Tras la política

El eurodiputado socialista, durante su entrevista con 'Periodismo Humano' (DAVID MARTOS)

El eurodiputado socialista, durante su entrevista con 'Periodismo Humano' (DAVID MARTOS)


Charlar sobre comunicación política con Enrique Guerrero [Valencia, 1948] es como hablar de fútbol con Guardiola: se le nota el oficio que aporta haber llegado hasta la cumbre desde la base de la pirámide. Es doctor en Ciencias Políticas, estudió en el prestigioso MIT de Massachussets, y ha ocupado puestos de diversa responsabilidad en la administración -pasando por una secretaría general, una jefatura de Gabinete o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Entre 1993 y 1996, vivió junto a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Palacio de la Moncloa el ocaso del gobierno de Felipe González; entre 2004 y 2008 participó, como director adjunto del Gabinete de la Presidencia, la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El hoy eurodiputado socialista, antes de la primera pregunta, se queja de no contar con una voz potente para responder.

  • Pero… ¿qué es más importante? ¿Lo que se dice o cómo se dice?

Lo importante en el fondo es lo que se dice. Si uno no tiene algo que decir, es difícil que transmita a los demás. Pero cada vez es más importante cómo se dice, transmitir los mensajes con cercanía a la gente, porque la gente lo que anda buscando es que le interpreten aquellas cosas que no entiende de la vida, y en la medida en que se acerque uno a la vida real y lo haga de una manera simple y sencilla, es más fácil que a uno le escuchen. Hay un debate sobre quién comunica mejor, si la derecha o la izquierda, y hay una cierta tendencia a creer que la izquierda funciona con eslóganes, mientras que la derecha va directamente a los sentimientos, a veces a los malos sentimientos, a los miedos, y en ese sentido conecta mejor con ellos. Mientras, nosotros tendemos hacia un discurso un poquito más explicativo, elaborado, difícil.”

En suma, Guerrero reconoce que la izquierda puede aprender de la derecha a la hora de buscar la conexión con la gente, pero que debe permanecer en el terreno de la explicación, del análisis. Enseguida salta al primer plano de la conversación el papel de los medios de comunicación, y cómo los políticos han aprendido a emitir sus mensajes para que los periodistas no tengamos que digerirlos.

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El eurodiputado concluye que los medios buscan titulares “confrontativos” en vez de reflexiones sobre Educación o Sanidad. Pero hasta ahora hemos hablado de medios tradicionales; llegamos a los nuevos medios.

  • ¿Cómo es la relación de los políticos con los medios digitales?

“Se está produciendo una ampliación de la capacidad de comunicación política. Por ejemplo, a través del correo electrónico, que no es exactamente como las redes sociales, pero en fin, que es una manera de comunicación. En la última semana yo puedo haber recibido en mi correo del Parlamento Europeo, sin exagerar, 1.500 correos sobre el tema del Sáhara. Eso permite al responsable político pulsar hasta qué punto y en qué segmentos sociales hay una preocupación, un interés por un problema determinado. Y al mismo tiempo, al ciudadano le permite hacer llegar su interés en que se aborde el tema allí donde se ejerce la representación.”

Y sin embargo, Enrique Guerrero quiere dejar claro que existe una marcada brecha generacional entre los ciudadanos a la hora de utilizar las nuevas tecnologías para la comunicación directa con los políticos… o sobre política.

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Pulsión de cambio que, según él, suele coincidir con el final de una hegemonía política -como ocurrió en 2004 en España o en 2008 en Estados Unidos. Dice Guerrero que es muy difícil que eso ocurra en un país como el nuestro, con un sistema electoral que no favorece las mayorías absolutas -hegemonías-, pero que si se producen… hay una parte del espectro que sale claramente beneficiada.

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  • ¿Nos falta ensayar gobiernos de coalición para ser una democracia madura?

“Pues yo diría que sería una buena cosa que eso sucediera. Nosotros nunca hemos tenido un gobierno de coalición a nivel nacional, y sin embargo ha habido y hay gobiernos de coalición a nivel autonómico y en ayuntamientos. La razón fundamental es que el nivel de confrontación política que hay en España hace sumamente costoso en términos políticos, para el partido que tiene que apoyar al mayoritario, formar un gobierno de coalición. Es decir, aquí normalmente eso se hubiera hecho con partidos nacionalistas, que consideran, y con buenas razones, que con apoyos presupuestarios o apoyos parlamentarios pueden conseguir lo mismo sin exponerse al deterioro que supone formar parte del Gobierno. Los ciudadanos españoles están todavía habituados a ubicar toda la responsabilidad política en el Gobierno y en el cabeza de Gobierno. Pero, contestando a tu pregunta, creo que sería bueno que hubiera gobiernos de coalición porque convertiría e normal el diálogo político.”

  • Hablemos del círculo presidencial. ¿Existe el ‘Ala Oeste’ de La Moncloa?


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Uno de los ‘mantras políticos’ de un tiempo a esta parte es que el Gobierno tenía un problema de comunicación que Zapatero ha querido resolver con el último cambio de ministerios. Por eso preguntamos a Enrique Guerrero qué significa “comunicar bien” y cuáles son las implicaciones morales de la política comunicativa del Ejecutivo.

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  • ¿Cómo ha cambiado la comunicación desde su primera etapa en Moncloa?

“Ha cambiado mucho en muchas cosas, ¿no? Digamos que la primera generación socialista, con Felipe González a la cabeza, comunicativamente estaba todavía en la política clásica, en la argumentación, se preocupaba menos por el formato de lo que trataba de transmitir que por el contenido. Felipe González forma parte de ese fenómeno de la comunicación que consiste en que alguien te atiende y cree entenderte… aunque realmente, si luego le preguntas qué ha dicho el que comunicaba, no es fácil que te lo repita. La comunicación ahora es muy distinta porque tiene otros formatos. Una queja actual de los periodistas es que los políticos, cada vez más, no comunican sino que ‘entregan comunicación’. Es decir, formatean por sí mismos el mensaje que quieren que llegue a los ciudadanos y utiizan a los medios de comunicación en el primer sentido del concepto: no como comunicación, sino como medio. Y cada vez hay menos ruedas de prensa, cada vez hay menos debates propiamente dichos, cada vez hay menos pluralidad en quienes se acercan a los protagonistas políticos, etc.”

Guerrero vuelve a poner la pelota en el tejado de los medios para asegurar que también ellos son cada vez menos plurales, aunque más sofisticados en sus formas de comunicación. Por eso es interesante saber cómo se acercan los políticos a ese ecosistema tan complejo. Según el socialista, con “pragmatismo, masoquismo y cinismo”.

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Con la recta final de la entrevista, llegan las preguntas sobre la práctica diaria de la comunicación política. Asegura Guerrero que, los viernes por la mañana, y leyendo las portadas de los medios, el ministro portavoz “ya sabe qué le van a preguntar en la rueda posterior al Consejo de Ministros”. ¿Significa eso que dar una rueda de prensa sea sinónimo de convertirse en un frontón donde rebotan las preguntas de los periodistas?

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Regresamos al núcleo duro que rodea al presidente, y a esa eterna cuestión que se plantea sobre sus asesores. ¿Le dicen lo que quiere oír? ¿Son críticos con sus decisiones y le trasladan la opinión de la calle. En definitiva… ¿está solo un presidente del Gobierno en su tarea? Antes de contestar, Enrique Guerrero puntualiza que no se refiere a ningún presidente en particular.

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  • La última pregunta. ¿Puede sólo un cambio en la forma de comunicación remontar una situación preelectoral ciertamente adversa para el Partido Socialista?

“No. La comunicación por sí misma no cambia la realidad, pero sí la idea de que el Gobierno, a través de la comunicación, está dispuesto a enfrentarse seriamente con la realidad, a combatir esa idea predeterminada de que las elecciones de 2012 están ya decididas, y a tratar de movilizar al electorado socialista. En ese sentido, mientras que inicialmente mi respuesta ha sido ‘la comunicación, por sí sola, no cambia esto’… ‘la comunicación es necesaria e imprescindible para que se pongan en marcha los cambios que pueden cambiar esto’.”

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La entrevista con Enrique Guerrero es sólo la primera de una serie de conversaciones sobre comunicación política, con responsables de distintos partidos, que iremos publicando en Tras la Política durante las próximas semanas.


Cataluña, en plena efervescencia preelectoral (AP / Manu Fernández)


Leer la resolución es como viajar en el tiempo. Si no fuera porque de vez en cuando, entre los párrafos, aparece alguna referencia en pasado a los años noventa, el lector despistado podría pensar que se encuentra ante un legajo de finales de los setenta. La Junta Electoral Central ha rechazado el debate ‘cara a cara’ entre Artur Mas y José Montilla con un texto perfectamente legal… y terriblemente antiguo, basado en unos medios de comunicación unidireccionales y omnipotentes. Un texto que ignora las nuevas formas de contacto entre políticos y electores.

“Los plazos previstos […] y la forma en que debe producirse la comunicación que el medio haga sobre la organización de los debates (con indicación de la fecha y hora de emisión, de las entidades políticas invitadas y aceptación de las mismas y de la duración del debate) tienen por objeto permitir que se respete el derecho de igualdad de las candidaturas concurrentes no invitadas a ese debate”



La intención es buena, sí, pero el método es arcaico. ¿Qué ocurre si un candidato a unas elecciones decide anunciar en su cuenta de Twitter que estará el día D a la hora H en la esquina de la calle C, dispuesto a debatir con cualquier otro candidato, y que su partido se dispone a retransmitir ese encuentro por internet? ¿En qué armario quedan los corsés impuestos por la Junta Electoral Central para ese aspecto concreto de una campaña? ¿En qué ley se basan los integrantes de este organismo para dictar una resolución como la de Mas y Montilla?

En nuestra democracia, la Junta Electoral Central nace al calor de la Ley para la Reforma Política, que tras el ‘harakiri’ de los procuradores franquistas, permitió al presidente Adolfo Suárez convocar las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Antes de esa fecha, el 18 de marzo, un Real-Decreto Ley establecía su composición: el presidente y varios magistrados del Supremo, varios representantes del mundo judicial y, curiosamente, “un catedrático de alguna de las facultades de Derecho que radiquen en Madrid”. También preveía sus funciones. Básicamente, vigilar el proceso electoral y resolver quejas y recursos.

Ocho años después, en la primera legislatura del presidente Felipe González, el Gobierno puso en marcha la Ley del Régimen Electoral General, que dibuja un perfil algo renovado de la Junta Electoral Central. Los partidos políticos comienzan a tener voz en su composición -el Parlamento decide qué catedráticos la integran-, y se establece un régimen sancionador para quienes incumplan las resoluciones. Desde 1985, la junta ha generado una importante doctrina electoral, que le sirve como base para seguir resolviendo las quejas o peticiones que recibe; por ejemplo, la instrucción de 1999 a la que se refiere la resolución de Mas y Montilla.

La junta tiene su sede en el mismo edificio del Congreso de los Diputados, y su presidente se llama Antonio Martín Valverde. Y así se ha ido tejiendo la historia. En España no se pueden difundir encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña, hay que avisar a la Junta Electoral Central con cinco días de adelanto si se quiere celebrar un debate, y todo ello a pesar de que, ya en 2004, se demostró que el sistema no era capaz de digerir los acontecimientos extraordinarios posteriores al 11-M. ¡Ah! La junta ha dictado una instrucción sobre el uso de las nuevas tecnologías para la “propaganda electoral”. Léanla ustedes mismos y pregúntense si no hace falta replantearse algunas cosas.


El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)



El debate es eterno y quizá no tenga solución, pero intentemos aportar datos a lo que suele quedarse en una mera discusión pasional: ¿Por qué es el 12 de octubre nuestra “Fiesta Nacional”? Conocemos bien que cada otoño comienza con un desfile militar por el centro de Madrid, que los últimos años nos han dejado abucheos para el presidente del Gobierno, pero no sabemos con exactitud quién decidió que “la Hispanidad” se celebre el mismo día en que se venera a la Virgen del Pilar.

Para encontrar un referente claro tenemos que retroceder 118 años en el tiempo: hasta el 12 de octubre de 1892. Ese año, el Gobierno español presidido por Antonio Cánovas del Castillo conmemoraba el IV Centenario del Descubrimiento de América. La reina regente, María Cristina de Habsburgo, visitó junto a Cánovas el monasterio onubense de La Rábida, y allí firmó un Real Decreto en el que se declaraba dispuesta a remitir a las Cortes… la propuesta de que el 12 de octubre fuese la Fiesta Nacional de España.

La vinculación de la fiesta con Cristóbal Colón y la relación de España con el continente americano estaban presentes en ese decreto, que efectivamente llegó al parlamento y quedó aprobado como ley el 15 de junio de 1918, con Antonio Maura como presidente. Ese texto legislativo introduce una denominación que sembrará la polémica muchos años después: las Cortes deciden que el 12-O se llame “Fiesta de la Raza“. Una vez acabada la Guerra Civil, en los años 40, la fiesta tendría que convivir en el calendario con el 18 de julio, el “Día del Alzamiento Nacional”.

El 8 de febrero de 1958, la dictadura franquista culmina la vinculación entre el 12 de octubre y el Día de la Hispanidad. El Decreto del Gobierno, firmado por Francisco Franco y por Luis Carrero Blanco, recoge toda la lesgislación anterior y establece la Fiesta Nacional como conmemoración “permanente”. De este modo, el 12-O y el 18-J conviven a un mismo nivel hasta 1977; hasta que, tras las primeras Elecciones Generales democráticas, el 11 de julio, el Gobierno de Adolfo Suárez elimina de un Real Decreto previo la alusión al “18 de julio”. Sin embargo, ese año permanecería como día inhábil.

Y sin embargo, la regulación constitucional del 12 de octubre no llegaría hasta 1987, un lustro después de la llegada del PSOE al Palacio de la Moncloa. La ley 18/1987, de 7 de octubre, comienza enmarcando nuestra fiesta en la normalidad democrática mundial, y añade que “sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más importantes para la convivencia política, el acerbo cultural y la afirmación misma de la identidad estatal”.

