Tras la política

Cataluña, en plena efervescencia preelectoral (AP / Manu Fernández)


Leer la resolución es como viajar en el tiempo. Si no fuera porque de vez en cuando, entre los párrafos, aparece alguna referencia en pasado a los años noventa, el lector despistado podría pensar que se encuentra ante un legajo de finales de los setenta. La Junta Electoral Central ha rechazado el debate ‘cara a cara’ entre Artur Mas y José Montilla con un texto perfectamente legal… y terriblemente antiguo, basado en unos medios de comunicación unidireccionales y omnipotentes. Un texto que ignora las nuevas formas de contacto entre políticos y electores.

“Los plazos previstos […] y la forma en que debe producirse la comunicación que el medio haga sobre la organización de los debates (con indicación de la fecha y hora de emisión, de las entidades políticas invitadas y aceptación de las mismas y de la duración del debate) tienen por objeto permitir que se respete el derecho de igualdad de las candidaturas concurrentes no invitadas a ese debate”



La intención es buena, sí, pero el método es arcaico. ¿Qué ocurre si un candidato a unas elecciones decide anunciar en su cuenta de Twitter que estará el día D a la hora H en la esquina de la calle C, dispuesto a debatir con cualquier otro candidato, y que su partido se dispone a retransmitir ese encuentro por internet? ¿En qué armario quedan los corsés impuestos por la Junta Electoral Central para ese aspecto concreto de una campaña? ¿En qué ley se basan los integrantes de este organismo para dictar una resolución como la de Mas y Montilla?

En nuestra democracia, la Junta Electoral Central nace al calor de la Ley para la Reforma Política, que tras el ‘harakiri’ de los procuradores franquistas, permitió al presidente Adolfo Suárez convocar las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Antes de esa fecha, el 18 de marzo, un Real-Decreto Ley establecía su composición: el presidente y varios magistrados del Supremo, varios representantes del mundo judicial y, curiosamente, “un catedrático de alguna de las facultades de Derecho que radiquen en Madrid”. También preveía sus funciones. Básicamente, vigilar el proceso electoral y resolver quejas y recursos.

Ocho años después, en la primera legislatura del presidente Felipe González, el Gobierno puso en marcha la Ley del Régimen Electoral General, que dibuja un perfil algo renovado de la Junta Electoral Central. Los partidos políticos comienzan a tener voz en su composición -el Parlamento decide qué catedráticos la integran-, y se establece un régimen sancionador para quienes incumplan las resoluciones. Desde 1985, la junta ha generado una importante doctrina electoral, que le sirve como base para seguir resolviendo las quejas o peticiones que recibe; por ejemplo, la instrucción de 1999 a la que se refiere la resolución de Mas y Montilla.

La junta tiene su sede en el mismo edificio del Congreso de los Diputados, y su presidente se llama Antonio Martín Valverde. Y así se ha ido tejiendo la historia. En España no se pueden difundir encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña, hay que avisar a la Junta Electoral Central con cinco días de adelanto si se quiere celebrar un debate, y todo ello a pesar de que, ya en 2004, se demostró que el sistema no era capaz de digerir los acontecimientos extraordinarios posteriores al 11-M. ¡Ah! La junta ha dictado una instrucción sobre el uso de las nuevas tecnologías para la “propaganda electoral”. Léanla ustedes mismos y pregúntense si no hace falta replantearse algunas cosas.


El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)



El debate es eterno y quizá no tenga solución, pero intentemos aportar datos a lo que suele quedarse en una mera discusión pasional: ¿Por qué es el 12 de octubre nuestra “Fiesta Nacional”? Conocemos bien que cada otoño comienza con un desfile militar por el centro de Madrid, que los últimos años nos han dejado abucheos para el presidente del Gobierno, pero no sabemos con exactitud quién decidió que “la Hispanidad” se celebre el mismo día en que se venera a la Virgen del Pilar.

