ¿Ocurrirá en Cataluña?


Zapatero, el pasado mes de julio, durante una rueda de prensa (AP / Paul White)


Durante la noche del 28 al 29 de agosto, el presidente del Gobierno no durmió en el Palacio de la Moncloa. José Luis Rodríguez Zapatero viajó esa madrugada hacia China para comenzar la gira internacional con la que arrancaría el curso político. Y en aquellas horas, en medio de la oscuridad, a bordo de aquel avión, el líder del PSOE ya sabía que Asia sería el escenario de una rectificación: del tercer gran cambio de rumbo de su mandato.


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En principio, estas palabras del presidente no suponen nada muy distinto de lo que ocurrió el año pasado; es decir, que el Partido Nacionalista Vasco será un interlocutor preferente de cara al otoño y a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Las palabras nuevas, con sus matices nuevos, saltaban durante un encuentro de Rodríguez Zapatero con periodistas… pero sin micrófonos. Uno de esos encuentros “off the record” que consiguen que una oración pronunciada por un personaje, de la que no queda constancia documental, tenga más repercusión que si esa misma oración hubiera sido pronunciada ante un abarrotado auditorio.

En ese encuentro “off the record” que se produjo el día 1 de septiembre en Tokio, como recoge la Agencia EFE, Zapatero aseguraba que “el PNV sabe la importancia que tienen los presupuestos”, y que si “cuentan con su apoyo se abrirá un escenario de colaboración más fluida con ese grupo de cara al futuro”. Todos los periódicos del día 2 de septiembre entendieron lo mismo: que el presidente entierra la “geometría variable” del Congreso de los Diputados, que busca la colaboración con el PNV para sostener su Gobierno hasta el final de la legislatura, que la aventura que decidió correr en 2008 al someterse a la investidura sólo con los votos socialistas… ha llegado a su fin.

Si el giro estratégico del presidente se confirma, si el salvamento de Zapatero puesto en marcha por Urkullu se consuma, el PSOE podrá evitar debates parlamentarios como el que se produjo en mayo en torno a las medidas anticrisis. Al borde del precipicio, el recorte exigido por Europa se aprobó por sólo un voto, y el Gobierno respiró con el alivio del portero que para un penalti en el último minuto. El frente legislativo estaría así salvado, pero… ¿qué pasaría en Euskadi? ¿Qué ocurre con un lehendakari socialista, apoyado por el Partido Popular, que intenta diferenciarse de los años de gobierno del Partido Nacionalista Vasco? ¿Qué pasa si el ministerio de Trabajo pacta la transferencia de las políticas activas de empleo con el PNV… y luego debe sentarse a negociar con Patxi López?


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En diciembre de 2006, el Gobierno giró bruscamente el timón de la negociación con ETA por el atentado de la T-4. En mayo de 2010, el ataque al euro y la presión internacional obligaron a Zapatero al mayor recorte social de los últimos años. Enero de 2011 puede ser la fecha de un tercer cambio: el que conduzca a un gobierno socialista presidido por Zapatero, como hasta ahora, pero apoyado en el Congreso por la derecha tradicionalista vasca.


Aguirre, Rajoy y Gallardón celebran su victoria en 2007 (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Parece que ha pasado mucho tiempo desde el 27 de mayo de 2007, pero sólo han transcurrido tres años y medio. Ese domingo de finales de primavera, mucho antes de que nos azotaran la crisis económica o la Gripe A, Mariano Rajoy se asomó al balcón de la calle Génova para celebrar su primera victoria electoral a nivel nacional como líder del Partido Popular. Ganó a Rodríguez Zapatero por 156.000 votos, se declaró preparado para recuperar el Palacio de la Moncloa en 2008, y aquella noche alzó las manos de sus dos baluartes, de dos vencedores hasta ahora imbatibles en Madrid: Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. En el Partido Socialista faltaban sólo unos días para la dimisión de los perdedores.

La elaboración de las listas del PP para las generales de 2008, que la derecha perdió, ha dejado claro que la batalla por la capital no es ya un asunto local o autonómico. El número 7 de la Puerta del Sol se ha convertido en un verdadero centro de poder nacional. La presidenta Aguirre presionó a Rajoy para que el alcalde Gallardón no tuviese un escaño en el Congreso, y han sido las desavenencias entre las facciones que ambos lideran las que han hecho tambalearse los cimientos del partido. Para Ferraz, perder Madrid sistemáticamente desde 1991 se ha convertido en una rémora: es el único feudo socialista de los ochenta que el PSOE no ha conseguido recuperar en las urnas, y las derrotas encadenadas -que también cosechan en las generales- le impiden contar con mayorías holgadas en el Parlamento.