Es decir, que dirigentes políticos tan diferentes como Cánovas del Castillo, Maura, Franco, Suárez o González han contribuido a dar forma, políticamente, a la Fiesta Nacional tal y como la conocemos. ¿De dónde sale el carácter de la celebración que conocemos en 2010? Quizá del secuestro de los símbolos nacionales por parte de un sector muy conservador de la sociedad, animado por ciertos medios de comunicación. Más allá del respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos, jugar con banderas e himnos puede no resultar conveniente en un país con una historia como la nuestra.


Protesta de agentes de la Guardia Civil ante Interior, el mes pasado (AP / Víctor R. Caivano)

Protesta de agentes de la Guardia Civil ante Interior, el mes pasado (AP / Víctor R. Caivano)



Hace menos de un mes, cientos de guardias civiles se concentraron ante el edificio del ministerio del Interior. En pleno centro de Madrid, y algunos de uniforme, los agentes pidieron al ministro mejoras salariales y laborales. Los medios de comunicación mostraron a los manifestantes haciendo sonar sus silbatos, coreando sus consignas: en definitiva, haciendo “legítimo ruido”. Y sin embargo, la Constitución prevé otra forma de hacer ruido, mucho más silenciosa en la forma, a la que los medios no solemos prestar atención


Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración [...]



Este texto pertenece al artículo 54 de la Constitución, que introduce en el ordenamiento jurídico de nuestra democracia la figura del Ombudsman sueco, un mediador entre la población y las administraciones. Sus competencias, explicadas brevemente en la página web de la institución, no dejan lugar a dudas: es una figura que el legislador consideró como importante, facultada incluso para plantear recursos en el Tribunal Constitucional… y permanentemente ignorada en la vida política española.

A principios del pasado verano, un veterano socialista abandonó el cargo de Defensor del Pueblo tras una década en ejercicio. Enrique Múgica, clave para el ascenso a la Secretaría General del PSOE de Felipe González, envuelto en alguna polémica relacionada con el golpe de Estado del 23-F, dejaba la institución en manos de su adjunta, María Luisa Cava de Llano, tras un mandato muy discutido. Y la polémica no ha terminado con la salida de Múgica, porque la nueva Defensora del Pueblo lo es “en funciones”: los partidos no han conseguido ponerse de acuerdo en un nombre para la sucesión.

Pero volvamos a los guardias civiles. Este mes de septiembre, mientras los agentes se manifestaban en la calle, llegaba al Congreso de los Diputados el informe anual del Defensor del Pueblo (PDF). Recoge todas las quejas que han llegado a la institución, cuáles han sido atendidas y cuáles han sido rechazadas. En la página 32 del resumen enviado a los medios, en el apartado dedicado a las “quejas colectivas“, se puede leer un resumen de las más significativas. Y la primera es muy llamativa: “125 miembros de la Benemérita manifiestan su desacuerdo con el hecho de que la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil no lleve aparejada pensión”.

125 agentes de la Guardia Civil son los impulsores de una queja “planteada por un número significativo de ciudadanos”, y si comparamos esa cifra con la que se vio en la concentración… encontraremos la diferencia entre la importancia simbólica que se concede a las manifestaciones y la que se presta al Defensor del Pueblo. En el documento se recoge también la iniciativa de “107 ciudadanos”, que plantean una queja sobre el Eje Atlántico de Alta Velocidad; que “225 ciudadanos dan traslado de un manifiesto en defensa de la escuela infantil”; o que “5.511 vecinos de Ajo (Cantabria) plantean su queja la orden de derribo de un establecimiento de hostelería de la localidad”.

Dice el informe que, en 2009, fueron planteadas 22.287 quejas por parte de 79.386 ciudadanos que “depositaron su confianza en el Defensor del Pueblo”. Si utilizamos los datos del Instituto Nacional de Estadística, 46.666.421 españoles no tuvimos razones para quejarnos durante el año pasado.


Si Zapatero comenzaba cada curso político en Rodiezmo, Rajoy lo comienza aún con un retiro casi monacal de la cúpula de su partido. Este año tocaba Toledo, una localización muy simbólica que buscaba arropar las aspiraciones de María Dolores de Cospedal a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Tras 48 horas de reflexión, encuestas… y sobre todo de silencio, el líder del PP se ponía ante los micrófonos para hablar de economía.


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Llama la atención que Mariano Rajoy, el hombre que siempre acusa al Gobierno de anunciar medidas y más medidas, planes y más planes inconexos contra la crisis, haya presentado en esta ocasión un paquete de 50 medidas para atajarla. Llama la atención porque no es el primero. A saber: a finales del mes de agosto, durante una entrevista con una agencia de noticias, Rajoy esbozó las 8 grandes iniciativas económicas que llevaría a cabo si llegase al Gobierno; el pasado mes de marzo, un “plan de choque” elaborado por la calle Génova contenía las 5 medidas esenciales para salir de la recesión; un año antes, en abril de 2009, Rajoy tomó el atril de Cospedal para anunciar un plan global con 12 reformas anticrisis. Y poco hemos sabido de ninguna de ellas.

El plan de Mariano Rajoy contra la crisis, si tan necesario fuese, debería lucir en su lomo desde hace ya muchos meses el sello del registro del Congreso de los Diputados. Nadie discute que el Grupo Popular en la Cámara esté presentando enmiendas a las reformas del Gobierno -no es para menos-, pero no dejan de ser aportaciones aisladas cuyo decaimiento lamenta Rajoy ante Zapatero con el dolor del amante herido: me dice que no le ayudo, intento hacerlo con mis enmiendas y usted me las tumba. Literal. En el debate antidéficit del 12 de mayo, el líder de la oposición propuso cosas muy concretas que el presidente desestimó: suprimir ministerios, retirar subvenciones y recuperar competencias. Tres actuaciones muy efectistas que ahorrarían muy poco al Estado.

En definitiva: ¿qué está haciendo el Partido Popular para ayudar a que España salga de la crisis? Y desde una perspectiva puramente electoral: ¿qué está haciendo el Partido Popular para ser visualizado como una alternativa de Gobierno? Quizá Rajoy ha analizado las caídas de los cuatro ex presidentes del Gobierno y ha observado que todos salieron de La Moncloa por hartazgo del respetable; exceptuando al Partido Socialista liderado por Felipe González -que se enfrentaba a una UCD desgastadísima-, ninguna oposición ha llegado a ser Gobierno por encandilar a los electores, sino como el fusible que se recambia para poder seguir teniendo luz en casa. Quizá esté esperando Rajoy, por tanto, a que se le fundan los plomos a Zapatero. ¿No sería más inteligente -y sí, también más honrado- trabajar para reparar la instalación eléctrica del edificio y así convertirse en imprescindible para los inquilinos?

P.D.: Es curioso. Al recordar el post me he acordado de aquello de “las luces de la fiesta“.


Aguirre, Rajoy y Gallardón celebran su victoria en 2007 (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Parece que ha pasado mucho tiempo desde el 27 de mayo de 2007, pero sólo han transcurrido tres años y medio. Ese domingo de finales de primavera, mucho antes de que nos azotaran la crisis económica o la Gripe A, Mariano Rajoy se asomó al balcón de la calle Génova para celebrar su primera victoria electoral a nivel nacional como líder del Partido Popular. Ganó a Rodríguez Zapatero por 156.000 votos, se declaró preparado para recuperar el Palacio de la Moncloa en 2008, y aquella noche alzó las manos de sus dos baluartes, de dos vencedores hasta ahora imbatibles en Madrid: Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. En el Partido Socialista faltaban sólo unos días para la dimisión de los perdedores.

La elaboración de las listas del PP para las generales de 2008, que la derecha perdió, ha dejado claro que la batalla por la capital no es ya un asunto local o autonómico. El número 7 de la Puerta del Sol se ha convertido en un verdadero centro de poder nacional. La presidenta Aguirre presionó a Rajoy para que el alcalde Gallardón no tuviese un escaño en el Congreso, y han sido las desavenencias entre las facciones que ambos lideran las que han hecho tambalearse los cimientos del partido. Para Ferraz, perder Madrid sistemáticamente desde 1991 se ha convertido en una rémora: es el único feudo socialista de los ochenta que el PSOE no ha conseguido recuperar en las urnas, y las derrotas encadenadas -que también cosechan en las generales- le impiden contar con mayorías holgadas en el Parlamento.

En mayo de 2011, los madrileños tienen una nueva cita con las urnas. El Partido Popular volverá a apostar por Aguirre y Gallardón, mientras que el Partido Socialista aún no sabe por quién tiene que hacerlo. Frente al Secretario General del PSM, Tomás Gómez, el presidente Zapatero ha lanzado la candidatura de una estrecha colaboradora que siempre ha acudido a su llamada: la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Desde hace semanas, los dos precandidatos protagonizan cruces de declaraciones en los medios de comunicación con un alto calado político: que si tú eres la candidata del aparato, que si tú eres el candidato de la derecha, que si te han puesto a dedo, que si no despegas en las encuestas…


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Partiendo de estos hechos, el asunto puede analizarse desde dos perspectivas: la electoral y la verdaderamente importante. Desde el punto de vista electoral, el PSOE llega a las urnas con un historial dramático. Desde la desaparición de la escena madrileña de Joaquín Leguina y Juan Barranco [ex presidente y ex alcalde], los socialistas no han superado el umbral del 40 por ciento de votos. De hecho, en 2007, Miguel Sebastián y Rafael Simancas se quedaron bastante más cerca del 30 que del 40. Es decir, sólo 3 de cada 10 electores madrileños se decantan por el Partido Socialista cuando acuden a votar, mientras que más de la mitad de quienes votan lo hacen por el Partido Popular.

Pero esto no es lo importante. Lo realmente importante no es que el PSOE, tras dos décadas de declive electoral, se decida por las primarias para elegir a sus cabezas de lista; ni siquiera que las primarias hayan sido forzadas por un enfrentamiento en el seno del partido. Lo importante es que el debate entre los precandidatos se produzca en los términos en que se está produciendo. El argumento principal de Trinidad Jiménez es que, según las encuestas, ella es quien tiene más posibilidades de “vencer a la derecha”; el argumento principal de Tomás Gómez es que lleva trabajando tres años al frente de un partido que ha tenido que reconstruir. Encuestas contra aparato. Ni políticas, ni propuestas ni alternativas al Partido Popular. Quienes tendrán que ir a las urnas en mayo no han escuchado aún qué quieren hacer los precandidatos con Madrid: sólo ven sonrisas, apretones de manos, visitas a pueblos remotos… y estrenos de páginas web.



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El Partido Socialista recuperó el proceso de primarias en su congreso de 1997, y lo utilizó al año siguiente en la elección de su candidato para la Presidencia del Gobierno. Joaquín Almunia y Josep Borrell fueron también, como hoy, el candidato oficialista y el candidato renovador. En aquellos días, con el Partido Popular recién llegado al Gobierno y las huellas de Felipe González aún frescas, el PSOE abrió una puerta a la democracia interna que se ha ido cerrando con el paso de los años. En las municipales de 1999 y 2003, la victoria de los candidatos oficialistas en las primarias dio paso a que en 2007… ni siquiera se celebrasen. De cómo evolucione la batalla estéril de Gómez y Jiménez depende que las primarias resuciten o que queden enterradas por una tonelada de encuestas.


González y Zapatero

González y Zapatero durante un acto en el Congreso (Fuente: http://www.flickr.com/photos/psoe)



El 26 de junio de 1995, Felipe González viajó a Cannes para participar en la última cumbre europea bajo la presidencia de turno de Francia. España estaba a punto de tomar la alternativa en julio, y tendría que adoptar bajo su mandato decisiones tan importantes como el nombre que tendría la futura moneda única y la estrategia para desplegarla. Sin embargo, la crónica televisiva de aquel lunes de verano deja claro que la actualidad política española… siempre se cuela en las citas comunitarias.


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Convergéncia i Uniò nunca apoyó los presupuestos que elaboró Pedro Solbes. El Gobierno tuvo que prorrogar las cuentas públicas y convocó las elecciones que condujeron a José María Aznar a La Moncloa. Ahora, 15 años después, termina otra presidencia española de turno… con otro presidente en horas bajas… que también viaja a las reuniones comunitarias pendiente de que CiU convalide sus leyes. Aunque hay una diferencia importante: el semestre de turno no sólo no ha suavizado los frentes internos del Gobierno, sino que los ha complicado hasta hacerlos casi insostenibles.

En enero de 2010, Zapatero comenzaba presidencia y centraba las prioridades del período en la economía. Durante una charla con periodistas extranjeros, el presidente lanzó su “Estrategia 2020″, e inmediatamente desató las iras de Alemania. La posibilidad de ceder soberanía económica y de que se estableciesen sanciones para quienes se saltasen el Pacto de Estabilidad provocaron la protesta del gabinete Merkel. Irónicamente, el último Consejo Europeo ha aprobado esas sanciones con el respaldo de Alemania, y ha decidido que se publiquen las llamadas “pruebas de estrés” de los bancos, que no dejarán en buen lugar a las entidades financieras alemanas.

Una doble victoria española tras seis meses muy amargos: a las críticas iniciales de Alemania hay que sumar el desprecio de la Comisión Europea por la euroorden contra la violencia machista, los continuos rumores de nuestro rescate financiero, la eterna comparación con Grecia, el ataque especulativo contra el euro, la cancelación de la visita de Obama, y por supuesto, las medidas anti-déficit dictadas desde Bruselas. Todo ello, sumado al desgaste que ya arrastraba el gobierno de Zapatero. Al final del semestre, en un acto de partido, ante decenas de dirigentes socialistas, el encargado de consolar al presidente vapuleado ha sido su antecesor: aquel Felipe González que presidió Europa en 1995.


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Y acaba la presidencia, pero se quedan sus efectos. Rodríguez Zapatero vuelve a los frentes internos para enfrentarse al trámite parlamentario de una dura reforma laboral, a la culminación de las fusiones entre cajas y a unas semanas políticas muy complicadas. El Debate sobre el Estado de la Nación está fijado para el 14 de julio, los rumores sobre una reducción del Gobierno son insistentes, y a la vuelta del verano esperan los presupuestos. Sólo falta comprobar si CiU muestra a Mariano Rajoy la misma senda hacia La Moncloa… que ya le mostró a Aznar en 1995.