Para encontrar un referente claro tenemos que retroceder 118 años en el tiempo: hasta el 12 de octubre de 1892. Ese año, el Gobierno español presidido por Antonio Cánovas del Castillo conmemoraba el IV Centenario del Descubrimiento de América. La reina regente, María Cristina de Habsburgo, visitó junto a Cánovas el monasterio onubense de La Rábida, y allí firmó un Real Decreto en el que se declaraba dispuesta a remitir a las Cortes… la propuesta de que el 12 de octubre fuese la Fiesta Nacional de España.

La vinculación de la fiesta con Cristóbal Colón y la relación de España con el continente americano estaban presentes en ese decreto, que efectivamente llegó al parlamento y quedó aprobado como ley el 15 de junio de 1918, con Antonio Maura como presidente. Ese texto legislativo introduce una denominación que sembrará la polémica muchos años después: las Cortes deciden que el 12-O se llame “Fiesta de la Raza“. Una vez acabada la Guerra Civil, en los años 40, la fiesta tendría que convivir en el calendario con el 18 de julio, el “Día del Alzamiento Nacional”.

El 8 de febrero de 1958, la dictadura franquista culmina la vinculación entre el 12 de octubre y el Día de la Hispanidad. El Decreto del Gobierno, firmado por Francisco Franco y por Luis Carrero Blanco, recoge toda la lesgislación anterior y establece la Fiesta Nacional como conmemoración “permanente”. De este modo, el 12-O y el 18-J conviven a un mismo nivel hasta 1977; hasta que, tras las primeras Elecciones Generales democráticas, el 11 de julio, el Gobierno de Adolfo Suárez elimina de un Real Decreto previo la alusión al “18 de julio”. Sin embargo, ese año permanecería como día inhábil.

Y sin embargo, la regulación constitucional del 12 de octubre no llegaría hasta 1987, un lustro después de la llegada del PSOE al Palacio de la Moncloa. La ley 18/1987, de 7 de octubre, comienza enmarcando nuestra fiesta en la normalidad democrática mundial, y añade que “sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más importantes para la convivencia política, el acerbo cultural y la afirmación misma de la identidad estatal”.

Es decir, que dirigentes políticos tan diferentes como Cánovas del Castillo, Maura, Franco, Suárez o González han contribuido a dar forma, políticamente, a la Fiesta Nacional tal y como la conocemos. ¿De dónde sale el carácter de la celebración que conocemos en 2010? Quizá del secuestro de los símbolos nacionales por parte de un sector muy conservador de la sociedad, animado por ciertos medios de comunicación. Más allá del respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos, jugar con banderas e himnos puede no resultar conveniente en un país con una historia como la nuestra.


Un grupo de votantes esperan ante la urna el 9 de marzo de 2008 (AP / Israel L. Murillo)



El pasado viernes, un lector de Periodismo Humano decía en Facebook que no estaba “nada de acuerdo” con el post Tres respuestas para la derecha. En el artículo decíamos que, ante el panorama político actual, una de las salidas para el votante podía ser la abstención, y José Ignacio nos contaba por qué no opina igual: “Me parecen una lectura y unas conclusiones muy simples. En todas las votaciones he participado, nunca he votado nulo o blanco [...]. Tengo claro que el voto nulo o la abstención ayuda a gobernar, y el voto en blanco lo mismo, pero a quien no deseas”. Esta interesante observación, que agradecemos, nos ha llevado a una pregunta: ¿cómo se han comportado los abstencionistas desde la Transición?


Porcentaje de abstencionistas entre 1977 y 2008 (Fuente: Ministerio del Interior)



El gráfico que se encuentra sobre estas líneas muestra cómo ha evolucionado la abstención en España desde las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco. Como se puede comprobar, en las llamadas “Elecciones Generales”, siempre ha votado un mínimo del 68 por ciento del electorado, y ese récord por abajo data de 1979, hace más de tres décadas. Otro dato interesante que podemos extraer del cuadro es la relación entre la evolución de la curva y las fechas. Los picos de abstención, las jornadas electorales en las que más votantes se han quedado en casa, coinciden siempre con comicios que han resultado poco determinantes para un cambio político.

