Tras la política

Rodríguez Zapatero y Salgado en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)



Con la cara colorada, con las orejas llenas de la palabra “elecciones”… pero con una victoria legislativa en el bolsillo. José Luis Rodríguez Zapatero abandonó ayer el Congreso de los Diputados tras haber convalidado el decreto-ley con los duros recortes sociales impuestos por los agentes económicos internacionales. Y lo hizo sabiendo que está solo, que ya no va a estar acompañado parlamentariamente, y que eso va a ser así hasta que los electores volvamos a pasar por las urnas. Sea en 2012, en 2011 o en 2010.


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Josep Antoni Duran i Lleida se ha convertido en la figura clave de la estabilidad política del país. La decisión de los convergentes -su abstención en la votación del decreto- ha evitado el derrumbe del Gobierno y ha situado en manos de Duran la próxima convocatoria electoral. Todo queda bien explicado tras examinar el próximo calendario electoral. Los comicios autonómicos catalanes están fijados para otoño, justo para la época en la que serán negociados en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011: así que el resultado que arrojen las urnas permitirá a CiU ser más o menos indulgente con el Gobierno de Madrid. Una victoria de Artur Mas por mayoría absoluta ofrecerá unas posibilidades… y una victoria por mayoría simple que abra la puerta a otro tripartito dibujará otro escenario completamente distinto.

¿Pero qué ha ocurrido hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado para que el proyecto político del partido más votado de España haya quedado en manos de un grupo parlamentario de 10 diputados? Hay que volver atrás dos años. En abril de 2008, Rodríguez Zapatero se convirtió en el segundo presidente del Gobierno de la democracia que llegaba al cargo sin el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. El primero fue Leopoldo Calvo-Sotelo, que no pasó por las urnas. Fue decisión personal del líder socialista quedarse en la llamada “geometría variable”, y no buscar apoyos externos al PSOE ni para la investidura… ni para la legislatura. En esos momentos, como recordábamos hace unos días, Duran i Lleida ofreció las fuerzas de CiU para incorporarse a un hipotético ejecutivo, y también la izquierda parlamentaria se hizo querer a los ojos de Zapatero.



El Gobierno aplaude en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)

El Gobierno aplaude en el Congreso de los Diputados (AP / Paul White)



No quiso apoyos. Legítimamente, decidió gobernar en solitario y buscar pactos puntuales según las materias que se presentasen en el camino. Los presupuestos de 2010, los que ahora se han recortado drásticamente, salieron adelante gracias al PNV; la Ley del Aborto, uno de los avances sociales de la legislatura, fue aprobada con el impulso de la izquierda; la Ley de Extranjería ha contado con el aval de CiU. Pero en el momento crucial de la crisis, en el momento del tijeretazo, el PSOE estaba solo. Dice la teoría militar que la táctica busca un resultado concreto en un momento determinado, y que la estrategia se centra en la consecución de objetivos a más largo plazo. Rodríguez Zapatero se ha volcado durante los últimos dos años en sacar adelante sus tácticas… pero no parece haber solucionado su principal error estratégico: no contar con mayoría absoluta estructural en el Congreso para los momentos difíciles. Por eso el futuro del quinto presidente del Gobierno de la democracia depende de un grupo de 10 diputados.


El 19 de abril de 1994 quedaba justamente un año para que José María Aznar saliera ileso de un atentado cometido por la banda terrorista ETA. Esa mañana, sin conocer lo que pasaría 365 días después, el entonces presidente del Partido Popular participaba en el Debate sobre el Estado de la Nación… y acuñaba una de las frases políticas por las que sería recordado: aquello de “váyase, señor González“.


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Más allá de la anécdota del momento político, que desató un bienio de dura oposición contra Felipe González, es interesante seguir el razonamiento de Aznar: no pide al presidente que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones, sino que dimita y proponga al rey un candidato de su propio partido. 2010. El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, se ha dirigido en unos términos bastante distintos al actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.


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El portavoz popular pide elecciones anticipadas. La Constitución de 1978, en su artículo 101, prevé claramente en qué cuatro circunstancias puede cesar un Gobierno: tras la convocatoria de unas elecciones, tras la pérdida de la confianza parlamentaria por parte del presidente, tras su dimisión o su fallecimiento. Descartando como improbables la cuarta y la segunda [a pesar de algún intento fallido], quedan dos hipótesis tan posibles como legítimas: que Zapatero disuelva las Cortes o que presente su dimisión al rey. Mientras Aznar elegía pedir la segunda opción a González en 1994, el PP de 2010 ha escogido la primera. Y no es una elección menor. La de 1994 supone respetar la voluntad popular en unas elecciones recién celebradas, y la de 2010 considera que han sucedido cosas que merecen un nuevo pronunciamiento en las urnas.

De todo lo que ha sucedido, de todo lo que el Gobierno ha rectificado en su política económica, del giro radical que ha ejecutado en los últimos 15 días ya habíamos hablado extensamente. El último capítulo se llama “endeudamiento de los ayuntamientos“, y tras la enésima rectificación del Gobierno en el Boletín Oficial del Estado, la vicepresidenta Elena Salgado ha asegurado con una sonrisa que se ha tratado de “un error”. Es la misma sonrisa, nótese en su voz, con la que aseguró hace unos meses que la inclusión de la ampliación de la edad de jubilación en un documento enviado a Bruselas era sólo… “una propuesta”.

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No hay duda de que el currículo de Elena Salgado demuestra que es una mujer sobradamente preparada para la gestión pública, pero a la vicepresidenta económica de un estado europeo que atraviesa graves dificultades debería exigírsele seriedad. Sobre todo al plantear a la ciudadanía duros ajustes que afectan a su bienestar social. Necesitamos un Gobierno que, a la hora de hacer recortes, no sitúe las tijeras en torno a su propio cuello; y necesitamos una oposición que esté, no como hasta ahora, al lado de ese Gobierno para sacarnos de la crisis. Sin una alternativa seria, las elecciones anticipadas que pide el Partido Popular pueden compararse con apagar un fuego utilizando un buen chorro de gasolina.


Alfredo Perez Rubalcaba tras el atentado de Mallorca en 2009 (AP / Manu Mielniezuk)

Son tantas las detenciones que corremos el riesgo de perder la cuenta. Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, que iba a cumplir 38 años la semana que viene, ha sido arrestado este jueves en Bayona: es el jefe militar de ETA. La policía gala, al parecer tras la intervención de una conversación telefónica por parte del CNI, lo ha localizado cuando se encontraba reunido con el hombre más buscado por Francia. Se llama Arkaitz Agirregabiria, tiene 27 años, y es el único identificado tras el asesinato de un gendarme en las cercanías de París: el primer agente francés que cayó a manos de la banda. Han sido detenidos, por tanto, y según el ministro del Interior, el número uno de ETA y quien estaba destinado a tomar el relevo.

Perder la cuenta. La cuenta, desde que comenzó la legislatura, es ya una cuenta muy larga. La cada vez más intensa colaboración de los gobiernos español y francés se ha materializado en la desarticulación de seis cúpulas etarras. Y no parecen detenciones simbólicas, porque con ellas se ha localizado a los responsables de los principales atentados cometidos por ETA desde la ruptura del alto el fuego en diciembre de 2006. Ibon Gogeaskoetxea [detenido en febrero] ordenó los asesinatos de Isaías Carrasco e Ignacio Uría; Aitziol Iriondo [localizado en diciembre de 2008] fue el supuesto ejecutor de las muertes de Capbretón y quien proporcionó el coche bomba que acabó con la vida de Juan Manuel Piñuel; Igor Portu, Martín Sarasola y Mikel Sansebastián [ya juzgados por la Audiencia Nacional] son, según la policía, quienes reventaron la T4 y las posibilidades de la paz. Mikel Garikoitz Aspiazu “Txeroki”, [detenido hace año y medio] había ordenado ese atentado.

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Son palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba tras la detención de Iriondo, tres semanas después de la de “Txeroki”. Más allá del contenido meramente policial, su argumentación revela un importante trasfondo político: algo así como una infalibilidad de la labor de las Fuerzas de Seguridad… y por extensión de su labor como ministro. La eficacia en cuanto a la detención de terroristas ya era patente durante el mandato de José Antonio Alonso [2004-2006], pero los últimos cuatro años, roto el diálogo con ETA, han proporcionado al Gobierno un área de cierta tranquilidad política, muy distinta de la inestabilidad económica o la territorial. Son los cuatro años en los que ha estado al frente del departamento Rubalcaba, alguien muy discutido por la oposición, muy querido dentro de su partido, y el ministro mejor valorado por los ciudadanos según el último barómetro del CIS.

Rubalcaba, responsable de la lucha contra el terrorismo y contra la siniestralidad en carretera [otro éxito del Gobierno], es ex ministro de Educación, ex portavoz del Gobierno, experto estratega electoral y, como hemos dicho, un gran activo en las encuestas. Hace unos meses, aseguró durante una entrevista que Rodríguez Zapatero será el candidato del PSOE en las elecciones de 2012; lo mismo dice José Blanco, el ministro de Fomento señalado por ciertos periódicos como portavoz “de facto” del Ejecutivo. Ambos son hombres del equipo que el presidente formó en los primeros 2000, ambos mirados con lupa de cara a una hipotética sucesión. Los dos, uno desde las sombras de la lucha callada contra ETA y otro desde las luces del impulso de la obra pública, avalados en su gestión por partidos de la oposición. Y de cara a ese hipotético futuro, una reflexión: sólo Rubalcaba ha permanecido ajeno [al menos públicamente] a los balbuceos económicos del Gobierno.


Los últimos gobiernos de concentración que tuvo España se formaron en 1936 y 1937, en plena Guerra Civil. Desde entonces, el país no ha atravesado nunca una situación tan delicada como para que todos los partidos se vean obligados a formar parte del mismo gabinete. No hizo falta en los difíciles momentos de la Transición, no hizo falta en la etapa de mayor debilidad de Felipe González… y era impensable tras el mayor ataque terrorista cometido en nuestro suelo. Sin embargo, a un hombre tradicionalmente considerado como ecuánime, al político mejor valorado por los españoles, Josep Antoni Duran i Lleida, le parece que ha llegado el momento de otro gobierno de concentración.


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El artículo 101 de la Constitución asegura que “el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria [...] o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”. La vicepresidenta De la Vega ha descartado ya un adelanto electoral, así que la propuesta de Duran sería viable sólo a través de una moción de censura. Es un mecanismo de emergencia que necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso y que debe llevar aparejada la propuesta de un presidente del Gobierno alternativo. El Partido Popular tiene 153 diputados; si consigue sumar los 10 de Convergència i Unió y los 6 del Partido Nacionalista Vasco… la “vía Duran” habrá surtido efecto. ¿Pero quién sería el presidente alternativo?



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Duran i Lleida nació en Huesca, y comenzó su carrera política como diputado en el Congreso y como teniente de alcalde en Lleida. Con su llegada a la presidencia de Unió Democràtica de Catalunya en 1987 volvió a centrarse en la realidad catalana, pero desde las negociaciones de CiU con el PP en 1996, parece llamado a ser ministro. El propio político ha reconocido en su blog que José María Aznar le ofreció la cartera de Asuntos Exteriores en su primer gabinete, y cuando Rodríguez Zapatero ganó las elecciones sin mayoría absoluta en 2004… la posibilidad volvió a materializarse. Incluso en 2008, tras la tumultuosa negociación del Estatut, Duran barajaba la idea de que CiU llegase al Consejo de Ministros.

Durante su entrevista en Onda Cero, el líder de Uniò proponía un gobierno presidido por una personalidad aceptable por los dos grandes partidos, que evidentemente no fuese Zapatero ni Rajoy. Luis María Ansón, hace sólo unos días, sugería que Duran fuese esa personalidad porque la situación es insostenible; casualmente, hace un año, proponía exactamente lo mismo para “afrontar la crisis y la inestabilidad”. Todo esto puede resultar un mero ejercicio intelectual, ciertamente avalado por la legislación, pero a veces el sentido común debería sobreponerse a la teoría. El PSOE fue avalado por más de 11 millones de votos hace apenas dos años; el Partido Popular recibió más de 10. Todo lo que no sea refrendado por las urnas puede ser legal, puede ser legítimo… pero puede no ser prudente.


Zapatero y Papandreu, en febrero, ante el número 10 de Downing Street (AP / Sang Tan)


Hacía frío en Londres. Era 19 de febrero, y el presidente Rodríguez Zapatero se había desplazado hasta la capital británica para sentir un poco de calor ideológico. Ese día se celebraba allí un foro político con líderes progresistas europeos, y no hicieron falta muchas sillas: estaban Zapatero, el británico Gordon Brown, el noruego Jens Stoltenberg y el griego Yorgos Papandreu; faltaban el portugués José Sócrates y el austriaco Werner Faymann. Con Brown derrotado, Faymann coaligado con el centro-derecha en la cancillería de Viena y Stoltenberg fuera de la Unión Europea, la izquierda comunitaria se reduce a España, Portugal y Grecia. Los tres países, bajo la lupa internacional.



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No son novedad las contradicciones del Gobierno sobre el diagnóstico de la situación económica, pero si comparamos el discurso que Zapatero pronunció en febrero con el que mantiene ahora, no sólo encontramos “contradicciones”. Es más que un cambio, es la asunción de que las políticas con las que intentó sacar a nuestro país de la crisis… no valen. Que es como decir que no valen las recetas de la socialdemocracia para tiempos de turbulencias económicas. El presidente había apostado por mantener intactas las políticas sociales, y fiar el recorte del gasto a la subida del IVA, a la disminución del gasto corriente y al recorte de las inversiones. Y así lo repitió la semana pasada en La Moncloa.


“¿Hay que reducir el déficit? Sí, al 3 por 100 en 2013. ¿Cuál es la condición? Que no impida el crecimiento económico. [...] Si hubiéramos hecho un esfuerzo de reducción del déficit más fuerte, por ejemplo en 2010, ya le garantizo que no estaríamos en condiciones de crecer económicamente en este año, y sólo se crea empleo si se crece.”



Ya conocemos los argumentos del presidente para este giro ideológico, los ha expuesto claramente en el Congreso: las circunstancias han cambiado, los especuladores han acorralado al euro, y para defendernos debemos asegurar que los mercados estén muy tranquilos. Para ello, congelaremos la mayoría de las pensiones, eliminaremos las ayudas a la maternidad, reduciremos los sueldos a los empleados públicos, suprimiremos la retroactividad de las ayudas por dependencia o recortaremos la ayuda oficial al desarrollo. En otras palabras, Zapatero renuncia a buena parte de su crédito político en aras de mantener a los especuladores lejos de la economía española.

En Portugal, el primer ministro Sócrates renunció hace días a ejecutar una subida de impuestos. Ayer anunció una subida del IVA y del gravamen sobre la renta. La explicación nos suena: “el mundo ha cambiado en los últimos 15 días por el ataque especulativo contra las economías de la zona euro”. Pero Sócrates no es el símbolo de la izquierda europea; tampoco Papandreu, recién llegado al cargo y afanado en que su país no se desmorone. José Luis Rodríguez Zapatero, admirado durante su primera legislatura por las élites progresistas francesas o italianas, encarnaba el más importante referente de la izquierda en Europa. Ahora, con su aterrizaje forzoso en la realidad neoliberal, el presidente encontrará su sitio en la Historia: junto a Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Todo un despertar.


Quedan 55 domingos para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Poco más de un año. Varias decenas de domingos llenos de mítines, discursos para la parroquia y sonrisas ante las cámaras en mangas de camisa. Domingos en los que, como cada vez que se acerca el momento de las urnas, la palabra “inmigración” saltará de nuevo a los titulares de los periódicos. En los últimos dos años, con la llegada de cayucos relegada a las sombras mediáticas, los fenómenos migratorios han preocupado a los políticos en dos ocasiones muy concretas: y en las dos se jugaban su futuro electoral.

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Cuando faltaba muy poco para las elecciones del año 2008, Mariano Rajoy lanzó su idea estrella en materia de inmigración: un contrato “de integración” para que todo el que llegase de fuera respetase y adoptase las costumbres españolas. La propuesta fue muy criticada por el Partido Socialista, reforzada por un “no cabemos todos” de Rajoy y aliñada por alguna metedura de pata cometida por un miembro de la cúpula del PP. Pasados los comicios, la inmigración desapareció del foco público hasta 2010. Y eso a pesar de que el Gobierno socialista ha impulsado una reforma de la llamada “Ley de Extranjería”, que amplía el período de posible detención para los inmigrantes sin papeles. Por cierto, con el rechazo del PP.

Les invito a leer el próximo párrafo a ritmo de vallenato. Del vallenato compuesto para el candidato Mariano Rajoy en el invierno de 2008.


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2010 comenzaba con una decisión muy polémica del alcalde de Vic, en Barcelona. Josep María Vila d’Abadal [CiU], con el apoyo de su gobierno [que incluye a PSC y ERC], decidió modificar las normas de empadronamiento para denunciar a los inmigrantes irregulares que intentasen registrarse. Tras un toque de atención por parte del Gobierno, la izquierda se ha descolgado de ese acuerdo inicial, y el alcalde convergente “sólo” denunciará a los inmigrantes que intenten empadronarse con documentos falsos. Sin embargo… hay más que Vic. En Llavaneres, la denuncia de indocumentados salió adelante sin mucha polémica; en Salt, se reforzó el cuerpo de policía tras una algarada vecinal contra la inmigración; en El Vendrell se denunciará a los inmigrantes con multas; e incluso en Torrejón de Ardoz, Madrid, se intentó otra reforma legal muy en la línea de todo lo anterior.

¿Un panorama desolador? Adéntrense en el siguiente párrafo a ritmo de merengue. Del merengue compuesto para el candidato Zapatero en el inverno de 2008.


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Quedan 55 domingos para las municipales, pero queda muchísimo menos para las elecciones catalanas, que podrían celebrarse como muy tarde el próximo otoño. Hace sólo unas semanas pudimos ver a la candidata del PP a la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, repartiendo folletos en la calle junto al candidato popular a la alcaldía de Badalona. Los papeles tenían como lema: “no queremos rumanos“. 24 horas después, Sánchez-Camacho se vio obligada a rectificar sobre la forma… pero no sobre el contenido. De hecho, quien repartía los folletos con ella… ha asegurado que “no ve prioritario” pedir perdón por asociar a todos los rumanos de Badalona con la delincuencia. Lo cierto es que el PP pedirá en el parlamento catalán que se aborde a nivel autonómico la denuncia de inmigrantes que intenten empadronarse, y que todas estas noticias alegran, y mucho, a un partido abiertamente xenófobo como Plataforma per Catalunya, que concurrirá a los comicios de otoño.

No cabe duda de que el panorama informativo está y estará marcado en los próximos meses por la economía. Sin embargo, como hoy mismo recordamos en Periodismo Humano, las elecciones municipales de 2011 incorporarán un importante caudal de votantes extranjeros a nuestras urnas… y eso puede provocar que los partidos replanteen sus estrategias. El catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Víctor Sampedro, cree que les será muy complicado aprovecharse de la inmigración en un contexto económico tan difícil. “Ahora, aquellos que quieran ganar tendrán que dividir su discurso”, asegura. “El PSOE va a resaltar lo que se ha avanzado en los derechos electorales, mientras que el PP tendrá un doble discurso. En aquellas zonas donde vea rentable el discurso reaccionario respecto a la presencia de extranjeros… lo subrayará; además, vinculándolo como factor que agudiza la crisis económica. En las grandes ciudades, donde ese voto migrante les puede beneficiar, establecerá su otro discurso”. Quedan 55 domingos de discursos, y de vallenato, hasta la próxima gran jornada electoral.


No habrá Pacto de Estado por la Educación. No puede ser “de Estado” si no lo respaldan los dos partidos políticos que tienen posibilidades de alcanzar el Gobierno de España e impulsar los cambios necesarios en el sistema educativo. Para ciertos políticos ha llegado el momento de buscar a los culpables del fracaso, pero quizá es más interesante analizar las razones de los actores principales del acuerdo [hasta ahora] fallido.


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Ángel Gabilondo llegó al ministerio en abril de 2009, en medio de una remodelación en la que Rodríguez Zapatero se rodeó de su “núcleo duro”. En la misma jornada de su toma de posesión, el ex presidente de la Conferencia de Rectores lanzó su principal objetivo político como gobernante: un gran pacto educativo. Y a eso ha dedicado los últimos meses, incluidos contactos al más alto nivel con el Partido Popular. Concretamente, con su Secretaria General. El pasado mes de diciembre, Gabilondo recibió en la sede del ministerio a María Dolores de Cospedal, y entonces parecía posible el pacto: la número dos de Rajoy aseguró que era viable.


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¿Qué ha pasado en los últimos 5 meses para que el acuerdo descarrile? El documento que elaboró el Gobierno tras consultar con partidos, agentes sociales e interlocutores educativos contiene casi 150 propuestas, más o menos concretas, para mejorar el sistema educativo. El punto número 8 se refiere a las competencias lingüísticas de los alumnos, y dice así: “[El Gobierno se compromete a] impulsar actuaciones específicas, especialmente referidas a la comprensión lectora, la escritura y la expresión oral, para que todo el alumnado finalice la educación obligatoria con la competencia lingüística necesaria para expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma”.

Es pertinente recordar la redacción literal de este artículo porque el Partido Popular ha basado su oposición al texto en que no “garantiza” la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües. Esto puede ser cierto, pero quizá resulte también pertinente recordar otro artículo… de otra ley. Concretamente, de la Ley de Calidad de la Educación, impulsada por el PP desde el Gobierno y derogada en 2004. Recordamos, concretamente, el artículo 22 en su apartado h.


“[Los alumnos deberán] comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura”



Una redacción muy parecida a la del documento que se maneja… y que hoy no es suficiente. El pasado martes, Ángel Gabilondo expresaba en Televisión Española una reflexión interesante. Decía el ministro que su texto, un texto que calificaba “de consenso”, seguía los grandes objetivos marcados por la OCDE, y recordaba que entre las críticas de la organización al sistema educativo español [por ejemplo, en su Panorama de la Educación 2009 (PDF)] no aparecía por ninguna parte la discriminación del castellano.


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El ex presidente del Gobierno ha pasado hace unas horas por el programa de Iñaki Gabilondo, el hermano del ministro. Felipe González, como líder de los sabios que deben pensar la Unión Europea del futuro, sitúa la mejora del “capital humano” en el centro de ese futuro comunitario. Y así debería ser, con pacto o sin pacto.


Zapatero recibe a Rajoy en La Moncloa en diciembre de 2006 (AP / Bernat Armangue)


Al filo de las 10 de la mañana, el coche oficial de Mariano Rajoy habrá ejecutado una suave curva y habrá frenado ante la puerta principal del Palacio de la Moncloa. Allí habrán estado esperando una treintena de reporteros gráficos, pendientes de si Rodríguez Zapatero bajaba las escaleras, de si sonreía al recibir a su invitado o de si ambos miraban al cielo para comprobar que este mes de mayo está resultando más frío que los anteriores. Y los dos se habrán soltado la mano y se habrán perdido en las sombras del palacio, y habrán comenzado las especulaciones sobre si la reunión duraría más o menos, sobre dónde se convocarían las comparecencias posteriores o sobre quiénes serían los comparecientes. Una composición teatral que ya conocemos de sobra.

Desde que Zapatero llegó a La Moncloa ha recibido a Rajoy, públicamente, en 10 ocasiones. Y decimos “públicamente” porque, por ejemplo, ambos pasaron un buen rato juntos, prácticamente solos, hace dos semanas; y ha habido alguna cena “discreta” en Moncloa, y algún despacho conjunto con el rey. Si dijéramos que el balance de los encuentros es “desigual” estaríamos faltando a la verdad: el balance es muy pobre. Sólo en cuatro ocasiones ha habido acuerdo, pero eran cuatro ocasiones tan delicadas que un desacuerdo habría sido recibido por la opinión pública casi como un insulto. La primera fue el 14 de enero de 2005. El presidente del PP estuvo en La Moncloa pocos días antes de que el “Plan Ibarretxe” llegase al Congreso de los Diputados, allí pactó con Zapatero un frente común contra el soberanismo vasco, y pronunció unas palabras a la salida que, escuchadas hoy, parecen imposibles.


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El segundo acuerdo básico entre Zapatero y Rajoy tuvo también al País Vasco como protagonista. Tras el anuncio de un alto el fuego por parte de ETA, el Partido Popular mantuvo una actitud escéptica que fue convirtiéndose en enfrentamiento con el Gobierno, pero el 11 de junio de 2007… ETA había roto ya su tregua, y Rajoy aseguró estar junto a Zapatero ante lo que pudiese venir. Eso sí, con condiciones. Los otros dos acuerdos, acuerdos parciales, llegarían en el año 2008. En su reunión del 23 de julio, los líderes políticos pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial [no olvidemos las manifestaciones de funcionarios durante la campaña electoral], y en la del 14 de octubre se fraguó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria [¿alguien imagina al presidente del Gobierno y al líder de la oposición... no pactando el rescate de los bancos?].

Esto en el haber. En el debe, muchos asuntos en los que Zapatero y Rajoy deberían haberse puesto de acuerdo… y no lo han hecho. En las dos reuniones del año 2008, constataron que no eran capaces de pactar la renovación del Tribunal Constitucional, con lo que eso significa [y seguirá significando] para el futuro del Estatuto de Cataluña. De hecho, en 2005, acordaron abrir una comisión para impulsar conjuntamente las reformas estatutarias [que no llegó a crearse] y desde entonces no han conseguido ponerse de acuerdo en materia de política territorial. La lucha antiterrorista fue objeto de discordia hasta la ruptura de la tregua por parte de ETA, y en materia económica, Zapatero y Rajoy pactaron crear una mesa bipartita para las reformas estructurales que necesita España… de la que nada más se supo. Ni la salida de la crisis, ni la política del agua, ni la educación, ni la política exterior.

La reunión de este 5 de mayo tenía dos temas en la agenda: el rescate de la economía griega y la reordenación del sector bancario. A la hora de escribir estas líneas no conocemos el resultado, no sabemos si ha habido sonrisas, miradas al cielo o comparecencias en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Pero sabemos lo que se espera del presidente del Gobierno y del líder de la oposición en una ocasión como esta. Justo cuando nuestra economía sufre ataques especulativos, justo en el momento en que hay 4 millones y medio de parados, justo ahora que los dos principales tribunales del sistema judicial están desprestigiados, lo que se espera de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy es altura de miras. Y no sólo otro apretón de manos vacías ante la puerta de un palacio.