Tras la política

Transcurría el primer semestre del año 2008. El Gobierno convocó Elecciones Generales para el día 9 de marzo, y ya había quien barruntaba que el panorama económico estaba cambiando. Durante esos meses, el presidente Rodríguez Zapatero realizó una tortuosa travesía entre el antipatriotismo, la desaceleración, la desacelerción “ahora más intensa”, las debilidades económicas… y la crisis. La crisis que nombró casi con temor, durante una entrevista en Antena 3, a comienzos del mes de julio.


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Y ahí comenzó el viaje a la inversa. En abril de 2009, era posible que “lo peor” hubiese pasado; algo más tarde, en agosto, la fase aguda de la crisis había pasado definitivamente; este mes de febrero, la situación evolucionaba “hacia un menor deterioro“… y hasta hoy. Pero volvamos a 2008. La promesa estrella de Zapatero para las elecciones fue una sustanciosa desgravación fiscal de 400 euros. Un año y medio después, los presupuestos de 2010 contemplaban la supresión de esa ayuda en aras del déficit público [finalmente, la negociación parlamentaria consiguió matizar esa decisión]. Pero las cuentas públicas para este ejercicio contenían otra noticia importante en materia económica: una subida de impuestos fraguada durante todo el año 2009. ¿Consensuada?


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Hace aproximadamente un año, la vicepresidenta Elena Salgado relativizaba la importancia de una subida de impuestos a las rentas altas; en agosto, durante una entrevista en la SER, José Blanco abría la puerta a ese incremento. Y finalmente… lo que subió fue el IVA, un impuesto que grava el consumo de todos los ciudadanos, de todo tipo de rentas. Ya en 2010, la armonía del Gobierno ha chirriado por la economía sumergida. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, la cifró en enero en una horquilla de entre el 16 y el 20 por ciento; al día siguiente, Elena Salgado desautorizó sus palabras porque “no hay datos”. En febrero, la vicepresidenta económica tuvo que rectificar a Carlos Ocaña. El Secretario de Estado de Hacienda había asegurado que, entre las medidas para rebajar el gasto público, se manejaba una bajada del salario de los funcionarios. Y no.

Este viernes, 30 de abril, conocemos una Encuesta de Población Activa que sitúa la tasa de paro en el 20 por ciento por primera vez desde hace muchos años; el próximo martes, 4 de mayo, conoceremos el paro registrado correspondiente a abril. Esta semana, Zapatero ha vaticinado que el desempleo ha tocado techo… y que comenzará a disminuir ligeramente este mismo mes. Esperemos que esta vez nadie lo contradiga, ni siquiera las cifras del ministerio de Trabajo, que se han convertido en el único asidero fiable que nos queda entre los demasiado agoreros y los demasiado optimistas.


María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular (Fuente: www.pp.es)



El programa electoral del Partido Socialista para las Elecciones Generales del año 2004 llevaba, en su página 59, un compromiso en materia de reformas estatutarias. Atención a la parte en la que se alude al consenso.


El PSOE posibilitará las reformas estatutarias que se planteen de acuerdo con la Constitución y respaldadas por un alto grado de consenso democrático. Pero también cree que ha llegado el momento de que, desde el Estado, se aborden algunas modificaciones del Estado Autonómico que contribuyan a superar las ineficiencias, distorsiones y desigualdades que el transcurso de los años ha ido revelando.



Las palabras son “alto grado de consenso democrático”. 6 años después de la victoria electoral de Zapatero, podemos afirmar que los socialistas han impulsado cuantas reformas estatutarias han querido llevar a cabo las comunidades autónomas, pero el consenso se ha alcanzado siempre a medias… o acompañado de situaciones paradójicas. Sobre todo en lo que concierne al agua. Porque es el agua [la política hídrica, la gestión o titularidad de los ríos] el factor fundamental de una batalla jurídica sin precedentes entre autonomías.

El último capítulo de la guerra del agua se ha librado en Castilla-La Mancha. El PSOE impulsó en 2006 una reforma estatutaria que culminó con un texto pactado con el PP. Ahora ese texto ha encallado en el Congreso… a causa del agua. La Secretaria General del PP y candidata a suceder a José María Barreda en la Junta culpa al PSOE de buscar la derrota del estatuto para utilizarla como arma electoral; el presidente castellanomanchego destaca que Dolores de Cospedal ha cedido ante las presiones de la Comunidad Valenciana y Murcia. Sea como fuere, las previsiones del estatuto en materia de agua… lo han hecho descarrilar.

