Tras la política

La eurodiputada Pilar del Castillo, durante su intervención en #PEredes (David Martos)

Tras la Política cumple este miércoles sus primeros 50 posts. Medio centenar de reflexiones sobre lo que hay detrás de las decisiones políticas. Es toda una casualidad, porque precisamente este miércoles iba a pedir un pequeño favor a todos los lectores de este “enfoque”, que afortunadamente son muchos. Iba a pedirles permiso para cambiar el registro por un día; que me permitieran mover ligeramente el foco y trasladarlo a Bruselas, a la capital europea. Quiero hablar de la Unión Europea. Hace unos días participé en un encuentro de ‘bloggers’ organizado por la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. El debate fue intenso, apunté muchas ideas, y me gustaría compartir con quienes están interesados en la política… qué piensan sobre Europa quienes conocen Europa, quienes escriben sobre Europa.

El 1 de enero de 1986, el rey sancionó el ingreso de España en el club más importante al que nunca ha pertenecido: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Años más tarde, aquello del carbón y del acero dejaría paso a la inflación del euro, y el orgullo de país de ingresar en la UE se convertiría en la eterna melancolía del ‘euroescepticismo’. Europa, hablamos de Europa con nombre propio. De Europa como si fuese un todo al que desairar, del que acordarse, al que atender. ¿Es la Unión Europea un bloque sólido del que vivimos ajenos? ¿Es acaso un dogma impuesto, una verdad incontestable? ¿Es un polichinela que manejar a nuestro antojo? Didac Gutiérrez-Peris dio en el clavo durante su intervención en las jornadas de Córdoba: la clave está en la representatividad.

En nuestras Elecciones Generales, los españoles elegimos un parlamento, como ocurre con las Elecciones Europeas. Y sin embargo, hay una diferencia: aunque el Ejecutivo emane del Legislativo en ambos casos, los comicios en España derivan en una dinámica gobierno-oposición que alimenta la legislatura. El debate periodístico, y en general la esfera pública, vive pendiente de esa dinámica y de las relaciones de poder que se generan en torno a ese eje. Una dialéctica del conflicto, de protagonistas y antagonistas, que convierten la política española en un verdadero culebrón. Este concepto, la falta de tensión dramática en las relaciones políticas europeas [la base de la intervención de Fernando Navarro], redondea el argumento: no es que no nos sintamos representados en Estrasburgo, es que allí no se reproducen los modelos políticos a los que estamos acostumbrados.

España no es diferente votando. La abstención y el escepticismo son el fantasma que recorre Europa en el siglo XXI, y quizá, como puso de relieve en el encuentro Laurence Modrego, eso ocurra porque esperamos una comunicación piramidal desde Bruselas… que no tiene por qué producirse. En Córdoba se constató que la comunicación one-to-one entre europeos, con una base común, y con herramientas contemporáneas, es más que posible; que incluso ese flujo Bruselas/Estrasburgo-europeos puede emitirse de una manera distinta, amena y distendida; que es posible la reacción ciudadana, si se me permite incluso el debate, a pesar de que los líderes políticos se empeñen en cambiar la filosofía del continente a golpe de madrugadas.

Como bien resume Aitor Ordax, “muchos asistentes compartían la creencia de que es imposible que los ciudadanos se comuniquen directamente con sus representantes en Estrasburgo. Pero resultó que no. No es un problema de falta de mecanismos o de transparencia. Los mecanismos existen y son muy accesibles. Es un problema de comunicación y de diálogo.” Probablemente sea así. No es un problema de políticos, que no saben comunicar mejor Europa que España, los asuntos de Bruselas que los de Madrid. La conciencia sobre una integración europea, sobre lo que significa compartir un continente, debe partir de todos y de cada uno, de la sociedad. Y serán los políticos quienes, como en tantas otras ocasiones, se subirán al carro. Feliz Europa… y felices posts de política, mucha política.


Cataluña, en plena efervescencia preelectoral (AP / Manu Fernández)


Leer la resolución es como viajar en el tiempo. Si no fuera porque de vez en cuando, entre los párrafos, aparece alguna referencia en pasado a los años noventa, el lector despistado podría pensar que se encuentra ante un legajo de finales de los setenta. La Junta Electoral Central ha rechazado el debate ‘cara a cara’ entre Artur Mas y José Montilla con un texto perfectamente legal… y terriblemente antiguo, basado en unos medios de comunicación unidireccionales y omnipotentes. Un texto que ignora las nuevas formas de contacto entre políticos y electores.

“Los plazos previstos […] y la forma en que debe producirse la comunicación que el medio haga sobre la organización de los debates (con indicación de la fecha y hora de emisión, de las entidades políticas invitadas y aceptación de las mismas y de la duración del debate) tienen por objeto permitir que se respete el derecho de igualdad de las candidaturas concurrentes no invitadas a ese debate”



La intención es buena, sí, pero el método es arcaico. ¿Qué ocurre si un candidato a unas elecciones decide anunciar en su cuenta de Twitter que estará el día D a la hora H en la esquina de la calle C, dispuesto a debatir con cualquier otro candidato, y que su partido se dispone a retransmitir ese encuentro por internet? ¿En qué armario quedan los corsés impuestos por la Junta Electoral Central para ese aspecto concreto de una campaña? ¿En qué ley se basan los integrantes de este organismo para dictar una resolución como la de Mas y Montilla?

En nuestra democracia, la Junta Electoral Central nace al calor de la Ley para la Reforma Política, que tras el ‘harakiri’ de los procuradores franquistas, permitió al presidente Adolfo Suárez convocar las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Antes de esa fecha, el 18 de marzo, un Real-Decreto Ley establecía su composición: el presidente y varios magistrados del Supremo, varios representantes del mundo judicial y, curiosamente, “un catedrático de alguna de las facultades de Derecho que radiquen en Madrid”. También preveía sus funciones. Básicamente, vigilar el proceso electoral y resolver quejas y recursos.

Ocho años después, en la primera legislatura del presidente Felipe González, el Gobierno puso en marcha la Ley del Régimen Electoral General, que dibuja un perfil algo renovado de la Junta Electoral Central. Los partidos políticos comienzan a tener voz en su composición -el Parlamento decide qué catedráticos la integran-, y se establece un régimen sancionador para quienes incumplan las resoluciones. Desde 1985, la junta ha generado una importante doctrina electoral, que le sirve como base para seguir resolviendo las quejas o peticiones que recibe; por ejemplo, la instrucción de 1999 a la que se refiere la resolución de Mas y Montilla.

La junta tiene su sede en el mismo edificio del Congreso de los Diputados, y su presidente se llama Antonio Martín Valverde. Y así se ha ido tejiendo la historia. En España no se pueden difundir encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña, hay que avisar a la Junta Electoral Central con cinco días de adelanto si se quiere celebrar un debate, y todo ello a pesar de que, ya en 2004, se demostró que el sistema no era capaz de digerir los acontecimientos extraordinarios posteriores al 11-M. ¡Ah! La junta ha dictado una instrucción sobre el uso de las nuevas tecnologías para la “propaganda electoral”. Léanla ustedes mismos y pregúntense si no hace falta replantearse algunas cosas.


No hace ni siquiera dos meses. El 17 de septiembre, una noticia política de primera magnitud pasó fugazmente por las portadas de los medios de comunicación: el Gobierno había destituido a Belén Barreiro, la directora de la principal institución demoscópica del país, cuando quedaba sólo un año y medio para el final de la legislatura. Y cuando el Partido Popular sacaba su mayor ventaja en voto decidido al Partido Socialista en el barómetro electoral que elabora todos los meses el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy, ni siquiera dos meses después, la vicepresidenta que decretó el cese ya no forma parte del Ejecutivo, y Barreiro analiza en la prensa los barómetros electorales que publica el centro para el que trabajó.

