Tras la política

¿Qué puede pasar en un año? ¿Cuánto puede diferenciarse un político de sí mismo en un período de 12 meses? No hace falta esperar ese tiempo para responder a la pregunta. Hace ahora cuatro años, Zapatero pronunciaba aquellas palabras que pesarían como una losa sobre su mandato: “Dentro de un año estaremos mejor que hoy“; al día siguiente, ETA volaba la T4. Un año. ¿Cuánto pueden cambiar un político y su programa en un año?

Políticas sociales. Tras ganar las elecciones de marzo de 2008, Zapatero modificó su eslogan de 2004. Dijo… “Gobernaré para todos, pero pensando en los que no tienen de todo”. No dudamos que lo siga haciendo, pero el rescate del euro en el mes de mayo acabó de un plumazo con un buen ramillete de sus políticas sociales. Pensionistas, funcionarios, parados, pagadores de impuestos en general… todos sufren ya las consecuencias de la nueva política: acabar con el déficit “me cueste lo que me cueste”. En principio, una huelga general.

La relación con el mundo. 2009 terminaba con las esperanzas puestas en la presidencia rotatoria del Consejo Europeo que debía desempeñar España durante el primer semestre de 2010. Fue un período ciertamente anodino, en el que convivimos con un presidente permanente sin ninguna sustancia, y en el que ni siquiera la visita de Obama pudo endulzar el panorama. Ya en otoño, las revelaciones de Wikileaks constataban los verdaderos esfuerzos del Estado español para superar diplomáticamente nuestra salida de Irak.

La composición del Gobierno. El 20 de octubre, el presidente del Gobierno anunciaba la composición del que sería su ‘gabinete más político’, con Alfredo Pérez Rubalcaba como hombre fuerte… en sustitución de una mujer fuerte, María Teresa Fernández de la Vega. Las ministras más discutidas, Aído y Corredor, pasaban a ser secretarias de Estado. Salía Miguel Ángel Moratinos y salía Celestino Corbacho, entraban Ramón Jáuregui, Leire Pajín o Rosa Aguilar.

El mapa autonómico. Si en 2009 se perdía uno de los hitos de la ‘era Zapatero’, que Galicia estuviese gobernada por un socialista, en 2010 acabó el sueño del tripartito en Cataluña. Artur Mas ganaba las elecciones autonómicas en noviembre y devolvía la Generalitat a CiU. A menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ponía en duda el liderazgo de Zapatero batiendo en primarias a Trinidad Jiménez, candidata del aparato.

La fuerza de Fomento. Como estaba previsto, los kilómetros de AVE han seguido creciendo y las inversiones en infraestructuras siguen resistiéndose por la crisis. El ministro José Blanco, ‘mirlo Blanco’ del Ejecutivo en 2009, ha mostrado su puño de hierro sin guante de seda en el conflicto con los controladores aéreos, quizá la única muestra de firmeza del Gobierno en muchos meses.

‘Ley antidescargas’. Hace un año no conocíamos aún muchos detalles del proyecto legislativo del Gobierno. Ni siquiera adivinábamos la pésima política comunicativa que se aplicaría a todo el asunto. Hoy, las disposiciones que preveían la entrada en vigor de la ‘Ley Sinde’ han sido ‘podadas’ de la Ley de Economía Sostenible por la comisión de Economía del Congreso, y el Ejecutivo vuelve a verse forzado, in extremis, a una negociación en la que lleva las de perder.

Con este panorama político, quizá sea mejor para el Gobierno mirar hacia delante… que lamentarse por “un pasado que murió”, como canta Raphael. Entramos en el último año de legislatura. Abróchense los cinturones.


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Cataluña, en plena efervescencia preelectoral (AP / Manu Fernández)


Leer la resolución es como viajar en el tiempo. Si no fuera porque de vez en cuando, entre los párrafos, aparece alguna referencia en pasado a los años noventa, el lector despistado podría pensar que se encuentra ante un legajo de finales de los setenta. La Junta Electoral Central ha rechazado el debate ‘cara a cara’ entre Artur Mas y José Montilla con un texto perfectamente legal… y terriblemente antiguo, basado en unos medios de comunicación unidireccionales y omnipotentes. Un texto que ignora las nuevas formas de contacto entre políticos y electores.