En el caso de Castilla-La Mancha, el conflicto de intereses ha estallado antes de la aprobación del estatuto, pero hay muchos otros casos en los que no ha sido así. El gobierno de Barreda [también el de Aragón] recurrió ante el Tribunal Constitucional el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana: consideraba intolerable el artículo 17.1, que establecía el derecho de los valencianos a los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias. El TC desestimó ambos recursos, y le queda aún mucho trabajo por delante. Por ejemplo, con el Estatuto de Cataluña. Al debate por el término “nación”, la bilateralidad o la lengua, el tribunal debe añadir los recursos de La Rioja y Murcia por las previsiones del texto en torno al río Ebro.



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Quienes critican los recelos del Partido Popular sobre el Estatut, recuerdan que muchos artículos rechazados por el partido de Rajoy fueron votados por Javier Arenas en el parlamento andaluz. El Estatuto de Andalucía dice en su artículo 51 que la comunidad “ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que trascurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”, y esa redacción fue apoyada por el PP, y recurrida por el extremeño Rodríguez Ibarra. Su sucesor al frente del gobierno, Guillermo Fernández Vara, hizo lo mismo en 2008 con el Estatuto de Castilla y León: consideraba que si los castellanoleoneses se arrogaban la competencia exclusiva sobre el río Duero… se vulneraba la Constitución.

Para defender su estatuto, Barreda recordaba hace unos días la posición del PP frente al Estatuto de Aragón. Allí, los populares exigieron una reserva hídrica para pactar el texto con el PSOE: una reserva hídrica que no ha prosperado en Toledo, y que está recurrida por el Gobierno de la Rioja. Hay socialistas enfrentados con socialistas, populares enfrentados con populares, un gigantesco lío entre comunidades enmarañado en el Constitucional. Buscando título para el post, pensé que la política hídrica había estado brotando de los partidos en los últimos años “a borbotones”, pero el diccionario de la Real Academia me sugiere “a borbollones”. Dice que significa “atropelladamente”, y que un “borbollón” es una “erupción que hace el agua de abajo para arriba, elevándose sobre la superficie”. Pues eso.


Reunión del Consejo de Ministros en abril de 2009 (Fuente: www.la-moncloa.es)



Primer ingrediente: el pasado 16 de junio, el Congreso de los Diputados pidió al presidente del Gobierno que reestructure su gabinete, y que elimine tres ministerios. Segundo ingrediente: el 27 de octubre, la Cámara decidió que deben desaparecer una vicepresidencia y tres departamentos ministeriales. Tercer ingrediente: en las próximas semanas, el Consejo de Ministros debe acometer un plan de reducción del gasto público que incluirá un recorte en el número de altos cargos del Ejecutivo. Remover, hornear y especiar con la ironía de Esperanza Aguirre. Resultado: las ramas de la Administración General del Estado están dispuestas para la poda.


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Desde el primer Gobierno de la etapa democrática, el que formó Adolfo Suárez tras las Elecciones Generales de 1977, 165 personas han ocupado el cargo de ministro. El récord es para el socialista Felipe González. Durante sus 13 años de mandato, pasaron por la mesa del Consejo de Ministros medio centenar de personas diferentes; después encontramos al propio Suárez, que dio empleo y sueldo a 43 hombres [no tuvo ninguna ministra]. El presidente del Gobierno que menos ministros tuvo fue el fallecido Leopoldo Calvo-Sotelo, que en su año y medio de mandato dirigió la actividad de 22 hombres y una mujer.

Y aquí llega el dato curioso. Aunque ha propuesto la creación de algún ministerio, el Partido Popular ha arremetido en innumerables ocasiones contra el número de altos cargos que trabajan para José Luis Rodríguez Zapatero, y tienen razón al decir que los trabajadores con rango de Secretario de Estado o Director General han aumentado en el Palacio de la Moncloa. Pero… ¿qué ocurre si comprobamos el número de ministros y ministras que tuvieron Zapatero y José María Aznar? Que encontramos un empate a 34. Aunque al actual presidente le quedan 23 meses para completar su segunda legislatura y nombrar a un hipotético ministro 35, hasta ahora ha nombrado los mismos que Aznar. Ni uno más, ni uno menos.

