Tras la política

Alfredo Pérez Rubalcaba entra en la cúpula del Gobierno (AP / Daniel Ochoa de Olza)

Alfredo Pérez Rubalcaba entra en la cúpula del Gobierno (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Déjenme que les hable de una coincidencia…

Un día de abril del año 2000, hace ya más de una década, Mariano Rajoy entró de lleno en la carrera por la sucesión de José María Aznar. Tras la victoria del PP por mayoría absoluta, el presidente reorganizó su gabinete para otorgar a Rajoy el máximo protagonismo político, el trampolín hacia la sucesión. Quien había sido ministro de Administraciones Públicas y Educación se iba a convertir en Vicepresidente Primero, en la mano derecha del inquilino de La Moncloa. En los años siguientes, Rajoy acabaría pasando por Interior, asumiría el Ministerio de la Presidencia… e incluso la portavocía, con alguna intervención memorable.

Poco después de las ocho de esta mañana, la Cadena SER ha desvelado que Zapatero iba a realizar este miércoles una remodelación profunda de su Gobierno. Y antes de conocer más nombres, ha saltado el cambio estrella: Alfredo Pérez Rubalcaba será Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro Portavoz. ¿Les suena el esquema? Un hombre que conoce al dedillo la administración, que ha sido ministro de Educación y ministro del Interior. El líder socialista sitúa en lo más alto del escalafón al ministro mejor valorado, justo cuando el Gobierno necesitaba una mejor imagen para llegar a 2012.

Dos hombres, Rajoy y Rubalcaba, con muchas coincidencias en su vida política, que acaban ocupando el mismo puesto con una década de diferencia. Rajoy sucedió a José María Aznar al frente del Partido Popular… y atraviesa ya su segunda legislatura en la oposición. Rubalcaba suena, y suena, y suena… como sucesor de Zapatero.



Déjenme que les hable de una ministra…

Elena Salgado es la única ministra que se mantiene en el Gobierno de Zapatero desde abril de 2004. Hoy ha sobrevivido a la remodelación gubernamental más amplia desde ese día, y justo en la jornada en que se aprueba el endurecimiento de un proyecto que ella alumbró en Sanidad: la Ley Antitabaco. El presidente ha eliminado Vivienda, ha eliminado Igualdad, se deshace de María Teresa Fernández de la Vega… pero por ese mismo precio no ha tocado Economía. Se refuerza así el mensaje anticrisis, pero se refuerza también a Salgado.



Déjenme que les hable de una ex ministra…

María Teresa Fernández de la Vega sale del Gobierno tras figurar como una de las ministras mejor valoradas de los últimos siete años. Sin embargo, la coordinación interna del Ejecutivo ha dejado mucho que desear, sus compromisos con la Función Pública han quedado en nada tras la crisis, y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica no acaba de despegar. Sus funciones al frente de la Portavocía del Gobierno tampoco eran ya lo que fueron. ¿Cuál será el futuro de la primera mujer que presidió un Consejo de Ministros?



Déjenme que les hable de un miedo…

Decíamos hace unos días que las organizaciones ecologistas echaban de menos la etapa de Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Unas ganas y unas políticas que quedaron enterradas bajo la discreción de Elena Espinosa. La llegada de Rosa Aguilar al Gobierno central, tras un triple salto mortal desde la alcaldía de Córdoba y pasando por la Junta de Andalucía, vuelve a poner al ministerio en primera línea comunicativa de combate. ¿Qué ha pesado más para esta decisión: la nostalgia o el temor a la aparición de una opción electoral ecologista?



Déjenme que les hable del futuro…

Todo lo anterior se refiere a la estrategia electoral del Partido Socialista y de Zapatero de cara a 2012. ¿Habrá llegado finalmente el momento de pensar en los ciudadanos y en su salida de la crisis, con más derechos y con menos precariedad?


El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, en la Fiesta Nacional (AP / Daniel Ochoa de Olza)



El debate es eterno y quizá no tenga solución, pero intentemos aportar datos a lo que suele quedarse en una mera discusión pasional: ¿Por qué es el 12 de octubre nuestra “Fiesta Nacional”? Conocemos bien que cada otoño comienza con un desfile militar por el centro de Madrid, que los últimos años nos han dejado abucheos para el presidente del Gobierno, pero no sabemos con exactitud quién decidió que “la Hispanidad” se celebre el mismo día en que se venera a la Virgen del Pilar.

Para encontrar un referente claro tenemos que retroceder 118 años en el tiempo: hasta el 12 de octubre de 1892. Ese año, el Gobierno español presidido por Antonio Cánovas del Castillo conmemoraba el IV Centenario del Descubrimiento de América. La reina regente, María Cristina de Habsburgo, visitó junto a Cánovas el monasterio onubense de La Rábida, y allí firmó un Real Decreto en el que se declaraba dispuesta a remitir a las Cortes… la propuesta de que el 12 de octubre fuese la Fiesta Nacional de España.

