Tras la política

Los últimos gobiernos de concentración que tuvo España se formaron en 1936 y 1937, en plena Guerra Civil. Desde entonces, el país no ha atravesado nunca una situación tan delicada como para que todos los partidos se vean obligados a formar parte del mismo gabinete. No hizo falta en los difíciles momentos de la Transición, no hizo falta en la etapa de mayor debilidad de Felipe González… y era impensable tras el mayor ataque terrorista cometido en nuestro suelo. Sin embargo, a un hombre tradicionalmente considerado como ecuánime, al político mejor valorado por los españoles, Josep Antoni Duran i Lleida, le parece que ha llegado el momento de otro gobierno de concentración.


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El artículo 101 de la Constitución asegura que “el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria […] o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”. La vicepresidenta De la Vega ha descartado ya un adelanto electoral, así que la propuesta de Duran sería viable sólo a través de una moción de censura. Es un mecanismo de emergencia que necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso y que debe llevar aparejada la propuesta de un presidente del Gobierno alternativo. El Partido Popular tiene 153 diputados; si consigue sumar los 10 de Convergència i Unió y los 6 del Partido Nacionalista Vasco… la “vía Duran” habrá surtido efecto. ¿Pero quién sería el presidente alternativo?



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Duran i Lleida nació en Huesca, y comenzó su carrera política como diputado en el Congreso y como teniente de alcalde en Lleida. Con su llegada a la presidencia de Unió Democràtica de Catalunya en 1987 volvió a centrarse en la realidad catalana, pero desde las negociaciones de CiU con el PP en 1996, parece llamado a ser ministro. El propio político ha reconocido en su blog que José María Aznar le ofreció la cartera de Asuntos Exteriores en su primer gabinete, y cuando Rodríguez Zapatero ganó las elecciones sin mayoría absoluta en 2004… la posibilidad volvió a materializarse. Incluso en 2008, tras la tumultuosa negociación del Estatut, Duran barajaba la idea de que CiU llegase al Consejo de Ministros.

Durante su entrevista en Onda Cero, el líder de Uniò proponía un gobierno presidido por una personalidad aceptable por los dos grandes partidos, que evidentemente no fuese Zapatero ni Rajoy. Luis María Ansón, hace sólo unos días, sugería que Duran fuese esa personalidad porque la situación es insostenible; casualmente, hace un año, proponía exactamente lo mismo para “afrontar la crisis y la inestabilidad”. Todo esto puede resultar un mero ejercicio intelectual, ciertamente avalado por la legislación, pero a veces el sentido común debería sobreponerse a la teoría. El PSOE fue avalado por más de 11 millones de votos hace apenas dos años; el Partido Popular recibió más de 10. Todo lo que no sea refrendado por las urnas puede ser legal, puede ser legítimo… pero puede no ser prudente.


No habrá Pacto de Estado por la Educación. No puede ser “de Estado” si no lo respaldan los dos partidos políticos que tienen posibilidades de alcanzar el Gobierno de España e impulsar los cambios necesarios en el sistema educativo. Para ciertos políticos ha llegado el momento de buscar a los culpables del fracaso, pero quizá es más interesante analizar las razones de los actores principales del acuerdo [hasta ahora] fallido.


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Ángel Gabilondo llegó al ministerio en abril de 2009, en medio de una remodelación en la que Rodríguez Zapatero se rodeó de su “núcleo duro”. En la misma jornada de su toma de posesión, el ex presidente de la Conferencia de Rectores lanzó su principal objetivo político como gobernante: un gran pacto educativo. Y a eso ha dedicado los últimos meses, incluidos contactos al más alto nivel con el Partido Popular. Concretamente, con su Secretaria General. El pasado mes de diciembre, Gabilondo recibió en la sede del ministerio a María Dolores de Cospedal, y entonces parecía posible el pacto: la número dos de Rajoy aseguró que era viable.


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¿Qué ha pasado en los últimos 5 meses para que el acuerdo descarrile? El documento que elaboró el Gobierno tras consultar con partidos, agentes sociales e interlocutores educativos contiene casi 150 propuestas, más o menos concretas, para mejorar el sistema educativo. El punto número 8 se refiere a las competencias lingüísticas de los alumnos, y dice así: “[El Gobierno se compromete a] impulsar actuaciones específicas, especialmente referidas a la comprensión lectora, la escritura y la expresión oral, para que todo el alumnado finalice la educación obligatoria con la competencia lingüística necesaria para expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma”.

Es pertinente recordar la redacción literal de este artículo porque el Partido Popular ha basado su oposición al texto en que no “garantiza” la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües. Esto puede ser cierto, pero quizá resulte también pertinente recordar otro artículo… de otra ley. Concretamente, de la Ley de Calidad de la Educación, impulsada por el PP desde el Gobierno y derogada en 2004. Recordamos, concretamente, el artículo 22 en su apartado h.


“[Los alumnos deberán] comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura”



Una redacción muy parecida a la del documento que se maneja… y que hoy no es suficiente. El pasado martes, Ángel Gabilondo expresaba en Televisión Española una reflexión interesante. Decía el ministro que su texto, un texto que calificaba “de consenso”, seguía los grandes objetivos marcados por la OCDE, y recordaba que entre las críticas de la organización al sistema educativo español [por ejemplo, en su Panorama de la Educación 2009 (PDF)] no aparecía por ninguna parte la discriminación del castellano.


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El ex presidente del Gobierno ha pasado hace unas horas por el programa de Iñaki Gabilondo, el hermano del ministro. Felipe González, como líder de los sabios que deben pensar la Unión Europea del futuro, sitúa la mejora del “capital humano” en el centro de ese futuro comunitario. Y así debería ser, con pacto o sin pacto.


Reunión del Consejo de Ministros en abril de 2009 (Fuente: www.la-moncloa.es)



Primer ingrediente: el pasado 16 de junio, el Congreso de los Diputados pidió al presidente del Gobierno que reestructure su gabinete, y que elimine tres ministerios. Segundo ingrediente: el 27 de octubre, la Cámara decidió que deben desaparecer una vicepresidencia y tres departamentos ministeriales. Tercer ingrediente: en las próximas semanas, el Consejo de Ministros debe acometer un plan de reducción del gasto público que incluirá un recorte en el número de altos cargos del Ejecutivo. Remover, hornear y especiar con la ironía de Esperanza Aguirre. Resultado: las ramas de la Administración General del Estado están dispuestas para la poda.


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Desde el primer Gobierno de la etapa democrática, el que formó Adolfo Suárez tras las Elecciones Generales de 1977, 165 personas han ocupado el cargo de ministro. El récord es para el socialista Felipe González. Durante sus 13 años de mandato, pasaron por la mesa del Consejo de Ministros medio centenar de personas diferentes; después encontramos al propio Suárez, que dio empleo y sueldo a 43 hombres [no tuvo ninguna ministra]. El presidente del Gobierno que menos ministros tuvo fue el fallecido Leopoldo Calvo-Sotelo, que en su año y medio de mandato dirigió la actividad de 22 hombres y una mujer.

Y aquí llega el dato curioso. Aunque ha propuesto la creación de algún ministerio, el Partido Popular ha arremetido en innumerables ocasiones contra el número de altos cargos que trabajan para José Luis Rodríguez Zapatero, y tienen razón al decir que los trabajadores con rango de Secretario de Estado o Director General han aumentado en el Palacio de la Moncloa. Pero… ¿qué ocurre si comprobamos el número de ministros y ministras que tuvieron Zapatero y José María Aznar? Que encontramos un empate a 34. Aunque al actual presidente le quedan 23 meses para completar su segunda legislatura y nombrar a un hipotético ministro 35, hasta ahora ha nombrado los mismos que Aznar. Ni uno más, ni uno menos.

Un ministro del Gobierno de España cobra, en 2010, 6.762 euros mensuales; esa cantidad sube hasta los 7.204 euros si ejerce las funciones de vicepresidente, y hasta los 7.665 euros si se trata del propio presidente. En este momento, las cantidades están congeladas por la crisis: los Presupuestos Generales del Estado para 2010 prevén que los salarios de los altos cargos del Gobierno sean los mismos que en 2008. A esto hay que añadir una pensión indemnizatoria de dos años prevista para ellos en los presupuestos de 1981 y en el Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno: conservan el 80 por ciento del salario. Y a eso hay que añadir salarios como diputados o ex altos cargos de otras instituciones.

El plan de reducción del gasto público que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas prevé un recorte de 50.000 millones de euros. Muchos piensan que ese tijeretazo debe llevarse por delante varios ministerios, pero lo que no va a cambiar son los derechos adquiridos de los 150 ex ministros de España. Lo sensato es pedir al presidente del Gobierno que recorte lo superfluo y no lo incómodo.