Tras la política

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, en el Palacio de la Moncloa (AP / Paul White)

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, en el Palacio de la Moncloa (AP / Paul White)



Suicidio. Suicidarse es “quitarse voluntariamente la vida”, y si le añadimos un poco de sentido figurado, suicidarse políticamente podría ser “marchar resueltamente, sin que nadie te ayude, hacia el abismo de la oposición“. Suicidarse. Ignacio Fernández Toxo ha utilizado ese verbo y no lo ha hecho por casualidad. Durante un acto previo a la huelga general, en la Universidad Complutense de Madrid, el Secretario General de Comisiones Obreras se dirigía así a los alumnos…


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Toxo lanza dos mensajes a los universitarios: el primero, que los paros del 29-S no persiguen un cambio de Gobierno; el segundo, que la izquierda [y podemos entender como "izquierda" a la izquierda sindical y social] no tiene por qué acompañar a Zapatero en su deriva derechista para hacer frente a la crisis. En principio podrían parecer mensajes contradictorios, pero no lo son. Resumiéndolos en una sola oración, podría ser algo así: “Queremos que siga habiendo un gobierno de izquierdas, pero un gobierno distinto“. Y ese deseo apunta directamente a la figura del presidente. Primera pregunta para el 30-S: ¿qué quiere decir ese mensaje a Zapatero desde los sindicatos?

Como ha ocurrido con las primarias de Madrid, la huelga general puede pasar de ser un asunto menor, inofensivo, a convertirse en un verdadero problema político para Zapatero. El presidente acaba de conseguir la estabilidad parlamentaria suficiente para intentar agotar la legislatura, pero durante el año y medio que falta para las elecciones… le hace falta también la estabilidad social. Muchos medios de comunicación y analistas dan por descontado que el 29-S será una protesta aislada, el “mal menor necesario” para los sindicatos, pero… aquí surge la segunda pregunta para el 30-S: ¿y si la huelga es sólo el comienzo de una oleada de protestas contra el Gobierno socialista?

Los sindicatos se juegan su credibilidad como agentes sociales este miércoles, su fuerza como interlocutores. Tenga éxito o no la huelga del 29-S, una afluencia aceptable de manifestantes en su convocatoria puede convertirla en el preludio de otras protestas. Tanto la UGT de Cándido Méndez como las Comisiones Obreras de Toxo han sido objeto en los últimos meses de afiladas críticas: primero, por no haber convocado la huelga antes; después, por anunciarla un trimestre antes de celebrarla. Ahora el presidente les ofrece pactar los flecos de la reforma laboral sin modificar su espíritu. Los líderes sindicales, que se han sentado muchas veces en los sillones grises de La Moncloa, junto a Zapatero, nos conducen a la tercera pregunta para el 30-S: ¿será posible recomponer esa fotografía en un futuro próximo?

Suicidio. Decía Toxo que, con sus reformas, el presidente del Gobierno se suicida políticamente. Qué curiosa paradoja. El ex ministro de Economía Carlos Solchaga, que ocupaba esa cartera durante la gran huelga general de 1988, ha escogido exactamente la misma palabra.


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Suicidio, según unos, si rectifica; suicidio, según otros, si no lo hace. La figura del presidente del Gobierno está en entredicho pase lo que pase. Hemos formulado tres preguntas. Las respuestas son difíciles de pronosticar, pero las elucubraciones nos llevan al mismo punto: al Palacio de la Moncloa y a su inquilino desde el año 2004. Porque lo que esta huelga parece poner de manifiesto es que, tanto los que quieren que el PSOE continúe gobernando… como los que quieren que llegue el PP al poder… encuentran un mismo obstáculo en su objetivo: se llama Zapatero.


Si vive usted en Marbella, en Denia, en León, en Melilla, en Silleda, en Ceuta o en Benidorm, sabe mejor que nadie lo que signica la palabra “tránsfuga”. Dice el diccionario que se trata de “una persona que, con un cargo público, no lo abandona al separarse del partido que lo presentó como candidato”. En todos los municipios mencionados, por una razón o por otra, con políticos de un partido o de otro, la alcaldía ha cambiado de manos en los últimos años por voluntad de uno o más tránsfugas. Lo primero que deberíamos decir es que ser tránsfuga en España no es un delito, y lo segundo que deberíamos decir es que se trata, posiblemente, del peor calificativo aplicado a un cargo político por parte de otro. Retrocedemos un año.


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En septiembre de 2009, cuando Zapatero mostraba un compromiso tan firme con el Pacto Antitransfuguismo, estaba en juego la alcaldía en el municipio alicantino de Benidorm. Un grupo de concejales socialistas decidieron apoyarse en un tránsfuga para cambiar a un alcalde del PP por Agustín Navarro, edil del PSOE: entre esos concejales estaba Maite Iraola, la madre de la Secretaria de Organización socialista Leire Pajín. Para no poner en aprietos a Ferraz, y principalmente por este parentesco incómodo, todos abandonaron la militancia, y el pasado mes de julio fueron declarados oficialmente como “tránsfugas” por la Comisión de Seguimiento del pacto que preside el ministro de Política Territorial.

Ha pasado un año, y la agrupación socialista de Benidorm, a la que ya no pertenecen aquellos concejales “oficialmente tránsfugas”, ha decidido que su candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2011… sea el actual regidor, Agustín Navarro. No es miembro del partido y fue el protagonista de aquel septiembre de 2009. El Secretario General del PSPV ha avalado la decisión del partido en Alicante, y dicen las crónicas periodísticas que la preocupación en Ferraz es máxima, porque se rompe el discurso de limpieza que entonaba Zapatero hace 12 meses. El Partido Popular, que cuenta también en su haber con varios casos de transfuguismo [por ejemplo el que llevó a Eduardo Zaplana a la mismísima alcaldía de Benidorm], intenta aprovechar el revuelo político del caso.

El Pacto Antitransfuguismo, firmado por los principales partidos políticos, se ha negociado en tres tandas: comenzaron en 1998 y culminaron en 2006. Es un texto de 11 folios que contiene puntos muy interesantes. Quizá el principal de todos sea el número 7, que en su apartado c asegura que los firmantes se comprometen a “no presentar como candidatos a cualquier elección a los concejales declarados tránsfugas”. Pero el aislamiento de estos ediles no queda ahí: el pacto pretende que no se apoye “ninguna iniciativa que provenga de los mismos”, se ocupa de que no entren en los gobiernos locales, califica el cambio de partido de “fenómeno de deslealtad política”, y en otro apartado dice que posee una naturaleza políticamente “patológica”. Vamos, que no deja ni un resquicio para la duda: los grandes partidos, como buenos bomberos, no quieren pisarse la manguera.

En el imaginario político español, donde la corrupción campa a sus anchas sin -al parecer- castigo ciudadano en las urnas, el hecho de que un partido cambie de partido a mitad de legislatura para favorecer al de enfrente… está muy mal visto. Enseguida se piensa que le asisten razones ajenas a lo público, que cobrará por cambiar el sentido de su voto, o incluso que lo premiarán con un cargo político mejor que el que tenía [como las concejalías de Hacienda o Urbanismo]. Pero aquí lanzo las preguntas ingenuas de la semana: ¿Qué ocurriría si un político honrado pierde la confianza en su partido y decide, legítimamente, cambiar de filas a otro cercano en ideología? ¿Debe perder ese hipotético político honrado la posibilidad de ver apoyada una iniciativa suya? ¿Debe renunciar al gobierno del municipio? Pensemos con cuidado, no sea que descubramos que el Pacto Antitransfuguismo es un remedio contra las malas prácticas… que impide que las buenas lleguen nunca a producirse.


El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)

El rey Juan Carlos, en el Palacio de la Zarzuela (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Cenaba con varios amigos cuando surgió la cuestión. Alguien dijo: “¿vosotros sabéis qué pasará cuando el Rey muera?”. Todos saltamos a la vez con respuestas obvias. “No, no, -repreguntó mi amigo sonriendo- ¿sabéis si el Príncipe se convierte en rey automáticamente? ¿O tiene que hacer algo para ser monarca?”. Esta vez no hubo respuestas. Quienes nos sentábamos en torno a aquella mesa no éramos expertos constitucionalistas, pero sí aficionados a la información política. Y la cuestión no nos sonaba ni de lejos. ¿Qué ocurrirá con la jefatura del Estado en las horas que sigan a la muerte de Juan Carlos I? ¿Quién ocupará ese puesto hasta la jura del nuevo monarca? ¿Será necesaria la ceremonia?


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El último acceso al trono de un monarca español se produjo el 22 de noviembre de 1975, cuando faltaban tres años para la aprobación de la Constitución, y la ceremonia se desarrolló según los términos establecidos en la Ley de Sucesión de 1947. En ese texto sí quedaba muy claro el proceso que debía seguirse tras la muerte de Francisco Franco: “Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese llamado a suceder en ella el designado [...], el Consejo de Regencia asumirá los poderes en su nombre y convocará conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino para recibirle el juramento prescrito en la presente Ley”. No se establecía ningún plazo para ese juramento, pero sí se especificaba que había que ser varón, mayor de 30 años, católico y fiel a los principios que “informaban” el Movimiento Nacional.

Eso dice la ley de la dictadura, pero… ¿qué dice la Constitución?. En el Título II, el artículo 57 se ocupa de la línea de sucesión a la Corona. Explica que se prefiere a los hijos mayores antes que a los menores, que se prefiere a los hombres antes que a las mujeres, que si el linaje real se extingue será el Congreso quien nombre un monarca, y que la Cámara Baja podrá también impedir el acceso al trono de ciertos candidatos. Pero el apartado más interesante del artículo es el último. Dice que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica“. Una ley que, 32 años después de la entrada en vigor de la Carta Magna, aún no ha sido redactada, y que deja al albur de las circunstancias un momento tan importante como la muerte del monarca.

A falta de esa ley, seguimos leyendo la Carta Magna, y un poco más adelante encontramos información útil. Dice el artículo 61 que “el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones”. Es decir, que el nuevo jefe del Estado debe jurar su cargo delante de las cámaras en reunión conjunta. Esto genera un interesante debate entre los constitucionalistas. Como se puede leer en la sinopsis del 61, incluida en la página web del Congreso de los Diputados, hay quien piensa que la proclamación establece un pacto entre la monarquía y el pueblo, equivalente a la investidura de cualquier otro cargo público; otros profesores creen que el Príncipe de Asturias accede inmediatamente al trono tras la muerte de su padre en virtud del orden sucesorio. Llegamos entonces a la conclusión… de que no hay una opinión unánime sobre la cuestión que nos interesa: ¿se produce vacío de poder en la jefatura del Estado entre la muerte del rey y la proclamación del sucesor?

Otro debate académico, que encontramos en algunos ensayos, se refiere a la propia jura del sucesor. El Príncipe de Asturias, como prevé la Constitución, prestó juramento ante las cámaras cuando cumplió 18 años, el 30 de enero de 1986. Ese día ya firmó su particular pacto con el pueblo español. Gregorio Peces-Barba, padre de la Carta Magna y presidente del Congreso cuando la jura se produjo, explicaba en ese año el significado de la ceremonia.


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Quienes se dedican al estudio de la Constitución se preguntan si las dos ceremonias, la del acceso al trono y la de la mayoría de edad, no será “demasiado jurar”. Y de nuevo… el vacío jurídico. Sin una Ley Orgánica de la Corona, podemos suponer qué ocurrirá en las horas posteriores a la muerte del Rey, pero ni mucho menos asegurarlo. Sabemos que el Príncipe de Asturias, guardado el luto por su padre, tendrá que desplazarse hasta la Carrera de San Jerónimo para prestar juramento ante los diputados y senadores, pero… ¿qué ocurre si las cámaras están disueltas? Y sobre todo: ¿será Felipe de Borbón el Jefe del Estado, con todos los honores y responsabilidades del cargo, antes de poner su mano sobre el Evangelio?


Durante los últimos días he leído artículos muy completos sobre los llamados “liberados sindicales”. Son artículos sobre sus características, su trabajo, y sobre las leyes que regulan su actividad en las empresas y los organismos públicos. Así que quizá sea bueno aprovechar todo ese material para responder a varias preguntas: ¿Por qué molestan tanto los liberados a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre? ¿Por qué, 24 horas antes de su Debate sobre el Estado de la Región, alguien filtró al diario El Mundo que Aguirre anunciaría un drástico recorte en su número? ¿Y por qué llega ese anuncio precisamente ahora?


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Vayamos por partes. El asunto de los liberados comenzaba este mismo lunes, cuando la portada de El Mundo revelaba las intenciones de la presidenta: Aguirre “les quitaría” a los sindicatos un buen puñado de cargos en la administración, se ahorraría 70 millones de euros, y lo haría mediante la fórmula mágica de ejecutar una aplicación “estricta” de la ley. A esto añadimos unas interesantes declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Asegura Ignacio González que el recorte de liberados no supondrá sólo un importante ahorro en tiempo de crisis… sino que terminará con una práctica “abusiva” de los sindicatos.


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Los delegados sindicales, presentes en instituciones públicas o privadas, disponen por ley de un determinado número de horas de trabajo que pueden dedicar a la defensa de sus compañeros. Según el Estatuto de los Trabajadores, que regula todas estas cuestiones, esos delegados pueden ceder sus “horas sindicales” a compañeros que trabajen en la misma empresa, y que si llegan a acumular las horas suficientes… se pueden dedicar únicamente a representar a los trabajadores. Es decir, pueden quedar “liberados” de sus otras tareas y ocuparse sólo de las sindicales. Y aquí llega lo controvertido. Los convenios colectivos pueden ampliar el número de horas que se reparten entre los delegados, y que eventualmente acaban correspondiendo a los “liberados”.

Esto se ha convertido, con el andar de los años, en una herramienta útil en las negociaciones entre agentes sociales, porque supone una concesión valiosa de la empresa [o institución] en favor de los trabajadores. Según el gobierno Aguirre, es el “perfeccionamiento” de esa táctica negociadora lo que ha provocado que, en la administración autonómica de Madrid, haya 3.500 liberados sindicales… cuando según la ley debería haber sólo 1.490. Abusos, perfeccionamiento de técnicas, insolidaridad: todos son conceptos que estos altos cargos llevan una semana asociando con el buen nombre de los sindicatos. De unas organizaciones de trabajadores que fueron vapuleadas porque no organizaban huelgas a Zapatero y que ahora son señaladas como las culpables de que no haya mejores reformas y de organizar protestas lesivas para la economía.

El Gobierno madrileño del Partido Popular ha incurrido, sí o sí, en una dejación de funciones con alto coste para las arcas públicas. Si pretende recortar los liberados sindicales a la mitad y asegura que eso no repercutirá en los derechos de los trabajadores… quiere decir que hemos estado gastando inútilmente 70 millones de euros cada año; si se deja a un lado la razón económica y se atribuye la medida a la intención de atajar los supuestos “abusos”… quiere decir que las administración pública madrileña ha cometido un gravísimo error al ceder ante el “chantaje sindical” para conceder más horas a los delegados. Pero no ocurre ni una cosa ni la otra. Estamos ante un peldaño más de la escalera que Esperanza Aguirre viene subiendo desde el año 2003: la escalera que termina en el desprestigio de todas las instituciones que tienen algo que ver con lo público. Y el tramo de este otoño… Aguirre pretende escalarlo… a lomos de los sindicatos.


El lehendakari Patxi López, tras el último 'alto el fuego' de ETA (AP / Álvaro Barrientos)

El lehendakari Patxi López, tras el último 'alto el fuego' de ETA (AP / Álvaro Barrientos)



El acuerdo político firmado en 2009 entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular vasco es un documento público. El pilar que sostiene al gobierno del lehendakari Patxi López recoge todo tipo de compromisos generales, como fortalecer el autogobierno o arrinconar a la banda terrorista ETA, pero está jalonado también de puntos muy concretos, de pactos muy específicos que van desde la construcción de la línea 3 del metro de Bilbao hasta la puesta en marcha en Eibar de un hospital de media-larga estancia. El segundo epígrafe del documento se dedica a la “política para hacer frente a la crisis económica y crear empleo“, y uno de los apartados es realmente curioso…


“Negociación de la transferencia de medios para las políticas activas de empleo, unificando un servicio hoy duplicado y ganando en capacidad de gestión y efectividad”



Es decir, que el traspaso de esa competencia a Euskadi, de esa gestión de las políticas de empleo, está incluida en el pacto de gobernabilidad que permitió a PSE y PP el desalojo del Partido Nacionalista Vasco en 2009. Con esa premisa, es interesante acercarse a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Como ya hemos contado en este blog, el presidente Zapatero ha enterrado la llamada “geometría variable” y se ha comprometido a fondo con el PNV no sólo para las próximas cuentas públicas… sino como posible aliado estratégico hasta el final de la legislatura. De cara a los tejemanejes presupuestarios, que no son nunca el mejor ejemplo de buenas intenciones políticas, la clave está, justamente, en la transferencia a la que hacíamos referencia.

En este 2010, el Gobierno busca a la desesperada su supervivencia parlamentaria, y buenas son las políticas de empleo si le facilitan ese objetivo. Caso aparte son el resto de actores del vodevil. El Partido Nacionalista Vasco considera el traspaso como algo irrenunciable, como la bisagra que abre a Zapatero la puerta del futuro. Es curioso comprobar cómo, en 2009, el mismo grupo parlamentario rechazó que se transfiriese la competencia en su acuerdo con el PSOE, pero se reservó el derecho de veto hasta septiembre de 2010. Es decir, que el Gobierno no podría realizar la transferencia a Vitoria sin el visto bueno de Íñigo Urkullu… hasta que llegase este septiembre de 2010, cuando tenemos encima otra negociación presupuestaria. Cuando conoció el acuerdo, el lehendakari López clamó al cielo, y lo hizo en público, ante los micrófonos.


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El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, personifica la contradicción en la que también incurre su partido. La formación de Antonio Basagoiti firmó el acuerdo de bases al que hacíamos referencia en el primer párrafo, consideró que la transferencia de las políticas de empleo era crucial para Euskadi, protestó enérgicamente cuando el PNV la bloqueó en 2009 pidiendo a Patxi López que “se plantase”… y hoy vuelve a pedir lo mismo. Barreda vuelve a pedir al lehendakari que se plante cuando esa transferencia parece más cercana que nunca. ¿Es menos necesaria ahora que antes… o su necesidad depende de quién consiga desbloquearla? Después están los socialistas vascos. Ante la más que probable marginación de su líder, han organizado un acto de desagravio recordando lo que parece obvio y lo que está escrito en las leyes: que las competencias se negocian entre gobiernos.

Los buenos vodeviles saben cimentar los diálogos en la intriga y en el equívoco, en que nada sea lo que parece, en que los personajes afirmen hoy una cosa y mañana la contraria. Así, en la negociación de los presupuestos, cada parte mantiene un discurso de cara a la galería y otro hacia sus propias filas… sin que nadie piense en los ciudadanos. Euskadi es la única comunidad autónoma que no tiene transferidas las políticas activas de empleo -algo que no le ha impedido ser una de las autonomías con menor tasa de paro-, pero eso no les importa demasiado a los actores de esta representación. Unos, para sobrevivir; otros, para tumbar al Gobierno; los de más allá, por protagonismo; los de más acá, por ocupar el centro del escenario. Todos hacen méritos para demostrar que conocen al dedillo su papel.


Si Zapatero comenzaba cada curso político en Rodiezmo, Rajoy lo comienza aún con un retiro casi monacal de la cúpula de su partido. Este año tocaba Toledo, una localización muy simbólica que buscaba arropar las aspiraciones de María Dolores de Cospedal a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Tras 48 horas de reflexión, encuestas… y sobre todo de silencio, el líder del PP se ponía ante los micrófonos para hablar de economía.


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Llama la atención que Mariano Rajoy, el hombre que siempre acusa al Gobierno de anunciar medidas y más medidas, planes y más planes inconexos contra la crisis, haya presentado en esta ocasión un paquete de 50 medidas para atajarla. Llama la atención porque no es el primero. A saber: a finales del mes de agosto, durante una entrevista con una agencia de noticias, Rajoy esbozó las 8 grandes iniciativas económicas que llevaría a cabo si llegase al Gobierno; el pasado mes de marzo, un “plan de choque” elaborado por la calle Génova contenía las 5 medidas esenciales para salir de la recesión; un año antes, en abril de 2009, Rajoy tomó el atril de Cospedal para anunciar un plan global con 12 reformas anticrisis. Y poco hemos sabido de ninguna de ellas.

