Tras la política

El eurodiputado socialista, durante su entrevista con 'Periodismo Humano' (DAVID MARTOS)

El eurodiputado socialista, durante su entrevista con 'Periodismo Humano' (DAVID MARTOS)


Charlar sobre comunicación política con Enrique Guerrero [Valencia, 1948] es como hablar de fútbol con Guardiola: se le nota el oficio que aporta haber llegado hasta la cumbre desde la base de la pirámide. Es doctor en Ciencias Políticas, estudió en el prestigioso MIT de Massachussets, y ha ocupado puestos de diversa responsabilidad en la administración -pasando por una secretaría general, una jefatura de Gabinete o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Entre 1993 y 1996, vivió junto a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Palacio de la Moncloa el ocaso del gobierno de Felipe González; entre 2004 y 2008 participó, como director adjunto del Gabinete de la Presidencia, la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El hoy eurodiputado socialista, antes de la primera pregunta, se queja de no contar con una voz potente para responder.

  • Pero… ¿qué es más importante? ¿Lo que se dice o cómo se dice?

Lo importante en el fondo es lo que se dice. Si uno no tiene algo que decir, es difícil que transmita a los demás. Pero cada vez es más importante cómo se dice, transmitir los mensajes con cercanía a la gente, porque la gente lo que anda buscando es que le interpreten aquellas cosas que no entiende de la vida, y en la medida en que se acerque uno a la vida real y lo haga de una manera simple y sencilla, es más fácil que a uno le escuchen. Hay un debate sobre quién comunica mejor, si la derecha o la izquierda, y hay una cierta tendencia a creer que la izquierda funciona con eslóganes, mientras que la derecha va directamente a los sentimientos, a veces a los malos sentimientos, a los miedos, y en ese sentido conecta mejor con ellos. Mientras, nosotros tendemos hacia un discurso un poquito más explicativo, elaborado, difícil.”

En suma, Guerrero reconoce que la izquierda puede aprender de la derecha a la hora de buscar la conexión con la gente, pero que debe permanecer en el terreno de la explicación, del análisis. Enseguida salta al primer plano de la conversación el papel de los medios de comunicación, y cómo los políticos han aprendido a emitir sus mensajes para que los periodistas no tengamos que digerirlos.

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El eurodiputado concluye que los medios buscan titulares “confrontativos” en vez de reflexiones sobre Educación o Sanidad. Pero hasta ahora hemos hablado de medios tradicionales; llegamos a los nuevos medios.

  • ¿Cómo es la relación de los políticos con los medios digitales?

“Se está produciendo una ampliación de la capacidad de comunicación política. Por ejemplo, a través del correo electrónico, que no es exactamente como las redes sociales, pero en fin, que es una manera de comunicación. En la última semana yo puedo haber recibido en mi correo del Parlamento Europeo, sin exagerar, 1.500 correos sobre el tema del Sáhara. Eso permite al responsable político pulsar hasta qué punto y en qué segmentos sociales hay una preocupación, un interés por un problema determinado. Y al mismo tiempo, al ciudadano le permite hacer llegar su interés en que se aborde el tema allí donde se ejerce la representación.”

Y sin embargo, Enrique Guerrero quiere dejar claro que existe una marcada brecha generacional entre los ciudadanos a la hora de utilizar las nuevas tecnologías para la comunicación directa con los políticos… o sobre política.

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Pulsión de cambio que, según él, suele coincidir con el final de una hegemonía política -como ocurrió en 2004 en España o en 2008 en Estados Unidos. Dice Guerrero que es muy difícil que eso ocurra en un país como el nuestro, con un sistema electoral que no favorece las mayorías absolutas -hegemonías-, pero que si se producen… hay una parte del espectro que sale claramente beneficiada.

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  • ¿Nos falta ensayar gobiernos de coalición para ser una democracia madura?

“Pues yo diría que sería una buena cosa que eso sucediera. Nosotros nunca hemos tenido un gobierno de coalición a nivel nacional, y sin embargo ha habido y hay gobiernos de coalición a nivel autonómico y en ayuntamientos. La razón fundamental es que el nivel de confrontación política que hay en España hace sumamente costoso en términos políticos, para el partido que tiene que apoyar al mayoritario, formar un gobierno de coalición. Es decir, aquí normalmente eso se hubiera hecho con partidos nacionalistas, que consideran, y con buenas razones, que con apoyos presupuestarios o apoyos parlamentarios pueden conseguir lo mismo sin exponerse al deterioro que supone formar parte del Gobierno. Los ciudadanos españoles están todavía habituados a ubicar toda la responsabilidad política en el Gobierno y en el cabeza de Gobierno. Pero, contestando a tu pregunta, creo que sería bueno que hubiera gobiernos de coalición porque convertiría e normal el diálogo político.”

  • Hablemos del círculo presidencial. ¿Existe el ‘Ala Oeste’ de La Moncloa?


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Uno de los ‘mantras políticos’ de un tiempo a esta parte es que el Gobierno tenía un problema de comunicación que Zapatero ha querido resolver con el último cambio de ministerios. Por eso preguntamos a Enrique Guerrero qué significa “comunicar bien” y cuáles son las implicaciones morales de la política comunicativa del Ejecutivo.

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  • ¿Cómo ha cambiado la comunicación desde su primera etapa en Moncloa?

“Ha cambiado mucho en muchas cosas, ¿no? Digamos que la primera generación socialista, con Felipe González a la cabeza, comunicativamente estaba todavía en la política clásica, en la argumentación, se preocupaba menos por el formato de lo que trataba de transmitir que por el contenido. Felipe González forma parte de ese fenómeno de la comunicación que consiste en que alguien te atiende y cree entenderte… aunque realmente, si luego le preguntas qué ha dicho el que comunicaba, no es fácil que te lo repita. La comunicación ahora es muy distinta porque tiene otros formatos. Una queja actual de los periodistas es que los políticos, cada vez más, no comunican sino que ‘entregan comunicación’. Es decir, formatean por sí mismos el mensaje que quieren que llegue a los ciudadanos y utiizan a los medios de comunicación en el primer sentido del concepto: no como comunicación, sino como medio. Y cada vez hay menos ruedas de prensa, cada vez hay menos debates propiamente dichos, cada vez hay menos pluralidad en quienes se acercan a los protagonistas políticos, etc.”

Guerrero vuelve a poner la pelota en el tejado de los medios para asegurar que también ellos son cada vez menos plurales, aunque más sofisticados en sus formas de comunicación. Por eso es interesante saber cómo se acercan los políticos a ese ecosistema tan complejo. Según el socialista, con “pragmatismo, masoquismo y cinismo”.

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Con la recta final de la entrevista, llegan las preguntas sobre la práctica diaria de la comunicación política. Asegura Guerrero que, los viernes por la mañana, y leyendo las portadas de los medios, el ministro portavoz “ya sabe qué le van a preguntar en la rueda posterior al Consejo de Ministros”. ¿Significa eso que dar una rueda de prensa sea sinónimo de convertirse en un frontón donde rebotan las preguntas de los periodistas?

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Regresamos al núcleo duro que rodea al presidente, y a esa eterna cuestión que se plantea sobre sus asesores. ¿Le dicen lo que quiere oír? ¿Son críticos con sus decisiones y le trasladan la opinión de la calle. En definitiva… ¿está solo un presidente del Gobierno en su tarea? Antes de contestar, Enrique Guerrero puntualiza que no se refiere a ningún presidente en particular.

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  • La última pregunta. ¿Puede sólo un cambio en la forma de comunicación remontar una situación preelectoral ciertamente adversa para el Partido Socialista?

“No. La comunicación por sí misma no cambia la realidad, pero sí la idea de que el Gobierno, a través de la comunicación, está dispuesto a enfrentarse seriamente con la realidad, a combatir esa idea predeterminada de que las elecciones de 2012 están ya decididas, y a tratar de movilizar al electorado socialista. En ese sentido, mientras que inicialmente mi respuesta ha sido ‘la comunicación, por sí sola, no cambia esto’… ‘la comunicación es necesaria e imprescindible para que se pongan en marcha los cambios que pueden cambiar esto’.”

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La entrevista con Enrique Guerrero es sólo la primera de una serie de conversaciones sobre comunicación política, con responsables de distintos partidos, que iremos publicando en Tras la Política durante las próximas semanas.


Cataluña, en plena efervescencia preelectoral (AP / Manu Fernández)


Leer la resolución es como viajar en el tiempo. Si no fuera porque de vez en cuando, entre los párrafos, aparece alguna referencia en pasado a los años noventa, el lector despistado podría pensar que se encuentra ante un legajo de finales de los setenta. La Junta Electoral Central ha rechazado el debate ‘cara a cara’ entre Artur Mas y José Montilla con un texto perfectamente legal… y terriblemente antiguo, basado en unos medios de comunicación unidireccionales y omnipotentes. Un texto que ignora las nuevas formas de contacto entre políticos y electores.

“Los plazos previstos […] y la forma en que debe producirse la comunicación que el medio haga sobre la organización de los debates (con indicación de la fecha y hora de emisión, de las entidades políticas invitadas y aceptación de las mismas y de la duración del debate) tienen por objeto permitir que se respete el derecho de igualdad de las candidaturas concurrentes no invitadas a ese debate”



La intención es buena, sí, pero el método es arcaico. ¿Qué ocurre si un candidato a unas elecciones decide anunciar en su cuenta de Twitter que estará el día D a la hora H en la esquina de la calle C, dispuesto a debatir con cualquier otro candidato, y que su partido se dispone a retransmitir ese encuentro por internet? ¿En qué armario quedan los corsés impuestos por la Junta Electoral Central para ese aspecto concreto de una campaña? ¿En qué ley se basan los integrantes de este organismo para dictar una resolución como la de Mas y Montilla?

En nuestra democracia, la Junta Electoral Central nace al calor de la Ley para la Reforma Política, que tras el ‘harakiri’ de los procuradores franquistas, permitió al presidente Adolfo Suárez convocar las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Antes de esa fecha, el 18 de marzo, un Real-Decreto Ley establecía su composición: el presidente y varios magistrados del Supremo, varios representantes del mundo judicial y, curiosamente, “un catedrático de alguna de las facultades de Derecho que radiquen en Madrid”. También preveía sus funciones. Básicamente, vigilar el proceso electoral y resolver quejas y recursos.

Ocho años después, en la primera legislatura del presidente Felipe González, el Gobierno puso en marcha la Ley del Régimen Electoral General, que dibuja un perfil algo renovado de la Junta Electoral Central. Los partidos políticos comienzan a tener voz en su composición -el Parlamento decide qué catedráticos la integran-, y se establece un régimen sancionador para quienes incumplan las resoluciones. Desde 1985, la junta ha generado una importante doctrina electoral, que le sirve como base para seguir resolviendo las quejas o peticiones que recibe; por ejemplo, la instrucción de 1999 a la que se refiere la resolución de Mas y Montilla.

La junta tiene su sede en el mismo edificio del Congreso de los Diputados, y su presidente se llama Antonio Martín Valverde. Y así se ha ido tejiendo la historia. En España no se pueden difundir encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña, hay que avisar a la Junta Electoral Central con cinco días de adelanto si se quiere celebrar un debate, y todo ello a pesar de que, ya en 2004, se demostró que el sistema no era capaz de digerir los acontecimientos extraordinarios posteriores al 11-M. ¡Ah! La junta ha dictado una instrucción sobre el uso de las nuevas tecnologías para la “propaganda electoral”. Léanla ustedes mismos y pregúntense si no hace falta replantearse algunas cosas.


No hace ni siquiera dos meses. El 17 de septiembre, una noticia política de primera magnitud pasó fugazmente por las portadas de los medios de comunicación: el Gobierno había destituido a Belén Barreiro, la directora de la principal institución demoscópica del país, cuando quedaba sólo un año y medio para el final de la legislatura. Y cuando el Partido Popular sacaba su mayor ventaja en voto decidido al Partido Socialista en el barómetro electoral que elabora todos los meses el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy, ni siquiera dos meses después, la vicepresidenta que decretó el cese ya no forma parte del Ejecutivo, y Barreiro analiza en la prensa los barómetros electorales que publica el centro para el que trabajó.

Su última reflexión es particularmente interesante. En un artículo corto y bien argumentado, la ex directora del CIS -que ahora dirige el Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas- asegura que, a luz del Barómetro de Octubre, que otorga una amplia ventaja electoral a Mariano Rajoy sobre Jose Luis Rodríguez Zapatero, es muy difícil asegurar que será el PP quien gane las Elecciones Generales de 2012. Y ofrece tres argumentos: que Rajoy no supera en valoración a Zapatero, que los socialistas son percibidos como mejores gestores en la mayor parte de las áreas políticas y que el electorado considera que el Partido Popular se está alejando del centro para ‘derechizarse’. Por estos motivos, Belén Barreiro nos invita a desconfiar de la primera encuesta preelectoral elaborada sin su supervisión. Y no parece un capricho.

La serie histórica del CIS, examinada en perspectiva, no deja lugar a dudas. Los barómetros han venido ofreciendo una información bastante acertada sobre la tendencia electoral de los españoles, pero ni mucho menos han acertado en los porcentajes. De hecho, tras la celebración de los comicios, puede apreciarse cómo las diferencias se ajustan, resituando en el mapa a los partidos que se han comportado de una manera ‘inesperada’ en las urnas. Como las referencias a las elecciones del año 2004 suelen ser polémicas, nos quedamos con las de 2008. El Barómetro de Enero otorgaba al PSOE una ventaja electoral de 1,5 puntos; tras los comicios, que Zapatero ganó por 3 puntos, la brecha se amplía hasta los 6 puntos… a favor de los socialistas, que cosecharon una victoria mayor que la esperada.

Pero lo mismo ocurrió en 1996 o en 2000. ¿Nos podemos fiar entonces del CIS? Y lo que es más importante. ¿Nos podemos fiar de las encuestas privadas que los periódicos imprimen a cinco columnas? El pasado mes de mayo, tras el recorte del día 12, El Mundo vaticinaba que Rajoy ganaría unas hipotéticas Elecciones Generales con una mayoría absoluta más amplia que la de Aznar; hace unos días, La Vanguardia jugaba con el mismo elemento para asegurar que el PP ‘rozaba’ esa mayoría absoluta, y la última edición del Pulsómetro de la Cadena SER, la de la primera semana de noviembre, reflejaba cierto cambio de tendencia en la opinión pública que ‘resucitaba’ al Gobierno. Mención aparte merece la errata de La Razón, que asegura que el PSOE ha perdido ’34 millones de votos’. Son encuestas que intentan fotografiar momentos, que intentan captar qué piensan los españoles.

Los barómetros del CIS siempre acaban siendo objeto de controversia política. Si favorecen a la oposición, esta los airea como pruebas de su éxito, mientras que el Gobierno musita aquello de que ‘la verdadera encuesta es la que se responde en las urnas’; por el contrario, si los porcentajes favorecen al partido en el poder, la oposición apelará a la llamada ‘cocina del CIS’, que responde al efecto estadístico que diferencia la intención directa de voto decidido… de la estimación de voto en unas Elecciones Generales. Quizá todo este soufflé se rebajase con la modificación de un Real Decreto: el 1214/1997, que a su vez modifica al 1526/1990. Son los textos que establecen que el director del CIS sea elegido por el Consejo de Ministros y no por una mayoría reforzada del Parlamento. Quizá convenga ayudar, por la vía legislativa, a que nuestras instituciones gocen de más prestigio.


Un grupo de votantes esperan ante la urna el 9 de marzo de 2008 (AP / Israel L. Murillo)



El pasado viernes, un lector de Periodismo Humano decía en Facebook que no estaba “nada de acuerdo” con el post Tres respuestas para la derecha. En el artículo decíamos que, ante el panorama político actual, una de las salidas para el votante podía ser la abstención, y José Ignacio nos contaba por qué no opina igual: “Me parecen una lectura y unas conclusiones muy simples. En todas las votaciones he participado, nunca he votado nulo o blanco [...]. Tengo claro que el voto nulo o la abstención ayuda a gobernar, y el voto en blanco lo mismo, pero a quien no deseas”. Esta interesante observación, que agradecemos, nos ha llevado a una pregunta: ¿cómo se han comportado los abstencionistas desde la Transición?


Porcentaje de abstencionistas entre 1977 y 2008 (Fuente: Ministerio del Interior)



El gráfico que se encuentra sobre estas líneas muestra cómo ha evolucionado la abstención en España desde las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. Como se puede comprobar, en las llamadas “Elecciones Generales”, siempre ha votado un mínimo del 68 por ciento del electorado, y ese récord por abajo data de 1979, hace más de tres décadas. Otro dato interesante que podemos extraer del cuadro es la relación entre la evolución de la curva y las fechas. Los picos de abstención, las jornadas electorales en las que más votantes se han quedado en casa, coinciden siempre con comicios que han resultado poco determinantes para un cambio político.

En 1979, la victoria de la UCD de Adolfo Suárez se daba por descontada por su labor durante la Transición; en 1986 y 1989, nadie preveía una derrota del Partido Socialista de Felipe González, con amplio predicamento social; en 2000, la “legislatura de Aznar” condujo a la mayoría absoluta del Partido Popular, y esa victoria tampoco inquietó al electorado. Después están los puntos más bajos del gráfico, los momentos en los que la ciudadanía salió a votar masivamente: cabe destacar la primera victoria de la izquierda, en 1982, las dos elecciones consecutivas que acabaron con González, en 1993 y 1996, y el 14 de marzo de 2004: la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno tras los atentados del 11-M. La excepción, las elecciones de 2008, que registraron una alta participación… que reforzó tanto al PSOE como al PP.

¿Y qué ocurre en Europa? La abstención española, más allá del aparente desapego de “lo político” que se percibe en la calle, está en la media de los países desarrollados de nuestro entorno, y es una media bastante alta. El pasado mes de mayo, el conservador David Cameron llegó al número 10 de Downing Street con un 35 por ciento de abstención. En Alemania y Grecia, la reválida de Merkel y la apuesta por Papandreu se produjeron en 2009 con una abstención del 30 por ciento. Portugal marca el récord a la baja con una participación del 60 por ciento en las últimas parlamentarias, y los países más participativos de los últimos años han sido Italia y Suecia, ambos por encima del 80 por ciento.

En marzo de 2008 la crisis económica aún no había estallado con toda su crudeza, pero los votantes se portaron. Una participación del 76 por ciento es uno de los mejores datos de Europa, a pesar de las evidentes carencias de nuestra clase política. Este capital de la democracia española, que mantenemos desde la Transición, puede estar en riesgo. De los líderes de los partidos depende que no se quiebre esa línea roja: en este caso, una gruesa línea roja.


Todos los portavoces parlamentarios estaban exaltados; incluso Duran i Lleida, tracionalmente sosegado, endureció las formas y el fondo de su argumentación. Pero allí había un político tranquilo, que subió a la tribuna sin levantar el tono de voz más de lo necesario, con unos argumentos tan criticables como sólidos. Era 12 de mayo y el parlamento respondía a las medidas anti-déficit del Gobierno.


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Joan Herrera es el portavoz de Iniciativa per Catalunya-Verds en la Cámara Baja desde las elecciones de 2004, y ha anunciado que dejará el parlamento en septiembre para dedicarse plenamente a las próximas elecciones catalanas. Hasta hoy, tanto él como Gaspar Llamazares han forzado la mano del Gobierno para aplicar la Ley de la Memoria Histórica, que su grupo contribuyó a redactar; ambos dieron un importante “sí” a la nueva legislación sobre el aborto, estuvieron a la vanguardia de los matrimonios homosexuales, y han contribuido a impulsar algún que otro presupuesto de Rodríguez Zapatero. Cuando el PSOE ha preferido aprobar leyes con la derecha nacionalista, han protestado por la deriva gubernamental, pero cuando el PSOE ha necesitado apoyos para las reformas progresistas, ellos han estado allí.


