Tras la política

¿Qué puede pasar en un año? ¿Cuánto puede diferenciarse un político de sí mismo en un período de 12 meses? No hace falta esperar ese tiempo para responder a la pregunta. Hace ahora cuatro años, Zapatero pronunciaba aquellas palabras que pesarían como una losa sobre su mandato: “Dentro de un año estaremos mejor que hoy“; al día siguiente, ETA volaba la T4. Un año. ¿Cuánto pueden cambiar un político y su programa en un año?

Políticas sociales. Tras ganar las elecciones de marzo de 2008, Zapatero modificó su eslogan de 2004. Dijo… “Gobernaré para todos, pero pensando en los que no tienen de todo”. No dudamos que lo siga haciendo, pero el rescate del euro en el mes de mayo acabó de un plumazo con un buen ramillete de sus políticas sociales. Pensionistas, funcionarios, parados, pagadores de impuestos en general… todos sufren ya las consecuencias de la nueva política: acabar con el déficit “me cueste lo que me cueste”. En principio, una huelga general.

La relación con el mundo. 2009 terminaba con las esperanzas puestas en la presidencia rotatoria del Consejo Europeo que debía desempeñar España durante el primer semestre de 2010. Fue un período ciertamente anodino, en el que convivimos con un presidente permanente sin ninguna sustancia, y en el que ni siquiera la visita de Obama pudo endulzar el panorama. Ya en otoño, las revelaciones de Wikileaks constataban los verdaderos esfuerzos del Estado español para superar diplomáticamente nuestra salida de Irak.

La composición del Gobierno. El 20 de octubre, el presidente del Gobierno anunciaba la composición del que sería su ‘gabinete más político’, con Alfredo Pérez Rubalcaba como hombre fuerte… en sustitución de una mujer fuerte, María Teresa Fernández de la Vega. Las ministras más discutidas, Aído y Corredor, pasaban a ser secretarias de Estado. Salía Miguel Ángel Moratinos y salía Celestino Corbacho, entraban Ramón Jáuregui, Leire Pajín o Rosa Aguilar.

El mapa autonómico. Si en 2009 se perdía uno de los hitos de la ‘era Zapatero’, que Galicia estuviese gobernada por un socialista, en 2010 acabó el sueño del tripartito en Cataluña. Artur Mas ganaba las elecciones autonómicas en noviembre y devolvía la Generalitat a CiU. A menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ponía en duda el liderazgo de Zapatero batiendo en primarias a Trinidad Jiménez, candidata del aparato.

La fuerza de Fomento. Como estaba previsto, los kilómetros de AVE han seguido creciendo y las inversiones en infraestructuras siguen resistiéndose por la crisis. El ministro José Blanco, ‘mirlo Blanco’ del Ejecutivo en 2009, ha mostrado su puño de hierro sin guante de seda en el conflicto con los controladores aéreos, quizá la única muestra de firmeza del Gobierno en muchos meses.

‘Ley antidescargas’. Hace un año no conocíamos aún muchos detalles del proyecto legislativo del Gobierno. Ni siquiera adivinábamos la pésima política comunicativa que se aplicaría a todo el asunto. Hoy, las disposiciones que preveían la entrada en vigor de la ‘Ley Sinde’ han sido ‘podadas’ de la Ley de Economía Sostenible por la comisión de Economía del Congreso, y el Ejecutivo vuelve a verse forzado, in extremis, a una negociación en la que lleva las de perder.

Con este panorama político, quizá sea mejor para el Gobierno mirar hacia delante… que lamentarse por “un pasado que murió”, como canta Raphael. Entramos en el último año de legislatura. Abróchense los cinturones.


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Pues sí, la llamada ‘ley Sinde’, o ‘ley antidescargas’, o ‘ley de la patada en el módem, o en el router’ [cómo nos gusta recordar los tiempos de Felipe González] ha perdido una importante batalla en el Congreso de los Diputados. La comisión de Economía, que estudiaba la Ley de Economía Sostenible [LES] [la que incluía la famosa ley contra las descargas] ha podado esa rama del texto… así que la LES pasa al Senado sin su parte más polémica. Todos los que este martes nos enganchábamos al sonido en directo del Congreso de los Diputados, ya fuera por placer o por puro morbo político, podíamos comprobar en nuestros tímpanos cómo una decisión política de calado se convertía en un auténtico tostón. Tras una hora de números incomprensibles y de votaciones en las que nadie parecía saber muy bien qué se votaba, alguien dijo que la ‘ley Sinde’ había sido rechazada… porque resonaron unos cuantos aplausos en la sala. ¿Qué ocurre con este sistema político nuestro… para que nadie entienda los procesos de los que nos hemos dotado para tomar decisiones?

Algunas ideas para entender el debate. La historia de la ‘ley Sinde’ es la historia de este 2010 que ahora termina. A comienzos de año, el Gobierno dio a conocer su anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que ya incluía la posibilidad de cerrar o bloquear páginas web que vulnerasen los derechos de autor… a juicio de una comisión formada por el ministerio de Cultura. Cuando en marzo fue aprobado el proyecto de Ley por parte del Consejo de Ministros, la protesta se radicalizó en las redes sociales. Y eso que, aún en 2009, un nutrido grupo de expertos en la cosa digital ya se había reunido con Sinde para intentar frenar las intenciones del Ejecutivo. El encuentro fracasó. Como decíamos, el texto del Gobierno llegaba a la Cámara Baja en primavera, y todos pudimos comprobar que la polémica regulación figuraba en la disposición final segunda de una ley-contenedor que ningún grupo parlamentario parecía apoyar con entusiasmo.