Su última reflexión es particularmente interesante. En un artículo corto y bien argumentado, la ex directora del CIS -que ahora dirige el Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas- asegura que, a luz del Barómetro de Octubre, que otorga una amplia ventaja electoral a Mariano Rajoy sobre Jose Luis Rodríguez Zapatero, es muy difícil asegurar que será el PP quien gane las Elecciones Generales de 2012. Y ofrece tres argumentos: que Rajoy no supera en valoración a Zapatero, que los socialistas son percibidos como mejores gestores en la mayor parte de las áreas políticas y que el electorado considera que el Partido Popular se está alejando del centro para ‘derechizarse’. Por estos motivos, Belén Barreiro nos invita a desconfiar de la primera encuesta preelectoral elaborada sin su supervisión. Y no parece un capricho.

La serie histórica del CIS, examinada en perspectiva, no deja lugar a dudas. Los barómetros han venido ofreciendo una información bastante acertada sobre la tendencia electoral de los españoles, pero ni mucho menos han acertado en los porcentajes. De hecho, tras la celebración de los comicios, puede apreciarse cómo las diferencias se ajustan, resituando en el mapa a los partidos que se han comportado de una manera ‘inesperada’ en las urnas. Como las referencias a las elecciones del año 2004 suelen ser polémicas, nos quedamos con las de 2008. El Barómetro de Enero otorgaba al PSOE una ventaja electoral de 1,5 puntos; tras los comicios, que Zapatero ganó por 3 puntos, la brecha se amplía hasta los 6 puntos… a favor de los socialistas, que cosecharon una victoria mayor que la esperada.

Pero lo mismo ocurrió en 1996 o en 2000. ¿Nos podemos fiar entonces del CIS? Y lo que es más importante. ¿Nos podemos fiar de las encuestas privadas que los periódicos imprimen a cinco columnas? El pasado mes de mayo, tras el recorte del día 12, El Mundo vaticinaba que Rajoy ganaría unas hipotéticas Elecciones Generales con una mayoría absoluta más amplia que la de Aznar; hace unos días, La Vanguardia jugaba con el mismo elemento para asegurar que el PP ‘rozaba’ esa mayoría absoluta, y la última edición del Pulsómetro de la Cadena SER, la de la primera semana de noviembre, reflejaba cierto cambio de tendencia en la opinión pública que ‘resucitaba’ al Gobierno. Mención aparte merece la errata de La Razón, que asegura que el PSOE ha perdido ’34 millones de votos’. Son encuestas que intentan fotografiar momentos, que intentan captar qué piensan los españoles.

Los barómetros del CIS siempre acaban siendo objeto de controversia política. Si favorecen a la oposición, esta los airea como pruebas de su éxito, mientras que el Gobierno musita aquello de que ‘la verdadera encuesta es la que se responde en las urnas’; por el contrario, si los porcentajes favorecen al partido en el poder, la oposición apelará a la llamada ‘cocina del CIS’, que responde al efecto estadístico que diferencia la intención directa de voto decidido… de la estimación de voto en unas Elecciones Generales. Quizá todo este soufflé se rebajase con la modificación de un Real Decreto: el 1214/1997, que a su vez modifica al 1526/1990. Son los textos que establecen que el director del CIS sea elegido por el Consejo de Ministros y no por una mayoría reforzada del Parlamento. Quizá convenga ayudar, por la vía legislativa, a que nuestras instituciones gocen de más prestigio.


El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)



El debate es eterno y quizá no tenga solución, pero intentemos aportar datos a lo que suele quedarse en una mera discusión pasional: ¿Por qué es el 12 de octubre nuestra “Fiesta Nacional”? Conocemos bien que cada otoño comienza con un desfile militar por el centro de Madrid, que los últimos años nos han dejado abucheos para el presidente del Gobierno, pero no sabemos con exactitud quién decidió que “la Hispanidad” se celebre el mismo día en que se venera a la Virgen del Pilar.

Para encontrar un referente claro tenemos que retroceder 118 años en el tiempo: hasta el 12 de octubre de 1892. Ese año, el Gobierno español presidido por Antonio Cánovas del Castillo conmemoraba el IV Centenario del Descubrimiento de América. La reina regente, María Cristina de Habsburgo, visitó junto a Cánovas el monasterio onubense de La Rábida, y allí firmó un Real Decreto en el que se declaraba dispuesta a remitir a las Cortes… la propuesta de que el 12 de octubre fuese la Fiesta Nacional de España.

