Tras la política

El caos en Barajas (AP)

El caos en Barajas (AP)

He buscado “State of alarm” en Google por simple curiosidad. El resultado es… España. La figura del ‘estado de alarma’, a pesar de contar con algunos equivalentes en Europa -como los que prevé el artículo 19 de la Constitución de Portugal-, parece netamente española. Y la forma en que entró en vigor el pasado fin de semana, por primera vez en democracia, responde también a una crisis estatal netamente española. Parece necesario intentar conocer mejor dos aspectos de la figura jurídica: las bases legales que la sostienen y el contexto en que se ha decretado. Como no soy ningún experto jurista, me limitaré a compartir en este post algunos documentos que me han ayudado a comprender mejor la situación.

Primero, el contexto. Tras muchos meses de conversaciones [y algunas afirmaciones grandilocuentes], el Gobierno y los controladores aéreos sólo habían conseguido llegar a un punto muerto. Estaban en juego su dependencia orgánica de AENA, el sueldo que iban a cobrar… y el detonante: la manera de computar sus 1.670 horas anuales de trabajo, que según el sindicato USCA están ya plenamente superadas en este 2010. El artículo 4.4.a de la Ley de Seguridad Aérea de 2003 prevé que el ministerio de Defensa ejerza el control de la circulación aérea cuando el presidente del Gobierno lo decida “por concurrir circunstancias extraordinarias que así lo aconsejen”. El pasado mes de abril, ante el bloqueo de las negociaciones, el Gobierno aprobó la Ley 9/2010. En su disposición adicional primera, el texto obliga a los trabajadores de AENA a “facilitar” esa militarización.

Así llegamos al pasado viernes, 3 de diciembre. En el Consejo de Ministros de esa mañana el Gobierno aprueba un Real Decreto con “medidas liberalizadoras” de la economía, y entre ellas, se incluye una modificación de las leyes 21/2003 y 9/2010. En la disposición adicional segunda del Real Decreto, se dispone que un médico de AENA evalúe las peticiones de baja laboral de los controladores, y se explicita que, en caso de emergencia, Defensa “asumirá su organización, planificación, supervisión y control”. Esto, horas antes del parón en los aeropuertos. A partir de ese momento, como bien ha relatado Javier Casqueiro en ‘El País’, la situación política se convierte en frenética. Pasadas las 22:00 horas, el presidente Zapatero firma el Real Decreto que transfiere a Defensa el control del espacio aéreo basándose en la redacción aprobada esa misma mañana por el Consejo de Ministros. En ese texto hay una frase que analizaremos más tarde.

El sábado 4 de diciembre por la mañana, dado que los controladores no regresan a sus puestos de trabajo, el Gobierno decreta el ‘estado de alarma’ previsto en el artículo 116 de la Constitución de 1978. Ese artículo estipulaba que los estados de alarma, sitio y excepción tendrían que ser regulados por una Ley Orgánica, y así ocurrió tres años más tarde. La Ley Orgánica 4/1981 [redactada sólo unos meses después del golpe de Estado de Tejero] preveía que el ‘estado de alarma’ fuera decretado “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”. En el artículo 4 de esa ley encontramos cuáles son las circunstancias extraordinarias, y entre ellas, la “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad”. Pero quizá el aspecto esencial para comprender el asunto de los controladores lo encontremos en el artículo 9.1.

Por la declaración del Estado de Alarma todas las autoridades civiles [...] y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.


Torre de control (AP)

Torre de control (AP)

Aquí está el meollo de la cuestión. El ‘estado de alarma’ pone a los funcionarios civiles a las órdenes directas de “la autoridad competente” [en este caso, el Gobierno central]. ¿Y quién ejercerá esa autoridad en su nombre? Basta con leer el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, en el que ese ‘estado de alarma’ se ha decretado por primera vez. En su artículo 3, el decreto estipula que “los controladores pasan a tener la consideración de personal militar”, y en su artículo 6, que la autoridad delegada del Gobierno será el Jefe del Estado Mayor del Aire. Sin embargo, la Ley Orgánica de 1981 que examinábamos más arriba, y que regula el ‘estado de alarma’, no prevé que el Ejército asuma ese papel. ¿Dónde encontramos esa posibilidad? En la modificación legislativa aprobada por el Consejo de Ministros en la mañana anterior.

Hasta aquí los documentos para la reflexión. Ahora, dos preguntas. Antes habíamos dejado pendiente el análisis de una frase del Real Decreto de militarización. Esa frase dice así: “El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire [...] activará los recursos de control de tráfico aéreo del Ministerio de Defensa y exigirá la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores civiles ausentes”. ¿Una movilización obligatoria con el ‘estado de alarma’ aún sin decretar? Y la segunda pregunta. ¿Alguien se ha fijado en que, según el artículo 116.5 de la Constituciónno pueden disolverse las cámaras mientras continúe en vigor el ‘estado de alarma’?


El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Cenaba con varios amigos cuando surgió la cuestión. Alguien dijo: “¿vosotros sabéis qué pasará cuando el Rey muera?”. Todos saltamos a la vez con respuestas obvias. “No, no, -repreguntó mi amigo sonriendo- ¿sabéis si el Príncipe se convierte en rey automáticamente? ¿O tiene que hacer algo para ser monarca?”. Esta vez no hubo respuestas. Quienes nos sentábamos en torno a aquella mesa no éramos expertos constitucionalistas, pero sí aficionados a la información política. Y la cuestión no nos sonaba ni de lejos. ¿Qué ocurrirá con la jefatura del Estado en las horas que sigan a la muerte de Juan Carlos I? ¿Quién ocupará ese puesto hasta la jura del nuevo monarca? ¿Será necesaria la ceremonia?


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El último acceso al trono de un monarca español se produjo el 22 de noviembre de 1975, cuando faltaban tres años para la aprobación de la Constitución, y la ceremonia se desarrolló según los términos establecidos en la Ley de Sucesión de 1947. En ese texto sí quedaba muy claro el proceso que debía seguirse tras la muerte de Francisco Franco: “Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese llamado a suceder en ella el designado [...], el Consejo de Regencia asumirá los poderes en su nombre y convocará conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino para recibirle el juramento prescrito en la presente Ley”. No se establecía ningún plazo para ese juramento, pero sí se especificaba que había que ser varón, mayor de 30 años, católico y fiel a los principios que “informaban” el Movimiento Nacional.

Eso dice la ley de la dictadura, pero… ¿qué dice la Constitución?. En el Título II, el artículo 57 se ocupa de la línea de sucesión a la Corona. Explica que se prefiere a los hijos mayores antes que a los menores, que se prefiere a los hombres antes que a las mujeres, que si el linaje real se extingue será el Congreso quien nombre un monarca, y que la Cámara Baja podrá también impedir el acceso al trono de ciertos candidatos. Pero el apartado más interesante del artículo es el último. Dice que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica“. Una ley que, 32 años después de la entrada en vigor de la Carta Magna, aún no ha sido redactada, y que deja al albur de las circunstancias un momento tan importante como la muerte del monarca.

A falta de esa ley, seguimos leyendo la Carta Magna, y un poco más adelante encontramos información útil. Dice el artículo 61 que “el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones”. Es decir, que el nuevo jefe del Estado debe jurar su cargo delante de las cámaras en reunión conjunta. Esto genera un interesante debate entre los constitucionalistas. Como se puede leer en la sinopsis del 61, incluida en la página web del Congreso de los Diputados, hay quien piensa que la proclamación establece un pacto entre la monarquía y el pueblo, equivalente a la investidura de cualquier otro cargo público; otros profesores creen que el Príncipe de Asturias accede inmediatamente al trono tras la muerte de su padre en virtud del orden sucesorio. Llegamos entonces a la conclusión… de que no hay una opinión unánime sobre la cuestión que nos interesa: ¿se produce vacío de poder en la jefatura del Estado entre la muerte del rey y la proclamación del sucesor?

Otro debate académico, que encontramos en algunos ensayos, se refiere a la propia jura del sucesor. El Príncipe de Asturias, como prevé la Constitución, prestó juramento ante las cámaras cuando cumplió 18 años, el 30 de enero de 1986. Ese día ya firmó su particular pacto con el pueblo español. Gregorio Peces-Barba, padre de la Carta Magna y presidente del Congreso cuando la jura se produjo, explicaba en ese año el significado de la ceremonia.


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Quienes se dedican al estudio de la Constitución se preguntan si las dos ceremonias, la del acceso al trono y la de la mayoría de edad, no será “demasiado jurar”. Y de nuevo… el vacío jurídico. Sin una Ley Orgánica de la Corona, podemos suponer qué ocurrirá en las horas posteriores a la muerte del Rey, pero ni mucho menos asegurarlo. Sabemos que el Príncipe de Asturias, guardado el luto por su padre, tendrá que desplazarse hasta la Carrera de San Jerónimo para prestar juramento ante los diputados y senadores, pero… ¿qué ocurre si las cámaras están disueltas? Y sobre todo: ¿será Felipe de Borbón el Jefe del Estado, con todos los honores y responsabilidades del cargo, antes de poner su mano sobre el Evangelio?


María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular (Fuente: www.pp.es)



El programa electoral del Partido Socialista para las Elecciones Generales del año 2004 llevaba, en su página 59, un compromiso en materia de reformas estatutarias. Atención a la parte en la que se alude al consenso.


El PSOE posibilitará las reformas estatutarias que se planteen de acuerdo con la Constitución y respaldadas por un alto grado de consenso democrático. Pero también cree que ha llegado el momento de que, desde el Estado, se aborden algunas modificaciones del Estado Autonómico que contribuyan a superar las ineficiencias, distorsiones y desigualdades que el transcurso de los años ha ido revelando.



Las palabras son “alto grado de consenso democrático”. 6 años después de la victoria electoral de Zapatero, podemos afirmar que los socialistas han impulsado cuantas reformas estatutarias han querido llevar a cabo las comunidades autónomas, pero el consenso se ha alcanzado siempre a medias… o acompañado de situaciones paradójicas. Sobre todo en lo que concierne al agua. Porque es el agua [la política hídrica, la gestión o titularidad de los ríos] el factor fundamental de una batalla jurídica sin precedentes entre autonomías.

El último capítulo de la guerra del agua se ha librado en Castilla-La Mancha. El PSOE impulsó en 2006 una reforma estatutaria que culminó con un texto pactado con el PP. Ahora ese texto ha encallado en el Congreso… a causa del agua. La Secretaria General del PP y candidata a suceder a José María Barreda en la Junta culpa al PSOE de buscar la derrota del estatuto para utilizarla como arma electoral; el presidente castellanomanchego destaca que Dolores de Cospedal ha cedido ante las presiones de la Comunidad Valenciana y Murcia. Sea como fuere, las previsiones del estatuto en materia de agua… lo han hecho descarrilar.

En el caso de Castilla-La Mancha, el conflicto de intereses ha estallado antes de la aprobación del estatuto, pero hay muchos otros casos en los que no ha sido así. El gobierno de Barreda [también el de Aragón] recurrió ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana: consideraba intolerable el artículo 17.1, que establecía el derecho de los valencianos a los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias. El TC desestimó ambos recursos, y le queda aún mucho trabajo por delante. Por ejemplo, con el Estatuto de Cataluña. Al debate por el término “nación”, la bilateralidad o la lengua, el tribunal debe añadir los recursos de La Rioja y Murcia por las previsiones del texto en torno al río Ebro.



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Quienes critican los recelos del Partido Popular sobre el Estatut, recuerdan que muchos artículos rechazados por el partido de Rajoy fueron votados por Javier Arenas en el parlamento andaluz. El Estatuto de Andalucía dice en su artículo 51 que la comunidad “ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que trascurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”, y esa redacción fue apoyada por el PP, y recurrida por el extremeño Rodríguez Ibarra. Su sucesor al frente del gobierno, Guillermo Fernández Vara, hizo lo mismo en 2008 con el Estatuto de Castilla y León: consideraba que si los castellanoleoneses se arrogaban la competencia exclusiva sobre el río Duero… se vulneraba la Constitución.

Para defender su estatuto, Barreda recordaba hace unos días la posición del PP frente al Estatuto de Aragón. Allí, los populares exigieron una reserva hídrica para pactar el texto con el PSOE: una reserva hídrica que no ha prosperado en Toledo, y que está recurrida por el Gobierno de la Rioja. Hay socialistas enfrentados con socialistas, populares enfrentados con populares, un gigantesco lío entre comunidades enmarañado en el Constitucional. Buscando título para el post, pensé que la política hídrica había estado brotando de los partidos en los últimos años “a borbotones”, pero el diccionario de la Real Academia me sugiere “a borbollones”. Dice que significa “atropelladamente”, y que un “borbollón” es una “erupción que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie”. Pues eso.