El pasado mes de septiembre, tras cosechar un acuerdo presupuestario con PNV y CC, el Gobierno consiguió que la Ley de Economía Sostenible echase a andar en el Congreso. Las enmiendas al proyecto se acumulaban a medida que el debate crecía en la red. Y todo culminaba este 21 de diciembre, la jornada en la que la comisión de Economía debía pronunciarse sobre esas enmiendas. Durante toda la tarde circuló en Twitter la idea de que, durante la retahíla de votaciones enunciadas por el presidente de la comisión, el socialista Antonio Gutiérrez, debíamos estar pendientes de tres enmiendas: la 20, la 237 y la 458. ¿Por qué? Porque son las tres enmiendas a la ley que pedían la supresión de la disposición final segunda [es decir, de la Ley Sinde]. La 20, firmada por Uxue Barkos, alegaba simplemente que la disposición necesitaba “mejoras técnicas”; la 237 y la 458, firmadas por el grupo ERC-IU-ICV, denuncian una violación de derechos fundamentales.

Y resulta que el debate terminó siendo más sencillo, primero fueron rechazadas las enmiendas que requerían la eliminación de la ‘ley Sinde’ [suspense]; después, la que fue rechazada fue la propia ‘ley Sinde’. Perdían así importancia otras enmiendas, esta vez de modificación, que habrían ‘matizado’ las propuestas del Gobierno. Por ejemplo, las del Partido Popular. Nos quedamos con dos: la 819 y la 822. La primera introduce una garantía procesal muy importante en la LES: que si la comisión de Cultura señala a una página como ‘vulneradora’ de ciertos derechos de propiedad intelectual, sea el juez quien requiera a las operadoras los datos necesarios para investigar esa infracción [la 'ley Sinde', en su redacción original, no prevé la intervención judicial hasta que se decrete el cierre o bloqueo de esa web]; la segunda arremete contra el “ánimo de lucro indirecto” recogido en la ‘ley Sinde’. A última hora de la noche, una vez terminada la votación, se supo que el PSOE barajó apoyar estas enmiendas del PP. Fue la culminación de una día agitado en lo político… con pataleta cinéfila incluida.

Después de todo esto, varias conclusiones. La primera es que tenemos el país y la representación política que merecemos. Cuando la gente se moviliza, esté equivocada o no, consigue cambiar las cosas; cuando la ciudadanía no se mueve, no consigue nada… lógico. La segunda conclusión es que a nuestro debate político le falta espectáculo, ese sentido del ‘show business’ que tan bien funciona en Estados Unidos. Una votación tan importante como la de la ‘ley Sinde’ no debería producirse en medio de ese magma gris que se respira en las comisiones del Congreso. Y la tercera conclusión… es que quizá los detractores de la ‘ley antidescargas’ hayan cantado victoria demasiado pronto. Queda aún bastante trámite parlamentario, Senado incluido, y las enmiendas entran en las leyes tan fácilmente como salen las disposiciones finales segundas. Como diría Miguel Ángel Aguilar… atentos.


La eurodiputada Pilar del Castillo, durante su intervención en #PEredes (David Martos)

Tras la Política cumple este miércoles sus primeros 50 posts. Medio centenar de reflexiones sobre lo que hay detrás de las decisiones políticas. Es toda una casualidad, porque precisamente este miércoles iba a pedir un pequeño favor a todos los lectores de este “enfoque”, que afortunadamente son muchos. Iba a pedirles permiso para cambiar el registro por un día; que me permitieran mover ligeramente el foco y trasladarlo a Bruselas, a la capital europea. Quiero hablar de la Unión Europea. Hace unos días participé en un encuentro de ‘bloggers’ organizado por la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. El debate fue intenso, apunté muchas ideas, y me gustaría compartir con quienes están interesados en la política… qué piensan sobre Europa quienes conocen Europa, quienes escriben sobre Europa.

El 1 de enero de 1986, el rey sancionó el ingreso de España en el club más importante al que nunca ha pertenecido: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Años más tarde, aquello del carbón y del acero dejaría paso a la inflación del euro, y el orgullo de país de ingresar en la UE se convertiría en la eterna melancolía del ‘euroescepticismo’. Europa, hablamos de Europa con nombre propio. De Europa como si fuese un todo al que desairar, del que acordarse, al que atender. ¿Es la Unión Europea un bloque sólido del que vivimos ajenos? ¿Es acaso un dogma impuesto, una verdad incontestable? ¿Es un polichinela que manejar a nuestro antojo? Didac Gutiérrez-Peris dio en el clavo durante su intervención en las jornadas de Córdoba: la clave está en la representatividad.

En nuestras Elecciones Generales, los españoles elegimos un parlamento, como ocurre con las Elecciones Europeas. Y sin embargo, hay una diferencia: aunque el Ejecutivo emane del Legislativo en ambos casos, los comicios en España derivan en una dinámica gobierno-oposición que alimenta la legislatura. El debate periodístico, y en general la esfera pública, vive pendiente de esa dinámica y de las relaciones de poder que se generan en torno a ese eje. Una dialéctica del conflicto, de protagonistas y antagonistas, que convierten la política española en un verdadero culebrón. Este concepto, la falta de tensión dramática en las relaciones políticas europeas [la base de la intervención de Fernando Navarro], redondea el argumento: no es que no nos sintamos representados en Estrasburgo, es que allí no se reproducen los modelos políticos a los que estamos acostumbrados.

España no es diferente votando. La abstención y el escepticismo son el fantasma que recorre Europa en el siglo XXI, y quizá, como puso de relieve en el encuentro Laurence Modrego, eso ocurra porque esperamos una comunicación piramidal desde Bruselas… que no tiene por qué producirse. En Córdoba se constató que la comunicación one-to-one entre europeos, con una base común, y con herramientas contemporáneas, es más que posible; que incluso ese flujo Bruselas/Estrasburgo-europeos puede emitirse de una manera distinta, amena y distendida; que es posible la reacción ciudadana, si se me permite incluso el debate, a pesar de que los líderes políticos se empeñen en cambiar la filosofía del continente a golpe de madrugadas.

Como bien resume Aitor Ordax, “muchos asistentes compartían la creencia de que es imposible que los ciudadanos se comuniquen directamente con sus representantes en Estrasburgo. Pero resultó que no. No es un problema de falta de mecanismos o de transparencia. Los mecanismos existen y son muy accesibles. Es un problema de comunicación y de diálogo.” Probablemente sea así. No es un problema de políticos, que no saben comunicar mejor Europa que España, los asuntos de Bruselas que los de Madrid. La conciencia sobre una integración europea, sobre lo que significa compartir un continente, debe partir de todos y de cada uno, de la sociedad. Y serán los políticos quienes, como en tantas otras ocasiones, se subirán al carro. Feliz Europa… y felices posts de política, mucha política.


El caos en Barajas (AP)

El caos en Barajas (AP)

He buscado “State of alarm” en Google por simple curiosidad. El resultado es… España. La figura del ‘estado de alarma’, a pesar de contar con algunos equivalentes en Europa -como los que prevé el artículo 19 de la Constitución de Portugal-, parece netamente española. Y la forma en que entró en vigor el pasado fin de semana, por primera vez en democracia, responde también a una crisis estatal netamente española. Parece necesario intentar conocer mejor dos aspectos de la figura jurídica: las bases legales que la sostienen y el contexto en que se ha decretado. Como no soy ningún experto jurista, me limitaré a compartir en este post algunos documentos que me han ayudado a comprender mejor la situación.

Primero, el contexto. Tras muchos meses de conversaciones [y algunas afirmaciones grandilocuentes], el Gobierno y los controladores aéreos sólo habían conseguido llegar a un punto muerto. Estaban en juego su dependencia orgánica de AENA, el sueldo que iban a cobrar… y el detonante: la manera de computar sus 1.670 horas anuales de trabajo, que según el sindicato USCA están ya plenamente superadas en este 2010. El artículo 4.4.a de la Ley de Seguridad Aérea de 2003 prevé que el ministerio de Defensa ejerza el control de la circulación aérea cuando el presidente del Gobierno lo decida “por concurrir circunstancias extraordinarias que así lo aconsejen”. El pasado mes de abril, ante el bloqueo de las negociaciones, el Gobierno aprobó la Ley 9/2010. En su disposición adicional primera, el texto obliga a los trabajadores de AENA a “facilitar” esa militarización.

Así llegamos al pasado viernes, 3 de diciembre. En el Consejo de Ministros de esa mañana el Gobierno aprueba un Real Decreto con “medidas liberalizadoras” de la economía, y entre ellas, se incluye una modificación de las leyes 21/2003 y 9/2010. En la disposición adicional segunda del Real Decreto, se dispone que un médico de AENA evalúe las peticiones de baja laboral de los controladores, y se explicita que, en caso de emergencia, Defensa “asumirá su organización, planificación, supervisión y control”. Esto, horas antes del parón en los aeropuertos. A partir de ese momento, como bien ha relatado Javier Casqueiro en ‘El País’, la situación política se convierte en frenética. Pasadas las 22:00 horas, el presidente Zapatero firma el Real Decreto que transfiere a Defensa el control del espacio aéreo basándose en la redacción aprobada esa misma mañana por el Consejo de Ministros. En ese texto hay una frase que analizaremos más tarde.

El sábado 4 de diciembre por la mañana, dado que los controladores no regresan a sus puestos de trabajo, el Gobierno decreta el ‘estado de alarma’ previsto en el artículo 116 de la Constitución de 1978. Ese artículo estipulaba que los estados de alarma, sitio y excepción tendrían que ser regulados por una Ley Orgánica, y así ocurrió tres años más tarde. La Ley Orgánica 4/1981 [redactada sólo unos meses después del golpe de Estado de Tejero] preveía que el ‘estado de alarma’ fuera decretado “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”. En el artículo 4 de esa ley encontramos cuáles son las circunstancias extraordinarias, y entre ellas, la “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad”. Pero quizá el aspecto esencial para comprender el asunto de los controladores lo encontremos en el artículo 9.1.

Por la declaración del Estado de Alarma todas las autoridades civiles [...] y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.


Torre de control (AP)

Torre de control (AP)

Aquí está el meollo de la cuestión. El ‘estado de alarma’ pone a los funcionarios civiles a las órdenes directas de “la autoridad competente” [en este caso, el Gobierno central]. ¿Y quién ejercerá esa autoridad en su nombre? Basta con leer el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, en el que ese ‘estado de alarma’ se ha decretado por primera vez. En su artículo 3, el decreto estipula que “los controladores pasan a tener la consideración de personal militar”, y en su artículo 6, que la autoridad delegada del Gobierno será el Jefe del Estado Mayor del Aire. Sin embargo, la Ley Orgánica de 1981 que examinábamos más arriba, y que regula el ‘estado de alarma’, no prevé que el Ejército asuma ese papel. ¿Dónde encontramos esa posibilidad? En la modificación legislativa aprobada por el Consejo de Ministros en la mañana anterior.

Hasta aquí los documentos para la reflexión. Ahora, dos preguntas. Antes habíamos dejado pendiente el análisis de una frase del Real Decreto de militarización. Esa frase dice así: “El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire [...] activará los recursos de control de tráfico aéreo del Ministerio de Defensa y exigirá la presencia en sus puestos de trabajo de los controladores civiles ausentes”. ¿Una movilización obligatoria con el ‘estado de alarma’ aún sin decretar? Y la segunda pregunta. ¿Alguien se ha fijado en que, según el artículo 116.5 de la Constituciónno pueden disolverse las cámaras mientras continúe en vigor el ‘estado de alarma’?


El eurodiputado socialista, durante su entrevista con 'Periodismo Humano' (DAVID MARTOS)

El eurodiputado socialista, durante su entrevista con 'Periodismo Humano' (DAVID MARTOS)


Charlar sobre comunicación política con Enrique Guerrero [Valencia, 1948] es como hablar de fútbol con Guardiola: se le nota el oficio que aporta haber llegado hasta la cumbre desde la base de la pirámide. Es doctor en Ciencias Políticas, estudió en el prestigioso MIT de Massachussets, y ha ocupado puestos de diversa responsabilidad en la administración -pasando por una secretaría general, una jefatura de Gabinete o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. Entre 1993 y 1996, vivió junto a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Palacio de la Moncloa el ocaso del gobierno de Felipe González; entre 2004 y 2008 participó, como director adjunto del Gabinete de la Presidencia, la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El hoy eurodiputado socialista, antes de la primera pregunta, se queja de no contar con una voz potente para responder.

  • Pero… ¿qué es más importante? ¿Lo que se dice o cómo se dice?

Lo importante en el fondo es lo que se dice. Si uno no tiene algo que decir, es difícil que transmita a los demás. Pero cada vez es más importante cómo se dice, transmitir los mensajes con cercanía a la gente, porque la gente lo que anda buscando es que le interpreten aquellas cosas que no entiende de la vida, y en la medida en que se acerque uno a la vida real y lo haga de una manera simple y sencilla, es más fácil que a uno le escuchen. Hay un debate sobre quién comunica mejor, si la derecha o la izquierda, y hay una cierta tendencia a creer que la izquierda funciona con eslóganes, mientras que la derecha va directamente a los sentimientos, a veces a los malos sentimientos, a los miedos, y en ese sentido conecta mejor con ellos. Mientras, nosotros tendemos hacia un discurso un poquito más explicativo, elaborado, difícil.”

En suma, Guerrero reconoce que la izquierda puede aprender de la derecha a la hora de buscar la conexión con la gente, pero que debe permanecer en el terreno de la explicación, del análisis. Enseguida salta al primer plano de la conversación el papel de los medios de comunicación, y cómo los políticos han aprendido a emitir sus mensajes para que los periodistas no tengamos que digerirlos.

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El eurodiputado concluye que los medios buscan titulares “confrontativos” en vez de reflexiones sobre Educación o Sanidad. Pero hasta ahora hemos hablado de medios tradicionales; llegamos a los nuevos medios.

  • ¿Cómo es la relación de los políticos con los medios digitales?

“Se está produciendo una ampliación de la capacidad de comunicación política. Por ejemplo, a través del correo electrónico, que no es exactamente como las redes sociales, pero en fin, que es una manera de comunicación. En la última semana yo puedo haber recibido en mi correo del Parlamento Europeo, sin exagerar, 1.500 correos sobre el tema del Sáhara. Eso permite al responsable político pulsar hasta qué punto y en qué segmentos sociales hay una preocupación, un interés por un problema determinado. Y al mismo tiempo, al ciudadano le permite hacer llegar su interés en que se aborde el tema allí donde se ejerce la representación.”

Y sin embargo, Enrique Guerrero quiere dejar claro que existe una marcada brecha generacional entre los ciudadanos a la hora de utilizar las nuevas tecnologías para la comunicación directa con los políticos… o sobre política.

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Pulsión de cambio que, según él, suele coincidir con el final de una hegemonía política -como ocurrió en 2004 en España o en 2008 en Estados Unidos. Dice Guerrero que es muy difícil que eso ocurra en un país como el nuestro, con un sistema electoral que no favorece las mayorías absolutas -hegemonías-, pero que si se producen… hay una parte del espectro que sale claramente beneficiada.

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  • ¿Nos falta ensayar gobiernos de coalición para ser una democracia madura?

