Tras la política

Fosa común en el cementerio de San Rafael, en Málaga (AP / Sergio Torres)



Con la llegada de la II República, antes de la Guerra Civil, al comienzo de la Dictadura franquista… y de nuevo en la Transición. La historia reciente de nuestro país está tapizada de perdones políticos, que siempre han servido como base para inaugurar nuevas etapas. ¿Discutidos? Sí, todos. La Ley de Amnistía de 1977 prevé la desaparición de los llamados delitos “de intencionalidad política” cometidos desde la Guerra Civil, una medida aprobada para que salieran de las cárceles todas las personas encarceladas por su forma de ser o de pensar. Pero esa, claro, no es la parte polémica. Los apartados de la discordia se encuentran en el artículo segundo.


Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.



Es decir, que no sólo se estableció el perdón para los condenados por delitos políticos… sino también para quienes persiguieron, investigaron y condenaron esos delitos: los responsables de la dictadura franquista. A partir de aquí, el debate. ¿Es la Ley de Amnistía una Ley de Punto Final? ¿Se opone a los principios generales del Derecho Internacional por liberar de responsabilidades a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad?

El pasado 24 de septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. El texto asegura que la práctica de esos delitos constituye “un crimen de lesa humanidad“, y que no puede ser considerado como un “delito político”. Lo que no ha ratificado nuestro país es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que pone negro sobre blanco una idea asentada en el espíritu de Naciones Unidas desde su fundación: que ese tipo de delitos permanecen vigentes con el paso de los años.

Esto describe bien la situación. El Gobierno español reconoce que las desapariciones forzosas son crímenes terribles, pero no se une al tratado que asegura que los responsables sean juzgados a pesar de haber delinquido mucho tiempo atrás. Y sin embargo, España sí figura como firmante de un tratado importante en la materia


Imagen de previsualización de YouTube

En diciembre de 1966, mientras los españoles votábamos en referéndum si queríamos [como quisimos] la nueva Ley Orgánica del Estado, Naciones Unidas auspiciaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno de Adolfo Suárez lo ratificó en 1977… muy pocos meses antes de promulgar la Ley de Amnistía. Por tanto, a la hora de perdonar los “delitos políticos” de la Dictadura, nuestro país se había adherido ya a un tratado que asegura que hay crímenes que se pueden perseguir aunque no sean punibles según el derecho nacional. Eso sí, siempre que lo sean “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Y ahí está la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Y los Juicios de Nüremberg.

Sobran razones jurídicas para entender que la Ley de Amnistía de 1977 puede haber sido sobrepasada por estos principios internacionales del Derecho. Sin embargo, quienes se oponen a la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura, se apoyan firmemente en el principio de irretroactividad de la ley, y en el llamado “Espíritu de la Transición“. Sostienen que, en aquellos años, se fraguó un perdón colectivo para poder avanzar. Que Garzón haya incurrido o no en malas prácticas puede convertirse en una anécdota… si lo que ocurre en España es que no nos ponemos de acuerdo en algo básico: que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca.