Tras la política

La sombra del presidente sale a la luz (AP / Paul White)



Miren la foto. Mírenla atentamente. Seguro que en ella reconocen, al fondo, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, y a la derecha del presidente del Gobierno, una mayoría de lectores identificará a Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad. Incluso los más informados podrán aportar el nombre de José Martínez Olmos, el Secretario General de su departamento, que se sienta junto a ella. Pero… ¿quién es la cuarta persona en torno a la mesa? ¿Quién mereció, el pasado 27 de abril de 2009, formar parte de la reunión de emergencia convocada en el Palacio de la Moncloa para prevenir una futura epidemia de la Gripe A? Si ustedes no lo conocen, hay alguien que lo recuerda muy bien. Luis Roldán concedió una entrevista a Telemadrid la semana pasada, y cuando se refería al destino de cierta cantidad económica, pronunció su nombre…


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El ex Director General de la Guardia Civil, que acaba de salir de la cárcel tras 15 años de reclusión, sabe que José Enrique Serrano Martínez trabaja en La Moncloa, pero no recuerda en qué puesto. Dejando de lado sus insinuaciones, podemos aportar alguna información sobre la figura: Serrano es el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desconocido por la mayor parte de la ciudadanía porque no se prodiga en los medios, este cargo de libre designación es bien conocido por los informadores y reporteros gráficos que frecuentan las ruedas de prensa en Moncloa. Es la voz que susurra al oído de José Luis Rodríguez Zapatero, y su biografía revela que ya lo hizo al de Felipe González al final de su mandato.

Pero… ¿podemos concretar un poco más a qué se dedica un Director del Gabinete? Sus funciones están definidas en el Real Decreto que desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.


a) Proporcionar al Presidente del Gobierno la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.


b) Asesorar al Presidente del Gobierno en aquellos asuntos y materias que éste disponga.


c) Conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al Presidente del Gobierno la coordinación de la acción del Gobierno.


d) Asistir al Presidente del Gobierno en los asuntos relacionados con la Política Económica.


e) Realizar aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno.



El apartado “e” es el más llamativo de los cinco. El Director del Gabinete puede hacerlo todo, puede abordarlo todo, puede ocuparse de todo… y se convierte así, de facto, en el hombre fuerte del Presidente del Gobierno. Tanto responde por carta a los ciudadanos [PDF]… como negocia con los sindicatos la próxima reforma laboral. O aparece como misterioso autor del archivo informático con el que el diario El País conoció las propuestas del Ejecutivo en materia de pensiones. De José Enrique Serrano prácticamente no se conservan declaraciones públicas; de su antecesor podemos encontrar alguna más.


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Es Carlos Aragonés, Director del Gabinete de José María Aznar entre 1996 a 2004, y se refiere a la crisis interna que creó María San Gil tras su marcha del Partido Popular. Desde que abandonó La Moncloa, Aragonés ha sido elegido dos veces como diputado por Madrid. En su declaración de bienes [PDF] figura como asesor del presidente del Partido Popular, y esto a pesar de que Mariano Rajoy lo descabalgó de la dirección del partido en el congreso de 2004. Aunque quizá lo más revelador sea su ficha en la web del Congreso: la página permite analizar la actividad parlamentaria de los diputados mediante la consulta de sus intervenciones, iniciativas o preguntas. Y desde las elecciones del 9 de marzo de 2008, a efectos del registro parlamentario… Carlos Aragonés no ha hecho nada.


¿Quién ha disfrazado a Baltasar Garzón? ¿Por qué? (AP / Fernando Antonio)

No es casual que el primer “enfoque” de Tras la Política tenga como protagonistas a los jueces. A falta de un verdadero debate ideológico que arbitre sus diferencias, los partidos políticos han situado al sistema judicial en el centro de sus disputas por el poder. Desde los primeros noventa han operado como piezas del tablero electoral nombres como los de Marino Barbero, Javier Gómez de Liaño, Juan del Olmo… o Baltasar Garzón, que en este 2010 se ha convertido en el primer juez español con tres causas abiertas en el Tribunal Supremo. Y las cuentas pendientes de Garzón con sus superiores no pasarían de ser un mero trámite si no fuera porque todos los partidos políticos han acusado… o defendido… o criticado… o comprendido… las actuaciones del juez.

Detengámonos en uno de esos tres procesos: en el que surge de la investigación de una posible red corrupta en torno al Partido Popular. Baltasar Garzón ordenó que se practicaran escuchas en las cárceles durante las conversaciones entre varios imputados por el Caso Gürtel y sus abogados. Tanto el juez que ahora instruye el caso en Madrid [Antonio Pedreira] como la Fiscalía Anticorrupción [que pidió las escuchas] respaldan esa decisión. Y sin embargo, el pasado mes de diciembre, el abogado Ignacio Peláez, representante de un imputado, presentó una querella contra Garzón ante el Supremo: aseguraba que vivimos en un “estado policial” y que las leyes amparan el secreto de las comunicaciones de su cliente y del resto de los imputados.

Hasta aquí, en circunstancias normales, nada debería sorprendernos. Se trata de una controversia jurídica en cuya resolución trabajan ya los tribunales competentes. Pero las circunstancias no son normales. Los partidos de la izquierda consideran que Garzón es víctima de una persecución judicial por investigar los crímenes del Franquismo y las presuntas corruptelas del PP. En cambio, los populares, desde que se destapó el Caso Gürtel, comenzaron a realizar una serie de declaraciones públicas que cuestionaban la honradez del juez y los objetivos de su investigación por supuestos vínculos con el Gobierno; y ahora, tras la presentación de las querellas ante el Supremo, varios miembros del Ejecutivo [incluido su presidente] han alabado la trayectoria de Garzón… en lo que la oposición entiende como una maniobra de presión al Tribunal Supremo. Como último ingrediente, los argumentos del propio interesado son un buen indicador de que algo no funciona bien.

La Constitución de 1978, en su artículo 18, es muy clara: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Este “salvo resolución judicial” es el argumento central de los juristas que defienden a Garzón; y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 579 prevé que el juez acceda a las comunicaciones de las personas “sobre las que existen indicios de responsabilidad criminal, así como […] de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos”. Quienes consideran que el juez se ha extralimitado en sus funciones esgrimen la Ley Orgánica General Penitenciaria, que prevé las escuchas en prisión sólo “en los supuestos de terrorismo”, y dos artículos distintos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [262 y 263] que eximen a los abogados de denunciar los delitos de sus clientes. Pero en estos dos grupos no podemos incluir a los políticos.

De los dirigentes de los partidos no escuchamos ni artículos ni citas jurídicas, y cuando expresan su respeto a las decisiones judiciales, es siempre tras fijar su propia posición en torno al caso. Si los procesos contra Garzón forman parte o no de una estrategia política… es una cuestión que cada ciudadano debe decidir, pero cuando optamos por los argumentos de la izquierda o la derecha queda siempre la duda razonable de que “la otra parte” ha utilizado la crítica al sistema judicial para su propio beneficio. Los ingleses, para definir los falsos anzuelos que los buenos autores de novelas de misterio lanzan a sus lectores para distraer su atención, utilizan la expresión “red herring“. Ahora se trata de saber quiénes han disfrazado a Baltasar Garzón de arenque… y con qué intenciones.