Tras la política

Durante los últimos días he leído artículos muy completos sobre los llamados “liberados sindicales”. Son artículos sobre sus características, su trabajo, y sobre las leyes que regulan su actividad en las empresas y los organismos públicos. Así que quizá sea bueno aprovechar todo ese material para responder a varias preguntas: ¿Por qué molestan tanto los liberados a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre? ¿Por qué, 24 horas antes de su Debate sobre el Estado de la Región, alguien filtró al diario El Mundo que Aguirre anunciaría un drástico recorte en su número? ¿Y por qué llega ese anuncio precisamente ahora?


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Vayamos por partes. El asunto de los liberados comenzaba este mismo lunes, cuando la portada de El Mundo revelaba las intenciones de la presidenta: Aguirre “les quitaría” a los sindicatos un buen puñado de cargos en la administración, se ahorraría 70 millones de euros, y lo haría mediante la fórmula mágica de ejecutar una aplicación “estricta” de la ley. A esto añadimos unas interesantes declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Asegura Ignacio González que el recorte de liberados no supondrá sólo un importante ahorro en tiempo de crisis… sino que terminará con una práctica “abusiva” de los sindicatos.


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Los delegados sindicales, presentes en instituciones públicas o privadas, disponen por ley de un determinado número de horas de trabajo que pueden dedicar a la defensa de sus compañeros. Según el Estatuto de los Trabajadores, que regula todas estas cuestiones, esos delegados pueden ceder sus “horas sindicales” a compañeros que trabajen en la misma empresa, y que si llegan a acumular las horas suficientes… se pueden dedicar únicamente a representar a los trabajadores. Es decir, pueden quedar “liberados” de sus otras tareas y ocuparse sólo de las sindicales. Y aquí llega lo controvertido. Los convenios colectivos pueden ampliar el número de horas que se reparten entre los delegados, y que eventualmente acaban correspondiendo a los “liberados”.

Esto se ha convertido, con el andar de los años, en una herramienta útil en las negociaciones entre agentes sociales, porque supone una concesión valiosa de la empresa [o institución] en favor de los trabajadores. Según el gobierno Aguirre, es el “perfeccionamiento” de esa táctica negociadora lo que ha provocado que, en la administración autonómica de Madrid, haya 3.500 liberados sindicales… cuando según la ley debería haber sólo 1.490. Abusos, perfeccionamiento de técnicas, insolidaridad: todos son conceptos que estos altos cargos llevan una semana asociando con el buen nombre de los sindicatos. De unas organizaciones de trabajadores que fueron vapuleadas porque no organizaban huelgas a Zapatero y que ahora son señaladas como las culpables de que no haya mejores reformas y de organizar protestas lesivas para la economía.

El Gobierno madrileño del Partido Popular ha incurrido, sí o sí, en una dejación de funciones con alto coste para las arcas públicas. Si pretende recortar los liberados sindicales a la mitad y asegura que eso no repercutirá en los derechos de los trabajadores… quiere decir que hemos estado gastando inútilmente 70 millones de euros cada año; si se deja a un lado la razón económica y se atribuye la medida a la intención de atajar los supuestos “abusos”… quiere decir que las administración pública madrileña ha cometido un gravísimo error al ceder ante el “chantaje sindical” para conceder más horas a los delegados. Pero no ocurre ni una cosa ni la otra. Estamos ante un peldaño más de la escalera que Esperanza Aguirre viene subiendo desde el año 2003: la escalera que termina en el desprestigio de todas las instituciones que tienen algo que ver con lo público. Y el tramo de este otoño… Aguirre pretende escalarlo… a lomos de los sindicatos.