“Pues yo diría que sería una buena cosa que eso sucediera. Nosotros nunca hemos tenido un gobierno de coalición a nivel nacional, y sin embargo ha habido y hay gobiernos de coalición a nivel autonómico y en ayuntamientos. La razón fundamental es que el nivel de confrontación política que hay en España hace sumamente costoso en términos políticos, para el partido que tiene que apoyar al mayoritario, formar un gobierno de coalición. Es decir, aquí normalmente eso se hubiera hecho con partidos nacionalistas, que consideran, y con buenas razones, que con apoyos presupuestarios o apoyos parlamentarios pueden conseguir lo mismo sin exponerse al deterioro que supone formar parte del Gobierno. Los ciudadanos españoles están todavía habituados a ubicar toda la responsabilidad política en el Gobierno y en el cabeza de Gobierno. Pero, contestando a tu pregunta, creo que sería bueno que hubiera gobiernos de coalición porque convertiría e normal el diálogo político.”

  • Hablemos del círculo presidencial. ¿Existe el ‘Ala Oeste’ de La Moncloa?


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Uno de los ‘mantras políticos’ de un tiempo a esta parte es que el Gobierno tenía un problema de comunicación que Zapatero ha querido resolver con el último cambio de ministerios. Por eso preguntamos a Enrique Guerrero qué significa “comunicar bien” y cuáles son las implicaciones morales de la política comunicativa del Ejecutivo.

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  • ¿Cómo ha cambiado la comunicación desde su primera etapa en Moncloa?

“Ha cambiado mucho en muchas cosas, ¿no? Digamos que la primera generación socialista, con Felipe González a la cabeza, comunicativamente estaba todavía en la política clásica, en la argumentación, se preocupaba menos por el formato de lo que trataba de transmitir que por el contenido. Felipe González forma parte de ese fenómeno de la comunicación que consiste en que alguien te atiende y cree entenderte… aunque realmente, si luego le preguntas qué ha dicho el que comunicaba, no es fácil que te lo repita. La comunicación ahora es muy distinta porque tiene otros formatos. Una queja actual de los periodistas es que los políticos, cada vez más, no comunican sino que ‘entregan comunicación’. Es decir, formatean por sí mismos el mensaje que quieren que llegue a los ciudadanos y utiizan a los medios de comunicación en el primer sentido del concepto: no como comunicación, sino como medio. Y cada vez hay menos ruedas de prensa, cada vez hay menos debates propiamente dichos, cada vez hay menos pluralidad en quienes se acercan a los protagonistas políticos, etc.”

Guerrero vuelve a poner la pelota en el tejado de los medios para asegurar que también ellos son cada vez menos plurales, aunque más sofisticados en sus formas de comunicación. Por eso es interesante saber cómo se acercan los políticos a ese ecosistema tan complejo. Según el socialista, con “pragmatismo, masoquismo y cinismo”.

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Con la recta final de la entrevista, llegan las preguntas sobre la práctica diaria de la comunicación política. Asegura Guerrero que, los viernes por la mañana, y leyendo las portadas de los medios, el ministro portavoz “ya sabe qué le van a preguntar en la rueda posterior al Consejo de Ministros”. ¿Significa eso que dar una rueda de prensa sea sinónimo de convertirse en un frontón donde rebotan las preguntas de los periodistas?

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Regresamos al núcleo duro que rodea al presidente, y a esa eterna cuestión que se plantea sobre sus asesores. ¿Le dicen lo que quiere oír? ¿Son críticos con sus decisiones y le trasladan la opinión de la calle. En definitiva… ¿está solo un presidente del Gobierno en su tarea? Antes de contestar, Enrique Guerrero puntualiza que no se refiere a ningún presidente en particular.

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  • La última pregunta. ¿Puede sólo un cambio en la forma de comunicación remontar una situación preelectoral ciertamente adversa para el Partido Socialista?

“No. La comunicación por sí misma no cambia la realidad, pero sí la idea de que el Gobierno, a través de la comunicación, está dispuesto a enfrentarse seriamente con la realidad, a combatir esa idea predeterminada de que las elecciones de 2012 están ya decididas, y a tratar de movilizar al electorado socialista. En ese sentido, mientras que inicialmente mi respuesta ha sido ‘la comunicación, por sí sola, no cambia esto’… ‘la comunicación es necesaria e imprescindible para que se pongan en marcha los cambios que pueden cambiar esto’.”

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La entrevista con Enrique Guerrero es sólo la primera de una serie de conversaciones sobre comunicación política, con responsables de distintos partidos, que iremos publicando en Tras la Política durante las próximas semanas.


Cataluña, en plena efervescencia preelectoral (AP / Manu Fernández)


Leer la resolución es como viajar en el tiempo. Si no fuera porque de vez en cuando, entre los párrafos, aparece alguna referencia en pasado a los años noventa, el lector despistado podría pensar que se encuentra ante un legajo de finales de los setenta. La Junta Electoral Central ha rechazado el debate ‘cara a cara’ entre Artur Mas y José Montilla con un texto perfectamente legal… y terriblemente antiguo, basado en unos medios de comunicación unidireccionales y omnipotentes. Un texto que ignora las nuevas formas de contacto entre políticos y electores.

“Los plazos previstos […] y la forma en que debe producirse la comunicación que el medio haga sobre la organización de los debates (con indicación de la fecha y hora de emisión, de las entidades políticas invitadas y aceptación de las mismas y de la duración del debate) tienen por objeto permitir que se respete el derecho de igualdad de las candidaturas concurrentes no invitadas a ese debate”



La intención es buena, sí, pero el método es arcaico. ¿Qué ocurre si un candidato a unas elecciones decide anunciar en su cuenta de Twitter que estará el día D a la hora H en la esquina de la calle C, dispuesto a debatir con cualquier otro candidato, y que su partido se dispone a retransmitir ese encuentro por internet? ¿En qué armario quedan los corsés impuestos por la Junta Electoral Central para ese aspecto concreto de una campaña? ¿En qué ley se basan los integrantes de este organismo para dictar una resolución como la de Mas y Montilla?