“Los plazos previstos […] y la forma en que debe producirse la comunicación que el medio haga sobre la organización de los debates (con indicación de la fecha y hora de emisión, de las entidades políticas invitadas y aceptación de las mismas y de la duración del debate) tienen por objeto permitir que se respete el derecho de igualdad de las candidaturas concurrentes no invitadas a ese debate”



La intención es buena, sí, pero el método es arcaico. ¿Qué ocurre si un candidato a unas elecciones decide anunciar en su cuenta de Twitter que estará el día D a la hora H en la esquina de la calle C, dispuesto a debatir con cualquier otro candidato, y que su partido se dispone a retransmitir ese encuentro por internet? ¿En qué armario quedan los corsés impuestos por la Junta Electoral Central para ese aspecto concreto de una campaña? ¿En qué ley se basan los integrantes de este organismo para dictar una resolución como la de Mas y Montilla?

En nuestra democracia, la Junta Electoral Central nace al calor de la Ley para la Reforma Política, que tras el ‘harakiri’ de los procuradores franquistas, permitió al presidente Adolfo Suárez convocar las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Antes de esa fecha, el 18 de marzo, un Real-Decreto Ley establecía su composición: el presidente y varios magistrados del Supremo, varios representantes del mundo judicial y, curiosamente, “un catedrático de alguna de las facultades de Derecho que radiquen en Madrid”. También preveía sus funciones. Básicamente, vigilar el proceso electoral y resolver quejas y recursos.

Ocho años después, en la primera legislatura del presidente Felipe González, el Gobierno puso en marcha la Ley del Régimen Electoral General, que dibuja un perfil algo renovado de la Junta Electoral Central. Los partidos políticos comienzan a tener voz en su composición -el Parlamento decide qué catedráticos la integran-, y se establece un régimen sancionador para quienes incumplan las resoluciones. Desde 1985, la junta ha generado una importante doctrina electoral, que le sirve como base para seguir resolviendo las quejas o peticiones que recibe; por ejemplo, la instrucción de 1999 a la que se refiere la resolución de Mas y Montilla.

La junta tiene su sede en el mismo edificio del Congreso de los Diputados, y su presidente se llama Antonio Martín Valverde. Y así se ha ido tejiendo la historia. En España no se pueden difundir encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña, hay que avisar a la Junta Electoral Central con cinco días de adelanto si se quiere celebrar un debate, y todo ello a pesar de que, ya en 2004, se demostró que el sistema no era capaz de digerir los acontecimientos extraordinarios posteriores al 11-M. ¡Ah! La junta ha dictado una instrucción sobre el uso de las nuevas tecnologías para la “propaganda electoral”. Léanla ustedes mismos y pregúntense si no hace falta replantearse algunas cosas.


Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)

Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)



Da la casualidad de que, andando el tiempo, el Partido Popular tenía razón en parte de las cosas que decía sobre el Estatuto de Cataluña. El PP recurrió 114 artículos del texto en 2006, el Tribunal Constitucional le ha dado la razón completa en 14, y la razón de forma parcial en 27. Pero tras cuatro años de deliberaciones, casi nadie recuerda el fondo de los argumentos de Mariano Rajoy: se recuerdan las recogidas de firmas, los exabruptos, el “se rompe España“. En definitiva, las formas.


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Ya tenemos fallo, y con él ha llegado la culminación de un giro copernicano en el discurso de Rajoy. El presidente del PP lleva semanas visitando círculos ecuestres y cámaras de empresarios en Cataluña, con intervenciones en las que ha evitado referirse explícitamente al Estatut… y aguantando críticas por ello. Tras hacerse pública la decisión del Constitucional, el líder de la oposición ha apelado al consenso, a mirar al futuro y a recuperar los pactos de la Transición. Con unas formas muy distintas a las de 2006.


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¿Y por qué ese giro? Quizá por la misma razón que apuntábamos cuando hablábamos del nuevo papel del PNV como auxiliar del Gobierno, por la misma razón que Durán i Lleida ha querido erigirse en la figura política clave para la salida de la crisis. Porque el próximo otoño, en Cataluña, se celebran elecciones autonómicas, y las encuestas pronostican que CiU recupera el voto perdido por el tripartito en su desgaste. En ese cálculo [y a falta de sondeos post-sentencia] cuadra el giro del Partido Popular.


Encuesta de La Vanguardia (marzo 2010)



Si a todo esto le sumamos la aceptación de un Pacto por la Energía con el Gobierno y la disposición a alcanzar acuerdos en materia de legislación laboral, componemos el cuadro con el que el Partido Popular quiere ganar las próximas elecciones generales. Cataluña elige a 47 de los 350 diputados del Congreso: tradicionalmente, los que deciden si en La Moncloa vive un presidente socialista o un presidente popular. Si el PP de Rajoy consigue cultivar una imagen de partido moderado entre los electores catalanes [algo que tendría más fácil colocando a varios consellers en un futuro gobierno de Artur Mas], estaría cimentando una hipotética victoria en 2012. Aunque este panorama nos deja tres dudas… Si Montilla deja la Generalitat, ¿seguirá siendo Zapatero un enemigo para CiU? Si a Rajoy le sale bien la “Operación Mas“, ¿habrá una “Operación Urkullu“? ¿Y el Gobierno? ¿No se trataba, hace sólo días, de hacer caer al Gobierno cuanto antes?


Rodríguez Zapatero y Salgado en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)



Con la cara colorada, con las orejas llenas de la palabra “elecciones”… pero con una victoria legislativa en el bolsillo. José Luis Rodríguez Zapatero abandonó ayer el Congreso de los Diputados tras haber convalidado el decreto-ley con los duros recortes sociales impuestos por los agentes económicos internacionales. Y lo hizo sabiendo que está solo, que ya no va a estar acompañado parlamentariamente, y que eso va a ser así hasta que los electores volvamos a pasar por las urnas. Sea en 2012, en 2011 o en 2010.


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Josep Antoni Duran i Lleida se ha convertido en la figura clave de la estabilidad política del país. La decisión de los convergentes -su abstención en la votación del decreto- ha evitado el derrumbe del Gobierno y ha situado en manos de Duran la próxima convocatoria electoral. Todo queda bien explicado tras examinar el próximo calendario electoral. Los comicios autonómicos catalanes están fijados para otoño, justo para la época en la que serán negociados en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011: así que el resultado que arrojen las urnas permitirá a CiU ser más o menos indulgente con el Gobierno de Madrid. Una victoria de Artur Mas por mayoría absoluta ofrecerá unas posibilidades… y una victoria por mayoría simple que abra la puerta a otro tripartito dibujará otro escenario completamente distinto.

¿Pero qué ha ocurrido hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado para que el proyecto político del partido más votado de España haya quedado en manos de un grupo parlamentario de 10 diputados? Hay que volver atrás dos años. En abril de 2008, Rodríguez Zapatero se convirtió en el segundo presidente del Gobierno de la democracia que llegaba al cargo sin el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. El primero fue Leopoldo Calvo-Sotelo, que no pasó por las urnas. Fue decisión personal del líder socialista quedarse en la llamada “geometría variable”, y no buscar apoyos externos al PSOE ni para la investidura… ni para la legislatura. En esos momentos, como recordábamos hace unos días, Duran i Lleida ofreció las fuerzas de CiU para incorporarse a un hipotético ejecutivo, y también la izquierda parlamentaria se hizo querer a los ojos de Zapatero.



El Gobierno aplaude en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)

El Gobierno aplaude en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)



No quiso apoyos. Legítimamente, decidió gobernar en solitario y buscar pactos puntuales según las materias que se presentasen en el camino. Los presupuestos de 2010, los que ahora se han recortado drásticamente, salieron adelante gracias al PNV; la Ley del Aborto, uno de los avances sociales de la legislatura, fue aprobada con el impulso de la izquierda; la Ley de Extranjería ha contado con el aval de CiU. Pero en el momento crucial de la crisis, en el momento del tijeretazo, el PSOE estaba solo. Dice la teoría militar que la táctica busca un resultado concreto en un momento determinado, y que la estrategia se centra en la consecución de objetivos a más largo plazo. Rodríguez Zapatero se ha volcado durante los últimos dos años en sacar adelante sus tácticas… pero no parece haber solucionado su principal error estratégico: no contar con mayoría absoluta estructural en el Congreso para los momentos difíciles. Por eso el futuro del quinto presidente del Gobierno de la democracia depende de un grupo de 10 diputados.