Tras la política

María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular (Fuente: www.pp.es)



El programa electoral del Partido Socialista para las Elecciones Generales del año 2004 llevaba, en su página 59, un compromiso en materia de reformas estatutarias. Atención a la parte en la que se alude al consenso.


El PSOE posibilitará las reformas estatutarias que se planteen de acuerdo con la Constitución y respaldadas por un alto grado de consenso democrático. Pero también cree que ha llegado el momento de que, desde el Estado, se aborden algunas modificaciones del Estado Autonómico que contribuyan a superar las ineficiencias, distorsiones y desigualdades que el transcurso de los años ha ido revelando.



Las palabras son “alto grado de consenso democrático”. 6 años después de la victoria electoral de Zapatero, podemos afirmar que los socialistas han impulsado cuantas reformas estatutarias han querido llevar a cabo las comunidades autónomas, pero el consenso se ha alcanzado siempre a medias… o acompañado de situaciones paradójicas. Sobre todo en lo que concierne al agua. Porque es el agua [la política hídrica, la gestión o titularidad de los ríos] el factor fundamental de una batalla jurídica sin precedentes entre autonomías.

El último capítulo de la guerra del agua se ha librado en Castilla-La Mancha. El PSOE impulsó en 2006 una reforma estatutaria que culminó con un texto pactado con el PP. Ahora ese texto ha encallado en el Congreso… a causa del agua. La Secretaria General del PP y candidata a suceder a José María Barreda en la Junta culpa al PSOE de buscar la derrota del estatuto para utilizarla como arma electoral; el presidente castellanomanchego destaca que Dolores de Cospedal ha cedido ante las presiones de la Comunidad Valenciana y Murcia. Sea como fuere, las previsiones del estatuto en materia de agua… lo han hecho descarrilar.

En el caso de Castilla-La Mancha, el conflicto de intereses ha estallado antes de la aprobación del estatuto, pero hay muchos otros casos en los que no ha sido así. El gobierno de Barreda [también el de Aragón] recurrió ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana: consideraba intolerable el artículo 17.1, que establecía el derecho de los valencianos a los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias. El TC desestimó ambos recursos, y le queda aún mucho trabajo por delante. Por ejemplo, con el Estatuto de Cataluña. Al debate por el término “nación”, la bilateralidad o la lengua, el tribunal debe añadir los recursos de La Rioja y Murcia por las previsiones del texto en torno al río Ebro.



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Quienes critican los recelos del Partido Popular sobre el Estatut, recuerdan que muchos artículos rechazados por el partido de Rajoy fueron votados por Javier Arenas en el parlamento andaluz. El Estatuto de Andalucía dice en su artículo 51 que la comunidad “ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que trascurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”, y esa redacción fue apoyada por el PP, y recurrida por el extremeño Rodríguez Ibarra. Su sucesor al frente del gobierno, Guillermo Fernández Vara, hizo lo mismo en 2008 con el Estatuto de Castilla y León: consideraba que si los castellanoleoneses se arrogaban la competencia exclusiva sobre el río Duero… se vulneraba la Constitución.

Para defender su estatuto, Barreda recordaba hace unos días la posición del PP frente al Estatuto de Aragón. Allí, los populares exigieron una reserva hídrica para pactar el texto con el PSOE: una reserva hídrica que no ha prosperado en Toledo, y que está recurrida por el Gobierno de la Rioja. Hay socialistas enfrentados con socialistas, populares enfrentados con populares, un gigantesco lío entre comunidades enmarañado en el Constitucional. Buscando título para el post, pensé que la política hídrica había estado brotando de los partidos en los últimos años “a borbotones”, pero el diccionario de la Real Academia me sugiere “a borbollones”. Dice que significa “atropelladamente”, y que un “borbollón” es una “erupción que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie”. Pues eso.


Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde lleva más de 20 años en el primer plano de la actualidad española. En 1989, este jurídico de la Armada se retiró del Ejército como comandante, ya que esa posición era incompatible con la actividad política: pasó a convertise en Coordinador General de la Refundación del Partido Popular. Desde entonces ha sido diputado en todas las legislaturas, ha presidido el Congreso, ha sido Ministro de Defensa, y ahora ocupa el cargo de Coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP. Uno puede pensar que, en este 2010, después de dos décadas de servicio público en puestos de tan altísima responsabilidad… la influencia del señor Trillo sobre los asuntos del día a día es pequeña, o como mucho “limitada”. Vamos a comprobarlo.

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

El último gobierno de José María Aznar dejó varios supervivientes políticos, pero si excluimos a Mariano Rajoy, ninguno de los otros ex ministros [ni Cristóbal Montoro, ni Javier Arenas, ni Francisco Álvarez Cascos... ni siquiera Rodrigo Rato] conserva tanto peso como Trillo. En los últimos 15 días, el Coordinador popular de Justicia ha marcado la línea de su partido en tres frentes: el levantamiento del secreto de sumario en el caso Gürtel, el procesamiento de Garzón por los crímenes del Franquismo y las medidas del Gobierno para que Batasuna no llegue a los ayuntamientos. El voto de Federico Trillo [diputado por Valencia] será clave para la aprobación en el Congreso del Estatuto de Castilla-La Mancha [muy controvertido en sus artículos referentes a las reservas de agua]; desde la gestión de Trillo persisten los ecos del accidente del Yak-42; y por supuesto, un recurso firmado por él [PDF] mantiene atascado al Constitucional desde hace 4 años.

Porque más allá de Gürtel, Garzón o el agua, el asunto que trae de cabeza a las élites políticas desde hace ya muchos meses es la inminente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Las elecciones catalanas están programadas para el próximo otoño, y un veredicto del Constitucional contrario al texto tendría efectos políticos y jurídicos muy difíciles de predecir. Y como también es imposible predecir en qué sentido se van a pronunciar los jueces, aquí va un dato anecdótico para tranquilidad de quienes piensan que su tardanza es excesiva: el pasado 27 de abril de 2009, el TC “inadmitió el recurso de amparo” presentado por un grupo de diputados socialistas [entre ellos Rodríguez Zapatero] contra una decisión de la Diputación Permanente del Congreso. El recurso se presentó en marzo de 2004, más de 5 años antes, y el asunto no pasaba de ser un trámite parlamentario sobre la guerra de Irak.

Conclusión. 20 años después del Congreso de la Refundación del PP, con fotografía sevillana del aniversario incluida, hay un nombre que continúa marcando la agenda política del partido: el de Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.