Tras la política

Cataluña, en plena efervescencia preelectoral (AP / Manu Fernández)


Leer la resolución es como viajar en el tiempo. Si no fuera porque de vez en cuando, entre los párrafos, aparece alguna referencia en pasado a los años noventa, el lector despistado podría pensar que se encuentra ante un legajo de finales de los setenta. La Junta Electoral Central ha rechazado el debate ‘cara a cara’ entre Artur Mas y José Montilla con un texto perfectamente legal… y terriblemente antiguo, basado en unos medios de comunicación unidireccionales y omnipotentes. Un texto que ignora las nuevas formas de contacto entre políticos y electores.

“Los plazos previstos […] y la forma en que debe producirse la comunicación que el medio haga sobre la organización de los debates (con indicación de la fecha y hora de emisión, de las entidades políticas invitadas y aceptación de las mismas y de la duración del debate) tienen por objeto permitir que se respete el derecho de igualdad de las candidaturas concurrentes no invitadas a ese debate”



La intención es buena, sí, pero el método es arcaico. ¿Qué ocurre si un candidato a unas elecciones decide anunciar en su cuenta de Twitter que estará el día D a la hora H en la esquina de la calle C, dispuesto a debatir con cualquier otro candidato, y que su partido se dispone a retransmitir ese encuentro por internet? ¿En qué armario quedan los corsés impuestos por la Junta Electoral Central para ese aspecto concreto de una campaña? ¿En qué ley se basan los integrantes de este organismo para dictar una resolución como la de Mas y Montilla?

En nuestra democracia, la Junta Electoral Central nace al calor de la Ley para la Reforma Política, que tras el ‘harakiri’ de los procuradores franquistas, permitió al presidente Adolfo Suárez convocar las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Antes de esa fecha, el 18 de marzo, un Real-Decreto Ley establecía su composición: el presidente y varios magistrados del Supremo, varios representantes del mundo judicial y, curiosamente, “un catedrático de alguna de las facultades de Derecho que radiquen en Madrid”. También preveía sus funciones. Básicamente, vigilar el proceso electoral y resolver quejas y recursos.

Ocho años después, en la primera legislatura del presidente Felipe González, el Gobierno puso en marcha la Ley del Régimen Electoral General, que dibuja un perfil algo renovado de la Junta Electoral Central. Los partidos políticos comienzan a tener voz en su composición -el Parlamento decide qué catedráticos la integran-, y se establece un régimen sancionador para quienes incumplan las resoluciones. Desde 1985, la junta ha generado una importante doctrina electoral, que le sirve como base para seguir resolviendo las quejas o peticiones que recibe; por ejemplo, la instrucción de 1999 a la que se refiere la resolución de Mas y Montilla.

La junta tiene su sede en el mismo edificio del Congreso de los Diputados, y su presidente se llama Antonio Martín Valverde. Y así se ha ido tejiendo la historia. En España no se pueden difundir encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña, hay que avisar a la Junta Electoral Central con cinco días de adelanto si se quiere celebrar un debate, y todo ello a pesar de que, ya en 2004, se demostró que el sistema no era capaz de digerir los acontecimientos extraordinarios posteriores al 11-M. ¡Ah! La junta ha dictado una instrucción sobre el uso de las nuevas tecnologías para la “propaganda electoral”. Léanla ustedes mismos y pregúntense si no hace falta replantearse algunas cosas.


Al fondo, Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo marroquí (AP / Daniel Ochoa de Olza)

Al fondo, Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo marroquí (AP / Daniel Ochoa de Olza)


Era también noviembre. Corría el año 1975.

Jaime de Piniés estaba trabajando en su oficina [...] cuando sonó el teléfono. Eran las nueve de la noche del 11 de noviembre y hacía ya tiempo que el personal de la Embajada se había marchado. [...] El embajador descolgó. Al otro lado del hilo, Kurt Waldheim le pidió que fuera a verle. De Piniés subió a su coche y 15 minutos más tarde llegó al despacho del secretario general, en el piso 38 del edificio de Naciones Unidas. Waldheim fue directo al grano:

- Puesto que ya no resistís la presión y queréis marcharos del Sáhara, yo me haré cargo del territorio y lo llevaré a la autodeterminación. Sólo necesito que me dejéis provisionalmente un contingente militar de 10.000 legionarios a los que colocaríamos bajo bandera de la ONU.

Al español le pareció una idea magnífica. El secretario general le advirtió:

- Debemos evitar que el plan llegue a oídos del Gobierno marroquí, porque lo boicotearía, como ha hecho con otros anteriores.

