Tras la política

Fosa común en el cementerio de San Rafael, en Málaga (AP / Sergio Torres)



Con la llegada de la II República, antes de la Guerra Civil, al comienzo de la Dictadura franquista… y de nuevo en la Transición. La historia reciente de nuestro país está tapizada de perdones políticos, que siempre han servido como base para inaugurar nuevas etapas. ¿Discutidos? Sí, todos. La Ley de Amnistía de 1977 prevé la desaparición de los llamados delitos “de intencionalidad política” cometidos desde la Guerra Civil, una medida aprobada para que salieran de las cárceles todas las personas encarceladas por su forma de ser o de pensar. Pero esa, claro, no es la parte polémica. Los apartados de la discordia se encuentran en el artículo segundo.


Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.



Es decir, que no sólo se estableció el perdón para los condenados por delitos políticos… sino también para quienes persiguieron, investigaron y condenaron esos delitos: los responsables de la dictadura franquista. A partir de aquí, el debate. ¿Es la Ley de Amnistía una Ley de Punto Final? ¿Se opone a los principios generales del Derecho Internacional por liberar de responsabilidades a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad?

El pasado 24 de septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. El texto asegura que la práctica de esos delitos constituye “un crimen de lesa humanidad“, y que no puede ser considerado como un “delito político”. Lo que no ha ratificado nuestro país es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que pone negro sobre blanco una idea asentada en el espíritu de Naciones Unidas desde su fundación: que ese tipo de delitos permanecen vigentes con el paso de los años.

Esto describe bien la situación. El Gobierno español reconoce que las desapariciones forzosas son crímenes terribles, pero no se une al tratado que asegura que los responsables sean juzgados a pesar de haber delinquido mucho tiempo atrás. Y sin embargo, España sí figura como firmante de un tratado importante en la materia


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En diciembre de 1966, mientras los españoles votábamos en referéndum si queríamos [como quisimos] la nueva Ley Orgánica del Estado, Naciones Unidas auspiciaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno de Adolfo Suárez lo ratificó en 1977… muy pocos meses antes de promulgar la Ley de Amnistía. Por tanto, a la hora de perdonar los “delitos políticos” de la Dictadura, nuestro país se había adherido ya a un tratado que asegura que hay crímenes que se pueden perseguir aunque no sean punibles según el derecho nacional. Eso sí, siempre que lo sean “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Y ahí está la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Y los Juicios de Nüremberg.

Sobran razones jurídicas para entender que la Ley de Amnistía de 1977 puede haber sido sobrepasada por estos principios internacionales del Derecho. Sin embargo, quienes se oponen a la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura, se apoyan firmemente en el principio de irretroactividad de la ley, y en el llamado “Espíritu de la Transición“. Sostienen que, en aquellos años, se fraguó un perdón colectivo para poder avanzar. Que Garzón haya incurrido o no en malas prácticas puede convertirse en una anécdota… si lo que ocurre en España es que no nos ponemos de acuerdo en algo básico: que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca.


Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde lleva más de 20 años en el primer plano de la actualidad española. En 1989, este jurídico de la Armada se retiró del Ejército como comandante, ya que esa posición era incompatible con la actividad política: pasó a convertise en Coordinador General de la Refundación del Partido Popular. Desde entonces ha sido diputado en todas las legislaturas, ha presidido el Congreso, ha sido Ministro de Defensa, y ahora ocupa el cargo de Coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP. Uno puede pensar que, en este 2010, después de dos décadas de servicio público en puestos de tan altísima responsabilidad… la influencia del señor Trillo sobre los asuntos del día a día es pequeña, o como mucho “limitada”. Vamos a comprobarlo.

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

El último gobierno de José María Aznar dejó varios supervivientes políticos, pero si excluimos a Mariano Rajoy, ninguno de los otros ex ministros [ni Cristóbal Montoro, ni Javier Arenas, ni Francisco Álvarez Cascos... ni siquiera Rodrigo Rato] conserva tanto peso como Trillo. En los últimos 15 días, el Coordinador popular de Justicia ha marcado la línea de su partido en tres frentes: el levantamiento del secreto de sumario en el caso Gürtel, el procesamiento de Garzón por los crímenes del Franquismo y las medidas del Gobierno para que Batasuna no llegue a los ayuntamientos. El voto de Federico Trillo [diputado por Valencia] será clave para la aprobación en el Congreso del Estatuto de Castilla-La Mancha [muy controvertido en sus artículos referentes a las reservas de agua]; desde la gestión de Trillo persisten los ecos del accidente del Yak-42; y por supuesto, un recurso firmado por él [PDF] mantiene atascado al Constitucional desde hace 4 años.