La vinculación de la fiesta con Cristóbal Colón y la relación de España con el continente americano estaban presentes en ese decreto, que efectivamente llegó al parlamento y quedó aprobado como ley el 15 de junio de 1918, con Antonio Maura como presidente. Ese texto legislativo introduce una denominación que sembrará la polémica muchos años después: las Cortes deciden que el 12-O se llame “Fiesta de la Raza“. Una vez acabada la Guerra Civil, en los años 40, la fiesta tendría que convivir en el calendario con el 18 de julio, el “Día del Alzamiento Nacional”.

El 8 de febrero de 1958, la dictadura franquista culmina la vinculación entre el 12 de octubre y el Día de la Hispanidad. El Decreto del Gobierno, firmado por Francisco Franco y por Luis Carrero Blanco, recoge toda la lesgislación anterior y establece la Fiesta Nacional como conmemoración “permanente”. De este modo, el 12-O y el 18-J conviven a un mismo nivel hasta 1977; hasta que, tras las primeras Elecciones Generales democráticas, el 11 de julio, el Gobierno de Adolfo Suárez elimina de un Real Decreto previo la alusión al “18 de julio”. Sin embargo, ese año permanecería como día inhábil.

Y sin embargo, la regulación constitucional del 12 de octubre no llegaría hasta 1987, un lustro después de la llegada del PSOE al Palacio de la Moncloa. La ley 18/1987, de 7 de octubre, comienza enmarcando nuestra fiesta en la normalidad democrática mundial, y añade que “sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más importantes para la convivencia política, el acerbo cultural y la afirmación misma de la identidad estatal”.

Es decir, que dirigentes políticos tan diferentes como Cánovas del Castillo, Maura, Franco, Suárez o González han contribuido a dar forma, políticamente, a la Fiesta Nacional tal y como la conocemos. ¿De dónde sale el carácter de la celebración que conocemos en 2010? Quizá del secuestro de los símbolos nacionales por parte de un sector muy conservador de la sociedad, animado por ciertos medios de comunicación. Más allá del respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos, jugar con banderas e himnos puede no resultar conveniente en un país con una historia como la nuestra.


Protesta de agentes de la Guardia Civil ante Interior, el mes pasado (AP / Víctor R. Caivano)

Protesta de agentes de la Guardia Civil ante Interior, el mes pasado (AP / Víctor R. Caivano)



Hace menos de un mes, cientos de guardias civiles se concentraron ante el edificio del ministerio del Interior. En pleno centro de Madrid, y algunos de uniforme, los agentes pidieron al ministro mejoras salariales y laborales. Los medios de comunicación mostraron a los manifestantes haciendo sonar sus silbatos, coreando sus consignas: en definitiva, haciendo “legítimo ruido”. Y sin embargo, la Constitución prevé otra forma de hacer ruido, mucho más silenciosa en la forma, a la que los medios no solemos prestar atención


Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración [...]



Este texto pertenece al artículo 54 de la Constitución, que introduce en el ordenamiento jurídico de nuestra democracia la figura del Ombudsman sueco, un mediador entre la población y las administraciones. Sus competencias, explicadas brevemente en la página web de la institución, no dejan lugar a dudas: es una figura que el legislador consideró como importante, facultada incluso para plantear recursos en el Tribunal Constitucional… y permanentemente ignorada en la vida política española.

A principios del pasado verano, un veterano socialista abandonó el cargo de Defensor del Pueblo tras una década en ejercicio. Enrique Múgica, clave para el ascenso a la Secretaría General del PSOE de Felipe González, envuelto en alguna polémica relacionada con el golpe de Estado del 23-F, dejaba la institución en manos de su adjunta, María Luisa Cava de Llano, tras un mandato muy discutido. Y la polémica no ha terminado con la salida de Múgica, porque la nueva Defensora del Pueblo lo es “en funciones”: los partidos no han conseguido ponerse de acuerdo en un nombre para la sucesión.

Pero volvamos a los guardias civiles. Este mes de septiembre, mientras los agentes se manifestaban en la calle, llegaba al Congreso de los Diputados el informe anual del Defensor del Pueblo (PDF). Recoge todas las quejas que han llegado a la institución, cuáles han sido atendidas y cuáles han sido rechazadas. En la página 32 del resumen enviado a los medios, en el apartado dedicado a las “quejas colectivas“, se puede leer un resumen de las más significativas. Y la primera es muy llamativa: “125 miembros de la Benemérita manifiestan su desacuerdo con el hecho de que la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil no lleve aparejada pensión”.

125 agentes de la Guardia Civil son los impulsores de una queja “planteada por un número significativo de ciudadanos”, y si comparamos esa cifra con la que se vio en la concentración… encontraremos la diferencia entre la importancia simbólica que se concede a las manifestaciones y la que se presta al Defensor del Pueblo. En el documento se recoge también la iniciativa de “107 ciudadanos”, que plantean una queja sobre el Eje Atlántico de Alta Velocidad; que “225 ciudadanos dan traslado de un manifiesto en defensa de la escuela infantil”; o que “5.511 vecinos de Ajo (Cantabria) plantean su queja la orden de derribo de un establecimiento de hostelería de la localidad”.

Dice el informe que, en 2009, fueron planteadas 22.287 quejas por parte de 79.386 ciudadanos que “depositaron su confianza en el Defensor del Pueblo”. Si utilizamos los datos del Instituto Nacional de Estadística, 46.666.421 españoles no tuvimos razones para quejarnos durante el año pasado.


Los últimos gobiernos de concentración que tuvo España se formaron en 1936 y 1937, en plena Guerra Civil. Desde entonces, el país no ha atravesado nunca una situación tan delicada como para que todos los partidos se vean obligados a formar parte del mismo gabinete. No hizo falta en los difíciles momentos de la Transición, no hizo falta en la etapa de mayor debilidad de Felipe González… y era impensable tras el mayor ataque terrorista cometido en nuestro suelo. Sin embargo, a un hombre tradicionalmente considerado como ecuánime, al político mejor valorado por los españoles, Josep Antoni Duran i Lleida, le parece que ha llegado el momento de otro gobierno de concentración.


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El artículo 101 de la Constitución asegura que “el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria [...] o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”. La vicepresidenta De la Vega ha descartado ya un adelanto electoral, así que la propuesta de Duran sería viable sólo a través de una moción de censura. Es un mecanismo de emergencia que necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso y que debe llevar aparejada la propuesta de un presidente del Gobierno alternativo. El Partido Popular tiene 153 diputados; si consigue sumar los 10 de Convergència i Unió y los 6 del Partido Nacionalista Vasco… la “vía Duran” habrá surtido efecto. ¿Pero quién sería el presidente alternativo?



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Duran i Lleida nació en Huesca, y comenzó su carrera política como diputado en el Congreso y como teniente de alcalde en Lleida. Con su llegada a la presidencia de Unió Democràtica de Catalunya en 1987 volvió a centrarse en la realidad catalana, pero desde las negociaciones de CiU con el PP en 1996, parece llamado a ser ministro. El propio político ha reconocido en su blog que José María Aznar le ofreció la cartera de Asuntos Exteriores en su primer gabinete, y cuando Rodríguez Zapatero ganó las elecciones sin mayoría absoluta en 2004… la posibilidad volvió a materializarse. Incluso en 2008, tras la tumultuosa negociación del Estatut, Duran barajaba la idea de que CiU llegase al Consejo de Ministros.

Durante su entrevista en Onda Cero, el líder de Uniò proponía un gobierno presidido por una personalidad aceptable por los dos grandes partidos, que evidentemente no fuese Zapatero ni Rajoy. Luis María Ansón, hace sólo unos días, sugería que Duran fuese esa personalidad porque la situación es insostenible; casualmente, hace un año, proponía exactamente lo mismo para “afrontar la crisis y la inestabilidad”. Todo esto puede resultar un mero ejercicio intelectual, ciertamente avalado por la legislación, pero a veces el sentido común debería sobreponerse a la teoría. El PSOE fue avalado por más de 11 millones de votos hace apenas dos años; el Partido Popular recibió más de 10. Todo lo que no sea refrendado por las urnas puede ser legal, puede ser legítimo… pero puede no ser prudente.