El día 13, Waldheim entregó al embajador un documento, escrito en francés, en el que se detallaba su estrategia. Decía que España anunciaría su retirada del Sáhara en una fecha por determinar. La ONU asumiría entonces la administración del territorio por un período de seis meses. [...] Ese mismo día, De Piniés transmitió el documento al Ministerio de Asuntos Exteriores con carácter urgente. Pero el Gobierno no le prestó atención.”

Tomás Bárbulo. La historia prohibida del Sáhara Español

Muchos noviembres después, la descolonización del Sáhara sigue protagonizando las llamadas telefónicas entre los altos cargos del Gobierno español. El violento desalojo de un campamento a las afueras de El Aaiún por parte de Marruecos ha vuelto a poner en evidencia la responsabilidad histórica de España con el pueblo saharaui. Y si a esto le sumamos el fallecimiento de un ciudadano español y la expulsión de los medios de comunicación, puede acabar formándose ‘la tormenta perfecta’. Esta semana leíamos que en el Partido Socialista hay inquietud por el descrédito que le puede acarrear una posición tibia con respecto al Sáhara, y mucho más tras el comienzo de una remontada preelectoral que se había iniciado con el último cambio de Gobierno. Se impone una fotografía, una instantánea de los actores políticos españoles implicados en esta crisis.

    • Trinidad Jiménez. Sólo hace tres semanas que Jiménez fue nombrada ministra de Asuntos Exteriores, pero… ¿alguien recuerda ya su buena gestión como ministra de Sanidad? La política ha heredado el traje de Moratinos en un momento muy complicado, de equilibrios diplomáticos finísimos, y ya ha comenzado a recibir un trato de la oposición completamente diferente al que recibía.
  • Este mes de noviembre, con el Sáhara presente en los titulares, escuchamos hablar de los medios de comunicación, de que el Gobierno está “secuestrado moralmente por Marruecos” y de conservar la amistad del país vecino en pos de una buena relación estratégica. Pero de los saharauis nadie se ocupa. Ni el partido que desatendió sus peticiones durante ocho años de Gobierno… ni el presidente que prometió avances en su situación en los seis primeros meses de mandato. ¿Habrá en 2010 algún Jaime de Piniés, trabajando en algún despacho, esperando a que suene su teléfono?


    No hace ni siquiera dos meses. El 17 de septiembre, una noticia política de primera magnitud pasó fugazmente por las portadas de los medios de comunicación: el Gobierno había destituido a Belén Barreiro, la directora de la principal institución demoscópica del país, cuando quedaba sólo un año y medio para el final de la legislatura. Y cuando el Partido Popular sacaba su mayor ventaja en voto decidido al Partido Socialista en el barómetro electoral que elabora todos los meses el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy, ni siquiera dos meses después, la vicepresidenta que decretó el cese ya no forma parte del Ejecutivo, y Barreiro analiza en la prensa los barómetros electorales que publica el centro para el que trabajó.

    Su última reflexión es particularmente interesante. En un artículo corto y bien argumentado, la ex directora del CIS -que ahora dirige el Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas- asegura que, a luz del Barómetro de Octubre, que otorga una amplia ventaja electoral a Mariano Rajoy sobre Jose Luis Rodríguez Zapatero, es muy difícil asegurar que será el PP quien gane las Elecciones Generales de 2012. Y ofrece tres argumentos: que Rajoy no supera en valoración a Zapatero, que los socialistas son percibidos como mejores gestores en la mayor parte de las áreas políticas y que el electorado considera que el Partido Popular se está alejando del centro para ‘derechizarse’. Por estos motivos, Belén Barreiro nos invita a desconfiar de la primera encuesta preelectoral elaborada sin su supervisión. Y no parece un capricho.

    La serie histórica del CIS, examinada en perspectiva, no deja lugar a dudas. Los barómetros han venido ofreciendo una información bastante acertada sobre la tendencia electoral de los españoles, pero ni mucho menos han acertado en los porcentajes. De hecho, tras la celebración de los comicios, puede apreciarse cómo las diferencias se ajustan, resituando en el mapa a los partidos que se han comportado de una manera ‘inesperada’ en las urnas. Como las referencias a las elecciones del año 2004 suelen ser polémicas, nos quedamos con las de 2008. El Barómetro de Enero otorgaba al PSOE una ventaja electoral de 1,5 puntos; tras los comicios, que Zapatero ganó por 3 puntos, la brecha se amplía hasta los 6 puntos… a favor de los socialistas, que cosecharon una victoria mayor que la esperada.

    Pero lo mismo ocurrió en 1996 o en 2000. ¿Nos podemos fiar entonces del CIS? Y lo que es más importante. ¿Nos podemos fiar de las encuestas privadas que los periódicos imprimen a cinco columnas? El pasado mes de mayo, tras el recorte del día 12, El Mundo vaticinaba que Rajoy ganaría unas hipotéticas Elecciones Generales con una mayoría absoluta más amplia que la de Aznar; hace unos días, La Vanguardia jugaba con el mismo elemento para asegurar que el PP ‘rozaba’ esa mayoría absoluta, y la última edición del Pulsómetro de la Cadena SER, la de la primera semana de noviembre, reflejaba cierto cambio de tendencia en la opinión pública que ‘resucitaba’ al Gobierno. Mención aparte merece la errata de La Razón, que asegura que el PSOE ha perdido ’34 millones de votos’. Son encuestas que intentan fotografiar momentos, que intentan captar qué piensan los españoles.

    Los barómetros del CIS siempre acaban siendo objeto de controversia política. Si favorecen a la oposición, esta los airea como pruebas de su éxito, mientras que el Gobierno musita aquello de que ‘la verdadera encuesta es la que se responde en las urnas’; por el contrario, si los porcentajes favorecen al partido en el poder, la oposición apelará a la llamada ‘cocina del CIS’, que responde al efecto estadístico que diferencia la intención directa de voto decidido… de la estimación de voto en unas Elecciones Generales. Quizá todo este soufflé se rebajase con la modificación de un Real Decreto: el 1214/1997, que a su vez modifica al 1526/1990. Son los textos que establecen que el director del CIS sea elegido por el Consejo de Ministros y no por una mayoría reforzada del Parlamento. Quizá convenga ayudar, por la vía legislativa, a que nuestras instituciones gocen de más prestigio.


    Marcelino Camacho y su mujer, en la Cárcel de Carabanchel (http://www.flickr.com/avaluche)

    Marcelino Camacho y su mujer, en la Cárcel de Carabanchel (http://www.flickr.com/avaluche)


    La calle de Manuel Lamela, en el barrio madrileño de Carabanchel -el barrio en el que crecí y en el que aún vive mi familia-, había sido desde siempre la calle de mi amigo Pablo. Allí compartimos los primeros videojuegos, algunas meriendas, tardes de días festivos… Y sin embargo, desde diciembre del año 2006, esa calle supone para mí un segundo recuerdo especial: es la calle en la que me contó su historia un viejo sindicalista. Se llamaba Marcelino.

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    La entrevista con Marcelino Camacho me había costado muchas llamadas de teléfono a aquella casa de Carabanchel. Las agendas no cuadraban, y el testimonio del fundador de Comisiones Obreras resultaba imprescindible para los reportajes sobre la Transición que estaba elaborando. Quería contar en la Cadena SER la intrahistoria de aquellos años, las pequeñas vivencias de sus grandes protagonistas. Pensaba que sería una entrevista rápida, de esas a las que acudes con pocas preguntas preparadas… porque sabes que el personaje vendrá pronto a tu terreno. Pero no. Comencé preguntando por la Transición… y enseguida comenzamos a conversar sobre la importancia de los sindicatos en democracia.

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    Y tras la Segunda República, las penurias de la Guerra Civil, el confinamiento en Tánger, el exilio en Orán y el regreso a España para acabar fundando el sindicato del que figura como socio número 1, el discurso pausado de Marcelino llega hasta la Transición. Fue detenido y encarcelado en muchas ocasiones por promover Comisiones Obreras, y se enfrentó en 1973 al juicio por el llamado Proceso 1.001. Fue en un día muy particular.

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    La voz de mujer que va hilvanando, casi sin que se note, la historia de Camacho… pertenece a Josefina Samper, su compañera durante más de seis décadas. Cuando llega el momento de recordar aquel juicio, y cómo les afectó el asesinato de Carrero Blanco, toma la palabra para defender el papel de los familiares de los presos políticos durante el Franquismo.

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    Tras la muerte de Franco y el indulto del rey, Marcelino Camacho pudo registrar a CCOO como organización sindical, fue diputado durante dos legislaturas, y lideró el movimiento obrero durante los años ochenta. Ha sido condecorado en múltiples ocasiones. Al final de una vida tan azarosa, le hice las dos preguntas que sólo cobran sentido tras la desaparición del personaje que las responde. Y las respuestas fueron tan sencillas… como demoledoras.

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    Al terminar la entrevista, firmó una copia de su resumen biográfico mecanografiado y me la entregó. Después me enseñó el pequeño cuarto en el que guardaba todos sus recuerdos. Entre ellos, una fotografía de su investidura como Doctor Honoris Causa. Después, al despedirnos, el viejo sindicalista me abrazó… como si me conociera de toda la vida.