El plan de Mariano Rajoy contra la crisis, si tan necesario fuese, debería lucir en su lomo desde hace ya muchos meses el sello del registro del Congreso de los Diputados. Nadie discute que el Grupo Popular en la Cámara esté presentando enmiendas a las reformas del Gobierno -no es para menos-, pero no dejan de ser aportaciones aisladas cuyo decaimiento lamenta Rajoy ante Zapatero con el dolor del amante herido: me dice que no le ayudo, intento hacerlo con mis enmiendas y usted me las tumba. Literal. En el debate antidéficit del 12 de mayo, el líder de la oposición propuso cosas muy concretas que el presidente desestimó: suprimir ministerios, retirar subvenciones y recuperar competencias. Tres actuaciones muy efectistas que ahorrarían muy poco al Estado.

En definitiva: ¿qué está haciendo el Partido Popular para ayudar a que España salga de la crisis? Y desde una perspectiva puramente electoral: ¿qué está haciendo el Partido Popular para ser visualizado como una alternativa de Gobierno? Quizá Rajoy ha analizado las caídas de los cuatro ex presidentes del Gobierno y ha observado que todos salieron de La Moncloa por hartazgo del respetable; exceptuando al Partido Socialista liderado por Felipe González -que se enfrentaba a una UCD desgastadísima-, ninguna oposición ha llegado a ser Gobierno por encandilar a los electores, sino como el fusible que se recambia para poder seguir teniendo luz en casa. Quizá esté esperando Rajoy, por tanto, a que se le fundan los plomos a Zapatero. ¿No sería más inteligente -y sí, también más honrado- trabajar para reparar la instalación eléctrica del edificio y así convertirse en imprescindible para los inquilinos?

P.D.: Es curioso. Al recordar el post me he acordado de aquello de “las luces de la fiesta“.


Celestino Corbacho en su escaño de ministro (AP / Paul White)

Celestino Corbacho en su escaño de ministro (AP / Paul White)



El barrio obrero de Bellvitge, en l’Hospitalet de Llobregat, celebra estos días su Fiesta Mayor. A dos meses de las elecciones autonómicas de noviembre, la inauguración del pasado sábado se llenó de toda clase de políticos. Allí estaba, repartiendo sonrisas y apretones de manos, el ministro de Trabajo e Inmigración, que ocupó la alcaldía de la localidad entre 1994 y 2008. Y allí estaba también el presidente de la Generalitat, José Montilla, que tenía algo muy importante que decir sobre su acompañante, sobre Celestino Corbacho.


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Corbacho concurrirá a los comicios del 28 de noviembre junto a Montilla, cuyo mensaje es claro: no importa su gestión, sólo importa la trascendencia pública que conceden los cargos que ha ejercido, el de alcalde y el de ministro, de cara a una cita con las urnas que será trascendental. Pero el fenómeno tiene precedentes. Tampoco importó el bagaje de un antecesor de Corbacho: el del ministro popular Juan Carlos Aparicio. Fue titular de Trabajo entre los años 2000 y 2002, y dejó la cartera tras la huelga general del 20-J. Diez meses después, en mayo de 2003, Aparicio se presentó como candidato del PP a la alcaldía de Burgos… y arrasó. En ningún caso tuvieron en cuenta los electores burgaleses los recortes del llamado “decretazo”, que se gestó en su ministerio. ¿Tendrán en cuenta hoy los electores catalanes el saldo de Celestino Corbacho?


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El ministro de Trabajo deja más de un 20 por ciento de paro, y él mismo ha asegurado que serán necesarios varios años para recuperar todo ese empleo: es decir, para que el mercado laboral vuelva a estar… donde estaba cuando llegó al Gobierno. No se puede olvidar que, durante los 30 meses que Corbacho ha pasado en Madrid, nos ha golpeado la mayor crisis económica de las últimas décadas, pero tampoco se puede olvidar que el ministro ha optado por una serie de políticas -de soluciones frente a la crisis- que no se han visto avaladas ni por las cifras del paro… ni por la percepción ciudadana.

¿Cómo medimos entonces la bonanza de su gestión? ¿Puede ser un “activo” político alguien que ha fracasado tan estrepitosamente? Nos azota una crisis internacional, sí, pero la reforma laboral del Gobierno tiene las características que Corbacho ha aceptado, él ha sido el impulsor de su negociación con los agentes sociales, y el endurecimiento de las políticas migratorias de los últimos dos años obedece a un cambio de estrategia que Zapatero buscó -y consiguió- con su nombramiento. Las circunstancias externas no eximen al político de la responsabilidad del cargo que ha ejercido, y ese desempeño no parece brillante.

Celestino Corbacho llega a Cataluña como un “activo”, como el salvavidas que debe reflotar las expectativas electorales del PSC. Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que el ministro de Trabajo volverá a su comunidad de origen después de que los sindicatos le organicen una huelga general, como ocurrió con Aparicio, o como hizo Manuel Chaves tras la protesta del 14 de diciembre de 1988. La cara más oscura de esa moneda enseña que la cultura política de España no castiga a los políticos que fracasan. Ya ocurrió en Burgos. ¿Ocurrirá en Cataluña?


Zapatero, el pasado mes de julio, durante una rueda de prensa (AP / Paul White)


Durante la noche del 28 al 29 de agosto, el presidente del Gobierno no durmió en el Palacio de la Moncloa. José Luis Rodríguez Zapatero viajó esa madrugada hacia China para comenzar la gira internacional con la que arrancaría el curso político. Y en aquellas horas, en medio de la oscuridad, a bordo de aquel avión, el líder del PSOE ya sabía que Asia sería el escenario de una rectificación: del tercer gran cambio de rumbo de su mandato.


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En principio, estas palabras del presidente no suponen nada muy distinto de lo que ocurrió el año pasado; es decir, que el Partido Nacionalista Vasco será un interlocutor preferente de cara al otoño y a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Las palabras nuevas, con sus matices nuevos, saltaban durante un encuentro de Rodríguez Zapatero con periodistas… pero sin micrófonos. Uno de esos encuentros “off the record” que consiguen que una oración pronunciada por un personaje, de la que no queda constancia documental, tenga más repercusión que si esa misma oración hubiera sido pronunciada ante un abarrotado auditorio.

En ese encuentro “off the record” que se produjo el día 1 de septiembre en Tokio, como recoge la Agencia EFE, Zapatero aseguraba que “el PNV sabe la importancia que tienen los presupuestos”, y que si “cuentan con su apoyo se abrirá un escenario de colaboración más fluida con ese grupo de cara al futuro”. Todos los periódicos del día 2 de septiembre entendieron lo mismo: que el presidente entierra la “geometría variable” del Congreso de los Diputados, que busca la colaboración con el PNV para sostener su Gobierno hasta el final de la legislatura, que la aventura que decidió correr en 2008 al someterse a la investidura sólo con los votos socialistas… ha llegado a su fin.

Si el giro estratégico del presidente se confirma, si el salvamento de Zapatero puesto en marcha por Urkullu se consuma, el PSOE podrá evitar debates parlamentarios como el que se produjo en mayo en torno a las medidas anticrisis. Al borde del precipicio, el recorte exigido por Europa se aprobó por sólo un voto, y el Gobierno respiró con el alivio del portero que para un penalti en el último minuto. El frente legislativo estaría así salvado, pero… ¿qué pasaría en Euskadi? ¿Qué ocurre con un lehendakari socialista, apoyado por el Partido Popular, que intenta diferenciarse de los años de gobierno del Partido Nacionalista Vasco? ¿Qué pasa si el ministerio de Trabajo pacta la transferencia de las políticas activas de empleo con el PNV… y luego debe sentarse a negociar con Patxi López?


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En diciembre de 2006, el Gobierno giró bruscamente el timón de la negociación con ETA por el atentado de la T-4. En mayo de 2010, el ataque al euro y la presión internacional obligaron a Zapatero al mayor recorte social de los últimos años. Enero de 2011 puede ser la fecha de un tercer cambio: el que conduzca a un gobierno socialista presidido por Zapatero, como hasta ahora, pero apoyado en el Congreso por la derecha tradicionalista vasca.


Aguirre, Rajoy y Gallardón celebran su victoria en 2007 (AP / Daniel Ochoa de Olza)



Parece que ha pasado mucho tiempo desde el 27 de mayo de 2007, pero sólo han transcurrido tres años y medio. Ese domingo de finales de primavera, mucho antes de que nos azotaran la crisis económica o la Gripe A, Mariano Rajoy se asomó al balcón de la calle Génova para celebrar su primera victoria electoral a nivel nacional como líder del Partido Popular. Ganó a Rodríguez Zapatero por 156.000 votos, se declaró preparado para recuperar el Palacio de la Moncloa en 2008, y aquella noche alzó las manos de sus dos baluartes, de dos vencedores hasta ahora imbatibles en Madrid: Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. En el Partido Socialista faltaban sólo unos días para la dimisión de los perdedores.

La elaboración de las listas del PP para las generales de 2008, que la derecha perdió, ha dejado claro que la batalla por la capital no es ya un asunto local o autonómico. El número 7 de la Puerta del Sol se ha convertido en un verdadero centro de poder nacional. La presidenta Aguirre presionó a Rajoy para que el alcalde Gallardón no tuviese un escaño en el Congreso, y han sido las desavenencias entre las facciones que ambos lideran las que han hecho tambalearse los cimientos del partido. Para Ferraz, perder Madrid sistemáticamente desde 1991 se ha convertido en una rémora: es el único feudo socialista de los ochenta que el PSOE no ha conseguido recuperar en las urnas, y las derrotas encadenadas -que también cosechan en las generales- le impiden contar con mayorías holgadas en el Parlamento.

En mayo de 2011, los madrileños tienen una nueva cita con las urnas. El Partido Popular volverá a apostar por Aguirre y Gallardón, mientras que el Partido Socialista aún no sabe por quién tiene que hacerlo. Frente al Secretario General del PSM, Tomás Gómez, el presidente Zapatero ha lanzado la candidatura de una estrecha colaboradora que siempre ha acudido a su llamada: la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Desde hace semanas, los dos precandidatos protagonizan cruces de declaraciones en los medios de comunicación con un alto calado político: que si tú eres la candidata del aparato, que si tú eres el candidato de la derecha, que si te han puesto a dedo, que si no despegas en las encuestas…


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Partiendo de estos hechos, el asunto puede analizarse desde dos perspectivas: la electoral y la verdaderamente importante. Desde el punto de vista electoral, el PSOE llega a las urnas con un historial dramático. Desde la desaparición de la escena madrileña de Joaquín Leguina y Juan Barranco [ex presidente y ex alcalde], los socialistas no han superado el umbral del 40 por ciento de votos. De hecho, en 2007, Miguel Sebastián y Rafael Simancas se quedaron bastante más cerca del 30 que del 40. Es decir, sólo 3 de cada 10 electores madrileños se decantan por el Partido Socialista cuando acuden a votar, mientras que más de la mitad de quienes votan lo hacen por el Partido Popular.

Pero esto no es lo importante. Lo realmente importante no es que el PSOE, tras dos décadas de declive electoral, se decida por las primarias para elegir a sus cabezas de lista; ni siquiera que las primarias hayan sido forzadas por un enfrentamiento en el seno del partido. Lo importante es que el debate entre los precandidatos se produzca en los términos en que se está produciendo. El argumento principal de Trinidad Jiménez es que, según las encuestas, ella es quien tiene más posibilidades de “vencer a la derecha”; el argumento principal de Tomás Gómez es que lleva trabajando tres años al frente de un partido que ha tenido que reconstruir. Encuestas contra aparato. Ni políticas, ni propuestas ni alternativas al Partido Popular. Quienes tendrán que ir a las urnas en mayo no han escuchado aún qué quieren hacer los precandidatos con Madrid: sólo ven sonrisas, apretones de manos, visitas a pueblos remotos… y estrenos de páginas web.



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El Partido Socialista recuperó el proceso de primarias en su congreso de 1997, y lo utilizó al año siguiente en la elección de su candidato para la Presidencia del Gobierno. Joaquín Almunia y Josep Borrell fueron también, como hoy, el candidato oficialista y el candidato renovador. En aquellos días, con el Partido Popular recién llegado al Gobierno y las huellas de Felipe González aún frescas, el PSOE abrió una puerta a la democracia interna que se ha ido cerrando con el paso de los años. En las municipales de 1999 y 2003, la victoria de los candidatos oficialistas en las primarias dio paso a que en 2007… ni siquiera se celebrasen. De cómo evolucione la batalla estéril de Gómez y Jiménez depende que las primarias resuciten o que queden enterradas por una tonelada de encuestas.