Tras la política

El caos en Barajas (AP)

El caos en Barajas (AP)

He buscado “State of alarm” en Google por simple curiosidad. El resultado es… España. La figura del ‘estado de alarma’, a pesar de contar con algunos equivalentes en Europa -como los que prevé el artículo 19 de la Constitución de Portugal-, parece netamente española. Y la forma en que entró en vigor el pasado fin de semana, por primera vez en democracia, responde también a una crisis estatal netamente española. Parece necesario intentar conocer mejor dos aspectos de la figura jurídica: las bases legales que la sostienen y el contexto en que se ha decretado. Como no soy ningún experto jurista, me limitaré a compartir en este post algunos documentos que me han ayudado a comprender mejor la situación.

Primero, el contexto. Tras muchos meses de conversaciones [y algunas afirmaciones grandilocuentes], el Gobierno y los controladores aéreos sólo habían conseguido llegar a un punto muerto. Estaban en juego su dependencia orgánica de AENA, el sueldo que iban a cobrar… y el detonante: la manera de computar sus 1.670 horas anuales de trabajo, que según el sindicato USCA están ya plenamente superadas en este 2010. El artículo 4.4.a de la Ley de Seguridad Aérea de 2003 prevé que el ministerio de Defensa ejerza el control de la circulación aérea cuando el presidente del Gobierno lo decida “por concurrir circunstancias extraordinarias que así lo aconsejen”. El pasado mes de abril, ante el bloqueo de las negociaciones, el Gobierno aprobó la Ley 9/2010. En su disposición adicional primera, el texto obliga a los trabajadores de AENA a “facilitar” esa militarización.

Así llegamos al pasado viernes, 3 de diciembre. En el Consejo de Ministros de esa mañana el Gobierno aprueba un Real Decreto con “medidas liberalizadoras” de la economía, y entre ellas, se incluye una modificación de las leyes 21/2003 y 9/2010. En la disposición adicional segunda del Real Decreto, se dispone que un médico de AENA evalúe las peticiones de baja laboral de los controladores, y se explicita que, en caso de emergencia, Defensa “asumirá su organización, planificación, supervisión y control”. Esto, horas antes del parón en los aeropuertos. A partir de ese momento, como bien ha relatado Javier Casqueiro en ‘El País’, la situación política se convierte en frenética. Pasadas las 22:00 horas, el presidente Zapatero firma el Real Decreto que transfiere a Defensa el control del espacio aéreo basándose en la redacción aprobada esa misma mañana por el Consejo de Ministros. En ese texto hay una frase que analizaremos más tarde.

El sábado 4 de diciembre por la mañana, dado que los controladores no regresan a sus puestos de trabajo, el Gobierno decreta el ‘estado de alarma’ previsto en el artículo 116 de la Constitución de 1978. Ese artículo estipulaba que los estados de alarma, sitio y excepción tendrían que ser regulados por una Ley Orgánica, y así ocurrió tres años más tarde. La Ley Orgánica 4/1981 [redactada sólo unos meses después del golpe de Estado de Tejero] preveía que el ‘estado de alarma’ fuera decretado “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”. En el artículo 4 de esa ley encontramos cuáles son las circunstancias extraordinarias, y entre ellas, la “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad”. Pero quizá el aspecto esencial para comprender el asunto de los controladores lo encontremos en el artículo 9.1.

Por la declaración del Estado de Alarma todas las autoridades civiles [...] y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.


Torre de control (AP)

Torre de control (AP)

Aquí está el meollo de la cuestión. El ‘estado de alarma’ pone a los funcionarios civiles a las órdenes directas de “la autoridad competente” [en este caso, el Gobierno central]. ¿Y quién ejercerá esa autoridad en su nombre? Basta con leer el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, en el que ese ‘estado de alarma’ se ha decretado por primera vez. En su artículo 3, el decreto estipula que “los controladores pasan a tener la consideración de personal militar”, y en su artículo 6, que la autoridad delegada del Gobierno será el Jefe del Estado Mayor del Aire. Sin embargo, la Ley Orgánica de 1981 que examinábamos más arriba, y que regula el ‘estado de alarma’, no prevé que el Ejército asuma ese papel. ¿Dónde encontramos esa posibilidad? En la modificación legislativa aprobada por el Consejo de Ministros en la mañana anterior.

Hasta aquí los documentos para la reflexión. Ahora, dos preguntas. Antes habíamos dejado pendiente el análisis de una frase del Real Decreto de militarización. Esa frase dice así: “El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire [...] activará los recursos de control de tráfico aéreo del Ministerio de Defensa y exigirá la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores civiles ausentes”. ¿Una movilización obligatoria con el ‘estado de alarma’ aún sin decretar? Y la segunda pregunta. ¿Alguien se ha fijado en que, según el artículo 116.5 de la Constituciónno pueden disolverse las cámaras mientras continúe en vigor el ‘estado de alarma’?

(4) Comentarios

  1. SrGato

    Hola, antes de leer este interesante artículo, ya tuve la necesidad de entender mejor el conflicto, puesto que al ver el modo en que los presentaban en los grandes medios, hay algo que no cuadra. No me creo que los controladores sean esa especie de gollums avariciosos que nos ha intentado vender, así que busqué por internet, hasta dar con el blog personal de uno de ellos, donde se exponía la versión de la otra parte (y también aporta documentos explicando la situación real y el conflicto con AENA) Aquí la dirección: http://artirblog.blogspot.com/2009/12/la-verdad-sobre-los-controladores.html
    La pregunta que quería plantear es: Una vez expuestas ambas partes, y sospesados los argumentos, las acciones y los daños colaterales; no os parece que este es un caso más de víctima que se convierte en verdugo al equivocarse escogiendo su “método de protesta”? Me explico a mi parecer los controladores (q me despiertan más bien poca simpatía) tenían razón en cuanto a la situación, los malos administradores (y con peor proceder) eran AENA y el gobierno; pero han perdido toda la razón atacando al ciudadano de a pié para que el estado les hiciera caso, convirtiéndose así de víctimas a verdugos y dejando carta blanca a las acciones de un gobierno agonizante y desesperado. A vosotros que os parece?

  2. Gracias por contribuir a aclarar todo este asunto, David. La verdad es que con esto de los controladores ha habido una manipulación mediática alucinante y la mayoría ha caído en esa trampa de que el gobierno venía a salvarnos de un desastre creado por unos desalmados y ajeno por completo al Gobierno mismo. Me resultó tan sospechoso que me puse a informarme y la verdad es que me enteré de cosas de las que no tenía ni idea hasta entonces, escribí sobre eso aquí: http://unmundollenodemundos.blogspot.com/2010/12/de-controladores-aereos-y-linchamientos.html

  3. Hola a los dos. Muchas gracias por venir! :)

    Vuestras dudas son muy complicadas de responder, realmente no me siento preparado para ello. Realmente, mi impresión es que este caso ha sido utilizado políticamente por muchos actores del vodevil… y que las reivindicaciones legítimas que puedan tener los controladores han quedado tapadas por la escasa oportunidad de su protesta. A partir de ahí, todo especulaciones.

    Gracias de nuevo!

  4. paco

    Te olvidas de algo muy importante:

    El texto de la ley en que se apoya el Real Decreto del 4 de Diciembre en el que se declara el Estado de Alarma para la nación dice textualmente [1] en su artículo 4, punto C:

    “C) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.”

    O sea que que se puede decretar el estado de alarma /…/´según lo especificado en el apartado (C), cuando se produzca una paralización de servicios públicos esenciales Y ADEMÁS estemos en alguna de las situaciones mencionadas en los restantes apartados (es decir, tiene que haber una catástrofe, una crisis sanitaria o un desabastecimiento de productos de primera necesidad, aunque sea de menor gravedad).”

    Tampoco se dan los supuestos para una militarización del personal civil, y la legislación sobre navegación aérea es de 1960, derogada en parte por la actual Constitución de 1978.

    Luis del Pino lo demuestra palmariamente en http://blogs.libertaddigital.com/enigmas-del-11-m/estado-de-alarma-ilegal-8648/

    Notas.-Textos legales de referencia:

    [1]. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1981-12774

    [2]. Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18683#analisis

    [3]. Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar
    http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-25779

    [4]. Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1960-10905

    ‘El presidente que no creía en la ley’

    Carlos Cuesta

    Publicado en el diario El Mundo, 12 de diciembre de 2010

    A un chantaje indefendible -el sabotaje de los controladores-, una reacción oficial tan ilegal como sospechosa: el estado de alarma. La respuesta dada por el Gobierno al cierre del espacio aéreo del 3 de enero -solucionado día y medio después- ha dejado abierta una peligrosa puerta a la suspensión de un largo listado de derechos laborales, políticos y económicos de los españoles. Una puerta que el presidente Zapatero se niega a desvelar cuánto tiempo tardará en cerrar y que vulnera las exigencias constitucionales del estado de alarma.

    Ni siquiera desde la asunción del grave relativismo de un presidente que ha sido capaz de retirar el subsidio de paro a aquellos a quienes aseguraba defender por encima de todas las cosas, es posible justificar el grado de vulneración de la legalidad al que ha llegado este Ejecutivo. Y ni siquiera desde la absoluta inconsciencia de ese mismo presidente es posible asumir la deriva de un Estado que profundiza día a día en la destrucción del principio del imperio de la ley.

    El estado de alarma exige la existencia de una catástrofe (terremoto, inundación, incendio), epidemia, crisis sanitaria o similar como requisito previo e ineludible. Decretarlo sin la existencia de esta premisa base supone, sin más, un acto de grave ilegalidad. Un acto que estira aún más la lista de peligrosos agravios legales adoptados a lo largo de la última legislatura y media.

    Se puede leer en : http://e-pesimo.blogspot.com/2010/12/firmas-federico-jimenez-losantos-raul_13.html
    …………..
    Ni Estado de Alarma ni militarización

    por Ricardo MUÑOZ GARCÍA (abogado y coronel retirado)

    http://www.larazon.es/noticia/6905-ni-estado-de-alarma-ni-militarizacion-por-ricardo-munoz-garcia
    …………….

    Juristas castrenses sostienen que la militarización fue ilegal

    http://www.vistazoalaprensa.com/frmlink.asp?sec=not&id=27024
    ……………

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