Tras la política

Marcelino Camacho y su mujer, en la Cárcel de Carabanchel (http://www.flickr.com/avaluche)

Marcelino Camacho y su mujer, en la Cárcel de Carabanchel (http://www.flickr.com/avaluche)


La calle de Manuel Lamela, en el barrio madrileño de Carabanchel -el barrio en el que crecí y en el que aún vive mi familia-, había sido desde siempre la calle de mi amigo Pablo. Allí compartimos los primeros videojuegos, algunas meriendas, tardes de días festivos… Y sin embargo, desde diciembre del año 2006, esa calle supone para mí un segundo recuerdo especial: es la calle en la que me contó su historia un viejo sindicalista. Se llamaba Marcelino.

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La entrevista con Marcelino Camacho me había costado muchas llamadas de teléfono a aquella casa de Carabanchel. Las agendas no cuadraban, y el testimonio del fundador de Comisiones Obreras resultaba imprescindible para los reportajes sobre la Transición que estaba elaborando. Quería contar en la Cadena SER la intrahistoria de aquellos años, las pequeñas vivencias de sus grandes protagonistas. Pensaba que sería una entrevista rápida, de esas a las que acudes con pocas preguntas preparadas… porque sabes que el personaje vendrá pronto a tu terreno. Pero no. Comencé preguntando por la Transición… y enseguida comenzamos a conversar sobre la importancia de los sindicatos en democracia.

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Y tras la Segunda República, las penurias de la Guerra Civil, el confinamiento en Tánger, el exilio en Orán y el regreso a España para acabar fundando el sindicato del que figura como socio número 1, el discurso pausado de Marcelino llega hasta la Transición. Fue detenido y encarcelado en muchas ocasiones por promover Comisiones Obreras, y se enfrentó en 1973 al juicio por el llamado Proceso 1.001. Fue en un día muy particular.

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La voz de mujer que va hilvanando, casi sin que se note, la historia de Camacho… pertenece a Josefina Samper, su compañera durante más de seis décadas. Cuando llega el momento de recordar aquel juicio, y cómo les afectó el asesinato de Carrero Blanco, toma la palabra para defender el papel de los familiares de los presos políticos durante el Franquismo.

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Tras la muerte de Franco y el indulto del rey, Marcelino Camacho pudo registrar a CCOO como organización sindical, fue diputado durante dos legislaturas, y lideró el movimiento obrero durante los años ochenta. Ha sido condecorado en múltiples ocasiones. Al final de una vida tan azarosa, le hice las dos preguntas que sólo cobran sentido tras la desaparición del personaje que las responde. Y las respuestas fueron tan sencillas… como demoledoras.

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Al terminar la entrevista, firmó una copia de su resumen biográfico mecanografiado y me la entregó. Después me enseñó el pequeño cuarto en el que guardaba todos sus recuerdos. Entre ellos, una fotografía de su investidura como Doctor Honoris Causa. Después, al despedirnos, el viejo sindicalista me abrazó… como si me conociera de toda la vida.


El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)



El debate es eterno y quizá no tenga solución, pero intentemos aportar datos a lo que suele quedarse en una mera discusión pasional: ¿Por qué es el 12 de octubre nuestra “Fiesta Nacional”? Conocemos bien que cada otoño comienza con un desfile militar por el centro de Madrid, que los últimos años nos han dejado abucheos para el presidente del Gobierno, pero no sabemos con exactitud quién decidió que “la Hispanidad” se celebre el mismo día en que se venera a la Virgen del Pilar.

Para encontrar un referente claro tenemos que retroceder 118 años en el tiempo: hasta el 12 de octubre de 1892. Ese año, el Gobierno español presidido por Antonio Cánovas del Castillo conmemoraba el IV Centenario del Descubrimiento de América. La reina regente, María Cristina de Habsburgo, visitó junto a Cánovas el monasterio onubense de La Rábida, y allí firmó un Real Decreto en el que se declaraba dispuesta a remitir a las Cortes… la propuesta de que el 12 de octubre fuese la Fiesta Nacional de España.

La vinculación de la fiesta con Cristóbal Colón y la relación de España con el continente americano estaban presentes en ese decreto, que efectivamente llegó al parlamento y quedó aprobado como ley el 15 de junio de 1918, con Antonio Maura como presidente. Ese texto legislativo introduce una denominación que sembrará la polémica muchos años después: las Cortes deciden que el 12-O se llame “Fiesta de la Raza“. Una vez acabada la Guerra Civil, en los años 40, la fiesta tendría que convivir en el calendario con el 18 de julio, el “Día del Alzamiento Nacional”.