¿Quién ha disfrazado a Baltasar Garzón? ¿Por qué? (AP / Fernando Antonio)

No es casual que el primer “enfoque” de Tras la Política tenga como protagonistas a los jueces. A falta de un verdadero debate ideológico que arbitre sus diferencias, los partidos políticos han situado al sistema judicial en el centro de sus disputas por el poder. Desde los primeros noventa han operado como piezas del tablero electoral nombres como los de Marino Barbero, Javier Gómez de Liaño, Juan del Olmo… o Baltasar Garzón, que en este 2010 se ha convertido en el primer juez español con tres causas abiertas en el Tribunal Supremo. Y las cuentas pendientes de Garzón con sus superiores no pasarían de ser un mero trámite si no fuera porque todos los partidos políticos han acusado… o defendido… o criticado… o comprendido… las actuaciones del juez.

Detengámonos en uno de esos tres procesos: en el que surge de la investigación de una posible red corrupta en torno al Partido Popular. Baltasar Garzón ordenó que se practicaran escuchas en las cárceles durante las conversaciones entre varios imputados por el Caso Gürtel y sus abogados. Tanto el juez que ahora instruye el caso en Madrid [Antonio Pedreira] como la Fiscalía Anticorrupción [que pidió las escuchas] respaldan esa decisión. Y sin embargo, el pasado mes de diciembre, el abogado Ignacio Peláez, representante de un imputado, presentó una querella contra Garzón ante el Supremo: aseguraba que vivimos en un “estado policial” y que las leyes amparan el secreto de las comunicaciones de su cliente y del resto de los imputados.

Hasta aquí, en circunstancias normales, nada debería sorprendernos. Se trata de una controversia jurídica en cuya resolución trabajan ya los tribunales competentes. Pero las circunstancias no son normales. Los partidos de la izquierda consideran que Garzón es víctima de una persecución judicial por investigar los crímenes del Franquismo y las presuntas corruptelas del PP. En cambio, los populares, desde que se destapó el Caso Gürtel, comenzaron a realizar una serie de declaraciones públicas que cuestionaban la honradez del juez y los objetivos de su investigación por supuestos vínculos con el Gobierno; y ahora, tras la presentación de las querellas ante el Supremo, varios miembros del Ejecutivo [incluido su presidente] han alabado la trayectoria de Garzón… en lo que la oposición entiende como una maniobra de presión al Tribunal Supremo. Como último ingrediente, los argumentos del propio interesado son un buen indicador de que algo no funciona bien.

La Constitución de 1978, en su artículo 18, es muy clara: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Este “salvo resolución judicial” es el argumento central de los juristas que defienden a Garzón; y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 579 prevé que el juez acceda a las comunicaciones de las personas “sobre las que existen indicios de responsabilidad criminal, así como […] de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos”. Quienes consideran que el juez se ha extralimitado en sus funciones esgrimen la Ley Orgánica General Penitenciaria, que prevé las escuchas en prisión sólo “en los supuestos de terrorismo”, y dos artículos distintos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [262 y 263] que eximen a los abogados de denunciar los delitos de sus clientes. Pero en estos dos grupos no podemos incluir a los políticos.

De los dirigentes de los partidos no escuchamos ni artículos ni citas jurídicas, y cuando expresan su respeto a las decisiones judiciales, es siempre tras fijar su propia posición en torno al caso. Si los procesos contra Garzón forman parte o no de una estrategia política… es una cuestión que cada ciudadano debe decidir, pero cuando optamos por los argumentos de la izquierda o la derecha queda siempre la duda razonable de que “la otra parte” ha utilizado la crítica al sistema judicial para su propio beneficio. Los ingleses, para definir los falsos anzuelos que los buenos autores de novelas de misterio lanzan a sus lectores para distraer su atención, utilizan la expresión “red herring“. Ahora se trata de saber quiénes han disfrazado a Baltasar Garzón de arenque… y con qué intenciones.