En nuestra democracia, la Junta Electoral Central nace al calor de la Ley para la Reforma Política, que tras el ‘harakiri’ de los procuradores franquistas, permitió al presidente Adolfo Suárez convocar las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977. Antes de esa fecha, el 18 de marzo, un Real-Decreto Ley establecía su composición: el presidente y varios magistrados del Supremo, varios representantes del mundo judicial y, curiosamente, “un catedrático de alguna de las facultades de Derecho que radiquen en Madrid”. También preveía sus funciones. Básicamente, vigilar el proceso electoral y resolver quejas y recursos.

Ocho años después, en la primera legislatura del presidente Felipe González, el Gobierno puso en marcha la Ley del Régimen Electoral General, que dibuja un perfil algo renovado de la Junta Electoral Central. Los partidos políticos comienzan a tener voz en su composición -el Parlamento decide qué catedráticos la integran-, y se establece un régimen sancionador para quienes incumplan las resoluciones. Desde 1985, la junta ha generado una importante doctrina electoral, que le sirve como base para seguir resolviendo las quejas o peticiones que recibe; por ejemplo, la instrucción de 1999 a la que se refiere la resolución de Mas y Montilla.

La junta tiene su sede en el mismo edificio del Congreso de los Diputados, y su presidente se llama Antonio Martín Valverde. Y así se ha ido tejiendo la historia. En España no se pueden difundir encuestas electorales durante los últimos cinco días de campaña, hay que avisar a la Junta Electoral Central con cinco días de adelanto si se quiere celebrar un debate, y todo ello a pesar de que, ya en 2004, se demostró que el sistema no era capaz de digerir los acontecimientos extraordinarios posteriores al 11-M. ¡Ah! La junta ha dictado una instrucción sobre el uso de las nuevas tecnologías para la “propaganda electoral”. Léanla ustedes mismos y pregúntense si no hace falta replantearse algunas cosas.


Al fondo, Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo marroquí (AP / Daniel Ochoa de Olza)

Al fondo, Alfredo Pérez Rubalcaba y su homólogo marroquí (AP / Daniel Ochoa de Olza)


Era también noviembre. Corría el año 1975.

Jaime de Piniés estaba trabajando en su oficina [...] cuando sonó el teléfono. Eran las nueve de la noche del 11 de noviembre y hacía ya tiempo que el personal de la Embajada se había marchado. [...] El embajador descolgó. Al otro lado del hilo, Kurt Waldheim le pidió que fuera a verle. De Piniés subió a su coche y 15 minutos más tarde llegó al despacho del secretario general, en el piso 38 del edificio de Naciones Unidas. Waldheim fue directo al grano:

- Puesto que ya no resistís la presión y queréis marcharos del Sáhara, yo me haré cargo del territorio y lo llevaré a la autodeterminación. Sólo necesito que me dejéis provisionalmente un contingente militar de 10.000 legionarios a los que colocaríamos bajo bandera de la ONU.

Al español le pareció una idea magnífica. El secretario general le advirtió:

- Debemos evitar que el plan llegue a oídos del Gobierno marroquí, porque lo boicotearía, como ha hecho con otros anteriores.

El día 13, Waldheim entregó al embajador un documento, escrito en francés, en el que se detallaba su estrategia. Decía que España anunciaría su retirada del Sáhara en una fecha por determinar. La ONU asumiría entonces la administración del territorio por un período de seis meses. [...] Ese mismo día, De Piniés transmitió el documento al Ministerio de Asuntos Exteriores con carácter urgente. Pero el Gobierno no le prestó atención.”

Tomás Bárbulo. La historia prohibida del Sáhara Español

Muchos noviembres después, la descolonización del Sáhara sigue protagonizando las llamadas telefónicas entre los altos cargos del Gobierno español. El violento desalojo de un campamento a las afueras de El Aaiún por parte de Marruecos ha vuelto a poner en evidencia la responsabilidad histórica de España con el pueblo saharaui. Y si a esto le sumamos el fallecimiento de un ciudadano español y la expulsión de los medios de comunicación, puede acabar formándose ‘la tormenta perfecta’. Esta semana leíamos que en el Partido Socialista hay inquietud por el descrédito que le puede acarrear una posición tibia con respecto al Sáhara, y mucho más tras el comienzo de una remontada preelectoral que se había iniciado con el último cambio de Gobierno. Se impone una fotografía, una instantánea de los actores políticos españoles implicados en esta crisis.

    • Trinidad Jiménez. Sólo hace tres semanas que Jiménez fue nombrada ministra de Asuntos Exteriores, pero… ¿alguien recuerda ya su buena gestión como ministra de Sanidad? La política ha heredado el traje de Moratinos en un momento muy complicado, de equilibrios diplomáticos finísimos, y ya ha comenzado a recibir un trato de la oposición completamente diferente al que recibía.
  • Este mes de noviembre, con el Sáhara presente en los titulares, escuchamos hablar de los medios de comunicación, de que el Gobierno está “secuestrado moralmente por Marruecos” y de conservar la amistad del país vecino en pos de una buena relación estratégica. Pero de los saharauis nadie se ocupa. Ni el partido que desatendió sus peticiones durante ocho años de Gobierno… ni el presidente que prometió avances en su situación en los seis primeros meses de mandato. ¿Habrá en 2010 algún Jaime de Piniés, trabajando en algún despacho, esperando a que suene su teléfono?


    No hace ni siquiera dos meses. El 17 de septiembre, una noticia política de primera magnitud pasó fugazmente por las portadas de los medios de comunicación: el Gobierno había destituido a Belén Barreiro, la directora de la principal institución demoscópica del país, cuando quedaba sólo un año y medio para el final de la legislatura. Y cuando el Partido Popular sacaba su mayor ventaja en voto decidido al Partido Socialista en el barómetro electoral que elabora todos los meses el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy, ni siquiera dos meses después, la vicepresidenta que decretó el cese ya no forma parte del Ejecutivo, y Barreiro analiza en la prensa los barómetros electorales que publica el centro para el que trabajó.

    Su última reflexión es particularmente interesante. En un artículo corto y bien argumentado, la ex directora del CIS -que ahora dirige el Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas- asegura que, a luz del Barómetro de Octubre, que otorga una amplia ventaja electoral a Mariano Rajoy sobre Jose Luis Rodríguez Zapatero, es muy difícil asegurar que será el PP quien gane las Elecciones Generales de 2012. Y ofrece tres argumentos: que Rajoy no supera en valoración a Zapatero, que los socialistas son percibidos como mejores gestores en la mayor parte de las áreas políticas y que el electorado considera que el Partido Popular se está alejando del centro para ‘derechizarse’. Por estos motivos, Belén Barreiro nos invita a desconfiar de la primera encuesta preelectoral elaborada sin su supervisión. Y no parece un capricho.

    La serie histórica del CIS, examinada en perspectiva, no deja lugar a dudas. Los barómetros han venido ofreciendo una información bastante acertada sobre la tendencia electoral de los españoles, pero ni mucho menos han acertado en los porcentajes. De hecho, tras la celebración de los comicios, puede apreciarse cómo las diferencias se ajustan, resituando en el mapa a los partidos que se han comportado de una manera ‘inesperada’ en las urnas. Como las referencias a las elecciones del año 2004 suelen ser polémicas, nos quedamos con las de 2008. El Barómetro de Enero otorgaba al PSOE una ventaja electoral de 1,5 puntos; tras los comicios, que Zapatero ganó por 3 puntos, la brecha se amplía hasta los 6 puntos… a favor de los socialistas, que cosecharon una victoria mayor que la esperada.

    Pero lo mismo ocurrió en 1996 o en 2000. ¿Nos podemos fiar entonces del CIS? Y lo que es más importante. ¿Nos podemos fiar de las encuestas privadas que los periódicos imprimen a cinco columnas? El pasado mes de mayo, tras el recorte del día 12, El Mundo vaticinaba que Rajoy ganaría unas hipotéticas Elecciones Generales con una mayoría absoluta más amplia que la de Aznar; hace unos días, La Vanguardia jugaba con el mismo elemento para asegurar que el PP ‘rozaba’ esa mayoría absoluta, y la última edición del Pulsómetro de la Cadena SER, la de la primera semana de noviembre, reflejaba cierto cambio de tendencia en la opinión pública que ‘resucitaba’ al Gobierno. Mención aparte merece la errata de La Razón, que asegura que el PSOE ha perdido ’34 millones de votos’. Son encuestas que intentan fotografiar momentos, que intentan captar qué piensan los españoles.

    Los barómetros del CIS siempre acaban siendo objeto de controversia política. Si favorecen a la oposición, esta los airea como pruebas de su éxito, mientras que el Gobierno musita aquello de que ‘la verdadera encuesta es la que se responde en las urnas’; por el contrario, si los porcentajes favorecen al partido en el poder, la oposición apelará a la llamada ‘cocina del CIS’, que responde al efecto estadístico que diferencia la intención directa de voto decidido… de la estimación de voto en unas Elecciones Generales. Quizá todo este soufflé se rebajase con la modificación de un Real Decreto: el 1214/1997, que a su vez modifica al 1526/1990. Son los textos que establecen que el director del CIS sea elegido por el Consejo de Ministros y no por una mayoría reforzada del Parlamento. Quizá convenga ayudar, por la vía legislativa, a que nuestras instituciones gocen de más prestigio.


    Marcelino Camacho y su mujer, en la Cárcel de Carabanchel (http://www.flickr.com/avaluche)

    Marcelino Camacho y su mujer, en la Cárcel de Carabanchel (http://www.flickr.com/avaluche)


    La calle de Manuel Lamela, en el barrio madrileño de Carabanchel -el barrio en el que crecí y en el que aún vive mi familia-, había sido desde siempre la calle de mi amigo Pablo. Allí compartimos los primeros videojuegos, algunas meriendas, tardes de días festivos… Y sin embargo, desde diciembre del año 2006, esa calle supone para mí un segundo recuerdo especial: es la calle en la que me contó su historia un viejo sindicalista. Se llamaba Marcelino.