El 8 de febrero de 1958, la dictadura franquista culmina la vinculación entre el 12 de octubre y el Día de la Hispanidad. El Decreto del Gobierno, firmado por Francisco Franco y por Luis Carrero Blanco, recoge toda la lesgislación anterior y establece la Fiesta Nacional como conmemoración “permanente”. De este modo, el 12-O y el 18-J conviven a un mismo nivel hasta 1977; hasta que, tras las primeras Elecciones Generales democráticas, el 11 de julio, el Gobierno de Adolfo Suárez elimina de un Real Decreto previo la alusión al “18 de julio”. Sin embargo, ese año permanecería como día inhábil.

Y sin embargo, la regulación constitucional del 12 de octubre no llegaría hasta 1987, un lustro después de la llegada del PSOE al Palacio de la Moncloa. La ley 18/1987, de 7 de octubre, comienza enmarcando nuestra fiesta en la normalidad democrática mundial, y añade que “sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más importantes para la convivencia política, el acerbo cultural y la afirmación misma de la identidad estatal”.

Es decir, que dirigentes políticos tan diferentes como Cánovas del Castillo, Maura, Franco, Suárez o González han contribuido a dar forma, políticamente, a la Fiesta Nacional tal y como la conocemos. ¿De dónde sale el carácter de la celebración que conocemos en 2010? Quizá del secuestro de los símbolos nacionales por parte de un sector muy conservador de la sociedad, animado por ciertos medios de comunicación. Más allá del respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos, jugar con banderas e himnos puede no resultar conveniente en un país con una historia como la nuestra.


El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Cenaba con varios amigos cuando surgió la cuestión. Alguien dijo: “¿vosotros sabéis qué pasará cuando el Rey muera?”. Todos saltamos a la vez con respuestas obvias. “No, no, -repreguntó mi amigo sonriendo- ¿sabéis si el Príncipe se convierte en rey automáticamente? ¿O tiene que hacer algo para ser monarca?”. Esta vez no hubo respuestas. Quienes nos sentábamos en torno a aquella mesa no éramos expertos constitucionalistas, pero sí aficionados a la información política. Y la cuestión no nos sonaba ni de lejos. ¿Qué ocurrirá con la jefatura del Estado en las horas que sigan a la muerte de Juan Carlos I? ¿Quién ocupará ese puesto hasta la jura del nuevo monarca? ¿Será necesaria la ceremonia?


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El último acceso al trono de un monarca español se produjo el 22 de noviembre de 1975, cuando faltaban tres años para la aprobación de la Constitución, y la ceremonia se desarrolló según los términos establecidos en la Ley de Sucesión de 1947. En ese texto sí quedaba muy claro el proceso que debía seguirse tras la muerte de Francisco Franco: “Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese llamado a suceder en ella el designado [...], el Consejo de Regencia asumirá los poderes en su nombre y convocará conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino para recibirle el juramento prescrito en la presente Ley”. No se establecía ningún plazo para ese juramento, pero sí se especificaba que había que ser varón, mayor de 30 años, católico y fiel a los principios que “informaban” el Movimiento Nacional.

Eso dice la ley de la dictadura, pero… ¿qué dice la Constitución?. En el Título II, el artículo 57 se ocupa de la línea de sucesión a la Corona. Explica que se prefiere a los hijos mayores antes que a los menores, que se prefiere a los hombres antes que a las mujeres, que si el linaje real se extingue será el Congreso quien nombre un monarca, y que la Cámara Baja podrá también impedir el acceso al trono de ciertos candidatos. Pero el apartado más interesante del artículo es el último. Dice que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica“. Una ley que, 32 años después de la entrada en vigor de la Carta Magna, aún no ha sido redactada, y que deja al albur de las circunstancias un momento tan importante como la muerte del monarca.

A falta de esa ley, seguimos leyendo la Carta Magna, y un poco más adelante encontramos información útil. Dice el artículo 61 que “el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones”. Es decir, que el nuevo jefe del Estado debe jurar su cargo delante de las cámaras en reunión conjunta. Esto genera un interesante debate entre los constitucionalistas. Como se puede leer en la sinopsis del 61, incluida en la página web del Congreso de los Diputados, hay quien piensa que la proclamación establece un pacto entre la monarquía y el pueblo, equivalente a la investidura de cualquier otro cargo público; otros profesores creen que el Príncipe de Asturias accede inmediatamente al trono tras la muerte de su padre en virtud del orden sucesorio. Llegamos entonces a la conclusión… de que no hay una opinión unánime sobre la cuestión que nos interesa: ¿se produce vacío de poder en la jefatura del Estado entre la muerte del rey y la proclamación del sucesor?

Otro debate académico, que encontramos en algunos ensayos, se refiere a la propia jura del sucesor. El Príncipe de Asturias, como prevé la Constitución, prestó juramento ante las cámaras cuando cumplió 18 años, el 30 de enero de 1986. Ese día ya firmó su particular pacto con el pueblo español. Gregorio Peces-Barba, padre de la Carta Magna y presidente del Congreso cuando la jura se produjo, explicaba en ese año el significado de la ceremonia.


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Quienes se dedican al estudio de la Constitución se preguntan si las dos ceremonias, la del acceso al trono y la de la mayoría de edad, no será “demasiado jurar”. Y de nuevo… el vacío jurídico. Sin una Ley Orgánica de la Corona, podemos suponer qué ocurrirá en las horas posteriores a la muerte del Rey, pero ni mucho menos asegurarlo. Sabemos que el Príncipe de Asturias, guardado el luto por su padre, tendrá que desplazarse hasta la Carrera de San Jerónimo para prestar juramento ante los diputados y senadores, pero… ¿qué ocurre si las cámaras están disueltas? Y sobre todo: ¿será Felipe de Borbón el Jefe del Estado, con todos los honores y responsabilidades del cargo, antes de poner su mano sobre el Evangelio?


Fosa común en el cementerio de San Rafael, en Málaga (AP / Sergio Torres)



Con la llegada de la II República, antes de la Guerra Civil, al comienzo de la Dictadura franquista… y de nuevo en la Transición. La historia reciente de nuestro país está tapizada de perdones políticos, que siempre han servido como base para inaugurar nuevas etapas. ¿Discutidos? Sí, todos. La Ley de Amnistía de 1977 prevé la desaparición de los llamados delitos “de intencionalidad política” cometidos desde la Guerra Civil, una medida aprobada para que salieran de las cárceles todas las personas encarceladas por su forma de ser o de pensar. Pero esa, claro, no es la parte polémica. Los apartados de la discordia se encuentran en el artículo segundo.


Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.



Es decir, que no sólo se estableció el perdón para los condenados por delitos políticos… sino también para quienes persiguieron, investigaron y condenaron esos delitos: los responsables de la dictadura franquista. A partir de aquí, el debate. ¿Es la Ley de Amnistía una Ley de Punto Final? ¿Se opone a los principios generales del Derecho Internacional por liberar de responsabilidades a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad?

El pasado 24 de septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. El texto asegura que la práctica de esos delitos constituye “un crimen de lesa humanidad“, y que no puede ser considerado como un “delito político”. Lo que no ha ratificado nuestro país es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que pone negro sobre blanco una idea asentada en el espíritu de Naciones Unidas desde su fundación: que ese tipo de delitos permanecen vigentes con el paso de los años.

Esto describe bien la situación. El Gobierno español reconoce que las desapariciones forzosas son crímenes terribles, pero no se une al tratado que asegura que los responsables sean juzgados a pesar de haber delinquido mucho tiempo atrás. Y sin embargo, España sí figura como firmante de un tratado importante en la materia


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En diciembre de 1966, mientras los españoles votábamos en referéndum si queríamos [como quisimos] la nueva Ley Orgánica del Estado, Naciones Unidas auspiciaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno de Adolfo Suárez lo ratificó en 1977… muy pocos meses antes de promulgar la Ley de Amnistía. Por tanto, a la hora de perdonar los “delitos políticos” de la Dictadura, nuestro país se había adherido ya a un tratado que asegura que hay crímenes que se pueden perseguir aunque no sean punibles según el derecho nacional. Eso sí, siempre que lo sean “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Y ahí está la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Y los Juicios de Nüremberg.

Sobran razones jurídicas para entender que la Ley de Amnistía de 1977 puede haber sido sobrepasada por estos principios internacionales del Derecho. Sin embargo, quienes se oponen a la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura, se apoyan firmemente en el principio de irretroactividad de la ley, y en el llamado “Espíritu de la Transición“. Sostienen que, en aquellos años, se fraguó un perdón colectivo para poder avanzar. Que Garzón haya incurrido o no en malas prácticas puede convertirse en una anécdota… si lo que ocurre en España es que no nos ponemos de acuerdo en algo básico: que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca.