Tras la política

El caos en Barajas (AP)

El caos en Barajas (AP)

He buscado “State of alarm” en Google por simple curiosidad. El resultado es… España. La figura del ‘estado de alarma’, a pesar de contar con algunos equivalentes en Europa -como los que prevé el artículo 19 de la Constitución de Portugal-, parece netamente española. Y la forma en que entró en vigor el pasado fin de semana, por primera vez en democracia, responde también a una crisis estatal netamente española. Parece necesario intentar conocer mejor dos aspectos de la figura jurídica: las bases legales que la sostienen y el contexto en que se ha decretado. Como no soy ningún experto jurista, me limitaré a compartir en este post algunos documentos que me han ayudado a comprender mejor la situación.

Primero, el contexto. Tras muchos meses de conversaciones [y algunas afirmaciones grandilocuentes], el Gobierno y los controladores aéreos sólo habían conseguido llegar a un punto muerto. Estaban en juego su dependencia orgánica de AENA, el sueldo que iban a cobrar… y el detonante: la manera de computar sus 1.670 horas anuales de trabajo, que según el sindicato USCA están ya plenamente superadas en este 2010. El artículo 4.4.a de la Ley de Seguridad Aérea de 2003 prevé que el ministerio de Defensa ejerza el control de la circulación aérea cuando el presidente del Gobierno lo decida “por concurrir circunstancias extraordinarias que así lo aconsejen”. El pasado mes de abril, ante el bloqueo de las negociaciones, el Gobierno aprobó la Ley 9/2010. En su disposición adicional primera, el texto obliga a los trabajadores de AENA a “facilitar” esa militarización.

Así llegamos al pasado viernes, 3 de diciembre. En el Consejo de Ministros de esa mañana el Gobierno aprueba un Real Decreto con “medidas liberalizadoras” de la economía, y entre ellas, se incluye una modificación de las leyes 21/2003 y 9/2010. En la disposición adicional segunda del Real Decreto, se dispone que un médico de AENA evalúe las peticiones de baja laboral de los controladores, y se explicita que, en caso de emergencia, Defensa “asumirá su organización, planificación, supervisión y control”. Esto, horas antes del parón en los aeropuertos. A partir de ese momento, como bien ha relatado Javier Casqueiro en ‘El País’, la situación política se convierte en frenética. Pasadas las 22:00 horas, el presidente Zapatero firma el Real Decreto que transfiere a Defensa el control del espacio aéreo basándose en la redacción aprobada esa misma mañana por el Consejo de Ministros. En ese texto hay una frase que analizaremos más tarde.

El sábado 4 de diciembre por la mañana, dado que los controladores no regresan a sus puestos de trabajo, el Gobierno decreta el ‘estado de alarma’ previsto en el artículo 116 de la Constitución de 1978. Ese artículo estipulaba que los estados de alarma, sitio y excepción tendrían que ser regulados por una Ley Orgánica, y así ocurrió tres años más tarde. La Ley Orgánica 4/1981 [redactada sólo unos meses después del golpe de Estado de Tejero] preveía que el ‘estado de alarma’ fuera decretado “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”. En el artículo 4 de esa ley encontramos cuáles son las circunstancias extraordinarias, y entre ellas, la “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad”. Pero quizá el aspecto esencial para comprender el asunto de los controladores lo encontremos en el artículo 9.1.

Por la declaración del Estado de Alarma todas las autoridades civiles [...] y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.


Torre de control (AP)

Torre de control (AP)

Aquí está el meollo de la cuestión. El ‘estado de alarma’ pone a los funcionarios civiles a las órdenes directas de “la autoridad competente” [en este caso, el Gobierno central]. ¿Y quién ejercerá esa autoridad en su nombre? Basta con leer el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, en el que ese ‘estado de alarma’ se ha decretado por primera vez. En su artículo 3, el decreto estipula que “los controladores pasan a tener la consideración de personal militar”, y en su artículo 6, que la autoridad delegada del Gobierno será el Jefe del Estado Mayor del Aire. Sin embargo, la Ley Orgánica de 1981 que examinábamos más arriba, y que regula el ‘estado de alarma’, no prevé que el Ejército asuma ese papel. ¿Dónde encontramos esa posibilidad? En la modificación legislativa aprobada por el Consejo de Ministros en la mañana anterior.

Hasta aquí los documentos para la reflexión. Ahora, dos preguntas. Antes habíamos dejado pendiente el análisis de una frase del Real Decreto de militarización. Esa frase dice así: “El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire [...] activará los recursos de control de tráfico aéreo del Ministerio de Defensa y exigirá la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores civiles ausentes”. ¿Una movilización obligatoria con el ‘estado de alarma’ aún sin decretar? Y la segunda pregunta. ¿Alguien se ha fijado en que, según el artículo 116.5 de la Constituciónno pueden disolverse las cámaras mientras continúe en vigor el ‘estado de alarma’?


El eurodiputado socialista, durante su entrevista con 'Periodismo Humano' (DAVID MARTOS)

El eurodiputado socialista, durante su entrevista con 'Periodismo Humano' (DAVID MARTOS)


Charlar sobre comunicación política con Enrique Guerrero [Valencia, 1948] es como hablar de fútbol con Guardiola: se le nota el oficio que aporta haber llegado hasta la cumbre desde la base de la pirámide. Es doctor en Ciencias Políticas, estudió en el prestigioso MIT de Massachussets, y ha ocupado puestos de diversa responsabilidad en la administración -pasando por una secretaría general, una jefatura de Gabinete o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Entre 1993 y 1996, vivió junto a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Palacio de la Moncloa el ocaso del gobierno de Felipe González; entre 2004 y 2008 participó, como director adjunto del Gabinete de la Presidencia, la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El hoy eurodiputado socialista, antes de la primera pregunta, se queja de no contar con una voz potente para responder.

  • Pero… ¿qué es más importante? ¿Lo que se dice o cómo se dice?

Lo importante en el fondo es lo que se dice. Si uno no tiene algo que decir, es difícil que transmita a los demás. Pero cada vez es más importante cómo se dice, transmitir los mensajes con cercanía a la gente, porque la gente lo que anda buscando es que le interpreten aquellas cosas que no entiende de la vida, y en la medida en que se acerque uno a la vida real y lo haga de una manera simple y sencilla, es más fácil que a uno le escuchen. Hay un debate sobre quién comunica mejor, si la derecha o la izquierda, y hay una cierta tendencia a creer que la izquierda funciona con eslóganes, mientras que la derecha va directamente a los sentimientos, a veces a los malos sentimientos, a los miedos, y en ese sentido conecta mejor con ellos. Mientras, nosotros tendemos hacia un discurso un poquito más explicativo, elaborado, difícil.”

En suma, Guerrero reconoce que la izquierda puede aprender de la derecha a la hora de buscar la conexión con la gente, pero que debe permanecer en el terreno de la explicación, del análisis. Enseguida salta al primer plano de la conversación el papel de los medios de comunicación, y cómo los políticos han aprendido a emitir sus mensajes para que los periodistas no tengamos que digerirlos.

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El eurodiputado concluye que los medios buscan titulares “confrontativos” en vez de reflexiones sobre Educación o Sanidad. Pero hasta ahora hemos hablado de medios tradicionales; llegamos a los nuevos medios.

  • ¿Cómo es la relación de los políticos con los medios digitales?

“Se está produciendo una ampliación de la capacidad de comunicación política. Por ejemplo, a través del correo electrónico, que no es exactamente como las redes sociales, pero en fin, que es una manera de comunicación. En la última semana yo puedo haber recibido en mi correo del Parlamento Europeo, sin exagerar, 1.500 correos sobre el tema del Sáhara. Eso permite al responsable político pulsar hasta qué punto y en qué segmentos sociales hay una preocupación, un interés por un problema determinado. Y al mismo tiempo, al ciudadano le permite hacer llegar su interés en que se aborde el tema allí donde se ejerce la representación.”

Y sin embargo, Enrique Guerrero quiere dejar claro que existe una marcada brecha generacional entre los ciudadanos a la hora de utilizar las nuevas tecnologías para la comunicación directa con los políticos… o sobre política.

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Pulsión de cambio que, según él, suele coincidir con el final de una hegemonía política -como ocurrió en 2004 en España o en 2008 en Estados Unidos. Dice Guerrero que es muy difícil que eso ocurra en un país como el nuestro, con un sistema electoral que no favorece las mayorías absolutas -hegemonías-, pero que si se producen… hay una parte del espectro que sale claramente beneficiada.

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  • ¿Nos falta ensayar gobiernos de coalición para ser una democracia madura?

“Pues yo diría que sería una buena cosa que eso sucediera. Nosotros nunca hemos tenido un gobierno de coalición a nivel nacional, y sin embargo ha habido y hay gobiernos de coalición a nivel autonómico y en ayuntamientos. La razón fundamental es que el nivel de confrontación política que hay en España hace sumamente costoso en términos políticos, para el partido que tiene que apoyar al mayoritario, formar un gobierno de coalición. Es decir, aquí normalmente eso se hubiera hecho con partidos nacionalistas, que consideran, y con buenas razones, que con apoyos presupuestarios o apoyos parlamentarios pueden conseguir lo mismo sin exponerse al deterioro que supone formar parte del Gobierno. Los ciudadanos españoles están todavía habituados a ubicar toda la responsabilidad política en el Gobierno y en el cabeza de Gobierno. Pero, contestando a tu pregunta, creo que sería bueno que hubiera gobiernos de coalición porque convertiría e normal el diálogo político.”

  • Hablemos del círculo presidencial. ¿Existe el ‘Ala Oeste’ de La Moncloa?


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Uno de los ‘mantras políticos’ de un tiempo a esta parte es que el Gobierno tenía un problema de comunicación que Zapatero ha querido resolver con el último cambio de ministerios. Por eso preguntamos a Enrique Guerrero qué significa “comunicar bien” y cuáles son las implicaciones morales de la política comunicativa del Ejecutivo.

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  • ¿Cómo ha cambiado la comunicación desde su primera etapa en Moncloa?

“Ha cambiado mucho en muchas cosas, ¿no? Digamos que la primera generación socialista, con Felipe González a la cabeza, comunicativamente estaba todavía en la política clásica, en la argumentación, se preocupaba menos por el formato de lo que trataba de transmitir que por el contenido. Felipe González forma parte de ese fenómeno de la comunicación que consiste en que alguien te atiende y cree entenderte… aunque realmente, si luego le preguntas qué ha dicho el que comunicaba, no es fácil que te lo repita. La comunicación ahora es muy distinta porque tiene otros formatos. Una queja actual de los periodistas es que los políticos, cada vez más, no comunican sino que ‘entregan comunicación’. Es decir, formatean por sí mismos el mensaje que quieren que llegue a los ciudadanos y utiizan a los medios de comunicación en el primer sentido del concepto: no como comunicación, sino como medio. Y cada vez hay menos ruedas de prensa, cada vez hay menos debates propiamente dichos, cada vez hay menos pluralidad en quienes se acercan a los protagonistas políticos, etc.”