Encuesta publicada por El Mundo (30-05-2010)



El Gobierno socialista acaba de ejecutar un profundo recorte social, y todas las encuestas publicadas desde que lo anunció indican que se ha alejado de su electorado tradicional. En cambio esos sondeos, que disminuyen el poderío electoral del PSOE hasta en 9 puntos, sólo incrementan las posibilidades de Izquierda Unida en 1,4 puntos. ¿Qué ocurre para que el electorado progresista no mire a la formación de Cayo Lara cuando no coincide con Zapatero? En las Elecciones Generales de 2008, Izquierda Unida e Iniciativa consiguieron casi un millón de votos, el 3,77 por ciento de los sufragios válidos emitidos, y eso se tradujo en dos escaños. Con un porcentaje menor, y con casi un tercio menos de apoyos, Convergéncia i Uniò conseguía 10 diputados. ¿Son suficientes los vericuetos de la ley d’Hont para explicar por qué IU no crece en representación?

Quizá no, porque en los comicios de 1996… la formación liderada entonces por Julio Anguita llegó a conseguir 21 diputados con un 10 por ciento de los votos. Exactamente el mismo porcentaje que Iniciativa obtuvo en las últimas elecciones catalanas. Cabe preguntarse si el mensaje ecosocialista de ICV cala mejor en Cataluña que en el resto de España, cabe preguntarse si ese mensaje es también el que abandera Izquierda Unida, cabe preguntarse si el liderazgo de Anguita no ha podido reeditarse con Francisco Frutos, Gaspar Llamazares o Cayo Lara [aún se recuerda su "rectificación" sobre Sabino Fernández Campo]. La izquierda debería preguntarse por qué su llegada al poder depende de la abstención, y si no serían necesarias más iniciativas claras y unitarias como la propuesta fiscal de la semana pasada. Todo para conseguir lo que a los partidos conservadores no les preocupa nada, porque no les afecta: para conseguir que todo el que piensa como ellos les otorgue su voto.


Los últimos gobiernos de concentración que tuvo España se formaron en 1936 y 1937, en plena Guerra Civil. Desde entonces, el país no ha atravesado nunca una situación tan delicada como para que todos los partidos se vean obligados a formar parte del mismo gabinete. No hizo falta en los difíciles momentos de la Transición, no hizo falta en la etapa de mayor debilidad de Felipe González… y era impensable tras el mayor ataque terrorista cometido en nuestro suelo. Sin embargo, a un hombre tradicionalmente considerado como ecuánime, al político mejor valorado por los españoles, Josep Antoni Duran i Lleida, le parece que ha llegado el momento de otro gobierno de concentración.


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El artículo 101 de la Constitución asegura que “el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria [...] o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”. La vicepresidenta De la Vega ha descartado ya un adelanto electoral, así que la propuesta de Duran sería viable sólo a través de una moción de censura. Es un mecanismo de emergencia que necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso y que debe llevar aparejada la propuesta de un presidente del Gobierno alternativo. El Partido Popular tiene 153 diputados; si consigue sumar los 10 de Convergència i Unió y los 6 del Partido Nacionalista Vasco… la “vía Duran” habrá surtido efecto. ¿Pero quién sería el presidente alternativo?



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Duran i Lleida nació en Huesca, y comenzó su carrera política como diputado en el Congreso y como teniente de alcalde en Lleida. Con su llegada a la presidencia de Unió Democràtica de Catalunya en 1987 volvió a centrarse en la realidad catalana, pero desde las negociaciones de CiU con el PP en 1996, parece llamado a ser ministro. El propio político ha reconocido en su blog que José María Aznar le ofreció la cartera de Asuntos Exteriores en su primer gabinete, y cuando Rodríguez Zapatero ganó las elecciones sin mayoría absoluta en 2004… la posibilidad volvió a materializarse. Incluso en 2008, tras la tumultuosa negociación del Estatut, Duran barajaba la idea de que CiU llegase al Consejo de Ministros.

Durante su entrevista en Onda Cero, el líder de Uniò proponía un gobierno presidido por una personalidad aceptable por los dos grandes partidos, que evidentemente no fuese Zapatero ni Rajoy. Luis María Ansón, hace sólo unos días, sugería que Duran fuese esa personalidad porque la situación es insostenible; casualmente, hace un año, proponía exactamente lo mismo para “afrontar la crisis y la inestabilidad”. Todo esto puede resultar un mero ejercicio intelectual, ciertamente avalado por la legislación, pero a veces el sentido común debería sobreponerse a la teoría. El PSOE fue avalado por más de 11 millones de votos hace apenas dos años; el Partido Popular recibió más de 10. Todo lo que no sea refrendado por las urnas puede ser legal, puede ser legítimo… pero puede no ser prudente.