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    La entrevista con Marcelino Camacho me había costado muchas llamadas de teléfono a aquella casa de Carabanchel. Las agendas no cuadraban, y el testimonio del fundador de Comisiones Obreras resultaba imprescindible para los reportajes sobre la Transición que estaba elaborando. Quería contar en la Cadena SER la intrahistoria de aquellos años, las pequeñas vivencias de sus grandes protagonistas. Pensaba que sería una entrevista rápida, de esas a las que acudes con pocas preguntas preparadas… porque sabes que el personaje vendrá pronto a tu terreno. Pero no. Comencé preguntando por la Transición… y enseguida comenzamos a conversar sobre la importancia de los sindicatos en democracia.

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    Y tras la Segunda República, las penurias de la Guerra Civil, el confinamiento en Tánger, el exilio en Orán y el regreso a España para acabar fundando el sindicato del que figura como socio número 1, el discurso pausado de Marcelino llega hasta la Transición. Fue detenido y encarcelado en muchas ocasiones por promover Comisiones Obreras, y se enfrentó en 1973 al juicio por el llamado Proceso 1.001. Fue en un día muy particular.

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    La voz de mujer que va hilvanando, casi sin que se note, la historia de Camacho… pertenece a Josefina Samper, su compañera durante más de seis décadas. Cuando llega el momento de recordar aquel juicio, y cómo les afectó el asesinato de Carrero Blanco, toma la palabra para defender el papel de los familiares de los presos políticos durante el Franquismo.

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    Tras la muerte de Franco y el indulto del rey, Marcelino Camacho pudo registrar a CCOO como organización sindical, fue diputado durante dos legislaturas, y lideró el movimiento obrero durante los años ochenta. Ha sido condecorado en múltiples ocasiones. Al final de una vida tan azarosa, le hice las dos preguntas que sólo cobran sentido tras la desaparición del personaje que las responde. Y las respuestas fueron tan sencillas… como demoledoras.

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    Al terminar la entrevista, firmó una copia de su resumen biográfico mecanografiado y me la entregó. Después me enseñó el pequeño cuarto en el que guardaba todos sus recuerdos. Entre ellos, una fotografía de su investidura como Doctor Honoris Causa. Después, al despedirnos, el viejo sindicalista me abrazó… como si me conociera de toda la vida.


    Leire Pajín promete su cargo de ministra de Sanidad (AP / Sergio Pérez)

    Leire Pajín promete su cargo de ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad (AP / Sergio Pérez)



    Trinidad Jiménez ha dejado su cargo de ministra de Sanidad con una valoración unánime: ha realizado un buen trabajo. Lo ha dicho la oposición, lo han dicho los colectivos sanitarios y lo dicen los ciudadanos a través de las encuestas. Pero, ¿cuál ha sido su trabajo? ¿Cuál es la tarea que aguarda a su sucesora, Leire Pajín, en el nuevamente remodelado Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad? La ministra se ha encontrado al llegar al despacho [además de unas afirmaciones machistas no suficientemente desautorizadas] una tarea básica que, en el último año y medio, ha supuesto buena parte del éxito de su antecesora: concertar la política sanitaria del Gobierno con las comunidades autónomas.

    Si el año 2009 fue el de la lucha contra la Gripe A, 2010 está siendo para los profesionales sanitarios… el de la lucha contra el déficit. En lo que va de año, el Gobierno ha decretado dos importantes paquetes de medidas para intentar frenar el gasto farmacéutico: el primero, en marzo, de 1.500 millones de euros; el segundo, en mayo, y coincidiendo con el giro en la política económica del Ejecutivo, de otros 1.300 millones de euros. Y los dos con el consenso de los Consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas… Y los dos parecen estar dando ya sus frutos: la factura farmacéutica comienza a reducirse. Fernando Villoria, Director General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria del Gobierno de Cantabria, ha conversado con Periodismo Humano.


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    Las estadísticas del ministerio de Sanidad indican que, en junio de 2010, el gasto farmacéutico en España fue un 3 por ciento más bajo que en junio de 2009. ¿A qué se debe esa reducción? Básicamente, las medidas adoptadas por todas las partes en el Consejo Interterritorial de Salud buscan impulsar el consumo de medicamentos genéricos y centralizar las compras de fármacos para racionalizar el gasto. Según datos ofrecidos por la Consejería andaluza de Salud, “el sistema sanitario andaluz, en los últimos cinco meses -entre abril y agosto de 2010- está reduciendo su factura farmacéutica en más de 300.000 euros al día”. Y sin embargo, el gran recorte todavía está por llegar. Nos lo recordaba Antoni Gilabert, el Gerente de Atención Farmacéutica del Departament de Salut de Cataluña.


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    Esta reducción no habría sido posible sin la contribución de las autonomías. Son los servicios autonómicos de salud los que gestionan el día a día del gasto sanitario. Durante sus entrevistas con Periodismo Humano, estos responsables sanitarios alaban el papel del Ministerio de Sanidad como árbitro de las negociaciones, y esto a pesar de que las competencias están cedidas a las comunidades en su práctica totalidad. Pero queda mucho por hacer. El impulso a los genéricos está encontrando escollos en algunos territorios, por ejemplo en Galicia, y buena parte de los consejeros autonómicos no dejan de repetir que las medidas adoptadas han de ser sólo un comienzo. Todo esto forma parte de la tarea que espera a Leire Pajín: algo así como ser la árbitra -así lo recoge la RAE- de un partido crucial, a la que se le reconocerá el buen hacer… cuando pase desapercibida.