Tras la política

El caos en Barajas (AP)

El caos en Barajas (AP)

He buscado “State of alarm” en Google por simple curiosidad. El resultado es… España. La figura del ‘estado de alarma’, a pesar de contar con algunos equivalentes en Europa -como los que prevé el artículo 19 de la Constitución de Portugal-, parece netamente española. Y la forma en que entró en vigor el pasado fin de semana, por primera vez en democracia, responde también a una crisis estatal netamente española. Parece necesario intentar conocer mejor dos aspectos de la figura jurídica: las bases legales que la sostienen y el contexto en que se ha decretado. Como no soy ningún experto jurista, me limitaré a compartir en este post algunos documentos que me han ayudado a comprender mejor la situación.

Primero, el contexto. Tras muchos meses de conversaciones [y algunas afirmaciones grandilocuentes], el Gobierno y los controladores aéreos sólo habían conseguido llegar a un punto muerto. Estaban en juego su dependencia orgánica de AENA, el sueldo que iban a cobrar… y el detonante: la manera de computar sus 1.670 horas anuales de trabajo, que según el sindicato USCA están ya plenamente superadas en este 2010. El artículo 4.4.a de la Ley de Seguridad Aérea de 2003 prevé que el ministerio de Defensa ejerza el control de la circulación aérea cuando el presidente del Gobierno lo decida “por concurrir circunstancias extraordinarias que así lo aconsejen”. El pasado mes de abril, ante el bloqueo de las negociaciones, el Gobierno aprobó la Ley 9/2010. En su disposición adicional primera, el texto obliga a los trabajadores de AENA a “facilitar” esa militarización.

Así llegamos al pasado viernes, 3 de diciembre. En el Consejo de Ministros de esa mañana el Gobierno aprueba un Real Decreto con “medidas liberalizadoras” de la economía, y entre ellas, se incluye una modificación de las leyes 21/2003 y 9/2010. En la disposición adicional segunda del Real Decreto, se dispone que un médico de AENA evalúe las peticiones de baja laboral de los controladores, y se explicita que, en caso de emergencia, Defensa “asumirá su organización, planificación, supervisión y control”. Esto, horas antes del parón en los aeropuertos. A partir de ese momento, como bien ha relatado Javier Casqueiro en ‘El País’, la situación política se convierte en frenética. Pasadas las 22:00 horas, el presidente Zapatero firma el Real Decreto que transfiere a Defensa el control del espacio aéreo basándose en la redacción aprobada esa misma mañana por el Consejo de Ministros. En ese texto hay una frase que analizaremos más tarde.

El sábado 4 de diciembre por la mañana, dado que los controladores no regresan a sus puestos de trabajo, el Gobierno decreta el ‘estado de alarma’ previsto en el artículo 116 de la Constitución de 1978. Ese artículo estipulaba que los estados de alarma, sitio y excepción tendrían que ser regulados por una Ley Orgánica, y así ocurrió tres años más tarde. La Ley Orgánica 4/1981 [redactada sólo unos meses después del golpe de Estado de Tejero] preveía que el ‘estado de alarma’ fuera decretado “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”. En el artículo 4 de esa ley encontramos cuáles son las circunstancias extraordinarias, y entre ellas, la “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad”. Pero quizá el aspecto esencial para comprender el asunto de los controladores lo encontremos en el artículo 9.1.

Por la declaración del Estado de Alarma todas las autoridades civiles [...] y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.


Torre de control (AP)

Torre de control (AP)

Aquí está el meollo de la cuestión. El ‘estado de alarma’ pone a los funcionarios civiles a las órdenes directas de “la autoridad competente” [en este caso, el Gobierno central]. ¿Y quién ejercerá esa autoridad en su nombre? Basta con leer el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, en el que ese ‘estado de alarma’ se ha decretado por primera vez. En su artículo 3, el decreto estipula que “los controladores pasan a tener la consideración de personal militar”, y en su artículo 6, que la autoridad delegada del Gobierno será el Jefe del Estado Mayor del Aire. Sin embargo, la Ley Orgánica de 1981 que examinábamos más arriba, y que regula el ‘estado de alarma’, no prevé que el Ejército asuma ese papel. ¿Dónde encontramos esa posibilidad? En la modificación legislativa aprobada por el Consejo de Ministros en la mañana anterior.

Hasta aquí los documentos para la reflexión. Ahora, dos preguntas. Antes habíamos dejado pendiente el análisis de una frase del Real Decreto de militarización. Esa frase dice así: “El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire [...] activará los recursos de control de tráfico aéreo del Ministerio de Defensa y exigirá la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores civiles ausentes”. ¿Una movilización obligatoria con el ‘estado de alarma’ aún sin decretar? Y la segunda pregunta. ¿Alguien se ha fijado en que, según el artículo 116.5 de la Constituciónno pueden disolverse las cámaras mientras continúe en vigor el ‘estado de alarma’?