En mayo de 2011, los madrileños tienen una nueva cita con las urnas. El Partido Popular volverá a apostar por Aguirre y Gallardón, mientras que el Partido Socialista aún no sabe por quién tiene que hacerlo. Frente al Secretario General del PSM, Tomás Gómez, el presidente Zapatero ha lanzado la candidatura de una estrecha colaboradora que siempre ha acudido a su llamada: la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Desde hace semanas, los dos precandidatos protagonizan cruces de declaraciones en los medios de comunicación con un alto calado político: que si tú eres la candidata del aparato, que si tú eres el candidato de la derecha, que si te han puesto a dedo, que si no despegas en las encuestas…


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Partiendo de estos hechos, el asunto puede analizarse desde dos perspectivas: la electoral y la verdaderamente importante. Desde el punto de vista electoral, el PSOE llega a las urnas con un historial dramático. Desde la desaparición de la escena madrileña de Joaquín Leguina y Juan Barranco [ex presidente y ex alcalde], los socialistas no han superado el umbral del 40 por ciento de votos. De hecho, en 2007, Miguel Sebastián y Rafael Simancas se quedaron bastante más cerca del 30 que del 40. Es decir, sólo 3 de cada 10 electores madrileños se decantan por el Partido Socialista cuando acuden a votar, mientras que más de la mitad de quienes votan lo hacen por el Partido Popular.

Pero esto no es lo importante. Lo realmente importante no es que el PSOE, tras dos décadas de declive electoral, se decida por las primarias para elegir a sus cabezas de lista; ni siquiera que las primarias hayan sido forzadas por un enfrentamiento en el seno del partido. Lo importante es que el debate entre los precandidatos se produzca en los términos en que se está produciendo. El argumento principal de Trinidad Jiménez es que, según las encuestas, ella es quien tiene más posibilidades de “vencer a la derecha”; el argumento principal de Tomás Gómez es que lleva trabajando tres años al frente de un partido que ha tenido que reconstruir. Encuestas contra aparato. Ni políticas, ni propuestas ni alternativas al Partido Popular. Quienes tendrán que ir a las urnas en mayo no han escuchado aún qué quieren hacer los precandidatos con Madrid: sólo ven sonrisas, apretones de manos, visitas a pueblos remotos… y estrenos de páginas web.



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El Partido Socialista recuperó el proceso de primarias en su congreso de 1997, y lo utilizó al año siguiente en la elección de su candidato para la Presidencia del Gobierno. Joaquín Almunia y Josep Borrell fueron también, como hoy, el candidato oficialista y el candidato renovador. En aquellos días, con el Partido Popular recién llegado al Gobierno y las huellas de Felipe González aún frescas, el PSOE abrió una puerta a la democracia interna que se ha ido cerrando con el paso de los años. En las municipales de 1999 y 2003, la victoria de los candidatos oficialistas en las primarias dio paso a que en 2007… ni siquiera se celebrasen. De cómo evolucione la batalla estéril de Gómez y Jiménez depende que las primarias resuciten o que queden enterradas por una tonelada de encuestas.


Llega el calor… y con él llega una pausa en Tras la Política. Atrás quedan cuatro meses de reflexiones sobre los actos y las intenciones de los políticos, intentando observar siempre la actualidad con un ángulo muy abierto, desechando el corto plazo. Llega el calor, sí, y con él llegan también los rituales políticos de cada verano. Por eso queremos dejar en el aire, hasta la vuelta de las vacaciones, 10 preguntas políticas aún sin respuesta… que pueden resultar clave de cara al próximo curso.

1. ¿Aguantará la economía española fuera de la recesión?

La vicepresidenta económica lo tenía muy claro: el paquete de medidas anti-déficit que Europa impuso a España lastraría nuestro crecimiento en unas décimas. Además, acaba de entrar en vigor una subida del IVA que podría retraer el consumo durante el tercer trimestre del año. El Fondo Monetario Internacional cree que terminaremos 2010 en el -0,4%; Elena Salgado considera que la contracción se quedará en el -0,3%.

2. ¿Acudirá Zapatero a su tradicional cita en Rodiezmo?

Era el acto político con el que, tradicionalmente, se daba el pistoletazo de salida al curso político, hacia el último fin de semana de agosto. Allí, el presidente aprovechaba para mostrar su simpatía por el sindicato UGT y para anunciar una subida de las pensiones mínimas de cara al año siguiente. En 2010, las medidas contra la crisis se han cebado con esos subsidios, y la relación de Zapatero con Méndez se ha enfriado notablemente.

3. ¿Mantendrán los sindicatos su huelga general del 29 de septiembre?

La huelga “en diferido”, provocada por la aprobación de una reforma laboral por decreto, coincidirá con una jornada europea de protestas para exigir a los gobernantes una salida más social de la crisis. Este mes de junio, los paros de maquinistas en el Metro de Madrid ha generado la imagen de lo que puede llegar a ocurrir si los sindicatos paralizan el país en septiembre. Si el Ejecutivo da por descontada la huelga, podrá decidirse a acometer nuevas reformas impopulares.

4. ¿Habrá más reformas en los Consejos de Ministros extraordinarios?

Este verano, las vacaciones de los ministros serán más cortas. Durante los dos últimos años, el rumbo de la crisis obligó a Zapatero a convocar un Consejo en pleno agosto, pero este año serán dos. Ya es tradición que el Gobierno aproveche esas reuniones para sacar adelante ayudas a zonas incendiadas, pero este 2010, teniendo ya convocada una huelga general, al presidente puede no temblarle la mano a la hora de incidir en las reformas estructurales.

5. ¿Se mantendrá Díaz Ferrán al frente de la patronal CEOE?

Los problemas de Marsans y Air Comet parecían ser minucias comparados con la reforma laboral, a la que el presidente de los empresarios se entregó intensamente hasta el fracaso de las negociaciones. Con los cambios aprobados por decreto, Ferrán puede volver a enfrentarse a una Junta Directiva complicada, pero el verano ha comenzado para él con una victoria: colocando al frente de Cepyme a un hombre de su confianza y deshaciéndose del crítico Jesús Bárcenas.

6. ¿Quién ganará el Debate sobre el Estado de la Nación?

Zapatero suele vencer en estas contiendas parlamentarias por la falta de alternativas que plantea Rajoy. Sin embargo, el presidente se encuentra hoy en sus horas más bajas, y el líder de la oposición sorprendía hace unos días con una actitud pactista que no se recordaba desde hacía tiempo en el Partido Popular. Atención también al papel de los nacionalistas: sobre todo, de los que siguen amenazando con hacer caer al Gobierno a la mínima de cambio.

7. ¿Qué repercusión tendrá la manifestación en defensa del Estatut?

Mañana sábado, José Montilla se colocará al frente de la marcha en defensa del texto acompañado por una ‘senyera’. Será el arranque oficial de una campaña electoral de cara al otoño que girará en torno al mismo asunto: la Cataluña agraviada por el Constitucional. Una victoria de CiU puede hundir al PSC y reflotar al PSOE; una victoria del PSC puede dar alas a un nuevo tripartito y terminar con el Gobierno de Madrid.

8. ¿Cuánto tendremos que esperar hasta ver un cambio de Gobierno?

A quienes disparan los rumores sobre los cambios de carteras ya no les quedan fechas que ensayar. Unos dicen que coincidiendo con el Comité Federal del PSOE; otros, con el Debate sobre el Estado de la Nación… Pero todos coinciden en que, si Zapatero continúa con sus costumbres, alguna de las caras más conocidas del Ejecutivo podría convertirse en cartel electoral para las autonómicas y municipales del año 2011, que también marcarán el próximo curso.

9. ¿Conoceremos a los candidatos socialistas para Madrid de cara a 2011?

Las mayorías arrolladoras de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón en la capital siguen sin contestación. Las desavenencias entre el socialista Tomás Gómez y el ministro José Blanco son conocidas, y eso puede seguir retrasando el anuncio de unos candidatos muy importantes para todo partido que quiera ganar en 2011. Si el PP amplía su poder municipal y autonómico, podrá haber reeditado los comicios de 1995, antesala de su llegada a La Moncloa.

10. ¿Se decidirá Rajoy a remodelar su partido en Valencia?

El PP tiene un problema importante en casa: la corrupción. El Caso Gürtel y la reciente imputación de José Joaquín Ripoll siguen poniendo en evidencia que Mariano Rajoy tiene pendiente una renovación de filas en varias comunidades, pero sobre todo en Valencia. Francisco Camps podría no ser el candidato del PP para las autonómicas de mayo, y ese movimiento deja dos nombres en el tintero: el de Rita Barberá y el de Esteban González Pons.

Son 10 preguntas sin respuesta que intentaremos responder a partir de septiembre. Nos leemos entonces. Hasta ese momento, estaremos en el blog del 14 Encuentro Internacional de Foto y Periodismo, y como siempre, en Twitter.


