Tras la política

El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)



El debate es eterno y quizá no tenga solución, pero intentemos aportar datos a lo que suele quedarse en una mera discusión pasional: ¿Por qué es el 12 de octubre nuestra “Fiesta Nacional”? Conocemos bien que cada otoño comienza con un desfile militar por el centro de Madrid, que los últimos años nos han dejado abucheos para el presidente del Gobierno, pero no sabemos con exactitud quién decidió que “la Hispanidad” se celebre el mismo día en que se venera a la Virgen del Pilar.

Para encontrar un referente claro tenemos que retroceder 118 años en el tiempo: hasta el 12 de octubre de 1892. Ese año, el Gobierno español presidido por Antonio Cánovas del Castillo conmemoraba el IV Centenario del Descubrimiento de América. La reina regente, María Cristina de Habsburgo, visitó junto a Cánovas el monasterio onubense de La Rábida, y allí firmó un Real Decreto en el que se declaraba dispuesta a remitir a las Cortes… la propuesta de que el 12 de octubre fuese la Fiesta Nacional de España.

La vinculación de la fiesta con Cristóbal Colón y la relación de España con el continente americano estaban presentes en ese decreto, que efectivamente llegó al parlamento y quedó aprobado como ley el 15 de junio de 1918, con Antonio Maura como presidente. Ese texto legislativo introduce una denominación que sembrará la polémica muchos años después: las Cortes deciden que el 12-O se llame “Fiesta de la Raza“. Una vez acabada la Guerra Civil, en los años 40, la fiesta tendría que convivir en el calendario con el 18 de julio, el “Día del Alzamiento Nacional”.

El 8 de febrero de 1958, la dictadura franquista culmina la vinculación entre el 12 de octubre y el Día de la Hispanidad. El Decreto del Gobierno, firmado por Francisco Franco y por Luis Carrero Blanco, recoge toda la lesgislación anterior y establece la Fiesta Nacional como conmemoración “permanente”. De este modo, el 12-O y el 18-J conviven a un mismo nivel hasta 1977; hasta que, tras las primeras Elecciones Generales democráticas, el 11 de julio, el Gobierno de Adolfo Suárez elimina de un Real Decreto previo la alusión al “18 de julio”. Sin embargo, ese año permanecería como día inhábil.

Y sin embargo, la regulación constitucional del 12 de octubre no llegaría hasta 1987, un lustro después de la llegada del PSOE al Palacio de la Moncloa. La ley 18/1987, de 7 de octubre, comienza enmarcando nuestra fiesta en la normalidad democrática mundial, y añade que “sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más importantes para la convivencia política, el acerbo cultural y la afirmación misma de la identidad estatal”.

Es decir, que dirigentes políticos tan diferentes como Cánovas del Castillo, Maura, Franco, Suárez o González han contribuido a dar forma, políticamente, a la Fiesta Nacional tal y como la conocemos. ¿De dónde sale el carácter de la celebración que conocemos en 2010? Quizá del secuestro de los símbolos nacionales por parte de un sector muy conservador de la sociedad, animado por ciertos medios de comunicación. Más allá del respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos, jugar con banderas e himnos puede no resultar conveniente en un país con una historia como la nuestra.


Fosa común en el cementerio de San Rafael, en Málaga (AP / Sergio Torres)



Con la llegada de la II República, antes de la Guerra Civil, al comienzo de la Dictadura franquista… y de nuevo en la Transición. La historia reciente de nuestro país está tapizada de perdones políticos, que siempre han servido como base para inaugurar nuevas etapas. ¿Discutidos? Sí, todos. La Ley de Amnistía de 1977 prevé la desaparición de los llamados delitos “de intencionalidad política” cometidos desde la Guerra Civil, una medida aprobada para que salieran de las cárceles todas las personas encarceladas por su forma de ser o de pensar. Pero esa, claro, no es la parte polémica. Los apartados de la discordia se encuentran en el artículo segundo.


Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.



Es decir, que no sólo se estableció el perdón para los condenados por delitos políticos… sino también para quienes persiguieron, investigaron y condenaron esos delitos: los responsables de la dictadura franquista. A partir de aquí, el debate. ¿Es la Ley de Amnistía una Ley de Punto Final? ¿Se opone a los principios generales del Derecho Internacional por liberar de responsabilidades a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad?

El pasado 24 de septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. El texto asegura que la práctica de esos delitos constituye “un crimen de lesa humanidad“, y que no puede ser considerado como un “delito político”. Lo que no ha ratificado nuestro país es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que pone negro sobre blanco una idea asentada en el espíritu de Naciones Unidas desde su fundación: que ese tipo de delitos permanecen vigentes con el paso de los años.

Esto describe bien la situación. El Gobierno español reconoce que las desapariciones forzosas son crímenes terribles, pero no se une al tratado que asegura que los responsables sean juzgados a pesar de haber delinquido mucho tiempo atrás. Y sin embargo, España sí figura como firmante de un tratado importante en la materia


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En diciembre de 1966, mientras los españoles votábamos en referéndum si queríamos [como quisimos] la nueva Ley Orgánica del Estado, Naciones Unidas auspiciaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno de Adolfo Suárez lo ratificó en 1977… muy pocos meses antes de promulgar la Ley de Amnistía. Por tanto, a la hora de perdonar los “delitos políticos” de la Dictadura, nuestro país se había adherido ya a un tratado que asegura que hay crímenes que se pueden perseguir aunque no sean punibles según el derecho nacional. Eso sí, siempre que lo sean “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Y ahí está la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Y los Juicios de Nüremberg.

Sobran razones jurídicas para entender que la Ley de Amnistía de 1977 puede haber sido sobrepasada por estos principios internacionales del Derecho. Sin embargo, quienes se oponen a la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura, se apoyan firmemente en el principio de irretroactividad de la ley, y en el llamado “Espíritu de la Transición“. Sostienen que, en aquellos años, se fraguó un perdón colectivo para poder avanzar. Que Garzón haya incurrido o no en malas prácticas puede convertirse en una anécdota… si lo que ocurre en España es que no nos ponemos de acuerdo en algo básico: que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca.