Tras la política

Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)

Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)



Da la casualidad de que, andando el tiempo, el Partido Popular tenía razón en parte de las cosas que decía sobre el Estatuto de Cataluña. El PP recurrió 114 artículos del texto en 2006, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón completa en 14, y la razón de forma parcial en 27. Pero tras cuatro años de deliberaciones, casi nadie recuerda el fondo de los argumentos de Mariano Rajoy: se recuerdan las recogidas de firmas, los exabruptos, el “se rompe España“. En definitiva, las formas.


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Ya tenemos fallo, y con él ha llegado la culminación de un giro copernicano en el discurso de Rajoy. El presidente del PP lleva semanas visitando círculos ecuestres y cámaras de empresarios en Cataluña, con intervenciones en las que ha evitado referirse explícitamente al Estatut… y aguantando críticas por ello. Tras hacerse pública la decisión del Constitucional, el líder de la oposición ha apelado al consenso, a mirar al futuro y a recuperar los pactos de la Transición. Con unas formas muy distintas a las de 2006.


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¿Y por qué ese giro? Quizá por la misma razón que apuntábamos cuando hablábamos del nuevo papel del PNV como auxiliar del Gobierno, por la misma razón que Durán i Lleida ha querido erigirse en la figura política clave para la salida de la crisis. Porque el próximo otoño, en Cataluña, se celebran elecciones autonómicas, y las encuestas pronostican que CiU recupera el voto perdido por el tripartito en su desgaste. En ese cálculo [y a falta de sondeos post-sentencia] cuadra el giro del Partido Popular.


Encuesta de La Vanguardia (marzo 2010)



Si a todo esto le sumamos la aceptación de un Pacto por la Energía con el Gobierno y la disposición a alcanzar acuerdos en materia de legislación laboral, componemos el cuadro con el que el Partido Popular quiere ganar las próximas elecciones generales. Cataluña elige a 47 de los 350 diputados del Congreso: tradicionalmente, los que deciden si en La Moncloa vive un presidente socialista o un presidente popular. Si el PP de Rajoy consigue cultivar una imagen de partido moderado entre los electores catalanes [algo que tendría más fácil colocando a varios consellers en un futuro gobierno de Artur Mas], estaría cimentando una hipotética victoria en 2012. Aunque este panorama nos deja tres dudas… Si Montilla deja la Generalitat, ¿seguirá siendo Zapatero un enemigo para CiU? Si a Rajoy le sale bien la “Operación Mas“, ¿habrá una “Operación Urkullu“? ¿Y el Gobierno? ¿No se trataba, hace sólo días, de hacer caer al Gobierno cuanto antes?


Zapatero recibe a Rajoy en La Moncloa en diciembre de 2006 (AP / Bernat Armangue)


Al filo de las 10 de la mañana, el coche oficial de Mariano Rajoy habrá ejecutado una suave curva y habrá frenado ante la puerta principal del Palacio de la Moncloa. Allí habrán estado esperando una treintena de reporteros gráficos, pendientes de si Rodríguez Zapatero bajaba las escaleras, de si sonreía al recibir a su invitado o de si ambos miraban al cielo para comprobar que este mes de mayo está resultando más frío que los anteriores. Y los dos se habrán soltado la mano y se habrán perdido en las sombras del palacio, y habrán comenzado las especulaciones sobre si la reunión duraría más o menos, sobre dónde se convocarían las comparecencias posteriores o sobre quiénes serían los comparecientes. Una composición teatral que ya conocemos de sobra.

Desde que Zapatero llegó a La Moncloa ha recibido a Rajoy, públicamente, en 10 ocasiones. Y decimos “públicamente” porque, por ejemplo, ambos pasaron un buen rato juntos, prácticamente solos, hace dos semanas; y ha habido alguna cena “discreta” en Moncloa, y algún despacho conjunto con el rey. Si dijéramos que el balance de los encuentros es “desigual” estaríamos faltando a la verdad: el balance es muy pobre. Sólo en cuatro ocasiones ha habido acuerdo, pero eran cuatro ocasiones tan delicadas que un desacuerdo habría sido recibido por la opinión pública casi como un insulto. La primera fue el 14 de enero de 2005. El presidente del PP estuvo en La Moncloa pocos días antes de que el “Plan Ibarretxe” llegase al Congreso de los Diputados, allí pactó con Zapatero un frente común contra el soberanismo vasco, y pronunció unas palabras a la salida que, escuchadas hoy, parecen imposibles.


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El segundo acuerdo básico entre Zapatero y Rajoy tuvo también al País Vasco como protagonista. Tras el anuncio de un alto el fuego por parte de ETA, el Partido Popular mantuvo una actitud escéptica que fue convirtiéndose en enfrentamiento con el Gobierno, pero el 11 de junio de 2007… ETA había roto ya su tregua, y Rajoy aseguró estar junto a Zapatero ante lo que pudiese venir. Eso sí, con condiciones. Los otros dos acuerdos, acuerdos parciales, llegarían en el año 2008. En su reunión del 23 de julio, los líderes políticos pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial [no olvidemos las manifestaciones de funcionarios durante la campaña electoral], y en la del 14 de octubre se fraguó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria [¿alguien imagina al presidente del Gobierno y al líder de la oposición... no pactando el rescate de los bancos?].

Esto en el haber. En el debe, muchos asuntos en los que Zapatero y Rajoy deberían haberse puesto de acuerdo… y no lo han hecho. En las dos reuniones del año 2008, constataron que no eran capaces de pactar la renovación del Tribunal Constitucional, con lo que eso significa [y seguirá significando] para el futuro del Estatuto de Cataluña. De hecho, en 2005, acordaron abrir una comisión para impulsar conjuntamente las reformas estatutarias [que no llegó a crearse] y desde entonces no han conseguido ponerse de acuerdo en materia de política territorial. La lucha antiterrorista fue objeto de discordia hasta la ruptura de la tregua por parte de ETA, y en materia económica, Zapatero y Rajoy pactaron crear una mesa bipartita para las reformas estructurales que necesita España… de la que nada más se supo. Ni la salida de la crisis, ni la política del agua, ni la educación, ni la política exterior.

La reunión de este 5 de mayo tenía dos temas en la agenda: el rescate de la economía griega y la reordenación del sector bancario. A la hora de escribir estas líneas no conocemos el resultado, no sabemos si ha habido sonrisas, miradas al cielo o comparecencias en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Pero sabemos lo que se espera del presidente del Gobierno y del líder de la oposición en una ocasión como esta. Justo cuando nuestra economía sufre ataques especulativos, justo en el momento en que hay 4 millones y medio de parados, justo ahora que los dos principales tribunales del sistema judicial están desprestigiados, lo que se espera de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy es altura de miras. Y no sólo otro apretón de manos vacías ante la puerta de un palacio.


María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular (Fuente: www.pp.es)



El programa electoral del Partido Socialista para las Elecciones Generales del año 2004 llevaba, en su página 59, un compromiso en materia de reformas estatutarias. Atención a la parte en la que se alude al consenso.


El PSOE posibilitará las reformas estatutarias que se planteen de acuerdo con la Constitución y respaldadas por un alto grado de consenso democrático. Pero también cree que ha llegado el momento de que, desde el Estado, se aborden algunas modificaciones del Estado Autonómico que contribuyan a superar las ineficiencias, distorsiones y desigualdades que el transcurso de los años ha ido revelando.



Las palabras son “alto grado de consenso democrático”. 6 años después de la victoria electoral de Zapatero, podemos afirmar que los socialistas han impulsado cuantas reformas estatutarias han querido llevar a cabo las comunidades autónomas, pero el consenso se ha alcanzado siempre a medias… o acompañado de situaciones paradójicas. Sobre todo en lo que concierne al agua. Porque es el agua [la política hídrica, la gestión o titularidad de los ríos] el factor fundamental de una batalla jurídica sin precedentes entre autonomías.

El último capítulo de la guerra del agua se ha librado en Castilla-La Mancha. El PSOE impulsó en 2006 una reforma estatutaria que culminó con un texto pactado con el PP. Ahora ese texto ha encallado en el Congreso… a causa del agua. La Secretaria General del PP y candidata a suceder a José María Barreda en la Junta culpa al PSOE de buscar la derrota del estatuto para utilizarla como arma electoral; el presidente castellanomanchego destaca que Dolores de Cospedal ha cedido ante las presiones de la Comunidad Valenciana y Murcia. Sea como fuere, las previsiones del estatuto en materia de agua… lo han hecho descarrilar.

En el caso de Castilla-La Mancha, el conflicto de intereses ha estallado antes de la aprobación del estatuto, pero hay muchos otros casos en los que no ha sido así. El gobierno de Barreda [también el de Aragón] recurrió ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana: consideraba intolerable el artículo 17.1, que establecía el derecho de los valencianos a los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias. El TC desestimó ambos recursos, y le queda aún mucho trabajo por delante. Por ejemplo, con el Estatuto de Cataluña. Al debate por el término “nación”, la bilateralidad o la lengua, el tribunal debe añadir los recursos de La Rioja y Murcia por las previsiones del texto en torno al río Ebro.



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Quienes critican los recelos del Partido Popular sobre el Estatut, recuerdan que muchos artículos rechazados por el partido de Rajoy fueron votados por Javier Arenas en el parlamento andaluz. El Estatuto de Andalucía dice en su artículo 51 que la comunidad “ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que trascurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”, y esa redacción fue apoyada por el PP, y recurrida por el extremeño Rodríguez Ibarra. Su sucesor al frente del gobierno, Guillermo Fernández Vara, hizo lo mismo en 2008 con el Estatuto de Castilla y León: consideraba que si los castellanoleoneses se arrogaban la competencia exclusiva sobre el río Duero… se vulneraba la Constitución.

Para defender su estatuto, Barreda recordaba hace unos días la posición del PP frente al Estatuto de Aragón. Allí, los populares exigieron una reserva hídrica para pactar el texto con el PSOE: una reserva hídrica que no ha prosperado en Toledo, y que está recurrida por el Gobierno de la Rioja. Hay socialistas enfrentados con socialistas, populares enfrentados con populares, un gigantesco lío entre comunidades enmarañado en el Constitucional. Buscando título para el post, pensé que la política hídrica había estado brotando de los partidos en los últimos años “a borbotones”, pero el diccionario de la Real Academia me sugiere “a borbollones”. Dice que significa “atropelladamente”, y que un “borbollón” es una “erupción que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie”. Pues eso.


Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde lleva más de 20 años en el primer plano de la actualidad española. En 1989, este jurídico de la Armada se retiró del Ejército como comandante, ya que esa posición era incompatible con la actividad política: pasó a convertise en Coordinador General de la Refundación del Partido Popular. Desde entonces ha sido diputado en todas las legislaturas, ha presidido el Congreso, ha sido Ministro de Defensa, y ahora ocupa el cargo de Coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP. Uno puede pensar que, en este 2010, después de dos décadas de servicio público en puestos de tan altísima responsabilidad… la influencia del señor Trillo sobre los asuntos del día a día es pequeña, o como mucho “limitada”. Vamos a comprobarlo.

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

El último gobierno de José María Aznar dejó varios supervivientes políticos, pero si excluimos a Mariano Rajoy, ninguno de los otros ex ministros [ni Cristóbal Montoro, ni Javier Arenas, ni Francisco Álvarez Cascos... ni siquiera Rodrigo Rato] conserva tanto peso como Trillo. En los últimos 15 días, el Coordinador popular de Justicia ha marcado la línea de su partido en tres frentes: el levantamiento del secreto de sumario en el caso Gürtel, el procesamiento de Garzón por los crímenes del Franquismo y las medidas del Gobierno para que Batasuna no llegue a los ayuntamientos. El voto de Federico Trillo [diputado por Valencia] será clave para la aprobación en el Congreso del Estatuto de Castilla-La Mancha [muy controvertido en sus artículos referentes a las reservas de agua]; desde la gestión de Trillo persisten los ecos del accidente del Yak-42; y por supuesto, un recurso firmado por él [PDF] mantiene atascado al Constitucional desde hace 4 años.

Porque más allá de Gürtel, Garzón o el agua, el asunto que trae de cabeza a las élites políticas desde hace ya muchos meses es la inminente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Las elecciones catalanas están programadas para el próximo otoño, y un veredicto del Constitucional contrario al texto tendría efectos políticos y jurídicos muy difíciles de predecir. Y como también es imposible predecir en qué sentido se van a pronunciar los jueces, aquí va un dato anecdótico para tranquilidad de quienes piensan que su tardanza es excesiva: el pasado 27 de abril de 2009, el TC “inadmitió el recurso de amparo” presentado por un grupo de diputados socialistas [entre ellos Rodríguez Zapatero] contra una decisión de la Diputación Permanente del Congreso. El recurso se presentó en marzo de 2004, más de 5 años antes, y el asunto no pasaba de ser un trámite parlamentario sobre la guerra de Irak.

Conclusión. 20 años después del Congreso de la Refundación del PP, con fotografía sevillana del aniversario incluida, hay un nombre que continúa marcando la agenda política del partido: el de Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.