La vinculación de la fiesta con Cristóbal Colón y la relación de España con el continente americano estaban presentes en ese decreto, que efectivamente llegó al parlamento y quedó aprobado como ley el 15 de junio de 1918, con Antonio Maura como presidente. Ese texto legislativo introduce una denominación que sembrará la polémica muchos años después: las Cortes deciden que el 12-O se llame “Fiesta de la Raza“. Una vez acabada la Guerra Civil, en los años 40, la fiesta tendría que convivir en el calendario con el 18 de julio, el “Día del Alzamiento Nacional”.

El 8 de febrero de 1958, la dictadura franquista culmina la vinculación entre el 12 de octubre y el Día de la Hispanidad. El Decreto del Gobierno, firmado por Francisco Franco y por Luis Carrero Blanco, recoge toda la lesgislación anterior y establece la Fiesta Nacional como conmemoración “permanente”. De este modo, el 12-O y el 18-J conviven a un mismo nivel hasta 1977; hasta que, tras las primeras Elecciones Generales democráticas, el 11 de julio, el Gobierno de Adolfo Suárez elimina de un Real Decreto previo la alusión al “18 de julio”. Sin embargo, ese año permanecería como día inhábil.

Y sin embargo, la regulación constitucional del 12 de octubre no llegaría hasta 1987, un lustro después de la llegada del PSOE al Palacio de la Moncloa. La ley 18/1987, de 7 de octubre, comienza enmarcando nuestra fiesta en la normalidad democrática mundial, y añade que “sin menoscabo de la indiscutible complejidad que implica el pasado de una nación tan diversa como la española, ha de procurarse que el hecho histórico que se celebre represente uno de los momentos más importantes para la convivencia política, el acerbo cultural y la afirmación misma de la identidad estatal”.

Es decir, que dirigentes políticos tan diferentes como Cánovas del Castillo, Maura, Franco, Suárez o González han contribuido a dar forma, políticamente, a la Fiesta Nacional tal y como la conocemos. ¿De dónde sale el carácter de la celebración que conocemos en 2010? Quizá del secuestro de los símbolos nacionales por parte de un sector muy conservador de la sociedad, animado por ciertos medios de comunicación. Más allá del respeto a la libertad de expresión de los ciudadanos, jugar con banderas e himnos puede no resultar conveniente en un país con una historia como la nuestra.


Protesta de agentes de la Guardia Civil ante Interior, el mes pasado (AP / Víctor R. Caivano)

Protesta de agentes de la Guardia Civil ante Interior, el mes pasado (AP / Víctor R. Caivano)



Hace menos de un mes, cientos de guardias civiles se concentraron ante el edificio del ministerio del Interior. En pleno centro de Madrid, y algunos de uniforme, los agentes pidieron al ministro mejoras salariales y laborales. Los medios de comunicación mostraron a los manifestantes haciendo sonar sus silbatos, coreando sus consignas: en definitiva, haciendo “legítimo ruido”. Y sin embargo, la Constitución prevé otra forma de hacer ruido, mucho más silenciosa en la forma, a la que los medios no solemos prestar atención


Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración [...]



Este texto pertenece al artículo 54 de la Constitución, que introduce en el ordenamiento jurídico de nuestra democracia la figura del Ombudsman sueco, un mediador entre la población y las administraciones. Sus competencias, explicadas brevemente en la página web de la institución, no dejan lugar a dudas: es una figura que el legislador consideró como importante, facultada incluso para plantear recursos en el Tribunal Constitucional… y permanentemente ignorada en la vida política española.

A principios del pasado verano, un veterano socialista abandonó el cargo de Defensor del Pueblo tras una década en ejercicio. Enrique Múgica, clave para el ascenso a la Secretaría General del PSOE de Felipe González, envuelto en alguna polémica relacionada con el golpe de Estado del 23-F, dejaba la institución en manos de su adjunta, María Luisa Cava de Llano, tras un mandato muy discutido. Y la polémica no ha terminado con la salida de Múgica, porque la nueva Defensora del Pueblo lo es “en funciones”: los partidos no han conseguido ponerse de acuerdo en un nombre para la sucesión.

Pero volvamos a los guardias civiles. Este mes de septiembre, mientras los agentes se manifestaban en la calle, llegaba al Congreso de los Diputados el informe anual del Defensor del Pueblo (PDF). Recoge todas las quejas que han llegado a la institución, cuáles han sido atendidas y cuáles han sido rechazadas. En la página 32 del resumen enviado a los medios, en el apartado dedicado a las “quejas colectivas“, se puede leer un resumen de las más significativas. Y la primera es muy llamativa: “125 miembros de la Benemérita manifiestan su desacuerdo con el hecho de que la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil no lleve aparejada pensión”.

125 agentes de la Guardia Civil son los impulsores de una queja “planteada por un número significativo de ciudadanos”, y si comparamos esa cifra con la que se vio en la concentración… encontraremos la diferencia entre la importancia simbólica que se concede a las manifestaciones y la que se presta al Defensor del Pueblo. En el documento se recoge también la iniciativa de “107 ciudadanos”, que plantean una queja sobre el Eje Atlántico de Alta Velocidad; que “225 ciudadanos dan traslado de un manifiesto en defensa de la escuela infantil”; o que “5.511 vecinos de Ajo (Cantabria) plantean su queja la orden de derribo de un establecimiento de hostelería de la localidad”.

Dice el informe que, en 2009, fueron planteadas 22.287 quejas por parte de 79.386 ciudadanos que “depositaron su confianza en el Defensor del Pueblo”. Si utilizamos los datos del Instituto Nacional de Estadística, 46.666.421 españoles no tuvimos razones para quejarnos durante el año pasado.


Hace una semana de la huelga general, y las primarias del Partido Socialista de Madrid no han contribuido a apaciguar esa sensación general… de que Zapatero se está suicidando políticamente. Las últimas encuestas dicen que Mariano Rajoy ganaría en las urnas por más de 14 puntos. Los dirigentes del PSOE repiten, por activa y por pasiva, que no cabe otra opción para 2012 que una candidatura encabezada por el presidente, que no conciben una alternativa a Rodríguez Zapatero, pero analizar el panorama político es gratis, y por eso nos preguntamos… ¿quién podría figurar en el cartel socialista si saltara la sorpresa?

Como vamos a realizar un ejercicio de pura especulación, dejaremos de lado a los candidatos clásicos que aparecen en la prensa. Analizando por analizar, hemos reunido un puñado de nombres que serían aceptables para el partido, que podrían ser bien vistos por la ciudadanía… y que incluso tendrían posibilidades de derrotar al Partido Popular.


  • BERNARDINO LEÓN
  • El Secretario General de la Presidencia del Gobierno, ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, se ha convertido en la mano derecha de Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Moncloa. Tiene fama de discreto, eficiente, mantiene contactos con la élite del poder económico internacional, y las crónicas aseguran que es el muñidor de la estrategia a gran escala del Gobierno. En su contra, un perfil poco reconocible por el gran público.


  • CRISTINA NARBONA
  • Desde París, asegura seguir la actualidad española con detalle. La Embajadora de España ante la OCDE es recordada con añoranza por las asociaciones ecologistas, que consideran que su gestión al frente del Ministerio de Medio Ambiente deja a su sucesora, Elena Espinosa, bastante mal parada. Narbona es conocida por la militancia y apreciada en el seno del PSM a pesar de su apoyo a Trinidad Jiménez. Quienes vieron perjudicados sus intereses, sobre todo en la costa, entre 2004 y 2008… no parecen opinar lo mismo.


  • DAVID VEGARA
  • Dejó la política hace un año y medio “por razones personales”, pero recientemente ha vuelto a sonar su nombre para ocupar responsabilidades públicas. Vegara fue el número dos de Pedro Solbes entre 2004 y 2009, y tardó sólo unas semanas en seguir los pasos de su jefe cuando fue relevado por Elena Salgado. El ex Secretario de Estado de Economía, militante del PSC, desempeñó el cargo dejando pocos enemigos por el camino, y salió a tiempo del Gobierno… para no verse atropellado por lo más crudo de la crisis.


  • GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
  • Entre los llamados ‘barones’ encontramos a un extremeño, médico, amante de las nuevas tecnologías, que prometió visitar todos los pueblos de su comunidad durante la legislatura que acaba en 2011. Es el último presidente autonómico que ha puesto en entredicho, siquiera ligeramente, la continuidad de Zapatero en La Moncloa, y comparte con su antecesor en el cargo una visión de España alejada del federalismo catalán.




    Son cuatro nombres prestigiosos del Partido Socialista. Si buscásemos, encontraríamos en el Partido Popular a personas como Alberto Núñez Feijoo, Rodrigo Rato, Alberto Ruiz-Gallardón o Ana Pastor. Y si todos coincidimos en que cualquiera de estos nombres serían una mejor oferta para los ciudadanos que Zapatero o Rajoy… ¿por qué se resignan los partidos a que sus líderes generen apatía?


    ¿En qué se transforman los Presupuestos Generales del Estado? (AP / Daniel Ochoa de Olza)

    ¿En qué se transforman los Presupuestos Generales del Estado? (AP / Daniel Ochoa de Olza)



    Este viernes 1 de octubre, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publica el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Tras los pactos políticos que las han hecho posibles, las cuentas más austeras de los últimos tiempos han comenzado su tramitación parlamentaria. Hoy todo queda recogido en un higiénico e impersonal “pen-drive”, pero todos recordamos aquellas fotografías míticas de los ministros de Economía rodeados por decenas de gruesos tomos, con miles de páginas, que imaginábamos llenas de números ininteligibles.

    No lo son. Detrás de esos complejísimos cálculos está la realidad. Como los presupuestos de este año tienen todavía que ser debatidos, enmedados y contraenmendados en las cámaras, hemos optado por echar un vistazo a los que fueron elaborados para 2010. Y nos hemos propuesto desentrañar esas cifras y averiguar qué hay detrás de las partidas. Qué beneficios reales obtienen de la ley más importante del año los ciudadanos de a pie. Escogemos una página al azar del BOE que publicó la ley, el 24 de diciembre de 2009. Por ejemplo… la número 108.962. Allí encontramos la disposición adicional vigésima séptima, en la que “se declaran de interés general [ciertas] obras de mejora de infraestructuras rurales”. ‘Apasionante’ -dirá el lector. Pues sí: es la base del proyecto de economía sostenible promovido por el Gobierno.

    Nuestro camino para saber qué se financia con los Presupuestos Generales del Estado comienza en plena provincia de Soria, en el municipio de Bayubas de Abajo. ¿Por qué? Porque bajo esa “disposición adicional vigésima séptima”, en la página 108.962 del BOE del pasado 24 de diciembre de 2009, el día en que se publicaron los presupuestos, se declara de interés general la “adecuación de un camino natural” en… Bayubas de Abajo. Allí establecemos contacto con Ana Isabel Blázquez, la joven alcaldesa de un municipio de unos 200 habitantes, en el que la rehabilitación de un camino de tres kilómetros ha resultado esencial.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    La cosa cambia si visitamos otro municipio, esta vez al borde del mar. Es el pueblo asturiano de Tapia de Casariego. Su alcalde, el popular Gervasio Acevedo, ha asegurado a Periodismo Humano que las obras de acceso a Tapia desde Galicia, que la página 108.962 también considera “de interés general”… están paralizadas.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    Otro político del Partido Popular, Longinos Domínguez, es el alcalde del pequeño pueblo de Vezdemarbán, en Zamora. Allí el ayuntamiento solicitó la mejora del camino que les une con otros dos pueblos, Malva y Abezames. Un técnico llegó para evaluar el terreno… y de aquello… nunca más se supo.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    De nuevo hacia el norte, en la provincia de León, nos encontramos con Cacabelos, que aparece consignado bajo el mismo epígrafe de los Presupuestos Generales del Estado. Hablamos del municipio más pequeño de España con una red wi-fi gratuita. En este caso, lo que se declara de “interés general” es un recinto ferial que ha dado empleo a más de una veintena de personas. Gonzalo López, el concejal de Urbanismo, que ha hablado también con Periodismo Humano, no sólo asegura haber recibido la inversión del Estado… sino que la defiende a capa y espada.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    Y resulta que el pueblo de al lado, en pleno Bierzo leonés, también ha podido materializar un proyecto gracias a la dichosa página del BOE. Se llama Camponaraya, su alcalde es el también senador socialista Antonio Canedo, y asegura que, a pesar de que su ayuntamiento ha sido afortunado… las zonas rurales tienen muy complicado transformarse para acercarse a eso de la “economía sostenible”.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    Y después de estas conversaciones, y después de escuchar en qué se transforman los Presupuestos Generales del Estado, y de saber que crean empleo cuando se transforman en dinero, y que pueden llegar a ahogar a un municipio si se quedan en papel mojado… ¿Alguien puede asegurar que no cree en la Política? La pregunta sobre los políticos… la dejamos para mejor ocasión.


    Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, en el Palacio de la Moncloa (AP / Paul White)

    Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, en el Palacio de la Moncloa (AP / Paul White)



    Suicidio. Suicidarse es “quitarse voluntariamente la vida”, y si le añadimos un poco de sentido figurado, suicidarse políticamente podría ser “marchar resueltamente, sin que nadie te ayude, hacia el abismo de la oposición“. Suicidarse. Ignacio Fernández Toxo ha utilizado ese verbo y no lo ha hecho por casualidad. Durante un acto previo a la huelga general, en la Universidad Complutense de Madrid, el Secretario General de Comisiones Obreras se dirigía así a los alumnos…


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    Toxo lanza dos mensajes a los universitarios: el primero, que los paros del 29-S no persiguen un cambio de Gobierno; el segundo, que la izquierda [y podemos entender como "izquierda" a la izquierda sindical y social] no tiene por qué acompañar a Zapatero en su deriva derechista para hacer frente a la crisis. En principio podrían parecer mensajes contradictorios, pero no lo son. Resumiéndolos en una sola oración, podría ser algo así: “Queremos que siga habiendo un gobierno de izquierdas, pero un gobierno distinto“. Y ese deseo apunta directamente a la figura del presidente. Primera pregunta para el 30-S: ¿qué quiere decir ese mensaje a Zapatero desde los sindicatos?

    Como ha ocurrido con las primarias de Madrid, la huelga general puede pasar de ser un asunto menor, inofensivo, a convertirse en un verdadero problema político para Zapatero. El presidente acaba de conseguir la estabilidad parlamentaria suficiente para intentar agotar la legislatura, pero durante el año y medio que falta para las elecciones… le hace falta también la estabilidad social. Muchos medios de comunicación y analistas dan por descontado que el 29-S será una protesta aislada, el “mal menor necesario” para los sindicatos, pero… aquí surge la segunda pregunta para el 30-S: ¿y si la huelga es sólo el comienzo de una oleada de protestas contra el Gobierno socialista?

    Los sindicatos se juegan su credibilidad como agentes sociales este miércoles, su fuerza como interlocutores. Tenga éxito o no la huelga del 29-S, una afluencia aceptable de manifestantes en su convocatoria puede convertirla en el preludio de otras protestas. Tanto la UGT de Cándido Méndez como las Comisiones Obreras de Toxo han sido objeto en los últimos meses de afiladas críticas: primero, por no haber convocado la huelga antes; después, por anunciarla un trimestre antes de celebrarla. Ahora el presidente les ofrece pactar los flecos de la reforma laboral sin modificar su espíritu. Los líderes sindicales, que se han sentado muchas veces en los sillones grises de La Moncloa, junto a Zapatero, nos conducen a la tercera pregunta para el 30-S: ¿será posible recomponer esa fotografía en un futuro próximo?

    Suicidio. Decía Toxo que, con sus reformas, el presidente del Gobierno se suicida políticamente. Qué curiosa paradoja. El ex ministro de Economía Carlos Solchaga, que ocupaba esa cartera durante la gran huelga general de 1988, ha escogido exactamente la misma palabra.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    Suicidio, según unos, si rectifica; suicidio, según otros, si no lo hace. La figura del presidente del Gobierno está en entredicho pase lo que pase. Hemos formulado tres preguntas. Las respuestas son difíciles de pronosticar, pero las elucubraciones nos llevan al mismo punto: al Palacio de la Moncloa y a su inquilino desde el año 2004. Porque lo que esta huelga parece poner de manifiesto es que, tanto los que quieren que el PSOE continúe gobernando… como los que quieren que llegue el PP al poder… encuentran un mismo obstáculo en su objetivo: se llama Zapatero.


    Si vive usted en Marbella, en Denia, en León, en Melilla, en Silleda, en Ceuta o en Benidorm, sabe mejor que nadie lo que signica la palabra “tránsfuga”. Dice el diccionario que se trata de “una persona que, con un cargo público, no lo abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato”. En todos los municipios mencionados, por una razón o por otra, con políticos de un partido o de otro, la alcaldía ha cambiado de manos en los últimos años por voluntad de uno o más tránsfugas. Lo primero que deberíamos decir es que ser tránsfuga en España no es un delito, y lo segundo que deberíamos decir es que se trata, posiblemente, del peor calificativo aplicado a un cargo político por parte de otro. Retrocedemos un año.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    En septiembre de 2009, cuando Zapatero mostraba un compromiso tan firme con el Pacto Antitransfuguismo, estaba en juego la alcaldía en el municipio alicantino de Benidorm. Un grupo de concejales socialistas decidieron apoyarse en un tránsfuga para cambiar a un alcalde del PP por Agustín Navarro, edil del PSOE: entre esos concejales estaba Maite Iraola, la madre de la Secretaria de Organización socialista Leire Pajín. Para no poner en aprietos a Ferraz, y principalmente por este parentesco incómodo, todos abandonaron la militancia, y el pasado mes de julio fueron declarados oficialmente como “tránsfugas” por la Comisión de Seguimiento del pacto que preside el ministro de Política Territorial.

    Ha pasado un año, y la agrupación socialista de Benidorm, a la que ya no pertenecen aquellos concejales “oficialmente tránsfugas”, ha decidido que su candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2011… sea el actual regidor, Agustín Navarro. No es miembro del partido y fue el protagonista de aquel septiembre de 2009. El Secretario General del PSPV ha avalado la decisión del partido en Alicante, y dicen las crónicas periodísticas que la preocupación en Ferraz es máxima, porque se rompe el discurso de limpieza que entonaba Zapatero hace 12 meses. El Partido Popular, que cuenta también en su haber con varios casos de transfuguismo [por ejemplo el que llevó a Eduardo Zaplana a la mismísima alcaldía de Benidorm], intenta aprovechar el revuelo político del caso.

    El Pacto Antitransfuguismo, firmado por los principales partidos políticos, se ha negociado en tres tandas: comenzaron en 1998 y culminaron en 2006. Es un texto de 11 folios que contiene puntos muy interesantes. Quizá el principal de todos sea el número 7, que en su apartado c asegura que los firmantes se comprometen a “no presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales declarados tránsfugas”. Pero el aislamiento de estos ediles no queda ahí: el pacto pretende que no se apoye “ninguna iniciativa que provenga de los mismos”, se ocupa de que no entren en los gobiernos locales, califica el cambio de partido de “fenómeno de deslealtad política”, y en otro apartado dice que posee una naturaleza políticamente “patológica”. Vamos, que no deja ni un resquicio para la duda: los grandes partidos, como buenos bomberos, no quieren pisarse la manguera.

    En el imaginario político español, donde la corrupción campa a sus anchas sin -al parecer- castigo ciudadano en las urnas, el hecho de que un partido cambie de partido a mitad de legislatura para favorecer al de enfrente… está muy mal visto. Enseguida se piensa que le asisten razones ajenas a lo público, que cobrará por cambiar el sentido de su voto, o incluso que lo premiarán con un cargo político mejor que el que tenía [como las concejalías de Hacienda o Urbanismo]. Pero aquí lanzo las preguntas ingenuas de la semana: ¿Qué ocurriría si un político honrado pierde la confianza en su partido y decide, legítimamente, cambiar de filas a otro cercano en ideología? ¿Debe perder ese hipotético político honrado la posibilidad de ver apoyada una iniciativa suya? ¿Debe renunciar al gobierno del municipio? Pensemos con cuidado, no sea que descubramos que el Pacto Antitransfuguismo es un remedio contra las malas prácticas… que impide que las buenas lleguen nunca a producirse.


    El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)

    El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)



    Cenaba con varios amigos cuando surgió la cuestión. Alguien dijo: “¿vosotros sabéis qué pasará cuando el Rey muera?”. Todos saltamos a la vez con respuestas obvias. “No, no, -repreguntó mi amigo sonriendo- ¿sabéis si el Príncipe se convierte en rey automáticamente? ¿O tiene que hacer algo para ser monarca?”. Esta vez no hubo respuestas. Quienes nos sentábamos en torno a aquella mesa no éramos expertos constitucionalistas, pero sí aficionados a la información política. Y la cuestión no nos sonaba ni de lejos. ¿Qué ocurrirá con la jefatura del Estado en las horas que sigan a la muerte de Juan Carlos I? ¿Quién ocupará ese puesto hasta la jura del nuevo monarca? ¿Será necesaria la ceremonia?


    Imagen de previsualización de YouTube

    El último acceso al trono de un monarca español se produjo el 22 de noviembre de 1975, cuando faltaban tres años para la aprobación de la Constitución, y la ceremonia se desarrolló según los términos establecidos en la Ley de Sucesión de 1947. En ese texto sí quedaba muy claro el proceso que debía seguirse tras la muerte de Francisco Franco: “Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese llamado a suceder en ella el designado [...], el Consejo de Regencia asumirá los poderes en su nombre y convocará conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino para recibirle el juramento prescrito en la presente Ley”. No se establecía ningún plazo para ese juramento, pero sí se especificaba que había que ser varón, mayor de 30 años, católico y fiel a los principios que “informaban” el Movimiento Nacional.

    Eso dice la ley de la dictadura, pero… ¿qué dice la Constitución?. En el Título II, el artículo 57 se ocupa de la línea de sucesión a la Corona. Explica que se prefiere a los hijos mayores antes que a los menores, que se prefiere a los hombres antes que a las mujeres, que si el linaje real se extingue será el Congreso quien nombre un monarca, y que la Cámara Baja podrá también impedir el acceso al trono de ciertos candidatos. Pero el apartado más interesante del artículo es el último. Dice que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica“. Una ley que, 32 años después de la entrada en vigor de la Carta Magna, aún no ha sido redactada, y que deja al albur de las circunstancias un momento tan importante como la muerte del monarca.

    A falta de esa ley, seguimos leyendo la Carta Magna, y un poco más adelante encontramos información útil. Dice el artículo 61 que “el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones”. Es decir, que el nuevo jefe del Estado debe jurar su cargo delante de las cámaras en reunión conjunta. Esto genera un interesante debate entre los constitucionalistas. Como se puede leer en la sinopsis del 61, incluida en la página web del Congreso de los Diputados, hay quien piensa que la proclamación establece un pacto entre la monarquía y el pueblo, equivalente a la investidura de cualquier otro cargo público; otros profesores creen que el Príncipe de Asturias accede inmediatamente al trono tras la muerte de su padre en virtud del orden sucesorio. Llegamos entonces a la conclusión… de que no hay una opinión unánime sobre la cuestión que nos interesa: ¿se produce vacío de poder en la jefatura del Estado entre la muerte del rey y la proclamación del sucesor?

    Otro debate académico, que encontramos en algunos ensayos, se refiere a la propia jura del sucesor. El Príncipe de Asturias, como prevé la Constitución, prestó juramento ante las cámaras cuando cumplió 18 años, el 30 de enero de 1986. Ese día ya firmó su particular pacto con el pueblo español. Gregorio Peces-Barba, padre de la Carta Magna y presidente del Congreso cuando la jura se produjo, explicaba en ese año el significado de la ceremonia.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    Quienes se dedican al estudio de la Constitución se preguntan si las dos ceremonias, la del acceso al trono y la de la mayoría de edad, no será “demasiado jurar”. Y de nuevo… el vacío jurídico. Sin una Ley Orgánica de la Corona, podemos suponer qué ocurrirá en las horas posteriores a la muerte del Rey, pero ni mucho menos asegurarlo. Sabemos que el Príncipe de Asturias, guardado el luto por su padre, tendrá que desplazarse hasta la Carrera de San Jerónimo para prestar juramento ante los diputados y senadores, pero… ¿qué ocurre si las cámaras están disueltas? Y sobre todo: ¿será Felipe de Borbón el Jefe del Estado, con todos los honores y responsabilidades del cargo, antes de poner su mano sobre el Evangelio?


    Durante los últimos días he leído artículos muy completos sobre los llamados “liberados sindicales”. Son artículos sobre sus características, su trabajo, y sobre las leyes que regulan su actividad en las empresas y los organismos públicos. Así que quizá sea bueno aprovechar todo ese material para responder a varias preguntas: ¿Por qué molestan tanto los liberados a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre? ¿Por qué, 24 horas antes de su Debate sobre el Estado de la Región, alguien filtró al diario El Mundo que Aguirre anunciaría un drástico recorte en su número? ¿Y por qué llega ese anuncio precisamente ahora?


    Imagen de previsualización de YouTube

    Vayamos por partes. El asunto de los liberados comenzaba este mismo lunes, cuando la portada de El Mundo revelaba las intenciones de la presidenta: Aguirre “les quitaría” a los sindicatos un buen puñado de cargos en la administración, se ahorraría 70 millones de euros, y lo haría mediante la fórmula mágica de ejecutar una aplicación “estricta” de la ley. A esto añadimos unas interesantes declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Asegura Ignacio González que el recorte de liberados no supondrá sólo un importante ahorro en tiempo de crisis… sino que terminará con una práctica “abusiva” de los sindicatos.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    Los delegados sindicales, presentes en instituciones públicas o privadas, disponen por ley de un determinado número de horas de trabajo que pueden dedicar a la defensa de sus compañeros. Según el Estatuto de los Trabajadores, que regula todas estas cuestiones, esos delegados pueden ceder sus “horas sindicales” a compañeros que trabajen en la misma empresa, y que si llegan a acumular las horas suficientes… se pueden dedicar únicamente a representar a los trabajadores. Es decir, pueden quedar “liberados” de sus otras tareas y ocuparse sólo de las sindicales. Y aquí llega lo controvertido. Los convenios colectivos pueden ampliar el número de horas que se reparten entre los delegados, y que eventualmente acaban correspondiendo a los “liberados”.

    Esto se ha convertido, con el andar de los años, en una herramienta útil en las negociaciones entre agentes sociales, porque supone una concesión valiosa de la empresa [o institución] en favor de los trabajadores. Según el gobierno Aguirre, es el “perfeccionamiento” de esa táctica negociadora lo que ha provocado que, en la administración autonómica de Madrid, haya 3.500 liberados sindicales… cuando según la ley debería haber sólo 1.490. Abusos, perfeccionamiento de técnicas, insolidaridad: todos son conceptos que estos altos cargos llevan una semana asociando con el buen nombre de los sindicatos. De unas organizaciones de trabajadores que fueron vapuleadas porque no organizaban huelgas a Zapatero y que ahora son señaladas como las culpables de que no haya mejores reformas y de organizar protestas lesivas para la economía.

    El Gobierno madrileño del Partido Popular ha incurrido, sí o sí, en una dejación de funciones con alto coste para las arcas públicas. Si pretende recortar los liberados sindicales a la mitad y asegura que eso no repercutirá en los derechos de los trabajadores… quiere decir que hemos estado gastando inútilmente 70 millones de euros cada año; si se deja a un lado la razón económica y se atribuye la medida a la intención de atajar los supuestos “abusos”… quiere decir que las administración pública madrileña ha cometido un gravísimo error al ceder ante el “chantaje sindical” para conceder más horas a los delegados. Pero no ocurre ni una cosa ni la otra. Estamos ante un peldaño más de la escalera que Esperanza Aguirre viene subiendo desde el año 2003: la escalera que termina en el desprestigio de todas las instituciones que tienen algo que ver con lo público. Y el tramo de este otoño… Aguirre pretende escalarlo… a lomos de los sindicatos.


    El lehendakari Patxi López, tras el último 'alto el fuego' de ETA (AP / Álvaro Barrientos)

    El lehendakari Patxi López, tras el último 'alto el fuego' de ETA (AP / Álvaro Barrientos)



    El acuerdo político firmado en 2009 entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular vasco es un documento público. El pilar que sostiene al gobierno del lehendakari Patxi López recoge todo tipo de compromisos generales, como fortalecer el autogobierno o arrinconar a la banda terrorista ETA, pero está jalonado también de puntos muy concretos, de pactos muy específicos que van desde la construcción de la línea 3 del metro de Bilbao hasta la puesta en marcha en Eibar de un hospital de media-larga estancia. El segundo epígrafe del documento se dedica a la “política para hacer frente a la crisis económica y crear empleo“, y uno de los apartados es realmente curioso…


    “Negociación de la transferencia de medios para las políticas activas de empleo, unificando un servicio hoy duplicado y ganando en capacidad de gestión y efectividad”



    Es decir, que el traspaso de esa competencia a Euskadi, de esa gestión de las políticas de empleo, está incluida en el pacto de gobernabilidad que permitió a PSE y PP el desalojo del Partido Nacionalista Vasco en 2009. Con esa premisa, es interesante acercarse a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Como ya hemos contado en este blog, el presidente Zapatero ha enterrado la llamada “geometría variable” y se ha comprometido a fondo con el PNV no sólo para las próximas cuentas públicas… sino como posible aliado estratégico hasta el final de la legislatura. De cara a los tejemanejes presupuestarios, que no son nunca el mejor ejemplo de buenas intenciones políticas, la clave está, justamente, en la transferencia a la que hacíamos referencia.

    En este 2010, el Gobierno busca a la desesperada su supervivencia parlamentaria, y buenas son las políticas de empleo si le facilitan ese objetivo. Caso aparte son el resto de actores del vodevil. El Partido Nacionalista Vasco considera el traspaso como algo irrenunciable, como la bisagra que abre a Zapatero la puerta del futuro. Es curioso comprobar cómo, en 2009, el mismo grupo parlamentario rechazó que se transfiriese la competencia en su acuerdo con el PSOE, pero se reservó el derecho de veto hasta septiembre de 2010. Es decir, que el Gobierno no podría realizar la transferencia a Vitoria sin el visto bueno de Íñigo Urkullu… hasta que llegase este septiembre de 2010, cuando tenemos encima otra negociación presupuestaria. Cuando conoció el acuerdo, el lehendakari López clamó al cielo, y lo hizo en público, ante los micrófonos.


    Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.



    El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, personifica la contradicción en la que también incurre su partido. La formación de Antonio Basagoiti firmó el acuerdo de bases al que hacíamos referencia en el primer párrafo, consideró que la transferencia de las políticas de empleo era crucial para Euskadi, protestó enérgicamente cuando el PNV la bloqueó en 2009 pidiendo a Patxi López que “se plantase”… y hoy vuelve a pedir lo mismo. Barreda vuelve a pedir al lehendakari que se plante cuando esa transferencia parece más cercana que nunca. ¿Es menos necesaria ahora que antes… o su necesidad depende de quién consiga desbloquearla? Después están los socialistas vascos. Ante la más que probable marginación de su líder, han organizado un acto de desagravio recordando lo que parece obvio y lo que está escrito en las leyes: que las competencias se negocian entre gobiernos.

    Los buenos vodeviles saben cimentar los diálogos en la intriga y en el equívoco, en que nada sea lo que parece, en que los personajes afirmen hoy una cosa y mañana la contraria. Así, en la negociación de los presupuestos, cada parte mantiene un discurso de cara a la galería y otro hacia sus propias filas… sin que nadie piense en los ciudadanos. Euskadi es la única comunidad autónoma que no tiene transferidas las políticas activas de empleo -algo que no le ha impedido ser una de las autonomías con menor tasa de paro-, pero eso no les importa demasiado a los actores de esta representación. Unos, para sobrevivir; otros, para tumbar al Gobierno; los de más allá, por protagonismo; los de más acá, por ocupar el centro del escenario. Todos hacen méritos para demostrar que conocen al dedillo su papel.