Un ministro del Gobierno de España cobra, en 2010, 6.762 euros mensuales; esa cantidad sube hasta los 7.204 euros si ejerce las funciones de vicepresidente, y hasta los 7.665 euros si se trata del propio presidente. En este momento, las cantidades están congeladas por la crisis: los Presupuestos Generales del Estado para 2010 prevén que los salarios de los altos cargos del Gobierno sean los mismos que en 2008. A esto hay que añadir una pensión indemnizatoria de dos años prevista para ellos en los presupuestos de 1981 y en el Estatuto de los ex Presidentes del Gobierno: conservan el 80 por ciento del salario. Y a eso hay que añadir salarios como diputados o ex altos cargos de otras instituciones.

El plan de reducción del gasto público que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas prevé un recorte de 50.000 millones de euros. Muchos piensan que ese tijeretazo debe llevarse por delante varios ministerios, pero lo que no va a cambiar son los derechos adquiridos de los 150 ex ministros de España. Lo sensato es pedir al presidente del Gobierno que recorte lo superfluo y no lo incómodo.


Fosa común en el cementerio de San Rafael, en Málaga (AP / Sergio Torres)



Con la llegada de la II República, antes de la Guerra Civil, al comienzo de la Dictadura franquista… y de nuevo en la Transición. La historia reciente de nuestro país está tapizada de perdones políticos, que siempre han servido como base para inaugurar nuevas etapas. ¿Discutidos? Sí, todos. La Ley de Amnistía de 1977 prevé la desaparición de los llamados delitos “de intencionalidad política” cometidos desde la Guerra Civil, una medida aprobada para que salieran de las cárceles todas las personas encarceladas por su forma de ser o de pensar. Pero esa, claro, no es la parte polémica. Los apartados de la discordia se encuentran en el artículo segundo.


Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.



Es decir, que no sólo se estableció el perdón para los condenados por delitos políticos… sino también para quienes persiguieron, investigaron y condenaron esos delitos: los responsables de la dictadura franquista. A partir de aquí, el debate. ¿Es la Ley de Amnistía una Ley de Punto Final? ¿Se opone a los principios generales del Derecho Internacional por liberar de responsabilidades a quienes han incurrido en delitos de lesa humanidad?

El pasado 24 de septiembre de 2009, España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas. El texto asegura que la práctica de esos delitos constituye “un crimen de lesa humanidad“, y que no puede ser considerado como un “delito político”. Lo que no ha ratificado nuestro país es la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que pone negro sobre blanco una idea asentada en el espíritu de Naciones Unidas desde su fundación: que ese tipo de delitos permanecen vigentes con el paso de los años.

Esto describe bien la situación. El Gobierno español reconoce que las desapariciones forzosas son crímenes terribles, pero no se une al tratado que asegura que los responsables sean juzgados a pesar de haber delinquido mucho tiempo atrás. Y sin embargo, España sí figura como firmante de un tratado importante en la materia


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En diciembre de 1966, mientras los españoles votábamos en referéndum si queríamos [como quisimos] la nueva Ley Orgánica del Estado, Naciones Unidas auspiciaba el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno de Adolfo Suárez lo ratificó en 1977… muy pocos meses antes de promulgar la Ley de Amnistía. Por tanto, a la hora de perdonar los “delitos políticos” de la Dictadura, nuestro país se había adherido ya a un tratado que asegura que hay crímenes que se pueden perseguir aunque no sean punibles según el derecho nacional. Eso sí, siempre que lo sean “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. Y ahí está la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Y los Juicios de Nüremberg.

Sobran razones jurídicas para entender que la Ley de Amnistía de 1977 puede haber sido sobrepasada por estos principios internacionales del Derecho. Sin embargo, quienes se oponen a la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura, se apoyan firmemente en el principio de irretroactividad de la ley, y en el llamado “Espíritu de la Transición“. Sostienen que, en aquellos años, se fraguó un perdón colectivo para poder avanzar. Que Garzón haya incurrido o no en malas prácticas puede convertirse en una anécdota… si lo que ocurre en España es que no nos ponemos de acuerdo en algo básico: que los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca.


Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde lleva más de 20 años en el primer plano de la actualidad española. En 1989, este jurídico de la Armada se retiró del Ejército como comandante, ya que esa posición era incompatible con la actividad política: pasó a convertise en Coordinador General de la Refundación del Partido Popular. Desde entonces ha sido diputado en todas las legislaturas, ha presidido el Congreso, ha sido Ministro de Defensa, y ahora ocupa el cargo de Coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP. Uno puede pensar que, en este 2010, después de dos décadas de servicio público en puestos de tan altísima responsabilidad… la influencia del señor Trillo sobre los asuntos del día a día es pequeña, o como mucho “limitada”. Vamos a comprobarlo.

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

Retrato de Federico Trillo en el Congreso

El último gobierno de José María Aznar dejó varios supervivientes políticos, pero si excluimos a Mariano Rajoy, ninguno de los otros ex ministros [ni Cristóbal Montoro, ni Javier Arenas, ni Francisco Álvarez Cascos... ni siquiera Rodrigo Rato] conserva tanto peso como Trillo. En los últimos 15 días, el Coordinador popular de Justicia ha marcado la línea de su partido en tres frentes: el levantamiento del secreto de sumario en el caso Gürtel, el procesamiento de Garzón por los crímenes del Franquismo y las medidas del Gobierno para que Batasuna no llegue a los ayuntamientos. El voto de Federico Trillo [diputado por Valencia] será clave para la aprobación en el Congreso del Estatuto de Castilla-La Mancha [muy controvertido en sus artículos referentes a las reservas de agua]; desde la gestión de Trillo persisten los ecos del accidente del Yak-42; y por supuesto, un recurso firmado por él [PDF] mantiene atascado al Constitucional desde hace 4 años.

Porque más allá de Gürtel, Garzón o el agua, el asunto que trae de cabeza a las élites políticas desde hace ya muchos meses es la inminente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Las elecciones catalanas están programadas para el próximo otoño, y un veredicto del Constitucional contrario al texto tendría efectos políticos y jurídicos muy difíciles de predecir. Y como también es imposible predecir en qué sentido se van a pronunciar los jueces, aquí va un dato anecdótico para tranquilidad de quienes piensan que su tardanza es excesiva: el pasado 27 de abril de 2009, el TC “inadmitió el recurso de amparo” presentado por un grupo de diputados socialistas [entre ellos Rodríguez Zapatero] contra una decisión de la Diputación Permanente del Congreso. El recurso se presentó en marzo de 2004, más de 5 años antes, y el asunto no pasaba de ser un trámite parlamentario sobre la guerra de Irak.

Conclusión. 20 años después del Congreso de la Refundación del PP, con fotografía sevillana del aniversario incluida, hay un nombre que continúa marcando la agenda política del partido: el de Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Evolución del IPC entre agosto de 2007 y marzo de 2010 (INE)



Todos los gráficos simplifican la realidad para hacerla comprensible. Y a pesar de esa simplificación, no mienten: no cambian con el paso del tiempo, la información que revelan permanece inmutable. El gráfico que se puede ver sobre estas líneas refleja la evolución del Índice de Precios al Consumo durante los últimos dos años y medio. Los porcentajes son interanuales: es decir, reflejan cómo aumentaron o disminuyeron los precios con respecto al año anterior.

Si los líderes políticos utilizaran más en sus discursos esas realidades inmutables que son los datos, el debate público se enriquecería. Pero no basta con citar los datos, también hay que emplearlos con cierta honestidad. La campaña electoral de 2008 giró en torno a lo que entonces se cernía sobre nosotros: una grave crisis económica según el PP, sólo una desaceleración según el PSOE. Y en medio de ese debate, la subida de los precios adquirió una gran relevancia.


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Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, en sus debates preelectorales, acudieron a los precios de la leche y del pollo para demostrar que la inflación había subido más bajo la vigilancia del partido de enfrente. En aquel marzo de 2008, el candidato del PP recordaba que los precios habían subido un 2,2 por ciento desde el verano anterior, y que esa situación era “de riesgo”. En marzo de 2010, la inflación se ha recortado notablemente… pero basta con observar el gráfico para comprobar que los precios han subido un 2,8 por ciento desde el último verano. Y la inflación no está ya en el debate político. Y los precios no son un problema. Y los ciudadanos no aprecian que su compra salga más barata. Será que no hay elecciones en el horizonte.