Ocurrió hace 22 años, vuelve a ocurrir hoy. Transcurridas más de dos décadas desde la huelga general de 1988, Nicolás Redondo recuerda cómo la decisión de que la Unión General de Trabajadores la secundara supuso una fractura ideológica. En aquellos días, un presidente del “partido hermano” ocupaba también el Palacio de la Moncloa.


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También hoy. La huelga general del próximo 29 de septiembre, convocada por los sindicatos antes de que el Gobierno apruebe su reforma laboral, ha sido anunciada casi con pesar. Con el gesto triste del padre que se obliga a castigar a su hijo para corregir un mal comportamiento. Del tono de Cándido Méndez se desprende una decepción personal, porque ve terminada la etapa con más “paz social” desde que accedió al liderazgo ‘ugetista’, en el ya algo lejano mes de abril de 1994.


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El discurso de Méndez nos deja, por tanto, dos reflexiones importantes: que el cambio del Gobierno le parece definitivo y que ha sido impuesto por Europa [“el guardagujas”]. Guardemos estos argumentos durante unas líneas para regresar atrás. Desde el año 78, las fuerzas sindicales han convocado cuatro huelgas generales de jornada completa [1985, 1988, 1994, 2002], una de media jornada [1992] y otra, simbólica, de sólo una hora de duración [1978]. De ellas, tan sólo dos son recordadas como hitos en la historia política de nuestro país: las que fueron concebidas con un claro objetivo por parte de los sindicatos, y que además fue conseguido gracias a la contundencia de los paros laborales.

Es cierto que la huelga del 94, en plena crisis económica, pudo ser una pieza más en el dominó que provocó la caída de Felipe González, pero no es menos cierto que el PSOE ignoró las exigencias de los sindicatos… y el empleo empezó a recuperarse a partir de entonces. Las huelgas verdaderamente trascendentes fueron las de 1988 y 2002. A finales de los ochenta, el ministro de Trabajo [que curiosamente se llamaba Manuel Chaves y que también hoy se sienta en el Consejo de Ministros] tuvo que retirar su Plan de Empleo Juvenil, después de que el país se quedara desierto un 14 de diciembre. A principios de los 2000, el ministro Juan Carlos Aparicio pagó con su puesto y con la retirada del llamado “decretazo” la sonora protesta en la calle del 20-J.

Las dos huelgas, con un claro objetivo; las dos, con una contundente oposición al Gobierno de turno, más o menos cercano en lo ideológico a las fuerzas sindicales. Atención, pues, en este contexto, a los argumentos de un ex Secretario General de Comisiones Obreras. Se le ha criticado su cercanía a Aznar, ha protagonizado buena parte de la historia sindical de los últimos años… y se llama José María Fidalgo.


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En resumen, las huelgas que los sindicatos han ganado, las que les han otorgado fuerza en la negociación, son las que han sido convocadas con claros objetivos y desde la contundencia. Recordemos los argumentos de Méndez: asume que el Gobierno no dará marcha atrás y que ha inclinado la cabeza ante Europa. La descafeinada huelga funcionarial del pasado 8 de junio, contra las medidas anti-déficit, ya contribuyó a que UGT y CCOO perdieran peso específico en el diálogo social. Si no cuidan su actuación de cara al 29-S, el disparo contra el pianista europeo [o en este caso contra el “guardagujas”] les puede salir por la culata. Y no olvidemos que detrás de las pancartas, quienes desfilan… son los trabajadores.


Un grupo de votantes esperan ante la urna el 9 de marzo de 2008 (AP / Israel L. Murillo)



El pasado viernes, un lector de Periodismo Humano decía en Facebook que no estaba “nada de acuerdo” con el post Tres respuestas para la derecha. En el artículo decíamos que, ante el panorama político actual, una de las salidas para el votante podía ser la abstención, y José Ignacio nos contaba por qué no opina igual: “Me parecen una lectura y unas conclusiones muy simples. En todas las votaciones he participado, nunca he votado nulo o blanco [...]. Tengo claro que el voto nulo o la abstención ayuda a gobernar, y el voto en blanco lo mismo, pero a quien no deseas”. Esta interesante observación, que agradecemos, nos ha llevado a una pregunta: ¿cómo se han comportado los abstencionistas desde la Transición?


Porcentaje de abstencionistas entre 1977 y 2008 (Fuente: Ministerio del Interior)



El gráfico que se encuentra sobre estas líneas muestra cómo ha evolucionado la abstención en España desde las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. Como se puede comprobar, en las llamadas “Elecciones Generales”, siempre ha votado un mínimo del 68 por ciento del electorado, y ese récord por abajo data de 1979, hace más de tres décadas. Otro dato interesante que podemos extraer del cuadro es la relación entre la evolución de la curva y las fechas. Los picos de abstención, las jornadas electorales en las que más votantes se han quedado en casa, coinciden siempre con comicios que han resultado poco determinantes para un cambio político.

En 1979, la victoria de la UCD de Adolfo Suárez se daba por descontada por su labor durante la Transición; en 1986 y 1989, nadie preveía una derrota del Partido Socialista de Felipe González, con amplio predicamento social; en 2000, la “legislatura de Aznar” condujo a la mayoría absoluta del Partido Popular, y esa victoria tampoco inquietó al electorado. Después están los puntos más bajos del gráfico, los momentos en los que la ciudadanía salió a votar masivamente: cabe destacar la primera victoria de la izquierda, en 1982, las dos elecciones consecutivas que acabaron con González, en 1993 y 1996, y el 14 de marzo de 2004: la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno tras los atentados del 11-M. La excepción, las elecciones de 2008, que registraron una alta participación… que reforzó tanto al PSOE como al PP.

¿Y qué ocurre en Europa? La abstención española, más allá del aparente desapego de “lo político” que se percibe en la calle, está en la media de los países desarrollados de nuestro entorno, y es una media bastante alta. El pasado mes de mayo, el conservador David Cameron llegó al número 10 de Downing Street con un 35 por ciento de abstención. En Alemania y Grecia, la reválida de Merkel y la apuesta por Papandreu se produjeron en 2009 con una abstención del 30 por ciento. Portugal marca el récord a la baja con una participación del 60 por ciento en las últimas parlamentarias, y los países más participativos de los últimos años han sido Italia y Suecia, ambos por encima del 80 por ciento.

En marzo de 2008 la crisis económica aún no había estallado con toda su crudeza, pero los votantes se portaron. Una participación del 76 por ciento es uno de los mejores datos de Europa, a pesar de las evidentes carencias de nuestra clase política. Este capital de la democracia española, que mantenemos desde la Transición, puede estar en riesgo. De los líderes de los partidos depende que no se quiebre esa línea roja: en este caso, una gruesa línea roja.


El 19 de abril de 1994 quedaba justamente un año para que José María Aznar saliera ileso de un atentado cometido por la banda terrorista ETA. Esa mañana, sin conocer lo que pasaría 365 días después, el entonces presidente del Partido Popular participaba en el Debate sobre el Estado de la Nación… y acuñaba una de las frases políticas por las que sería recordado: aquello de “váyase, señor González“.


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Más allá de la anécdota del momento político, que desató un bienio de dura oposición contra Felipe González, es interesante seguir el razonamiento de Aznar: no pide al presidente que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones, sino que dimita y proponga al rey un candidato de su propio partido. 2010. El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, se ha dirigido en unos términos bastante distintos al actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.


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El portavoz popular pide elecciones anticipadas. La Constitución de 1978, en su artículo 101, prevé claramente en qué cuatro circunstancias puede cesar un Gobierno: tras la convocatoria de unas elecciones, tras la pérdida de la confianza parlamentaria por parte del presidente, tras su dimisión o su fallecimiento. Descartando como improbables la cuarta y la segunda [a pesar de algún intento fallido], quedan dos hipótesis tan posibles como legítimas: que Zapatero disuelva las Cortes o que presente su dimisión al rey. Mientras Aznar elegía pedir la segunda opción a González en 1994, el PP de 2010 ha escogido la primera. Y no es una elección menor. La de 1994 supone respetar la voluntad popular en unas elecciones recién celebradas, y la de 2010 considera que han sucedido cosas que merecen un nuevo pronunciamiento en las urnas.

De todo lo que ha sucedido, de todo lo que el Gobierno ha rectificado en su política económica, del giro radical que ha ejecutado en los últimos 15 días ya habíamos hablado extensamente. El último capítulo se llama “endeudamiento de los ayuntamientos“, y tras la enésima rectificación del Gobierno en el Boletín Oficial del Estado, la vicepresidenta Elena Salgado ha asegurado con una sonrisa que se ha tratado de “un error”. Es la misma sonrisa, nótese en su voz, con la que aseguró hace unos meses que la inclusión de la ampliación de la edad de jubilación en un documento enviado a Bruselas era sólo… “una propuesta”.

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No hay duda de que el currículo de Elena Salgado demuestra que es una mujer sobradamente preparada para la gestión pública, pero a la vicepresidenta económica de un estado europeo que atraviesa graves dificultades debería exigírsele seriedad. Sobre todo al plantear a la ciudadanía duros ajustes que afectan a su bienestar social. Necesitamos un Gobierno que, a la hora de hacer recortes, no sitúe las tijeras en torno a su propio cuello; y necesitamos una oposición que esté, no como hasta ahora, al lado de ese Gobierno para sacarnos de la crisis. Sin una alternativa seria, las elecciones anticipadas que pide el Partido Popular pueden compararse con apagar un fuego utilizando un buen chorro de gasolina.