Desde hace ya algunos años, los meses de julio suelen ser importantes para el Partido Socialista. Cada cuatro años, tradicionalmente después de unas elecciones generales, el PSOE celebra al comienzo del verano su Congreso Federal, en el que se renueva la dirección y se formulan las intenciones ideológicas del partido de cara a la legislatura. Hace ya 10 años del mes de julio en que Rodríguez Zapatero se convirtió en líder socialista, pero la última vez que resultó elegido para ese cargo fue hace, justamente, dos años: el 6 de julio de 2008. ¿Recordamos el final de su discurso en aquel 37 Congreso Federal?


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Sí, en aquellos días la salida de la crisis [bueno, de las "dificultades económicas", porque aún faltaban 48 horas para que fuera una crisis] pasaban por estimular el consumo. Estaba recién aprobada la deducción de los 400 euros en el IRPF, recién implantada la ayuda a la maternidad, y se cernía sobre los ayuntamientos el famoso Plan E. Pero más allá de la economía, es interesante repasar las conclusiones de aquel congreso y comprobar, a dos años vista, cómo va su ejecución. ¿Se lo ha comido todo la dichosa crisis económica?

Ley de Libertad Religiosa. Una de las principales conclusiones del 37 Congreso fue la apuesta del PSOE por retirar los símbolos religiosos de las instituciones públicas. En 2010, sabemos que la reforma de esa ley se retrasa, al menos, hasta el año que viene. El Papa Benedicto XVI visitará nuestro país el próximo otoño.

Ley del Aborto. El ejemplo contrario. La nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ley de plazos, ha entrado en vigor justo en el segundo aniversario del Congreso. Es una victoria legislativa de Bibiana Aído, que soporta un aluvión de críticas como ministra, pero que ve salir adelante todos sus proyectos. Como ha ocurrido otras veces, el PP ha recurrido el texto ante el Tribunal Constitucional.

Pacto Nacional sobre el Agua. Ni siquiera los trasvases sostenibles y “socialmente aceptados”, como decían las conclusiones del congreso, han aparecido por ninguna parte. La política medioambiental y de energías renovables del Gobierno se ha limitado al impulso del coche eléctrico, con iniciativas muy vinculadas a reflotar el sector automovilístico del país en plena crisis. En materia nuclear, el Gobierno ha conseguido aplacar el debate sobre el cierre de centrales.

Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. En 2008, acababa de terminar una legislatura muy bronca en la lucha antiterrorista. Hoy, la llegada de un nuevo gobierno al País Vasco y el aparente consenso con el PP en la lucha contra ETA han serenado esa disputa, y esta nueva ley recorre los pasos parlamentarios pertinentes sin hacer ruido.

Derecho a voto municipal de los inmigrantes. El Gobierno ha alcanzado acuerdos con una quincena de países, en los que los españoles también podremos votar para elegir alcaldes, pero no ha llevado a cabo una reforma de la Constitución. La nueva Ley de Gobiernos Locales, que clarificará las competencias de los ayuntamientos, verá la luz el próximo mes de septiembre.

En definitiva, el armazón ideológico del que se dotó el PSOE en 2008 parece estar cumpliéndose, aunque no dé la impresión de estar situado en el centro de la preocupación ciudadana. El derecho al aborto o al sufragio son importantísimos, pero ambos han quedado sepultados bajo el inexorable avance del paro. Cuando acabe la legislatura, España habrá experimentado las reformas de la segunda legislatura de Zapatero [no olvidemos que también se prepara una Ley de Iguadad de Trato y No Discriminación], pero lo que evaluará con más rigor es si realmente hemos vuelto a la Champions League de la economía.


Los próximos días 14 y 15 de julio, el Congreso de los Diputados tiene que debatir y votar cuál es el Estado de la Nación española. El presidente del Gobierno subirá a la tribuna, y en su discurso expondrá los logros y los retos del gabinete que encabeza. Después, el líder de la oposición tomará la palabra… para oponerse a todo lo anterior. Lo de siempre. Como son tiempos oscuros, de crisis y descrédito político para el Ejecutivo, se espera un debate bronco para Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la situación se puede relativizar. Más allá de los errores en la gestión de la crisis por parte del PSOE [central, vital, primordial]… ¿cómo estaba la nación en 2004 y cómo está ahora?


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Sólo escuchar la sintonía de los telediarios que dirigía Alfredo Urdaci nos retrotrae a los tiempos en los que Televisión Española fue condenada por vulnerar derechos fundamentales con su labor informativa. Los socialistas no han conseguido desvincular los contenidos de la televisión pública de la lucha por la audiencia, pero es prácticamente unánime la impresión de que las informaciones políticas son hoy mucho menos parciales que hace 6 años. El nuevo modelo de RTVE era uno de los retos electorales del PSOE, y ha sido abordado.


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Las imágenes que acompañan a estas líneas son de hace ya cinco años, del 30 de junio de 2005, y reflejan dos acontecimientos políticos muy distintos. Uno es la aprobación del matrimonio homosexual, otra promesa electoral, y el otro es la lucha que protagonizó Manuel Marín contra la crispación en el seno del parlamento. Las fuerzas políticas españolas vivieron en una continua gresca entre 2002 y 2008; y hoy, a pesar de las peticiones de dimisión para el presidente del Gobierno, los debates en el Congreso suelen ser de guante blanco.


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Las cifras de muertos en la carretera se han reducido radicalmente en los últimos años. La gestión de Pere Navarro al frente de la DGT, con el carné por puntos que cumple ahora cuatro años, deja ya como fruto una concienciación general contra las imprudencias en la carretera, similar a la que se ha conseguido con el consumo de tabaco. Hoy los españoles gozamos de un permiso de paternidad o maternidad, el acceso al alquiler de una vivienda es más fácil para los jóvenes… y las becas, aún muy escasas, se han multiplicado. El Ejecutivo convirtió la lucha contra la violencia de género en una de sus prioridades políticas, y tras la fallida tregua de ETA, la lucha antiterrorista da frutos muy sustanciosos.

Son logros de la administración Zapatero que estarán en los libros de Historia debajo del nombre del presidente, pero junto a ellos figurarán los errores: los numerosos errores que el Gobierno ha cometido [y comete] en el camino para la salida de la crisis. El curso se cerrará en los próximos días con el Debate sobre el Estado de la Nación y quizá con un cambio de Gobierno, pero el próximo comenzará con una huelga general, con unos presupuestos que pactar y con unas elecciones catalanas que centran las estrategias partidistas. Parece un otoño clave para saber qué pesará más en el balance histórico del presidente: las luces o las sombras.


Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)

Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)



Da la casualidad de que, andando el tiempo, el Partido Popular tenía razón en parte de las cosas que decía sobre el Estatuto de Cataluña. El PP recurrió 114 artículos del texto en 2006, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón completa en 14, y la razón de forma parcial en 27. Pero tras cuatro años de deliberaciones, casi nadie recuerda el fondo de los argumentos de Mariano Rajoy: se recuerdan las recogidas de firmas, los exabruptos, el “se rompe España“. En definitiva, las formas.


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Ya tenemos fallo, y con él ha llegado la culminación de un giro copernicano en el discurso de Rajoy. El presidente del PP lleva semanas visitando círculos ecuestres y cámaras de empresarios en Cataluña, con intervenciones en las que ha evitado referirse explícitamente al Estatut… y aguantando críticas por ello. Tras hacerse pública la decisión del Constitucional, el líder de la oposición ha apelado al consenso, a mirar al futuro y a recuperar los pactos de la Transición. Con unas formas muy distintas a las de 2006.


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¿Y por qué ese giro? Quizá por la misma razón que apuntábamos cuando hablábamos del nuevo papel del PNV como auxiliar del Gobierno, por la misma razón que Durán i Lleida ha querido erigirse en la figura política clave para la salida de la crisis. Porque el próximo otoño, en Cataluña, se celebran elecciones autonómicas, y las encuestas pronostican que CiU recupera el voto perdido por el tripartito en su desgaste. En ese cálculo [y a falta de sondeos post-sentencia] cuadra el giro del Partido Popular.


Encuesta de La Vanguardia (marzo 2010)



Si a todo esto le sumamos la aceptación de un Pacto por la Energía con el Gobierno y la disposición a alcanzar acuerdos en materia de legislación laboral, componemos el cuadro con el que el Partido Popular quiere ganar las próximas elecciones generales. Cataluña elige a 47 de los 350 diputados del Congreso: tradicionalmente, los que deciden si en La Moncloa vive un presidente socialista o un presidente popular. Si el PP de Rajoy consigue cultivar una imagen de partido moderado entre los electores catalanes [algo que tendría más fácil colocando a varios consellers en un futuro gobierno de Artur Mas], estaría cimentando una hipotética victoria en 2012. Aunque este panorama nos deja tres dudas… Si Montilla deja la Generalitat, ¿seguirá siendo Zapatero un enemigo para CiU? Si a Rajoy le sale bien la “Operación Mas“, ¿habrá una “Operación Urkullu“? ¿Y el Gobierno? ¿No se trataba, hace sólo días, de hacer caer al Gobierno cuanto antes?