Tras la política

Cataluña, en plena efervescencia preelectoral (AP / Manu Fernández)


Leer la resolución es como viajar en el tiempo. Si no fuera porque de vez en cuando, entre los párrafos, aparece alguna referencia en pasado a los años noventa, el lector despistado podría pensar que se encuentra ante un legajo de finales de los setenta. La Junta Electoral Central ha rechazado el debate ‘cara a cara’ entre Artur Mas y José Montilla con un texto perfectamente legal… y terriblemente antiguo, basado en unos medios de comunicación unidireccionales y omnipotentes. Un texto que ignora las nuevas formas de contacto entre políticos y electores.

“Los plazos previstos […] y la forma en que debe producirse la comunicación que el medio haga sobre la organización de los debates (con indicación de la fecha y hora de emisión, de las entidades políticas invitadas y aceptación de las mismas y de la duración del debate) tienen por objeto permitir que se respete el derecho de igualdad de las candidaturas concurrentes no invitadas a ese debate”



La intención es buena, sí, pero el método es arcaico. ¿Qué ocurre si un candidato a unas elecciones decide anunciar en su cuenta de Twitter que estará el día D a la hora H en la esquina de la calle C, dispuesto a debatir con cualquier otro candidato, y que su partido se dispone a retransmitir ese encuentro por internet? ¿En qué armario quedan los corsés impuestos por la Junta Electoral Central para ese aspecto concreto de una campaña? ¿En qué ley se basan los integrantes de este organismo para dictar una resolución como la de Mas y Montilla?

En nuestra democracia, la Junta Electoral Central nace al calor de la Ley para la Reforma Política, que tras el ‘harakiri’ de los procuradores franquistas, permitió al presidente Adolfo Suárez convocar las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Antes de esa fecha, el 18 de marzo, un Real-Decreto Ley establecía su composición: el presidente y varios magistrados del Supremo, varios representantes del mundo judicial y, curiosamente, “un catedrático de alguna de las facultades de Derecho que radiquen en Madrid”. También preveía sus funciones. Básicamente, vigilar el proceso electoral y resolver quejas y recursos.

Ocho años después, en la primera legislatura del presidente Felipe González, el Gobierno puso en marcha la Ley del Régimen Electoral General, que dibuja un perfil algo renovado de la Junta Electoral Central. Los partidos políticos comienzan a tener voz en su composición -el Parlamento decide qué catedráticos la integran-, y se establece un régimen sancionador para quienes incumplan las resoluciones. Desde 1985, la junta ha generado una importante doctrina electoral, que le sirve como base para seguir resolviendo las quejas o peticiones que recibe; por ejemplo, la instrucción de 1999 a la que se refiere la resolución de Mas y Montilla.

La junta tiene su sede en el mismo edificio del Congreso de los Diputados, y su presidente se llama Antonio Martín Valverde. Y así se ha ido tejiendo la historia. En España no se pueden difundir encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña, hay que avisar a la Junta Electoral Central con cinco días de adelanto si se quiere celebrar un debate, y todo ello a pesar de que, ya en 2004, se demostró que el sistema no era capaz de digerir los acontecimientos extraordinarios posteriores al 11-M. ¡Ah! La junta ha dictado una instrucción sobre el uso de las nuevas tecnologías para la “propaganda electoral”. Léanla ustedes mismos y pregúntense si no hace falta replantearse algunas cosas.


Un grupo de votantes esperan ante la urna el 9 de marzo de 2008 (AP / Israel L. Murillo)



El pasado viernes, un lector de Periodismo Humano decía en Facebook que no estaba “nada de acuerdo” con el post Tres respuestas para la derecha. En el artículo decíamos que, ante el panorama político actual, una de las salidas para el votante podía ser la abstención, y José Ignacio nos contaba por qué no opina igual: “Me parecen una lectura y unas conclusiones muy simples. En todas las votaciones he participado, nunca he votado nulo o blanco [...]. Tengo claro que el voto nulo o la abstención ayuda a gobernar, y el voto en blanco lo mismo, pero a quien no deseas”. Esta interesante observación, que agradecemos, nos ha llevado a una pregunta: ¿cómo se han comportado los abstencionistas desde la Transición?


Porcentaje de abstencionistas entre 1977 y 2008 (Fuente: Ministerio del Interior)



El gráfico que se encuentra sobre estas líneas muestra cómo ha evolucionado la abstención en España desde las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. Como se puede comprobar, en las llamadas “Elecciones Generales”, siempre ha votado un mínimo del 68 por ciento del electorado, y ese récord por abajo data de 1979, hace más de tres décadas. Otro dato interesante que podemos extraer del cuadro es la relación entre la evolución de la curva y las fechas. Los picos de abstención, las jornadas electorales en las que más votantes se han quedado en casa, coinciden siempre con comicios que han resultado poco determinantes para un cambio político.

