Tras la política

Protesta de agentes de la Guardia Civil ante Interior, el mes pasado (AP / Víctor R. Caivano)

Protesta de agentes de la Guardia Civil ante Interior, el mes pasado (AP / Víctor R. Caivano)



Hace menos de un mes, cientos de guardias civiles se concentraron ante el edificio del ministerio del Interior. En pleno centro de Madrid, y algunos de uniforme, los agentes pidieron al ministro mejoras salariales y laborales. Los medios de comunicación mostraron a los manifestantes haciendo sonar sus silbatos, coreando sus consignas: en definitiva, haciendo “legítimo ruido”. Y sin embargo, la Constitución prevé otra forma de hacer ruido, mucho más silenciosa en la forma, a la que los medios no solemos prestar atención


Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración [...]



Este texto pertenece al artículo 54 de la Constitución, que introduce en el ordenamiento jurídico de nuestra democracia la figura del Ombudsman sueco, un mediador entre la población y las administraciones. Sus competencias, explicadas brevemente en la página web de la institución, no dejan lugar a dudas: es una figura que el legislador consideró como importante, facultada incluso para plantear recursos en el Tribunal Constitucional… y permanentemente ignorada en la vida política española.

A principios del pasado verano, un veterano socialista abandonó el cargo de Defensor del Pueblo tras una década en ejercicio. Enrique Múgica, clave para el ascenso a la Secretaría General del PSOE de Felipe González, envuelto en alguna polémica relacionada con el golpe de Estado del 23-F, dejaba la institución en manos de su adjunta, María Luisa Cava de Llano, tras un mandato muy discutido. Y la polémica no ha terminado con la salida de Múgica, porque la nueva Defensora del Pueblo lo es “en funciones”: los partidos no han conseguido ponerse de acuerdo en un nombre para la sucesión.

Pero volvamos a los guardias civiles. Este mes de septiembre, mientras los agentes se manifestaban en la calle, llegaba al Congreso de los Diputados el informe anual del Defensor del Pueblo (PDF). Recoge todas las quejas que han llegado a la institución, cuáles han sido atendidas y cuáles han sido rechazadas. En la página 32 del resumen enviado a los medios, en el apartado dedicado a las “quejas colectivas“, se puede leer un resumen de las más significativas. Y la primera es muy llamativa: “125 miembros de la Benemérita manifiestan su desacuerdo con el hecho de que la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil no lleve aparejada pensión”.

125 agentes de la Guardia Civil son los impulsores de una queja “planteada por un número significativo de ciudadanos”, y si comparamos esa cifra con la que se vio en la concentración… encontraremos la diferencia entre la importancia simbólica que se concede a las manifestaciones y la que se presta al Defensor del Pueblo. En el documento se recoge también la iniciativa de “107 ciudadanos”, que plantean una queja sobre el Eje Atlántico de Alta Velocidad; que “225 ciudadanos dan traslado de un manifiesto en defensa de la escuela infantil”; o que “5.511 vecinos de Ajo (Cantabria) plantean su queja la orden de derribo de un establecimiento de hostelería de la localidad”.

Dice el informe que, en 2009, fueron planteadas 22.287 quejas por parte de 79.386 ciudadanos que “depositaron su confianza en el Defensor del Pueblo”. Si utilizamos los datos del Instituto Nacional de Estadística, 46.666.421 españoles no tuvimos razones para quejarnos durante el año pasado.