Guerrero vuelve a poner la pelota en el tejado de los medios para asegurar que también ellos son cada vez menos plurales, aunque más sofisticados en sus formas de comunicación. Por eso es interesante saber cómo se acercan los políticos a ese ecosistema tan complejo. Según el socialista, con “pragmatismo, masoquismo y cinismo”.

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Con la recta final de la entrevista, llegan las preguntas sobre la práctica diaria de la comunicación política. Asegura Guerrero que, los viernes por la mañana, y leyendo las portadas de los medios, el ministro portavoz “ya sabe qué le van a preguntar en la rueda posterior al Consejo de Ministros”. ¿Significa eso que dar una rueda de prensa sea sinónimo de convertirse en un frontón donde rebotan las preguntas de los periodistas?

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Regresamos al núcleo duro que rodea al presidente, y a esa eterna cuestión que se plantea sobre sus asesores. ¿Le dicen lo que quiere oír? ¿Son críticos con sus decisiones y le trasladan la opinión de la calle. En definitiva… ¿está solo un presidente del Gobierno en su tarea? Antes de contestar, Enrique Guerrero puntualiza que no se refiere a ningún presidente en particular.

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  • La última pregunta. ¿Puede sólo un cambio en la forma de comunicación remontar una situación preelectoral ciertamente adversa para el Partido Socialista?

“No. La comunicación por sí misma no cambia la realidad, pero sí la idea de que el Gobierno, a través de la comunicación, está dispuesto a enfrentarse seriamente con la realidad, a combatir esa idea predeterminada de que las elecciones de 2012 están ya decididas, y a tratar de movilizar al electorado socialista. En ese sentido, mientras que inicialmente mi respuesta ha sido ‘la comunicación, por sí sola, no cambia esto’… ‘la comunicación es necesaria e imprescindible para que se pongan en marcha los cambios que pueden cambiar esto’.”

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La entrevista con Enrique Guerrero es sólo la primera de una serie de conversaciones sobre comunicación política, con responsables de distintos partidos, que iremos publicando en Tras la Política durante las próximas semanas.


Al fondo, Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo marroquí (AP / Daniel Ochoa de Olza)

Al fondo, Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo marroquí (AP / Daniel Ochoa de Olza)


Era también noviembre. Corría el año 1975.

Jaime de Piniés estaba trabajando en su oficina [...] cuando sonó el teléfono. Eran las nueve de la noche del 11 de noviembre y hacía ya tiempo que el personal de la Embajada se había marchado. [...] El embajador descolgó. Al otro lado del hilo, Kurt Waldheim le pidió que fuera a verle. De Piniés subió a su coche y 15 minutos más tarde llegó al despacho del secretario general, en el piso 38 del edificio de Naciones Unidas. Waldheim fue directo al grano:

- Puesto que ya no resistís la presión y queréis marcharos del Sáhara, yo me haré cargo del territorio y lo llevaré a la autodeterminación. Sólo necesito que me dejéis provisionalmente un contingente militar de 10.000 legionarios a los que colocaríamos bajo bandera de la ONU.

Al español le pareció una idea magnífica. El secretario general le advirtió:

- Debemos evitar que el plan llegue a oídos del Gobierno marroquí, porque lo boicotearía, como ha hecho con otros anteriores.

El día 13, Waldheim entregó al embajador un documento, escrito en francés, en el que se detallaba su estrategia. Decía que España anunciaría su retirada del Sáhara en una fecha por determinar. La ONU asumiría entonces la administración del territorio por un período de seis meses. [...] Ese mismo día, De Piniés transmitió el documento al Ministerio de Asuntos Exteriores con carácter urgente. Pero el Gobierno no le prestó atención.”

Tomás Bárbulo. La historia prohibida del Sáhara Español

Muchos noviembres después, la descolonización del Sáhara sigue protagonizando las llamadas telefónicas entre los altos cargos del Gobierno español. El violento desalojo de un campamento a las afueras de El Aaiún por parte de Marruecos ha vuelto a poner en evidencia la responsabilidad histórica de España con el pueblo saharaui. Y si a esto le sumamos el fallecimiento de un ciudadano español y la expulsión de los medios de comunicación, puede acabar formándose ‘la tormenta perfecta’. Esta semana leíamos que en el Partido Socialista hay inquietud por el descrédito que le puede acarrear una posición tibia con respecto al Sáhara, y mucho más tras el comienzo de una remontada preelectoral que se había iniciado con el último cambio de Gobierno. Se impone una fotografía, una instantánea de los actores políticos españoles implicados en esta crisis.

    • Trinidad Jiménez. Sólo hace tres semanas que Jiménez fue nombrada ministra de Asuntos Exteriores, pero… ¿alguien recuerda ya su buena gestión como ministra de Sanidad? La política ha heredado el traje de Moratinos en un momento muy complicado, de equilibrios diplomáticos finísimos, y ya ha comenzado a recibir un trato de la oposición completamente diferente al que recibía.
  • Este mes de noviembre, con el Sáhara presente en los titulares, escuchamos hablar de los medios de comunicación, de que el Gobierno está “secuestrado moralmente por Marruecos” y de conservar la amistad del país vecino en pos de una buena relación estratégica. Pero de los saharauis nadie se ocupa. Ni el partido que desatendió sus peticiones durante ocho años de Gobierno… ni el presidente que prometió avances en su situación en los seis primeros meses de mandato. ¿Habrá en 2010 algún Jaime de Piniés, trabajando en algún despacho, esperando a que suene su teléfono?


    No hace ni siquiera dos meses. El 17 de septiembre, una noticia política de primera magnitud pasó fugazmente por las portadas de los medios de comunicación: el Gobierno había destituido a Belén Barreiro, la directora de la principal institución demoscópica del país, cuando quedaba sólo un año y medio para el final de la legislatura. Y cuando el Partido Popular sacaba su mayor ventaja en voto decidido al Partido Socialista en el barómetro electoral que elabora todos los meses el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy, ni siquiera dos meses después, la vicepresidenta que decretó el cese ya no forma parte del Ejecutivo, y Barreiro analiza en la prensa los barómetros electorales que publica el centro para el que trabajó.

    Su última reflexión es particularmente interesante. En un artículo corto y bien argumentado, la ex directora del CIS -que ahora dirige el Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas- asegura que, a luz del Barómetro de Octubre, que otorga una amplia ventaja electoral a Mariano Rajoy sobre Jose Luis Rodríguez Zapatero, es muy difícil asegurar que será el PP quien gane las Elecciones Generales de 2012. Y ofrece tres argumentos: que Rajoy no supera en valoración a Zapatero, que los socialistas son percibidos como mejores gestores en la mayor parte de las áreas políticas y que el electorado considera que el Partido Popular se está alejando del centro para ‘derechizarse’. Por estos motivos, Belén Barreiro nos invita a desconfiar de la primera encuesta preelectoral elaborada sin su supervisión. Y no parece un capricho.

    La serie histórica del CIS, examinada en perspectiva, no deja lugar a dudas. Los barómetros han venido ofreciendo una información bastante acertada sobre la tendencia electoral de los españoles, pero ni mucho menos han acertado en los porcentajes. De hecho, tras la celebración de los comicios, puede apreciarse cómo las diferencias se ajustan, resituando en el mapa a los partidos que se han comportado de una manera ‘inesperada’ en las urnas. Como las referencias a las elecciones del año 2004 suelen ser polémicas, nos quedamos con las de 2008. El Barómetro de Enero otorgaba al PSOE una ventaja electoral de 1,5 puntos; tras los comicios, que Zapatero ganó por 3 puntos, la brecha se amplía hasta los 6 puntos… a favor de los socialistas, que cosecharon una victoria mayor que la esperada.

    Pero lo mismo ocurrió en 1996 o en 2000. ¿Nos podemos fiar entonces del CIS? Y lo que es más importante. ¿Nos podemos fiar de las encuestas privadas que los periódicos imprimen a cinco columnas? El pasado mes de mayo, tras el recorte del día 12, El Mundo vaticinaba que Rajoy ganaría unas hipotéticas Elecciones Generales con una mayoría absoluta más amplia que la de Aznar; hace unos días, La Vanguardia jugaba con el mismo elemento para asegurar que el PP ‘rozaba’ esa mayoría absoluta, y la última edición del Pulsómetro de la Cadena SER, la de la primera semana de noviembre, reflejaba cierto cambio de tendencia en la opinión pública que ‘resucitaba’ al Gobierno. Mención aparte merece la errata de La Razón, que asegura que el PSOE ha perdido ’34 millones de votos’. Son encuestas que intentan fotografiar momentos, que intentan captar qué piensan los españoles.

    Los barómetros del CIS siempre acaban siendo objeto de controversia política. Si favorecen a la oposición, esta los airea como pruebas de su éxito, mientras que el Gobierno musita aquello de que ‘la verdadera encuesta es la que se responde en las urnas’; por el contrario, si los porcentajes favorecen al partido en el poder, la oposición apelará a la llamada ‘cocina del CIS’, que responde al efecto estadístico que diferencia la intención directa de voto decidido… de la estimación de voto en unas Elecciones Generales. Quizá todo este soufflé se rebajase con la modificación de un Real Decreto: el 1214/1997, que a su vez modifica al 1526/1990. Son los textos que establecen que el director del CIS sea elegido por el Consejo de Ministros y no por una mayoría reforzada del Parlamento. Quizá convenga ayudar, por la vía legislativa, a que nuestras instituciones gocen de más prestigio.


    Alfredo Pérez Rubalcaba entra en la cúpula del Gobierno (AP / Daniel Ochoa de Olza)

    Alfredo Pérez Rubalcaba entra en la cúpula del Gobierno (AP / Daniel Ochoa de Olza)



    Déjenme que les hable de una coincidencia…

    Un día de abril del año 2000, hace ya más de una década, Mariano Rajoy entró de lleno en la carrera por la sucesión de José María Aznar. Tras la victoria del PP por mayoría absoluta, el presidente reorganizó su gabinete para otorgar a Rajoy el máximo protagonismo político, el trampolín hacia la sucesión. Quien había sido ministro de Administraciones Públicas y Educación se iba a convertir en Vicepresidente Primero, en la mano derecha del inquilino de La Moncloa. En los años siguientes, Rajoy acabaría pasando por Interior, asumiría el Ministerio de la Presidencia… e incluso la portavocía, con alguna intervención memorable.