Porque más allá de Gürtel, Garzón o el agua, el asunto que trae de cabeza a las élites políticas desde hace ya muchos meses es la inminente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Las elecciones catalanas están programadas para el próximo otoño, y un veredicto del Constitucional contrario al texto tendría efectos políticos y jurídicos muy difíciles de predecir. Y como también es imposible predecir en qué sentido se van a pronunciar los jueces, aquí va un dato anecdótico para tranquilidad de quienes piensan que su tardanza es excesiva: el pasado 27 de abril de 2009, el TC “inadmitió el recurso de amparo” presentado por un grupo de diputados socialistas [entre ellos Rodríguez Zapatero] contra una decisión de la Diputación Permanente del Congreso. El recurso se presentó en marzo de 2004, más de 5 años antes, y el asunto no pasaba de ser un trámite parlamentario sobre la guerra de Irak.

Conclusión. 20 años después del Congreso de la Refundación del PP, con fotografía sevillana del aniversario incluida, hay un nombre que continúa marcando la agenda política del partido: el de Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


¿Quién ha disfrazado a Baltasar Garzón? ¿Por qué? (AP / Fernando Antonio)

No es casual que el primer “enfoque” de Tras la Política tenga como protagonistas a los jueces. A falta de un verdadero debate ideológico que arbitre sus diferencias, los partidos políticos han situado al sistema judicial en el centro de sus disputas por el poder. Desde los primeros noventa han operado como piezas del tablero electoral nombres como los de Marino Barbero, Javier Gómez de Liaño, Juan del Olmo… o Baltasar Garzón, que en este 2010 se ha convertido en el primer juez español con tres causas abiertas en el Tribunal Supremo. Y las cuentas pendientes de Garzón con sus superiores no pasarían de ser un mero trámite si no fuera porque todos los partidos políticos han acusado… o defendido… o criticado… o comprendido… las actuaciones del juez.

Detengámonos en uno de esos tres procesos: en el que surge de la investigación de una posible red corrupta en torno al Partido Popular. Baltasar Garzón ordenó que se practicaran escuchas en las cárceles durante las conversaciones entre varios imputados por el Caso Gürtel y sus abogados. Tanto el juez que ahora instruye el caso en Madrid [Antonio Pedreira] como la Fiscalía Anticorrupción [que pidió las escuchas] respaldan esa decisión. Y sin embargo, el pasado mes de diciembre, el abogado Ignacio Peláez, representante de un imputado, presentó una querella contra Garzón ante el Supremo: aseguraba que vivimos en un “estado policial” y que las leyes amparan el secreto de las comunicaciones de su cliente y del resto de los imputados.

Hasta aquí, en circunstancias normales, nada debería sorprendernos. Se trata de una controversia jurídica en cuya resolución trabajan ya los tribunales competentes. Pero las circunstancias no son normales. Los partidos de la izquierda consideran que Garzón es víctima de una persecución judicial por investigar los crímenes del Franquismo y las presuntas corruptelas del PP. En cambio, los populares, desde que se destapó el Caso Gürtel, comenzaron a realizar una serie de declaraciones públicas que cuestionaban la honradez del juez y los objetivos de su investigación por supuestos vínculos con el Gobierno; y ahora, tras la presentación de las querellas ante el Supremo, varios miembros del Ejecutivo [incluido su presidente] han alabado la trayectoria de Garzón… en lo que la oposición entiende como una maniobra de presión al Tribunal Supremo. Como último ingrediente, los argumentos del propio interesado son un buen indicador de que algo no funciona bien.

La Constitución de 1978, en su artículo 18, es muy clara: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Este “salvo resolución judicial” es el argumento central de los juristas que defienden a Garzón; y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 579 prevé que el juez acceda a las comunicaciones de las personas “sobre las que existen indicios de responsabilidad criminal, así como […] de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos”. Quienes consideran que el juez se ha extralimitado en sus funciones esgrimen la Ley Orgánica General Penitenciaria, que prevé las escuchas en prisión sólo “en los supuestos de terrorismo”, y dos artículos distintos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [262 y 263] que eximen a los abogados de denunciar los delitos de sus clientes. Pero en estos dos grupos no podemos incluir a los políticos.

De los dirigentes de los partidos no escuchamos ni artículos ni citas jurídicas, y cuando expresan su respeto a las decisiones judiciales, es siempre tras fijar su propia posición en torno al caso. Si los procesos contra Garzón forman parte o no de una estrategia política… es una cuestión que cada ciudadano debe decidir, pero cuando optamos por los argumentos de la izquierda o la derecha queda siempre la duda razonable de que “la otra parte” ha utilizado la crítica al sistema judicial para su propio beneficio. Los ingleses, para definir los falsos anzuelos que los buenos autores de novelas de misterio lanzan a sus lectores para distraer su atención, utilizan la expresión “red herring“. Ahora se trata de saber quiénes han disfrazado a Baltasar Garzón de arenque… y con qué intenciones.