María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular (Fuente: www.pp.es)



El programa electoral del Partido Socialista para las Elecciones Generales del año 2004 llevaba, en su página 59, un compromiso en materia de reformas estatutarias. Atención a la parte en la que se alude al consenso.


El PSOE posibilitará las reformas estatutarias que se planteen de acuerdo con la Constitución y respaldadas por un alto grado de consenso democrático. Pero también cree que ha llegado el momento de que, desde el Estado, se aborden algunas modificaciones del Estado Autonómico que contribuyan a superar las ineficiencias, distorsiones y desigualdades que el transcurso de los años ha ido revelando.



Las palabras son “alto grado de consenso democrático”. 6 años después de la victoria electoral de Zapatero, podemos afirmar que los socialistas han impulsado cuantas reformas estatutarias han querido llevar a cabo las comunidades autónomas, pero el consenso se ha alcanzado siempre a medias… o acompañado de situaciones paradójicas. Sobre todo en lo que concierne al agua. Porque es el agua [la política hídrica, la gestión o titularidad de los ríos] el factor fundamental de una batalla jurídica sin precedentes entre autonomías.

El último capítulo de la guerra del agua se ha librado en Castilla-La Mancha. El PSOE impulsó en 2006 una reforma estatutaria que culminó con un texto pactado con el PP. Ahora ese texto ha encallado en el Congreso… a causa del agua. La Secretaria General del PP y candidata a suceder a José María Barreda en la Junta culpa al PSOE de buscar la derrota del estatuto para utilizarla como arma electoral; el presidente castellanomanchego destaca que Dolores de Cospedal ha cedido ante las presiones de la Comunidad Valenciana y Murcia. Sea como fuere, las previsiones del estatuto en materia de agua… lo han hecho descarrilar.

En el caso de Castilla-La Mancha, el conflicto de intereses ha estallado antes de la aprobación del estatuto, pero hay muchos otros casos en los que no ha sido así. El gobierno de Barreda [también el de Aragón] recurrió ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana: consideraba intolerable el artículo 17.1, que establecía el derecho de los valencianos a los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias. El TC desestimó ambos recursos, y le queda aún mucho trabajo por delante. Por ejemplo, con el Estatuto de Cataluña. Al debate por el término “nación”, la bilateralidad o la lengua, el tribunal debe añadir los recursos de La Rioja y Murcia por las previsiones del texto en torno al río Ebro.



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Quienes critican los recelos del Partido Popular sobre el Estatut, recuerdan que muchos artículos rechazados por el partido de Rajoy fueron votados por Javier Arenas en el parlamento andaluz. El Estatuto de Andalucía dice en su artículo 51 que la comunidad “ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que trascurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”, y esa redacción fue apoyada por el PP, y recurrida por el extremeño Rodríguez Ibarra. Su sucesor al frente del gobierno, Guillermo Fernández Vara, hizo lo mismo en 2008 con el Estatuto de Castilla y León: consideraba que si los castellanoleoneses se arrogaban la competencia exclusiva sobre el río Duero… se vulneraba la Constitución.

Para defender su estatuto, Barreda recordaba hace unos días la posición del PP frente al Estatuto de Aragón. Allí, los populares exigieron una reserva hídrica para pactar el texto con el PSOE: una reserva hídrica que no ha prosperado en Toledo, y que está recurrida por el Gobierno de la Rioja. Hay socialistas enfrentados con socialistas, populares enfrentados con populares, un gigantesco lío entre comunidades enmarañado en el Constitucional. Buscando título para el post, pensé que la política hídrica había estado brotando de los partidos en los últimos años “a borbotones”, pero el diccionario de la Real Academia me sugiere “a borbollones”. Dice que significa “atropelladamente”, y que un “borbollón” es una “erupción que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie”. Pues eso.