Tras la política

El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Cenaba con varios amigos cuando surgió la cuestión. Alguien dijo: “¿vosotros sabéis qué pasará cuando el Rey muera?”. Todos saltamos a la vez con respuestas obvias. “No, no, -repreguntó mi amigo sonriendo- ¿sabéis si el Príncipe se convierte en rey automáticamente? ¿O tiene que hacer algo para ser monarca?”. Esta vez no hubo respuestas. Quienes nos sentábamos en torno a aquella mesa no éramos expertos constitucionalistas, pero sí aficionados a la información política. Y la cuestión no nos sonaba ni de lejos. ¿Qué ocurrirá con la jefatura del Estado en las horas que sigan a la muerte de Juan Carlos I? ¿Quién ocupará ese puesto hasta la jura del nuevo monarca? ¿Será necesaria la ceremonia?


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El último acceso al trono de un monarca español se produjo el 22 de noviembre de 1975, cuando faltaban tres años para la aprobación de la Constitución, y la ceremonia se desarrolló según los términos establecidos en la Ley de Sucesión de 1947. En ese texto sí quedaba muy claro el proceso que debía seguirse tras la muerte de Francisco Franco: “Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese llamado a suceder en ella el designado […], el Consejo de Regencia asumirá los poderes en su nombre y convocará conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino para recibirle el juramento prescrito en la presente Ley”. No se establecía ningún plazo para ese juramento, pero sí se especificaba que había que ser varón, mayor de 30 años, católico y fiel a los principios que “informaban” el Movimiento Nacional.

Eso dice la ley de la dictadura, pero… ¿qué dice la Constitución?. En el Título II, el artículo 57 se ocupa de la línea de sucesión a la Corona. Explica que se prefiere a los hijos mayores antes que a los menores, que se prefiere a los hombres antes que a las mujeres, que si el linaje real se extingue será el Congreso quien nombre un monarca, y que la Cámara Baja podrá también impedir el acceso al trono de ciertos candidatos. Pero el apartado más interesante del artículo es el último. Dice que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica“. Una ley que, 32 años después de la entrada en vigor de la Carta Magna, aún no ha sido redactada, y que deja al albur de las circunstancias un momento tan importante como la muerte del monarca.

A falta de esa ley, seguimos leyendo la Carta Magna, y un poco más adelante encontramos información útil. Dice el artículo 61 que “el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones”. Es decir, que el nuevo jefe del Estado debe jurar su cargo delante de las cámaras en reunión conjunta. Esto genera un interesante debate entre los constitucionalistas. Como se puede leer en la sinopsis del 61, incluida en la página web del Congreso de los Diputados, hay quien piensa que la proclamación establece un pacto entre la monarquía y el pueblo, equivalente a la investidura de cualquier otro cargo público; otros profesores creen que el Príncipe de Asturias accede inmediatamente al trono tras la muerte de su padre en virtud del orden sucesorio. Llegamos entonces a la conclusión… de que no hay una opinión unánime sobre la cuestión que nos interesa: ¿se produce vacío de poder en la jefatura del Estado entre la muerte del rey y la proclamación del sucesor?

Otro debate académico, que encontramos en algunos ensayos, se refiere a la propia jura del sucesor. El Príncipe de Asturias, como prevé la Constitución, prestó juramento ante las cámaras cuando cumplió 18 años, el 30 de enero de 1986. Ese día ya firmó su particular pacto con el pueblo español. Gregorio Peces-Barba, padre de la Carta Magna y presidente del Congreso cuando la jura se produjo, explicaba en ese año el significado de la ceremonia.


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Quienes se dedican al estudio de la Constitución se preguntan si las dos ceremonias, la del acceso al trono y la de la mayoría de edad, no será “demasiado jurar”. Y de nuevo… el vacío jurídico. Sin una Ley Orgánica de la Corona, podemos suponer qué ocurrirá en las horas posteriores a la muerte del Rey, pero ni mucho menos asegurarlo. Sabemos que el Príncipe de Asturias, guardado el luto por su padre, tendrá que desplazarse hasta la Carrera de San Jerónimo para prestar juramento ante los diputados y senadores, pero… ¿qué ocurre si las cámaras están disueltas? Y sobre todo: ¿será Felipe de Borbón el Jefe del Estado, con todos los honores y responsabilidades del cargo, antes de poner su mano sobre el Evangelio?