En 1979, la victoria de la UCD de Adolfo Suárez se daba por descontada por su labor durante la Transición; en 1986 y 1989, nadie preveía una derrota del Partido Socialista de Felipe González, con amplio predicamento social; en 2000, la “legislatura de Aznar” condujo a la mayoría absoluta del Partido Popular, y esa victoria tampoco inquietó al electorado. Después están los puntos más bajos del gráfico, los momentos en los que la ciudadanía salió a votar masivamente: cabe destacar la primera victoria de la izquierda, en 1982, las dos elecciones consecutivas que acabaron con González, en 1993 y 1996, y el 14 de marzo de 2004: la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno tras los atentados del 11-M. La excepción, las elecciones de 2008, que registraron una alta participación… que reforzó tanto al PSOE como al PP.

¿Y qué ocurre en Europa? La abstención española, más allá del aparente desapego de “lo político” que se percibe en la calle, está en la media de los países desarrollados de nuestro entorno, y es una media bastante alta. El pasado mes de mayo, el conservador David Cameron llegó al número 10 de Downing Street con un 35 por ciento de abstención. En Alemania y Grecia, la reválida de Merkel y la apuesta por Papandreu se produjeron en 2009 con una abstención del 30 por ciento. Portugal marca el récord a la baja con una participación del 60 por ciento en las últimas parlamentarias, y los países más participativos de los últimos años han sido Italia y Suecia, ambos por encima del 80 por ciento.

En marzo de 2008 la crisis económica aún no había estallado con toda su crudeza, pero los votantes se portaron. Una participación del 76 por ciento es uno de los mejores datos de Europa, a pesar de las evidentes carencias de nuestra clase política. Este capital de la democracia española, que mantenemos desde la Transición, puede estar en riesgo. De los líderes de los partidos depende que no se quiebre esa línea roja: en este caso, una gruesa línea roja.


Reunión del Consejo de Ministros en abril de 2009 (Fuente: www.la-moncloa.es)



Primer ingrediente: el pasado 16 de junio, el Congreso de los Diputados pidió al presidente del Gobierno que reestructure su gabinete, y que elimine tres ministerios. Segundo ingrediente: el 27 de octubre, la Cámara decidió que deben desaparecer una vicepresidencia y tres departamentos ministeriales. Tercer ingrediente: en las próximas semanas, el Consejo de Ministros debe acometer un plan de reducción del gasto público que incluirá un recorte en el número de altos cargos del Ejecutivo. Remover, hornear y especiar con la ironía de Esperanza Aguirre. Resultado: las ramas de la Administración General del Estado están dispuestas para la poda.


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Desde el primer Gobierno de la etapa democrática, el que formó Adolfo Suárez tras las Elecciones Generales de 1977, 165 personas han ocupado el cargo de ministro. El récord es para el socialista Felipe González. Durante sus 13 años de mandato, pasaron por la mesa del Consejo de Ministros medio centenar de personas diferentes; después encontramos al propio Suárez, que dio empleo y sueldo a 43 hombres [no tuvo ninguna ministra]. El presidente del Gobierno que menos ministros tuvo fue el fallecido Leopoldo Calvo-Sotelo, que en su año y medio de mandato dirigió la actividad de 22 hombres y una mujer.

Y aquí llega el dato curioso. Aunque ha propuesto la creación de algún ministerio, el Partido Popular ha arremetido en innumerables ocasiones contra el número de altos cargos que trabajan para José Luis Rodríguez Zapatero, y tienen razón al decir que los trabajadores con rango de Secretario de Estado o Director General han aumentado en el Palacio de la Moncloa. Pero… ¿qué ocurre si comprobamos el número de ministros y ministras que tuvieron Zapatero y José María Aznar? Que encontramos un empate a 34. Aunque al actual presidente le quedan 23 meses para completar su segunda legislatura y nombrar a un hipotético ministro 35, hasta ahora ha nombrado los mismos que Aznar. Ni uno más, ni uno menos.

Un ministro del Gobierno de España cobra, en 2010, 6.762 euros mensuales; esa cantidad sube hasta los 7.204 euros si ejerce las funciones de vicepresidente, y hasta los 7.665 euros si se trata del propio presidente. En este momento, las cantidades están congeladas por la crisis: los Presupuestos Generales del Estado para 2010 prevén que los salarios de los altos cargos del Gobierno sean los mismos que en 2008. A esto hay que añadir una pensión indemnizatoria de dos años prevista para ellos en los presupuestos de 1981 y en el Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno: conservan el 80 por ciento del salario. Y a eso hay que añadir salarios como diputados o ex altos cargos de otras instituciones.

El plan de reducción del gasto público que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas prevé un recorte de 50.000 millones de euros. Muchos piensan que ese tijeretazo debe llevarse por delante varios ministerios, pero lo que no va a cambiar son los derechos adquiridos de los 150 ex ministros de España. Lo sensato es pedir al presidente del Gobierno que recorte lo superfluo y no lo incómodo.