    Poco después de las ocho de esta mañana, la Cadena SER ha desvelado que Zapatero iba a realizar este miércoles una remodelación profunda de su Gobierno. Y antes de conocer más nombres, ha saltado el cambio estrella: Alfredo Pérez Rubalcaba será Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro Portavoz. ¿Les suena el esquema? Un hombre que conoce al dedillo la administración, que ha sido ministro de Educación y ministro del Interior. El líder socialista sitúa en lo más alto del escalafón al ministro mejor valorado, justo cuando el Gobierno necesitaba una mejor imagen para llegar a 2012.

    Dos hombres, Rajoy y Rubalcaba, con muchas coincidencias en su vida política, que acaban ocupando el mismo puesto con una década de diferencia. Rajoy sucedió a José María Aznar al frente del Partido Popular… y atraviesa ya su segunda legislatura en la oposición. Rubalcaba suena, y suena, y suena… como sucesor de Zapatero.



    Déjenme que les hable de una ministra…

    Elena Salgado es la única ministra que se mantiene en el Gobierno de Zapatero desde abril de 2004. Hoy ha sobrevivido a la remodelación gubernamental más amplia desde ese día, y justo en la jornada en que se aprueba el endurecimiento de un proyecto que ella alumbró en Sanidad: la Ley Antitabaco. El presidente ha eliminado Vivienda, ha eliminado Igualdad, se deshace de María Teresa Fernández de la Vega… pero por ese mismo precio no ha tocado Economía. Se refuerza así el mensaje anticrisis, pero se refuerza también a Salgado.



    Déjenme que les hable de una ex ministra…

    María Teresa Fernández de la Vega sale del Gobierno tras figurar como una de las ministras mejor valoradas de los últimos siete años. Sin embargo, la coordinación interna del Ejecutivo ha dejado mucho que desear, sus compromisos con la Función Pública han quedado en nada tras la crisis, y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica no acaba de despegar. Sus funciones al frente de la Portavocía del Gobierno tampoco eran ya lo que fueron. ¿Cuál será el futuro de la primera mujer que presidió un Consejo de Ministros?



    Déjenme que les hable de un miedo…

    Decíamos hace unos días que las organizaciones ecologistas echaban de menos la etapa de Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Unas ganas y unas políticas que quedaron enterradas bajo la discreción de Elena Espinosa. La llegada de Rosa Aguilar al Gobierno central, tras un triple salto mortal desde la alcaldía de Córdoba y pasando por la Junta de Andalucía, vuelve a poner al ministerio en primera línea comunicativa de combate. ¿Qué ha pesado más para esta decisión: la nostalgia o el temor a la aparición de una opción electoral ecologista?



    Déjenme que les hable del futuro…

    Todo lo anterior se refiere a la estrategia electoral del Partido Socialista y de Zapatero de cara a 2012. ¿Habrá llegado finalmente el momento de pensar en los ciudadanos y en su salida de la crisis, con más derechos y con menos precariedad?


    El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)

    El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)



    El debate es eterno y quizá no tenga solución, pero intentemos aportar datos a lo que suele quedarse en una mera discusión pasional: ¿Por qué es el 12 de octubre nuestra “Fiesta Nacional”? Conocemos bien que cada otoño comienza con un desfile militar por el centro de Madrid, que los últimos años nos han dejado abucheos para el presidente del Gobierno, pero no sabemos con exactitud quién decidió que “la Hispanidad” se celebre el mismo día en que se venera a la Virgen del Pilar.

    Para encontrar un referente claro tenemos que retroceder 118 años en el tiempo: hasta el 12 de octubre de 1892. Ese año, el Gobierno español presidido por Antonio Cánovas del Castillo conmemoraba el IV Centenario del Descubrimiento de América. La reina regente, María Cristina de Habsburgo, visitó junto a Cánovas el monasterio onubense de La Rábida, y allí firmó un Real Decreto en el que se declaraba dispuesta a remitir a las Cortes… la propuesta de que el 12 de octubre fuese la Fiesta Nacional de España.

    La vinculación de la fiesta con Cristóbal Colón y la relación de España con el continente americano estaban presentes en ese decreto, que efectivamente llegó al parlamento y quedó aprobado como ley el 15 de junio de 1918, con Antonio Maura como presidente. Ese texto legislativo introduce una denominación que sembrará la polémica muchos años después: las Cortes deciden que el 12-O se llame “Fiesta de la Raza“. Una vez acabada la Guerra Civil, en los años 40, la fiesta tendría que convivir en el calendario con el 18 de julio, el “Día del Alzamiento Nacional”.

    El 8 de febrero de 1958, la dictadura franquista culmina la vinculación entre el 12 de octubre y el Día de la Hispanidad. El Decreto del Gobierno, firmado por Francisco Franco y por Luis Carrero Blanco, recoge toda la lesgislación anterior y establece la Fiesta Nacional como conmemoración “permanente”. De este modo, el 12-O y el 18-J conviven a un mismo nivel hasta 1977; hasta que, tras las primeras Elecciones Generales democráticas, el 11 de julio, el Gobierno de Adolfo Suárez elimina de un Real Decreto previo la alusión al “18 de julio”. Sin embargo, ese año permanecería como día inhábil.

    Y sin embargo, la regulación constitucional del 12 de octubre no llegaría hasta 1987, un lustro después de la llegada del PSOE al Palacio de la Moncloa. La ley 18/1987, de 7 de octubre, comienza enmarcando nuestra fiesta en la normalidad democrática mundial, y añade que “sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más importantes para la convivencia política, el acerbo cultural y la afirmación misma de la identidad estatal”.

    Es decir, que dirigentes políticos tan diferentes como Cánovas del Castillo, Maura, Franco, Suárez o González han contribuido a dar forma, políticamente, a la Fiesta Nacional tal y como la conocemos. ¿De dónde sale el carácter de la celebración que conocemos en 2010? Quizá del secuestro de los símbolos nacionales por parte de un sector muy conservador de la sociedad, animado por ciertos medios de comunicación. Más allá del respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos, jugar con banderas e himnos puede no resultar conveniente en un país con una historia como la nuestra.


    Hace una semana de la huelga general, y las primarias del Partido Socialista de Madrid no han contribuido a apaciguar esa sensación general… de que Zapatero se está suicidando políticamente. Las últimas encuestas dicen que Mariano Rajoy ganaría en las urnas por más de 14 puntos. Los dirigentes del PSOE repiten, por activa y por pasiva, que no cabe otra opción para 2012 que una candidatura encabezada por el presidente, que no conciben una alternativa a Rodríguez Zapatero, pero analizar el panorama político es gratis, y por eso nos preguntamos… ¿quién podría figurar en el cartel socialista si saltara la sorpresa?

    Como vamos a realizar un ejercicio de pura especulación, dejaremos de lado a los candidatos clásicos que aparecen en la prensa. Analizando por analizar, hemos reunido un puñado de nombres que serían aceptables para el partido, que podrían ser bien vistos por la ciudadanía… y que incluso tendrían posibilidades de derrotar al Partido Popular.


  • BERNARDINO LEÓN
  • El Secretario General de la Presidencia del Gobierno, ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, se ha convertido en la mano derecha de Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Moncloa. Tiene fama de discreto, eficiente, mantiene contactos con la élite del poder económico internacional, y las crónicas aseguran que es el muñidor de la estrategia a gran escala del Gobierno. En su contra, un perfil poco reconocible por el gran público.


  • CRISTINA NARBONA
  • Desde París, asegura seguir la actualidad española con detalle. La Embajadora de España ante la OCDE es recordada con añoranza por las asociaciones ecologistas, que consideran que su gestión al frente del Ministerio de Medio Ambiente deja a su sucesora, Elena Espinosa, bastante mal parada. Narbona es conocida por la militancia y apreciada en el seno del PSM a pesar de su apoyo a Trinidad Jiménez. Quienes vieron perjudicados sus intereses, sobre todo en la costa, entre 2004 y 2008… no parecen opinar lo mismo.


  • DAVID VEGARA
  • Dejó la política hace un año y medio “por razones personales”, pero recientemente ha vuelto a sonar su nombre para ocupar responsabilidades públicas. Vegara fue el número dos de Pedro Solbes entre 2004 y 2009, y tardó sólo unas semanas en seguir los pasos de su jefe cuando fue relevado por Elena Salgado. El ex Secretario de Estado de Economía, militante del PSC, desempeñó el cargo dejando pocos enemigos por el camino, y salió a tiempo del Gobierno… para no verse atropellado por lo más crudo de la crisis.


  • GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
  • Entre los llamados ‘barones’ encontramos a un extremeño, médico, amante de las nuevas tecnologías, que prometió visitar todos los pueblos de su comunidad durante la legislatura que acaba en 2011. Es el último presidente autonómico que ha puesto en entredicho, siquiera ligeramente, la continuidad de Zapatero en La Moncloa, y comparte con su antecesor en el cargo una visión de España alejada del federalismo catalán.




    Son cuatro nombres prestigiosos del Partido Socialista. Si buscásemos, encontraríamos en el Partido Popular a personas como Alberto Núñez Feijoo, Rodrigo Rato, Alberto Ruiz-Gallardón o Ana Pastor. Y si todos coincidimos en que cualquiera de estos nombres serían una mejor oferta para los ciudadanos que Zapatero o Rajoy… ¿por qué se resignan los partidos a que sus líderes generen apatía?


    ¿En qué se transforman los Presupuestos Generales del Estado? (AP / Daniel Ochoa de Olza)

    ¿En qué se transforman los Presupuestos Generales del Estado? (AP / Daniel Ochoa de Olza)



    Este viernes 1 de octubre, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publica el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Tras los pactos políticos que las han hecho posibles, las cuentas más austeras de los últimos tiempos han comenzado su tramitación parlamentaria. Hoy todo queda recogido en un higiénico e impersonal “pen-drive”, pero todos recordamos aquellas fotografías míticas de los ministros de Economía rodeados por decenas de gruesos tomos, con miles de páginas, que imaginábamos llenas de números ininteligibles.