En 1979, la victoria de la UCD de Adolfo Suárez se daba por descontada por su labor durante la Transición; en 1986 y 1989, nadie preveía una derrota del Partido Socialista de Felipe González, con amplio predicamento social; en 2000, la “legislatura de Aznar” condujo a la mayoría absoluta del Partido Popular, y esa victoria tampoco inquietó al electorado. Después están los puntos más bajos del gráfico, los momentos en los que la ciudadanía salió a votar masivamente: cabe destacar la primera victoria de la izquierda, en 1982, las dos elecciones consecutivas que acabaron con González, en 1993 y 1996, y el 14 de marzo de 2004: la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno tras los atentados del 11-M. La excepción, las elecciones de 2008, que registraron una alta participación… que reforzó tanto al PSOE como al PP.

¿Y qué ocurre en Europa? La abstención española, más allá del aparente desapego de “lo político” que se percibe en la calle, está en la media de los países desarrollados de nuestro entorno, y es una media bastante alta. El pasado mes de mayo, el conservador David Cameron llegó al número 10 de Downing Street con un 35 por ciento de abstención. En Alemania y Grecia, la reválida de Merkel y la apuesta por Papandreu se produjeron en 2009 con una abstención del 30 por ciento. Portugal marca el récord a la baja con una participación del 60 por ciento en las últimas parlamentarias, y los países más participativos de los últimos años han sido Italia y Suecia, ambos por encima del 80 por ciento.

En marzo de 2008 la crisis económica aún no había estallado con toda su crudeza, pero los votantes se portaron. Una participación del 76 por ciento es uno de los mejores datos de Europa, a pesar de las evidentes carencias de nuestra clase política. Este capital de la democracia española, que mantenemos desde la Transición, puede estar en riesgo. De los líderes de los partidos depende que no se quiebre esa línea roja: en este caso, una gruesa línea roja.


Reunión del Consejo de Ministros en abril de 2009 (Fuente: www.la-moncloa.es)



Primer ingrediente: el pasado 16 de junio, el Congreso de los Diputados pidió al presidente del Gobierno que reestructure su gabinete, y que elimine tres ministerios. Segundo ingrediente: el 27 de octubre, la Cámara decidió que deben desaparecer una vicepresidencia y tres departamentos ministeriales. Tercer ingrediente: en las próximas semanas, el Consejo de Ministros debe acometer un plan de reducción del gasto público que incluirá un recorte en el número de altos cargos del Ejecutivo. Remover, hornear y especiar con la ironía de Esperanza Aguirre. Resultado: las ramas de la Administración General del Estado están dispuestas para la poda.


Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



Desde el primer Gobierno de la etapa democrática, el que formó Adolfo Suárez tras las Elecciones Generales de 1977, 165 personas han ocupado el cargo de ministro. El récord es para el socialista Felipe González. Durante sus 13 años de mandato, pasaron por la mesa del Consejo de Ministros medio centenar de personas diferentes; después encontramos al propio Suárez, que dio empleo y sueldo a 43 hombres [no tuvo ninguna ministra]. El presidente del Gobierno que menos ministros tuvo fue el fallecido Leopoldo Calvo-Sotelo, que en su año y medio de mandato dirigió la actividad de 22 hombres y una mujer.

Y aquí llega el dato curioso. Aunque ha propuesto la creación de algún ministerio, el Partido Popular ha arremetido en innumerables ocasiones contra el número de altos cargos que trabajan para José Luis Rodríguez Zapatero, y tienen razón al decir que los trabajadores con rango de Secretario de Estado o Director General han aumentado en el Palacio de la Moncloa. Pero… ¿qué ocurre si comprobamos el número de ministros y ministras que tuvieron Zapatero y José María Aznar? Que encontramos un empate a 34. Aunque al actual presidente le quedan 23 meses para completar su segunda legislatura y nombrar a un hipotético ministro 35, hasta ahora ha nombrado los mismos que Aznar. Ni uno más, ni uno menos.

Un ministro del Gobierno de España cobra, en 2010, 6.762 euros mensuales; esa cantidad sube hasta los 7.204 euros si ejerce las funciones de vicepresidente, y hasta los 7.665 euros si se trata del propio presidente. En este momento, las cantidades están congeladas por la crisis: los Presupuestos Generales del Estado para 2010 prevén que los salarios de los altos cargos del Gobierno sean los mismos que en 2008. A esto hay que añadir una pensión indemnizatoria de dos años prevista para ellos en los presupuestos de 1981 y en el Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno: conservan el 80 por ciento del salario. Y a eso hay que añadir salarios como diputados o ex altos cargos de otras instituciones.

El plan de reducción del gasto público que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas prevé un recorte de 50.000 millones de euros. Muchos piensan que ese tijeretazo debe llevarse por delante varios ministerios, pero lo que no va a cambiar son los derechos adquiridos de los 150 ex ministros de España. Lo sensato es pedir al presidente del Gobierno que recorte lo superfluo y no lo incómodo.


Fosa común en el cementerio de San Rafael, en Málaga (AP / Sergio Torres)



Con la llegada de la II República, antes de la Guerra Civil, al comienzo de la Dictadura franquista… y de nuevo en la Transición. La historia reciente de nuestro país está tapizada de perdones políticos, que siempre han servido como base para inaugurar nuevas etapas. ¿Discutidos? Sí, todos. La Ley de Amnistía de 1977 prevé la desaparición de los llamados delitos “de intencionalidad política” cometidos desde la Guerra Civil, una medida aprobada para que salieran de las cárceles todas las personas encarceladas por su forma de ser o de pensar. Pero esa, claro, no es la parte polémica. Los apartados de la discordia se encuentran en el artículo segundo.


Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.



Es decir, que no sólo se estableció el perdón para los condenados por delitos políticos… sino también para quienes persiguieron, investigaron y condenaron esos delitos: los responsables de la dictadura franquista. A partir de aquí, el debate. ¿Es la Ley de Amnistía una Ley de Punto Final? ¿Se opone a los principios generales del Derecho Internacional por liberar de responsabilidades a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad?

El pasado 24 de septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. El texto asegura que la práctica de esos delitos constituye “un crimen de lesa humanidad“, y que no puede ser considerado como un “delito político”. Lo que no ha ratificado nuestro país es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que pone negro sobre blanco una idea asentada en el espíritu de Naciones Unidas desde su fundación: que ese tipo de delitos permanecen vigentes con el paso de los años.

Esto describe bien la situación. El Gobierno español reconoce que las desapariciones forzosas son crímenes terribles, pero no se une al tratado que asegura que los responsables sean juzgados a pesar de haber delinquido mucho tiempo atrás. Y sin embargo, España sí figura como firmante de un tratado importante en la materia


Imagen de previsualización de YouTube

En diciembre de 1966, mientras los españoles votábamos en referéndum si queríamos [como quisimos] la nueva Ley Orgánica del Estado, Naciones Unidas auspiciaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno de Adolfo Suárez lo ratificó en 1977… muy pocos meses antes de promulgar la Ley de Amnistía. Por tanto, a la hora de perdonar los “delitos políticos” de la Dictadura, nuestro país se había adherido ya a un tratado que asegura que hay crímenes que se pueden perseguir aunque no sean punibles según el derecho nacional. Eso sí, siempre que lo sean “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Y ahí está la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Y los Juicios de Nüremberg.

Sobran razones jurídicas para entender que la Ley de Amnistía de 1977 puede haber sido sobrepasada por estos principios internacionales del Derecho. Sin embargo, quienes se oponen a la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura, se apoyan firmemente en el principio de irretroactividad de la ley, y en el llamado “Espíritu de la Transición“. Sostienen que, en aquellos años, se fraguó un perdón colectivo para poder avanzar. Que Garzón haya incurrido o no en malas prácticas puede convertirse en una anécdota… si lo que ocurre en España es que no nos ponemos de acuerdo en algo básico: que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca.