Tras la política

Si vive usted en Marbella, en Denia, en León, en Melilla, en Silleda, en Ceuta o en Benidorm, sabe mejor que nadie lo que signica la palabra “tránsfuga”. Dice el diccionario que se trata de “una persona que, con un cargo público, no lo abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato”. En todos los municipios mencionados, por una razón o por otra, con políticos de un partido o de otro, la alcaldía ha cambiado de manos en los últimos años por voluntad de uno o más tránsfugas. Lo primero que deberíamos decir es que ser tránsfuga en España no es un delito, y lo segundo que deberíamos decir es que se trata, posiblemente, del peor calificativo aplicado a un cargo político por parte de otro. Retrocedemos un año.


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En septiembre de 2009, cuando Zapatero mostraba un compromiso tan firme con el Pacto Antitransfuguismo, estaba en juego la alcaldía en el municipio alicantino de Benidorm. Un grupo de concejales socialistas decidieron apoyarse en un tránsfuga para cambiar a un alcalde del PP por Agustín Navarro, edil del PSOE: entre esos concejales estaba Maite Iraola, la madre de la Secretaria de Organización socialista Leire Pajín. Para no poner en aprietos a Ferraz, y principalmente por este parentesco incómodo, todos abandonaron la militancia, y el pasado mes de julio fueron declarados oficialmente como “tránsfugas” por la Comisión de Seguimiento del pacto que preside el ministro de Política Territorial.

Ha pasado un año, y la agrupación socialista de Benidorm, a la que ya no pertenecen aquellos concejales “oficialmente tránsfugas”, ha decidido que su candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2011… sea el actual regidor, Agustín Navarro. No es miembro del partido y fue el protagonista de aquel septiembre de 2009. El Secretario General del PSPV ha avalado la decisión del partido en Alicante, y dicen las crónicas periodísticas que la preocupación en Ferraz es máxima, porque se rompe el discurso de limpieza que entonaba Zapatero hace 12 meses. El Partido Popular, que cuenta también en su haber con varios casos de transfuguismo [por ejemplo el que llevó a Eduardo Zaplana a la mismísima alcaldía de Benidorm], intenta aprovechar el revuelo político del caso.

El Pacto Antitransfuguismo, firmado por los principales partidos políticos, se ha negociado en tres tandas: comenzaron en 1998 y culminaron en 2006. Es un texto de 11 folios que contiene puntos muy interesantes. Quizá el principal de todos sea el número 7, que en su apartado c asegura que los firmantes se comprometen a “no presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales declarados tránsfugas”. Pero el aislamiento de estos ediles no queda ahí: el pacto pretende que no se apoye “ninguna iniciativa que provenga de los mismos”, se ocupa de que no entren en los gobiernos locales, califica el cambio de partido de “fenómeno de deslealtad política”, y en otro apartado dice que posee una naturaleza políticamente “patológica”. Vamos, que no deja ni un resquicio para la duda: los grandes partidos, como buenos bomberos, no quieren pisarse la manguera.

En el imaginario político español, donde la corrupción campa a sus anchas sin -al parecer- castigo ciudadano en las urnas, el hecho de que un partido cambie de partido a mitad de legislatura para favorecer al de enfrente… está muy mal visto. Enseguida se piensa que le asisten razones ajenas a lo público, que cobrará por cambiar el sentido de su voto, o incluso que lo premiarán con un cargo político mejor que el que tenía [como las concejalías de Hacienda o Urbanismo]. Pero aquí lanzo las preguntas ingenuas de la semana: ¿Qué ocurriría si un político honrado pierde la confianza en su partido y decide, legítimamente, cambiar de filas a otro cercano en ideología? ¿Debe perder ese hipotético político honrado la posibilidad de ver apoyada una iniciativa suya? ¿Debe renunciar al gobierno del municipio? Pensemos con cuidado, no sea que descubramos que el Pacto Antitransfuguismo es un remedio contra las malas prácticas… que impide que las buenas lleguen nunca a producirse.

(5) Comentarios

  1. UNA PREGUNTA CON ERROR. Si bien me parece muy interesantes tus reflexiones sobre el transfugismo politico, creo que lo concluyes con una pregunta erronea, dado que en ella incluyes un pre-juicio subjetivo “.. si un politico honrrado..”.

    En primer lugar todo politico se considerará o manifestará que actua “honradamente”. En segundo lugar será considerado “no honrado” por los ciudadanos que se vean perjudicado por su actuación. En tercer lugar, …

    En todo caso cambiar de filas “a otro cercano en ideologia” ya es transfugismo, porque no fue ese Partido por el que logró el apoyo en las urnas.

    En definitica, si ese politico es “honesto”, debe ser fiel al programa politico por el que recibió los votos, y puede, por ello, discrepar del resto de sus compañeros si estos se alejaran de aquel programa. Y si ha de tomar una decisión no se deduce del “programa politico”, volverá a ser libre de decidir.

  2. Hola, Bonifacio. Gracias por pasar… y por dejar huella en el blog. Eso es precisamente lo que quiero poner de manifiesto con mi pregunta final: que el Pacto Antitransfuguismo está concebido para políticos “no honrados” que cambian de partido. ¿No se contempla la posibilidad de un político “honrado” que pueda hacerlo? Saludos!

  3. HOLA DAVID, gracias por tu respuesta. Tal vez el Pacto Antitrafuguismo pretenda controlar “a todos” los transfugas, sean honestos o no, y ello es comprensible porque al fin y al cabo los elegidos accedieron al cargo con el respaldo del Partido.

    Al plantear tu pregunta tal vez estés pensando en un supuesto concreto de politico honesto, pero, en general, si un político “honesto” se ve en conflicto con su Partido, a mi entender, puede discrepar de la mayoría, pero nunca cambiar de partido.

  4. Job

    Un político horado demostraría su honradez marchándose a su casa pero nunca modificando las relaciones de fuerzas representadas que son fruto de la voluntad popular. Lo contrario es fraude y no es honrado.

  5. Quizá la pregunta que subyace, Job, es si la voluntad popular elige fuerzas políticas… o a políticos con derechos de representación. Creo que es la clave. ¿En quién residen esos derechos, en los partidos o en las personas? Gracias por comentar!

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