    No lo son. Detrás de esos complejísimos cálculos está la realidad. Como los presupuestos de este año tienen todavía que ser debatidos, enmedados y contraenmendados en las cámaras, hemos optado por echar un vistazo a los que fueron elaborados para 2010. Y nos hemos propuesto desentrañar esas cifras y averiguar qué hay detrás de las partidas. Qué beneficios reales obtienen de la ley más importante del año los ciudadanos de a pie. Escogemos una página al azar del BOE que publicó la ley, el 24 de diciembre de 2009. Por ejemplo… la número 108.962. Allí encontramos la disposición adicional vigésima séptima, en la que “se declaran de interés general [ciertas] obras de mejora de infraestructuras rurales”. ‘Apasionante’ -dirá el lector. Pues sí: es la base del proyecto de economía sostenible promovido por el Gobierno.

    Nuestro camino para saber qué se financia con los Presupuestos Generales del Estado comienza en plena provincia de Soria, en el municipio de Bayubas de Abajo. ¿Por qué? Porque bajo esa “disposición adicional vigésima séptima”, en la página 108.962 del BOE del pasado 24 de diciembre de 2009, el día en que se publicaron los presupuestos, se declara de interés general la “adecuación de un camino natural” en… Bayubas de Abajo. Allí establecemos contacto con Ana Isabel Blázquez, la joven alcaldesa de un municipio de unos 200 habitantes, en el que la rehabilitación de un camino de tres kilómetros ha resultado esencial.


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    La cosa cambia si visitamos otro municipio, esta vez al borde del mar. Es el pueblo asturiano de Tapia de Casariego. Su alcalde, el popular Gervasio Acevedo, ha asegurado a Periodismo Humano que las obras de acceso a Tapia desde Galicia, que la página 108.962 también considera “de interés general”… están paralizadas.


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    Otro político del Partido Popular, Longinos Domínguez, es el alcalde del pequeño pueblo de Vezdemarbán, en Zamora. Allí el ayuntamiento solicitó la mejora del camino que les une con otros dos pueblos, Malva y Abezames. Un técnico llegó para evaluar el terreno… y de aquello… nunca más se supo.


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    De nuevo hacia el norte, en la provincia de León, nos encontramos con Cacabelos, que aparece consignado bajo el mismo epígrafe de los Presupuestos Generales del Estado. Hablamos del municipio más pequeño de España con una red wi-fi gratuita. En este caso, lo que se declara de “interés general” es un recinto ferial que ha dado empleo a más de una veintena de personas. Gonzalo López, el concejal de Urbanismo, que ha hablado también con Periodismo Humano, no sólo asegura haber recibido la inversión del Estado… sino que la defiende a capa y espada.


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    Y resulta que el pueblo de al lado, en pleno Bierzo leonés, también ha podido materializar un proyecto gracias a la dichosa página del BOE. Se llama Camponaraya, su alcalde es el también senador socialista Antonio Canedo, y asegura que, a pesar de que su ayuntamiento ha sido afortunado… las zonas rurales tienen muy complicado transformarse para acercarse a eso de la “economía sostenible”.


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    Y después de estas conversaciones, y después de escuchar en qué se transforman los Presupuestos Generales del Estado, y de saber que crean empleo cuando se transforman en dinero, y que pueden llegar a ahogar a un municipio si se quedan en papel mojado… ¿Alguien puede asegurar que no cree en la Política? La pregunta sobre los políticos… la dejamos para mejor ocasión.


    Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, en el Palacio de la Moncloa (AP / Paul White)

    Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, en el Palacio de la Moncloa (AP / Paul White)



    Suicidio. Suicidarse es “quitarse voluntariamente la vida”, y si le añadimos un poco de sentido figurado, suicidarse políticamente podría ser “marchar resueltamente, sin que nadie te ayude, hacia el abismo de la oposición“. Suicidarse. Ignacio Fernández Toxo ha utilizado ese verbo y no lo ha hecho por casualidad. Durante un acto previo a la huelga general, en la Universidad Complutense de Madrid, el Secretario General de Comisiones Obreras se dirigía así a los alumnos…


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    Toxo lanza dos mensajes a los universitarios: el primero, que los paros del 29-S no persiguen un cambio de Gobierno; el segundo, que la izquierda [y podemos entender como "izquierda" a la izquierda sindical y social] no tiene por qué acompañar a Zapatero en su deriva derechista para hacer frente a la crisis. En principio podrían parecer mensajes contradictorios, pero no lo son. Resumiéndolos en una sola oración, podría ser algo así: “Queremos que siga habiendo un gobierno de izquierdas, pero un gobierno distinto“. Y ese deseo apunta directamente a la figura del presidente. Primera pregunta para el 30-S: ¿qué quiere decir ese mensaje a Zapatero desde los sindicatos?

    Como ha ocurrido con las primarias de Madrid, la huelga general puede pasar de ser un asunto menor, inofensivo, a convertirse en un verdadero problema político para Zapatero. El presidente acaba de conseguir la estabilidad parlamentaria suficiente para intentar agotar la legislatura, pero durante el año y medio que falta para las elecciones… le hace falta también la estabilidad social. Muchos medios de comunicación y analistas dan por descontado que el 29-S será una protesta aislada, el “mal menor necesario” para los sindicatos, pero… aquí surge la segunda pregunta para el 30-S: ¿y si la huelga es sólo el comienzo de una oleada de protestas contra el Gobierno socialista?

    Los sindicatos se juegan su credibilidad como agentes sociales este miércoles, su fuerza como interlocutores. Tenga éxito o no la huelga del 29-S, una afluencia aceptable de manifestantes en su convocatoria puede convertirla en el preludio de otras protestas. Tanto la UGT de Cándido Méndez como las Comisiones Obreras de Toxo han sido objeto en los últimos meses de afiladas críticas: primero, por no haber convocado la huelga antes; después, por anunciarla un trimestre antes de celebrarla. Ahora el presidente les ofrece pactar los flecos de la reforma laboral sin modificar su espíritu. Los líderes sindicales, que se han sentado muchas veces en los sillones grises de La Moncloa, junto a Zapatero, nos conducen a la tercera pregunta para el 30-S: ¿será posible recomponer esa fotografía en un futuro próximo?

    Suicidio. Decía Toxo que, con sus reformas, el presidente del Gobierno se suicida políticamente. Qué curiosa paradoja. El ex ministro de Economía Carlos Solchaga, que ocupaba esa cartera durante la gran huelga general de 1988, ha escogido exactamente la misma palabra.


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    Suicidio, según unos, si rectifica; suicidio, según otros, si no lo hace. La figura del presidente del Gobierno está en entredicho pase lo que pase. Hemos formulado tres preguntas. Las respuestas son difíciles de pronosticar, pero las elucubraciones nos llevan al mismo punto: al Palacio de la Moncloa y a su inquilino desde el año 2004. Porque lo que esta huelga parece poner de manifiesto es que, tanto los que quieren que el PSOE continúe gobernando… como los que quieren que llegue el PP al poder… encuentran un mismo obstáculo en su objetivo: se llama Zapatero.


    Si vive usted en Marbella, en Denia, en León, en Melilla, en Silleda, en Ceuta o en Benidorm, sabe mejor que nadie lo que signica la palabra “tránsfuga”. Dice el diccionario que se trata de “una persona que, con un cargo público, no lo abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato”. En todos los municipios mencionados, por una razón o por otra, con políticos de un partido o de otro, la alcaldía ha cambiado de manos en los últimos años por voluntad de uno o más tránsfugas. Lo primero que deberíamos decir es que ser tránsfuga en España no es un delito, y lo segundo que deberíamos decir es que se trata, posiblemente, del peor calificativo aplicado a un cargo político por parte de otro. Retrocedemos un año.


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    En septiembre de 2009, cuando Zapatero mostraba un compromiso tan firme con el Pacto Antitransfuguismo, estaba en juego la alcaldía en el municipio alicantino de Benidorm. Un grupo de concejales socialistas decidieron apoyarse en un tránsfuga para cambiar a un alcalde del PP por Agustín Navarro, edil del PSOE: entre esos concejales estaba Maite Iraola, la madre de la Secretaria de Organización socialista Leire Pajín. Para no poner en aprietos a Ferraz, y principalmente por este parentesco incómodo, todos abandonaron la militancia, y el pasado mes de julio fueron declarados oficialmente como “tránsfugas” por la Comisión de Seguimiento del pacto que preside el ministro de Política Territorial.

    Ha pasado un año, y la agrupación socialista de Benidorm, a la que ya no pertenecen aquellos concejales “oficialmente tránsfugas”, ha decidido que su candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2011… sea el actual regidor, Agustín Navarro. No es miembro del partido y fue el protagonista de aquel septiembre de 2009. El Secretario General del PSPV ha avalado la decisión del partido en Alicante, y dicen las crónicas periodísticas que la preocupación en Ferraz es máxima, porque se rompe el discurso de limpieza que entonaba Zapatero hace 12 meses. El Partido Popular, que cuenta también en su haber con varios casos de transfuguismo [por ejemplo el que llevó a Eduardo Zaplana a la mismísima alcaldía de Benidorm], intenta aprovechar el revuelo político del caso.

    El Pacto Antitransfuguismo, firmado por los principales partidos políticos, se ha negociado en tres tandas: comenzaron en 1998 y culminaron en 2006. Es un texto de 11 folios que contiene puntos muy interesantes. Quizá el principal de todos sea el número 7, que en su apartado c asegura que los firmantes se comprometen a “no presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales declarados tránsfugas”. Pero el aislamiento de estos ediles no queda ahí: el pacto pretende que no se apoye “ninguna iniciativa que provenga de los mismos”, se ocupa de que no entren en los gobiernos locales, califica el cambio de partido de “fenómeno de deslealtad política”, y en otro apartado dice que posee una naturaleza políticamente “patológica”. Vamos, que no deja ni un resquicio para la duda: los grandes partidos, como buenos bomberos, no quieren pisarse la manguera.

    En el imaginario político español, donde la corrupción campa a sus anchas sin -al parecer- castigo ciudadano en las urnas, el hecho de que un partido cambie de partido a mitad de legislatura para favorecer al de enfrente… está muy mal visto. Enseguida se piensa que le asisten razones ajenas a lo público, que cobrará por cambiar el sentido de su voto, o incluso que lo premiarán con un cargo político mejor que el que tenía [como las concejalías de Hacienda o Urbanismo]. Pero aquí lanzo las preguntas ingenuas de la semana: ¿Qué ocurriría si un político honrado pierde la confianza en su partido y decide, legítimamente, cambiar de filas a otro cercano en ideología? ¿Debe perder ese hipotético político honrado la posibilidad de ver apoyada una iniciativa suya? ¿Debe renunciar al gobierno del municipio? Pensemos con cuidado, no sea que descubramos que el Pacto Antitransfuguismo es un remedio contra las malas prácticas… que impide que las buenas lleguen nunca a producirse.